En las últimas semanas, quizás en parte a causa de los disparates de Junts culminados en la asamblearia decisión de desertar, parece que se ha puesto de moda decir que el proceso se ha acabado o se ha muerto.

Por otro lado, no tan recientemente pero aún no hace dos meses, en el debate de política general del día 27 de septiembre en el Parlament de Cataluña, el presidente Aragonés, quizás viendo venir la deserción e incluso, quizás, deseándola, medio sorprendió con un anuncio que, aludiendo casi explícitamente a Quebec, consistía en negociar una propuesta de claridad con el Estado Español, especificando que claridad quería decir «pactar los términos de un acuerdo sobre las condiciones y el calendario de un referéndum de autodeterminación». Añadió que esta era la manera para que el resultado fuera reconocido como legal en todo el mundo. También quiso dejar muy claro con una meritoria valentía que hay que agradecer aunque no fuera totalmente explícita, que esta propuesta era un claro alejamiento de los hechos de octubre de 2017 que hasta hace poco solo había calificado ambiguamente de «aprender de los errores». Y aclaró también que la propuesta tenía que ser tan consensuada como fuera posible con la mayoría de los ciudadanos de Cataluña, fueran o no fueran independentistas. Bienvenido lo que de rectificación contiene la posible nueva partitura.

Se podrá evaluar mejor la propuesta cuando se conozca su contenido concreto. En cualquier caso, queda claro que contradirá inevitablemente la persistente afirmación de Carles Puigdemont de que no hay que hacer ningún otro referéndum no solo porque ya se hizo en 2017, sino también porque, además, ya se ganó. Al hilo de esta insólita terquedad y aprovechando la reciente actualidad, creo que estaría bien que alguien con la capacidad y la osadía para hacerlo, escribiera una buena aproximación a las similitudes y las diferencias entre aquel referéndum catalán del 2017 y los cuatro recientemente promovidos por Putin en las regiones de Ucrania donde hay un buen porcentaje de población rusófila. Vaya por adelantado que seguramente hay más diferencias que similitudes pero hay también algunas similitudes importantes que sería recomendable reconocer si se quiere realmente pasar página.

Lógicamente, el día siguiente y los días siguientes, además de los que certificaban el fin del proceso, se publicaron muchos artículos sobre la propuesta, algunos muy interesantes (Lola Garcia, Antoni Puigverd, Berta Barbet, Jordi Amat, Pere Rusiñol y seguramente algunos más que me pasaron por alto). Pero como que ninguno de ellos hacía referencia a una cosa que me parece importante, he decidido dar también mi opinión. Y mi opinión es que el llamado proceso, entendido como un camino hacia la independencia, no es que se haya muerto o acabado, es que no ha existido nunca.

He hecho una búsqueda en la Enciclopèdia Catalana en la entrada procés. Ofrece 8.344 resultados que lógicamente no he consultado exhaustivamente. Muchos de ellos se refieren a la aplicación de la justicia (incluidos procesos históricos famosos); los he descartado inmediatamente. En otros muchos, relativos a diferentes ciencias y ramas del conocimiento, aparecen a menudo palabras o expresiones como «metodología, sistema, continua y progresiva transformación, procedimiento, sucesión de fases preestablecidas, secuencias ordenadas de operaciones etc…» No me ha parecido haber encontrado nada aplicable a la realidad del proceso, que yo osaría definir como «improvisaciones propagandísticas en espera de un milagro». Supongo que un «proceso» que merezca este nombre requiere que tenga, además de un principio declarado y de un final deseado, un seguimiento sistemático y de evolución medible. Dicho de otro modo: es razonable pensar que, antes de emprender una aventura tan compleja, sus impulsores tendrían que haber hecho una reflexión seria, una previsión realista y una secuencia con un calendario viable de los pasos a dar. Y también un debate transparente previo y una evaluación continua de su curso. Parece que consideraron que todo esto no hacía falta. Por eso creo que el proceso no ha existido.

Esta reflexión, estas previsiones y este debate, tendrían que haber cubierto, como mínimo cuatro puntos: 1. Si era posible o al menos probable conseguir la independencia teniendo en cuenta todas las variables internas y externas que la podían condicionar e impedir. 2. Con qué procedimiento, nivel de adhesión interna, apoyos externos constatados y una evaluación seria de los obstáculos previsibles (es decir, no echando por la calle de en medio con frívolas y mutantes series de «hojas de ruta» publicitarias y unos calendarios con prórrogas automáticas si los objetivos no avanzaban). 3. Si más allá de la probabilidad o improbabilidad de conseguir la independencia, nos convenía seguir adelante sin una estimación rigurosa de los costes y ganancias probables o posibles. Y 4. Qué alternativas y había –o no había– para resolver los agravios y conflictos reales (de los imaginarios o exagerados se podía prescindir) que habíamos tenido, teníamos y tenemos con el Estado Español en el supuesto de que los puntos anteriores no fueran suficientemente satisfactorios para decidir iniciar el falso proceso.

Naturalmente, no se puede asegurar qué resultado habrían aportado la reflexión, las previsiones y el debate. Pero como mínimo habrían aclarado una cosa: que solo había cinco formas de intentar lograr la independencia y que las tres primeras se tenían que descartar de entrada; que la 4.ª, que es la que se eligió y supuestamente se puso en práctica, y que ahora, ya sabemos más o menos cómo ha acabado; y la 5.ª, que es precisamente la que ahora nos propone el presidente Aragonés y que, a pesar de que a mi parecer tampoco lleva a la independencia, es la única que, con paciencia y una búsqueda de complicidades externas suficientes, ofrecería alguna posibilidad y evitaría o amortiguaría –esto es importante– los graves costes y conflictos de la 4.ª opción.

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Definamos brevemente las cinco.

Divorcio pactado, como en el caso de Checoslovaquia con el resultado de las actuales República Checa y Eslovaquia. No parece que tuviera ninguna posibilidad.

Referéndum legal pactado con las estructuras institucionales del Estado Español y con victoria del SI a la independencia superando el listón de porcentaje cualificado fijado en el pacto. No se trataba, como entonces y ahora puede parecer, del modelo canadiense; era más bien el modelo escocés, que se argumentaba como exigible por comparación con cómo se acordó en el Parlamento del Reino Unido (en lo sucesivo UK) el referéndum que se celebró. El problema es que había un par de diferencias decisivas en el caso de Cataluña: la primera, que cuando se constituyó el UK, Escocia era un estado independiente que pasó, voluntariamente, a formar parte del mismo. Y la segunda, que el Parlamento del UK, por el hecho de no tener una Constitución, podía acordar autorizar, y así lo hizo, un referéndum de salida o permanencia de Escocia en el UK. En España, en cambio, el gobierno no podía ni puede ahora pactar (aunque hubiera querido o lo quiera hacer, que obviamente no era ni parece que ahora sea el caso) un referéndum de autodeterminación sin previamente modificar la Constitución y la posibilidad de que emprendiera esta modificación era nula, tan nula como la hipótesis del divorcio por acuerdo de la opción 1. Ahora queda para ver qué pasa con la nueva propuesta del presidente Aragonés.

La guerra (y ganarla, está claro!). Creo que no hay que argumentar mucho que era una hipótesis claramente inverosímil.

 

Pasamos a las dos restantes

Primero, la que, a mi parecer de manera muy imprudente y apresurada, se puso en marcha. Consistía básicamente en la convicción o la afirmación táctica sin convicción de que, impulsando una permanente y espectacular movilización con una excelente coreografía y euforia ambiental, año tras año, los días 11 de septiembre y posteriormente sostenida y difundida por los medios públicos de comunicación (por cierto, hablando de los 11 de septiembre, fecha conmemorativa de una derrota como también lo fue el resultado anterior de la guerra dels segadors. Qué extraña y persistente celebración de las derrotas! Qué afición al martirologio!). Este ambiente festivo y optimista se complementó posteriormente con disturbios de baja intensidad, todo ello dando por seguro que el Estado Español, desbordado por esta presión, quebraría y tendría que ceder. Parece claro que se trataba de una curiosa ingenuidad, un grave error de cálculo o sencillamente un incomprensible autoengaño consciente. Todo ello en base, eso sí, a un relato muy construido (quizás por los guionistas de Polonia?) y unos eslóganes muy acertados como «el derecho a decidir» que solo existe si está escrito en alguna ley; o «el mundo nos mira» (el mundo nos miraba de verdad, como hace poco recordaba Francesc Trillas en un tuit, el 1992 con los exitosos Juegos Olímpicos) y sí, es también cierto que el mundo también nos miraba un poquito durante el llamado proceso, pero no demasiado y más bien de reojo. Con este marco de ficciones mágicas, muchísima gente creyó de buena fe que la cosa estaba hecha y que la república catalana era inminente, que el mundo, además de reconocer el nuevo estado, nos admiraría y, encima, seríamos ricos y felices: los más listos. Creo que podemos ahorrar hacer un balance del resultado, el invento holográfico del proceso inexistente hacía tiempo que se estaba apagando despacio, con sufrimiento, y el presidente Aragonés, el día 27 de septiembre le aplicó la eutanasia cuando anunció la vía canadiense.

Finalmente, al menos de momento, aparece esta vía quebequesa, inspirada en la legislación canadiense dicha «de claridad». Ya he escrito que no creo que lleve a la independencia pero también he escrito que es el único de los 5 métodos que podría acabar teniendo alguna opción. Con mucha paciencia y recuperación de empatía con el conjunto de españoles. Con un proceso previo de búsqueda de socios para impulsar una reforma constitucional viable que, en base a criterios parecidos al modelo canadiense, permitiera a las CCAA impulsar un referéndum de autodeterminación si se cumplían y se acreditaban las condiciones mínimas establecidas legalmente.

He escrito «aparece» pero justo es decir que sería más preciso haber escrito «reaparece», dado que el magistrado andaluz Miguel Pasquau ya proponía en un artículo publicado en CTXT en enero de 2016 (Una propuesta constitucional sobre el derecho a decidir) impulsar una disposición adicional para incorporar a la Constitución Española, con un texto inequívocamente inspirado en el modelo canadiense de claridad. He pensado que quizás, si el presidente Aragonés no la conoce –que supongo que sí– le puede ser útil a la hora de concretar la formulación de su propuesta. Este es el texto que sugería el magistrado Pasquau hace poco más de siete años.

 

Disposición adicional.

  1. El Estado español está constituido por la voluntad soberana de todos los españoles.
  2. Se reconoce el derecho de secesión de las comunidades autónomas. Para su ejercicio, habrán de cumplirse todas y cada una de las siguientes exigencias:

2.a. La iniciativa para iniciar el procedimiento de secesión corresponde al Parlamento autónomo, que deberá acordarlo por una mayoría de 3/5.

2.b. Una vez aprobada por el Parlamento, la iniciativa será consultada en un plazo de tres meses a todos los Ayuntamientos y Diputaciones de la comunidad autónoma. La moción habrá de ser aprobada por la mayoría absoluta de los concejales de Ayuntamientos que representen 3/5 de la población de la comunidad autónoma, conforme al censo oficial, y por todas y cada una de las diputaciones provinciales de la misma.

2.c. Alcanzadas dichas mayorías, la moción de secesión se someterá a referéndum convocado por el Jefe del Estado y habrá de ser aprobada por un número de votos superior a la mitad de la población con derecho a voto, sea cual fuere la tasa de participación.

2.d. Aprobada la moción en referéndum con la mayoría exigida, se disolverá el Parlamento y se celebrarán elecciones constituyentes en el ámbito de la comunidad autónoma para su conversión en Estado independiente.

  1. Ejercido el derecho de secesión, y aprobada la Constitución del nuevo Estado, las relaciones entre éste y el Estado español se establecerán mediante un Tratado convenido por ambas partes. En todo caso:

3.a. Los ciudadanos de la comunidad autónoma secesionada tendrán derecho a conservar la nacionalidad española.

3.b. El Estado español apoyará el ingreso del nuevo Estado constituido en las instituciones europeas e internacionales de las que sea parte.

3.b. En el plazo de dos años desde la aprobación de la secesión por referéndum se liquidarán las relaciones económicas entre ambos Estados, bajo la supervisión de un organismo internacional dependiente de Naciones Unidas.

3.c. Las leyes del Estado español seguirán siendo aplicables en el nuevo Estado entre tanto no sean expresamente derogadas, o sustituidas por otras.

  1. Fracasada la moción independentista por no alcanzarse cualquiera de las mayorías exigidas en el apartado 2, el proceso no podrá volver a iniciarse hasta pasados veinte años.
  2. Cualquier proceso o declaración de secesión que no respete las reglas previstas en esta disposición dará lugar a la aplicación de lo dispuesto en el artículo 155 de la Constitución.
  3. El derecho de autodeterminación no tendrá más contenido que el ejercicio del derecho de secesión conforme a lo previsto en esta disposición, sin que, por tanto, una comunidad autónoma pueda modificar unilateralmente, fuera del marco constitucional, las reglas generales de la organización territorial del Estado, imponiendo un grado de autonomía no permitido en la Constitución para las comunidades autónomas, y sin perjuicio del procedimiento establecido para la modificación de los Estatutos de Autonomía

Insisto, publicado el 2016. Y sinceramente, también reitero que me parece improbable que este nuevo intento acabe en un referéndum de autodeterminación. Y con más sinceridad todavía, quiero decir que en el supuesto de que así acabara, salvo que yo cambiara mucho de opinión en relación con mi manera de pensar actual, y suponiendo que en aquel momento todavía estuviera vivo, que es un supuesto muy optimista, votaría que NO.

Soy decididamente federalista y el federalismo me parece el mecanismo idóneo para armonizar este tipo de cuestiones. Y por eso creo muy necesario y urgente acelerar el proceso de la unión política europea, obviamente con un modelo claramente federal. En las expectativas hasta hace poco aceleradas del marco global, parecía evidente que la gobernación de la globalidad se fundamentaría básicamente en unos pocos (5,6,7?) grandes polos geoestratégicos y parece claro que Europa solo puede ser uno de estos polos si está unida políticamente. Desgraciadamente, hay demasiadas señales de que las cosas no van bien, la oleada de expansión de las extremas derechas casi en todo el mundo da miedo. Los discípulos de Trump (no quiero ofender a nadie citando nombres) proliferan por todas partes, también en Cataluña y en toda España.

Pero el mundo actual es muy cambiante, seguramente demasiado deprisa y en una mala dirección, pero todo puede cambiar, también para bien. Para poner un ejemplo: hace pocos días un prestigioso analista político, Wolfgang Münchau, publicaba un artículo sobre los líos del partido conservador, y decía: «Los tories han perdido algo más que su credibilidad como partido de gobierno competente. Han perdido el Brexit.» (!!!)

No querría que parezca que creo tener soluciones fáciles, pero no puedo evitar decir que a mi parecer, el mejor (y seguramente el único) camino para intentar o ayudar a resolver los problemas y agravios, ya mencionados, que tenemos con el Estado Español, es participar tanto como se pueda en su gobernación. Exactamente todo el contrario de lo que hacía el presidente Pujol. Dos ejemplos lo ponen de manifiesto: el primero, que en lugar de participar en la gobernación para mejorarla, pretendía conseguirlo a base de «hacer pedagogía» que evidentemente era visto o se podía ver por parte de los supuestamente aleccionados, como una antipática actitud de supremacía. Y el segundo, no querer explícitamente participar en la mencionada gobernación. Roca y Duran Lleida estuvieron en condiciones de ser ministros en gobiernos españoles de ambos signos alternantes, casi pudiendo elegir ministerio, pero el presidente Pujol no se lo permitió. Prefería refunfuñar y que Cataluña refunfuñara. Prefería la negociación de baja intensidad, aquello del «pescado al cesto», generalmente morralla.

Esta última reflexión me hace pensar en los primeros años 80, cuando los catalanes estábamos bastante bien vistos en toda España y particularmente en Madrid. Dice un amigo mío que nos veían con una mezcla de admiración y de envidia. Creo que tiene razón. Cuando me hice cargo de la política de turismo del PSC, iba a las reuniones sectoriales del PSOE y ciertamente, esperaban a ver qué decíamos los catalanes y lo valoraban mucho. El extremeño Alejandro Cercas –tío del extremeño/gerundense Javier Cercas– era entonces el responsable de las políticas sectoriales del PSOE. Le sugerí hacer un papel sobre la política de turismo y me lo encargó. Con la intención de hacer un buen documento, recluté un socio mallorquín, que conocía de hacía tiempo y que a mi parecer tenía una opinión muy valiosa sobre el tema. Hicimos conjuntamente un documento que creo que era bastante bueno pero —ay!– un «guerrista» también extremeño y bajito (no recuerdo ni tengo ganas de recordar su apellido) dijo que las políticas que se proponían limitarían el crecimiento del turismo en España y que esto no podía ser de ninguna manera. El papel, pues, no prosperó. No estoy seguro de qué hubiera pasado aplicando las recomendaciones del documento, pero no se puede descartar que el resultado no hubiera sido tan lamentable como el modelo turístico que ha resultado, solo exceptuando relativamente Menorca, Lanzarote, el Cantábrico y el turismo rural en general y muy especialmente en Navarra, que no han seguido precisamente la pauta de cuanto más crecimiento mejor.

Pero en todo caso y recuperando el hilo de la propuesta quebequesa del presidente Aragonés, celebro que opte por una forma racional de intentar conseguir sus objetivos y que, además, por el hecho de ser probablemente una estrategia a largo plazo, permitirá y obligará a quién le toque gobernar –durante un seguramente prolongado «mientras tanto»– a priorizar la acción de gobierno para recuperar la economía, el prestigio y la autoestima de Cataluña en lugar de este pesado ambiente crispado, irreal y fanatizado que cada día parece más claro que no lleva a ninguna parte ni a nada de bueno.