Etimológicamente, Chile lo pone fácil en lo relativo a los asentamientos informales. Se llaman tomas porque son terrenos tomados, apropiados, habitados sin título de propiedad. Puede que el nombre no resulte tan familiar, ya que a diferencia de los slums de India, las tomas chilenas no han acaparado el interés de las grandes pantallas, ni tampoco la fama de las favelas brasileñas, que hasta se incluyen en tours turísticos que explotan el morbo de la pobreza.

Pese a los diversos nombres que reciben —tomas, campamentos, asentamientos precarios o informales—, en la práctica se trata del mismo fenómeno: territorios habitados sin título de propiedad y sin acceso a al menos uno de los tres servicios básicos: electricidad, agua potable o sistema de alcantarillado. En las tomas, familias chilenas crean su hogar y quedan al margen en un país que durante las últimas tres décadas se ha esforzado en proclamar su progreso y crecimiento económico, y a distanciarse de la mayoría de países vecinos en lo referente a su desarrollo. Pese a ello, el déficit habitacional y la imposibilidad de acceso a una vivienda adecuada y digna amenaza a muchas familias chilenas, y la pobreza multidimensional reside, básicamente, en campamentos.

Preocupa, además, que lejos de mejorar esta crisis, el estallido social vivido en el año 2019 y la posterior pandemia han incidido de forma directa en el aumento de familias que viven en campamentos, pasando de las 47.051 en 2019 a 81.643 familias tan solo un año más tarde (según el catastro de Techo-Chile de 2020), lo cual representa un máximo histórico desde 1996. Este dato pone de manifiesto la cantidad de familias vulnerables y sin redes familiares ni recursos suficientes —como capacidad de ahorro o acceso a subsidios de vivienda social— que, con la pérdida de ingresos, en menos de un año se han visto obligadas a recurrir a este tipo de vivienda.

Las familias que viven en campamentos han pasado de 47.051 en 2019 a 81.643 tan solo un año más tarde.

Otro fenómeno vinculado con la pandemia tiene relación directa con este pronunciado aumento de la proliferación de campamentos en Chile: las retiradas del 10%. Como medida para aliviar las consecuencias del Covid, el Congreso aprobó una ley para permitir que la ciudadanía pudiera retirar sus ahorros provisionales de jubilación (recordemos que Chile tiene un sistema privado de pensiones basado en el ahorro individual). Con esto, teniendo en cuenta que la suma de la que podía disponer la mayoría de gente no bastaba para comprar una casa y que el alquiler medio, al cambio actual, se sitúa en 707 euros/mes, mientras que salario mínimo es de 379 euros, la opción de construir en un campamento se convirtió para muchas familias en la alternativa más viable.

 

Migrantes de Venezuela y Haití

En un país que no ha sabido frenar la especulación en la vivienda y donde el suelo edificable es escaso, los flujos migratorios y la consiguiente expansión demográfica son los ingredientes perfectos para que el déficit de vivienda haya aumentado aún más. El 30% de las personas residentes en los campamentos son migrantes, principalmente de Venezuela y Haití, que corren el riesgo de quedar incrustados en estas zonas periféricas de exclusión, a causa del largo proceso establecido en Chile para regularizar la situación migratoria y, por ende, conseguir el permiso de trabajo.

El hecho de que estas personas cuenten, generalmente, con redes familiares, sociales o institucionales débiles, hace que vivan una forma particular de vulnerabilidad. De este modo, a través de la autoconstrucción, la población migrante sin permiso regular de residencia tiene la posibilidad de adaptar la vivienda a sus usos y costumbres, al tiempo que puede mejorar el flujo de envíos, en contraposición con las prácticas de violencia y abuso que impera en la experiencia del subarrendamiento en los centros urbanos. Las ocupaciones irregulares proporcionan incluso la posibilidad de plantear la reunificación familiar. El espacio del campamento no solo implica formas de exclusión, sino también de integración.

Las ocupaciones irregulares ofrecen la posibilidad de plantear la reunificación familiar.

A lo largo del país se observa que las comunidades bautizan sus campamentos con nombres como «Unión Latinoamericana», «Naciones Unidas» o «Unión sin fronteras», haciendo así una declaración de intenciones. La interculturalidad como emblema, como ADN de una comunidad que se nutre de la diferencia en costumbres, música y comida. Así resignifican el hecho de vivir en una comunidad con un elevado porcentaje de migrantes, recalcando la unión y no el estigma generalizado de que con la migración aumenta la delincuencia, un discurso utilizado a menudo en diversos medios de comunicación del país.

Mujeres jefes de familia

Como factor estructural y relevante, es necesario observar el papel del género en el hecho de vivir en un campamento. Las lógicas duales de los espacios —espacio público versus espacio privado, productivo versus reproductivo, masculino versus femenino— han construido un marco mental en que el espacio doméstico pertenece a la mujer, así como las tareas del hogar y de atención a los mayores no remuneradas y con frecuencia precarizadas que tienen lugar en las tomas.

En la práctica, la realidad no es tan dicotómica y las mujeres hace tiempo que participan activamente en el mercado laboral, lo cual provoca que acaben teniendo una doble labor. Si a este doble rol se le suman situaciones de hacinamiento y convivencia de familias extensas, su carga en el hogar aumenta considerablemente y dificulta la vida familiar. El porcentaje de mujeres jefes de familia en los campamentos es un 10% más elevado que fuera de estos espacios.

Las cifras aportadas por la Fundación Techo-Chile indican que el 80% de los líderes comunitarios son mujeres.

Por ello, esa doble función que con frecuencia asumen las mujeres, la productiva y la reproductiva, aumenta su vulnerabilidad habitacional. Son ellas, también, las que normalmente lideran la organización comunitaria en los asentamientos, muchas veces imprescindible en el camino hacia una situación habitacional adecuada. Las cifras aportadas por la Fundación Techo-Chile indican que el 80% de los líderes comunitarios en ese ámbito son mujeres.

Esta realidad pone de manifiesto la necesidad de un enfoque de género actualizado en la creación de políticas públicas de vivienda. Actualmente, los dos subsidios existentes de vivienda propia están diseñados para familias estándar y bajo una mirada hegemónica, con un padre benefactor, una madre cuidadora y sus hijos beneficiarios. Como requisito de solicitud, hay que presentar un núcleo familiar declarado, con lo que quedan excluidas las personas que viven solas. Además, estos subsidios se refieren a pisos con un máximo de metros cuadrados, un solo baño y dos o tres dormitorios, al tiempo que suelen ofrecer una localización periférica, provocando la ruptura de las redes vecinales y familiares, fundamentales para sostener las tareas del hogar y de atención a los mayores, y limitando así la autonomía de las mujeres.

El nuevo horizonte

Ante este desesperanzador incremento de la emergencia habitacional, se debe reconocer el esfuerzo del Gobierno y de la Convención Constituyente por poner el foco en este tema a través de la inclusión del «derecho a una vivienda digna y adecuada que permita el libre desarrollo de una vida personal, familiar y comunitaria» en la propuesta de nueva Constitución, así como del Plan de Emergencia Habitacional del actual gobierno progresista de Gabriel Boric.

En su propuesta para abordar esta crisis, se fija como meta la construcción de más de 260.000 viviendas durante los cuatro años de su mandato, aunque las cifras señalan que el déficit supera los 650.000 hogares. Por lo que se refiere al texto constitucional, habrá que esperar para ver consagrado el derecho a la vivienda, ya que el pasado 4 de septiembre la población votó en contra de la propuesta a través de un plebiscito con voto obligatorio.

La abismal brecha social en Chile, la falta de acceso a los recursos, la precariedad del mercado laboral y los ingresos insuficientes que percibe más de la mitad de la población, sumado al alto nivel de deuda familiar y a los precarios sistemas de ayuda estatal, muestran que el afloramiento de los campamentos es solo la punta del iceberg. Se trata de un fallo estructural del modelo económico impuesto por el gobierno militar y la aristocracia chilena que, si bien hizo mejorar los índices macroeconómicos del país, también instauró un sistema que ha permitido el aumento de las desigualdades sociales y que, en 2019, puso en jaque la convivencia del país al materializarse en un estallido social.