Ada Colau se ha definido, reiteradamente, como una activista desde su juventud. Sin embargo, pronto cumplirá ocho años como alcaldesa de Barcelona, convirtiéndose así en la tercera alcaldesa más longeva del período democrático, solamente superada por Joan Clos y Pasqual Maragall. Si consiguiera revalidar el cargo después de las elecciones del próximo 28 de mayo, superaría ampliamente al alcalde Clos. No está mal para alguien que se proponía ejercer temporalmente la acción política y que, reiteradamente, se ha mostrado incómoda con las obligaciones institucionales. «Hay que limitar los mandatos para evitar la excesiva profesionalización de la política», afirmaba en su primer discurso como alcaldesa.

Ada Colau ha querido que su mandato constituyera una ruptura con el pasado. Aquel 15 de junio de 2015 anunciaba desde el Saló de Cent que no habría «nunca más un Ayuntamiento que gobierne de espaldas a su ciudadanía, como debería haber sido siempre», dando por supuesto que el Ayuntamiento no se había gobernado escuchando a los ciudadanos y a sus entidades.

Colau se proponía «abrir las puertas de este Ayuntamiento a su gente», rememorando —seguramente sin saberlo— el lema de los socialistas de 1979: «Entra con nosotros en el Ayuntamiento». Aquella mañana de junio de 2015, con la plaza Sant Jaume llena a rebosar de personas que celebraban una victoria insólita, había un eco de abril de 1979. Parecía que se producía un nuevo comienzo que había de romper con todo lo que había representado la política institucional hasta entonces. Recordemos que Ada Colau se resistió a presentarse en coalición con Iniciativa-Verds porque los consideraba cómplices de la política seguida. Al fin y al cabo, ICV –y su predecesor, el PSUC— había formado parte del gobierno municipal durante treinta y dos años, los mismos que el PSC.

Desde algunos sectores se pretendió que la nueva alcaldesa se identificara con Pasqual Maragall, especialmente en los dos primeros años de aquel primer mandato. Pero Colau había llegado para romper, no para identificarse con el principal alcalde socialista de la ciudad; ni tan siquiera para ejercer un «derecho de inventario», tal como lo hizo Lionel Jospin en relación con la larga presidencia de François Miterrand. Ada Colau no se identificaba con aquella Barcelona olímpica de los años 90.

Maragall ejerció un cierto «derecho de inventario» de la Barcelona de Porcioles, e incluso de la Barcelona de Cambó. Pero Colau no lo ha hecho con la Barcelona de Maragall, pese a que ideológicamente esté mucho más cerca de Maragall de lo que él lo estaba de Porcioles. Quizá esto se explica por la distancia temporal: cuando Ada Colau fue elegida alcaldesa, ya hacía dieciocho años que Maragall había dejado de ser alcalde. Cuando Maragall fue elegido, en 1982, hacía sólo nueve años que Porcioles había abandonado la alcaldía. Temporalmente, Colau está muchos más alejada de Maragall que este de Poricioles. Con frecuencia, la obsesión por el franquismo y la ruptura que supuso la Transición, nos hace perder la noción del tiempo.

Lo que más sorprende del discurso de 2015, leído ocho años después, es la falta de una elaboración programática. La nueva alcaldesa habló mucho de ella —de sus orígenes, de sus experiencias, de su camino— y de sus referentes. De cómo se sentía y de cómo la había hecho sentir la gente, también la gente anónima, que la había acompañado en esta aventura: «Yo sola no soy nadie, absolutamente nadie, y esto no es falsa modestia. Soy una vecina, y soy una parte pequeñísima, una milésima de esta ciudad».

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Hacía más referencia al cómo, «una nueva forma de gobernar, con la ciudadanía y no sólo en su nombre», que al qué. Defendía una nueva radicalidad democrática, «participación real» para que «la ciudadanía pueda decidir cotidianamente aquellas cuestiones que le afectan». Pero esta radicalidad tomaba una forma de mandato imperativo: «Estamos aquí para mandar obedeciendo a la ciudadanía, como debería haber sido siempre», rompiendo con el mandato representativo que caracteriza a las democracias contemporáneas.

La nueva alcaldesa afirmaba querer «un ayuntamiento con paredes de cristal, transparente de verdad», y se presentaba dispuesta a «poner la lupa en cada contrato, si hace falta, y levantar las alfombras cuando haga falta». En estas referencias, así como en el «mensaje especial» que envía a los trabajadores municipales, hay un inconfundible eco de las palabras de Narcís Serra en 1979, como si se dirigiera a una Administración que hay que controlar y necesitara calmar los ánimos de sus funcionarios. Pero lo que más sorprende son las escasas referencias a las políticas que se proponía poner en marcha. Hace referencia a cuatro ejes principales que, sin embargo, quedan desdibujados en su intervención: ocupación y lucha contra la precariedad, nueva agenda urbana, derechos sociales, y más y mejor democracia.

Citaba ejemplos de otras ciudades, al hacer referencia a su programa, para afirmar que las ciudades «tienen un diseño absolutamente insostenible en términos ecológicos» que «hay que repensar profundamente». Para la nueva alcaldesa, reducir la contaminación atmosférica era «un imperativo que no puede esperar más»: «Queremos más verde y menos gris, más pedales y menos motores, más tierra y menos asfalto, menos ruido.» Casi ninguna referencia a la política de vivienda, más allá «de acabar con la lacra y la vergüenza de los desahucios». Se propone garantizar el derecho a la vivienda, pero no dice cómo. Le dedica tres frases en la parte final del discurso.

De hecho, dedica más atención a la Barcelona metropolitana que a la vivienda: «Tengo el propósito de ser también la presidenta del Área Metropolitana y de formar en ella un gobierno de amplio consenso, porque muchas de las políticas clave de la ciudad se hallan en ese ámbito; desde las políticas ambientales, las económicas, turismo, transporte y movilidad, el combate contra la contaminación… solamente se pueden llevar a cabo desde la óptica metropolitana.»

El equilibro de poderes en el AMB se ha mantenido como estaba, con un PSC que gobierna una coalición de cuatro partidos, pese a que, prácticamente, lo podría hacer en solitario, reduciendo la oposición a la mínima expresión.

En 2019, Ada Colau sería reelegida en unas circunstancias muy diferentes. Obtendría igualmente 21 votos en el pleno de investidura, pero esta vez no serían los de ERC, el PSC y uno de la CUP, sino solo los del PSC y los tres concejales de la lista encabezada por Manuel Valls: Eva Parera, Celestino Corbacho y el ex primer ministro francés. «Unos votos que no hemos ido a buscar y que en ningún momento hemos ocultado que nos incomodaban», en palabras de la propia alcaldesa, hasta el punto de reconocer que el día de su reelección no era «exactamente un día feliz».

Su elección había sido fruto de la voluntad de los socialistas y de los independientes de la candidatura Barcelona pel Canvi para evitar que Barcelona tuviera un alcalde independentista que pusiera la ciudad al servicio del procés en un momento especialmente delicado, cuando acababa de concluir el juicio en el Tribunal Supremo y el país estaba a la espera de la sentencia. En este contexto, Ada Colau se reafirmaba: «no seré en ningún caso ni alcaldesa independentista ni alcaldesa no independentista. Me esforzaré en ser alcaldesa de todos los barceloneses y todas las barcelonesas». Un posicionamiento muy diferente de la plena voluntad de ejercer el derecho a decidir expresado en el discurso de 2015.

Ada Colau se había presentado a la reelección y había obtenido 20.000 votos y un concejal menos que cuatro años antes, con una participación electoral que se había incrementado en 6 puntos (del 60 al 66%). Pero el origen de sus votantes era muy diferente que en 2015. Barcelona en Comú había perdido su atractivo para los votantes de Nou Barris, de la Marina y del eje del Besòs. Los veinte barrios más populares, que habían llevado a Colau a la victoria cuatro años antes, habían vuelto al PSC.

Su base electoral había cambiado y este hecho tendría un impacto muy claro en las políticas urbanas seguidas en el segundo mandato, caracterizadas por la transformación de Glòries y las pacificaciones de calles y entornos escolares, especialmente intensas en los distritos del Eixample y de Sant Martí. De hecho, la inversión en el Eixample durante este mandato —ejes verdes y compra de edificios con inquilinos, entre otros— ha sido muy elevada. Su gran apuesta, la Supermanzana Barcelona —con el añadido del programa Protegim Escoles— parece más pensada para la clase media del Eixample y las antiguas viles, con una fuerte conciencia ambiental y un arraigado sentimiento de pertenencia a los barrios respectivos, que para las clases populares que la hicieron alcaldesa en 2015.

En junio de 2019, Ada Colau asumía el reto de continuar la tarea iniciada en 2015 con el aprendizaje que había supuesto la política institucional. En su intervención, sin embargo, resonaba aún el orgullo por la gesta realizada cuatro años antes y se mostraba «muy orgullosa de haber hecho cosas que nos decían que eran imposibles; […] de hacer que Barcelona sea la ciudad de todo el Estado con más inversión social; […] de plantar cara a la especulación; […] consiguiendo la regulación del 30%» sobre las promociones de vivienda privada. Y se reivindicaba para evitar que su gobierno no fuese más que un paréntesis: «una experiencia de cambio que no queremos que quede como un accidente, que seguramente es lo que muchos querrían».

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En esta reivindicación destacaba su condición de mujer y primera alcaldesa de la ciudad: «Ocupo la alcaldía de Barcelona con todo el orgullo, con toda la firmeza, sin pedir permiso a nadie; porque las mujeres también hemos venido a mandar y a ocupar todos los espacios de poder sin tenernos que justificar.» En su enumeración de políticas, sin embargo, la concreción era todavía menor que en 2015, más allá de «la lucha contra la especulación» y la «lucha contra el cambio climático, con una gran transformación de Barcelona que ya ha comenzado». Un discurso que seguía siendo más próximo a las batallas simbólicas, aunque sin llegar a las batallas culturales, que a la transformación concreta de la ciudad.

Unas palabras que abrían un período de continuidad en la acción de gobierno municipal, con la voluntad de consolidar las políticas iniciadas en el mandato anterior. Un discurso del que habían desaparecido las referencias metropolitanas del anterior.

El acuerdo de gobierno metropolitano se formalizó prácticamente de espaldas a la capital, antes de que se firmara el acuerdo de gobierno en el Ayuntamiento de Barcelona, y vino acompañado de la disolución exprés del Consell Comarcal del Barcelonès —por parte del Gobierno de la Generalitat y a instancias del Ayuntamiento de l’Hospitalet— sin tener en cuenta ni la opinión ni la aportación de la capital, y con gran perjuicio para los tres ayuntamientos del Barcelonès nord.

Esta sigue siendo la gran asignatura pendiente para el próximo mandato municipal. Cuarenta años después de la Barcelona «olímpica y metropolitana» de Pasqual Maragall, la ciudad metropolitana sigue sin tener las herramientas que necesita para desarrollarse mejor y hacerlo con más equidad. La transformación del AMB en una herramienta eficaz y más democrática para dirigir la Barcelona metropolitana es el elefante en la habitación de la campaña municipal. El Ayuntamiento de la capital debe volver a mirar hacia fuera y dejar atrás una etapa en que la ciudad central se ha ido cerrando y ensimismando progresivamente.

¿Querrá asumir el reto el nuevo alcalde? ¿Lo retomará la alcaldesa si consigue ser reelegida? Esta es una de las grandes preguntas que habrá que responder después del 28 de mayo.