Durante muchos años América Latina se veía como una de las regiones del mundo democráticamente pioneras junto con la Europa del Sur y los países del Este. Pero los resultados de las últimas elecciones generales, en América Latina, sorprenden por sus desviaciones de las reglas democráticas comunes. No solo porque los valores del canon no son respetados, sino porque, de manera inesperada, son elecciones que se ajustan al calendario previsto. Para entender esta paradoja se necesita aclarar qué entendemos por valores del canon democrático. ¿Se trata de un concepto universal, consensual, u «occidental», y entonces sospechoso, porque los que lo inventaron fueron hasta hace muy poco tiempo los dueños del mundo?

En la historia del siglo XX las antiguas potencias coloniales y su «extremo occidente» norteamericano (Alain Rouquié América Latina. Introducción al Extremo Occidente, Siglo XXI, 1989), instrumentalizaron las libertades para permitirse todo tipo de injerencias, justificadas por una superioridad moral, y democrática. El impacto de estas injerencias, disfrazadas de ética, es parte de la memoria latinoamericana. El intelectual hindú, Amartya Sen, hizo una descripción concluyente de la universalidad; no del concepto tal como se lo conoce en «Occidente», pero sí de la existencia de una aspiración transcultural a la libertad (El valor de la democracia, Madrid, 2006).

Existe una cultura democrática latinoamericana, consagrada en textos fundamentales, que coexiste con otra caudillista y dictatorial. Las rupturas fueron sentidas como violadoras de pactos colectivos, tanto por las mayorías como por los golpistas, que siempre intentaron justificarlas como suspensivas y provisionales. Las distorsiones actuales expresan, en formas novedosas, este oxímoron, que combina elecciones con desviaciones del sufragio universal.

 

Universalidad de las elecciones

De 2021 a 2023, todos los países latinoamericanos organizaron consultas para renovar a sus dirigentes. Queda la incógnita de Haití, que vive una situación de desórdenes que impide fijar una fecha. ¿Quiere esto decir que triunfó la democracia en América Latina? Lo único que se puede concluir es el recurso universal de los gobiernos a elecciones para legitimar su poder. En los últimos años, esta legitimación electoral del poder tuvo una extensión excepcional, paralela a una inflación de las dudas. Se nota una manipulación creciente de los procesos electorales independientemente del color de los gobernantes. La más frecuente consiste, por parte del más fuerte, en apartar a las candidaturas competitivas.

En Cuba, estado de dictadura del proletariado, hay elecciones de carácter participativo. Un solo partido, el PCC, puede presentar candidatos. Pero siguiendo la corriente electoralista del momento, se permite la presencia de candidatos sin partido desde 1992. Casos más frecuentes son los países oficialmente de multipartidismo, pero donde no se aplica esta regla constitucional. En 2016 una mayoría parlamentaria de caciques, conservadores y oportunistas suspendió a la presidenta brasileña, Dilma Rousseff, por un crimen constitucional imaginario. En Nicaragua, el presidente Daniel Ortega, cerró el espacio democrático, impidió la existencia de una prensa crítica, encarceló o expulsó a opositores, castigó duramente a los manifestantes que protestaban. El 6 de noviembre de 2022, su partido, el Frente Sandinista de Liberación Nacional, «venció» en los 153 municipios del país.

Existe una cultura democrática latinoamericana que coexiste con otra caudillista y dictatorial. Las distorsiones actuales expresan, en formas novedosas, este oxímoron, que combina elecciones con desviaciones del sufragio universal.

En Venezuela, el presidente Nicolás Maduro y su formación política, desde la muerte de su antecesor, Hugo Chávez, presionó fiscalmente a medios de oposición, suprimió derechos cívicos, o forzó al exilio a adversarios siquiera potenciales, como Henrique Capriles en 2017 o Corina Machado en 2024. Después de la victoria parlamentaria de partidos contrarios al poder, el 6 de diciembre de 2015, jueces del Tribunal Supremo de Justicia, nombrados por la Cámara legislativa saliente, transfirieron los poderes de la Asamblea Nacional al presidente el 27 de marzo de 2017. Luego modificaron la ley electoral, permitiendo a Nicolás Maduro convocar una Constituyente. Electos el 30 de julio de 2017, los constituyentes, próximos al Gobierno, acapararon el poder legislativo negando sus competencias a la Asamblea Nacional. Fue en estas condiciones que ganó sin fraude, pero sin oponentes fuertes, la votación presidencial del 20 de mayo de 2018.

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Presidentes electos, en Bolivia, Colombia, El Salvador, México o Perú, intentaron forzar su reelección modificando por la fuerza la ley fundamental que la prohibía. En Bolivia, Evo Morales, el 20 de octubre de 2019, intentó volver a presentarse, aunque había perdido el 21 de febrero de 2016 un plebiscito que pretendía autorizar la reelección. Se desencadenó entonces una crisis institucional en la cual la presidenta interina, Jeanine Áñez, quiso también mantenerse en la Casa grande del pueblo. En Perú, el presidente, Pedro Castillo, disolvió el Parlamento el 7 de diciembre de 2022 en condiciones no previstas por la Constitución. Fue arrestado, juzgado y condenado a 34 años de prisión por adversarios que aprovecharon su error de manera oportunista.

 

Palanca para seguir en el poder 

Pueden combinarse manipulaciones electorales y constitucionales con un factor electoral tanto legal como ilegítimo. Parlamentarios sin afiliación ideológica, electos sin fraude, pueden desestabilizar a propósito la vida democrática de su país para defender intereses particulares. El caso ya citado de Brasil en 2016 es muy representativo. También en Perú, la caída de casi todos los presidentes electos desde el año 2000. El expresidente Alberto Fujimori, refugiado en Japón desde el año 2000, está encarcelado desde 2007. Sus sucesores, Alejandro Toledo, Ollanta Humala y Pedro Pablo Kuczinski viven bajo arresto domiciliario. Otro expresidente, Alan García, se suicidó en 2019.

Algunos de los nuevos líderes representan un riesgo de desvío democrático mayor y pueden bloquear las alternancias. El comentario de Nayib Bukele, la noche de su reelección, así lo apunta: «El Salvador está creando la democracia de partido único».

Candidatos electos a la presidencia de forma competitiva, con mayorías altas, pueden usar el resultado como palanca para permitirles una continuidad en el poder. Como en Argentina y El Salvador, Javier Milei, el 20 de noviembre de 2023, y Nayib Bukele, el 4 de febrero de 2024. Nada más acceder a la Casa Rosada, Javier Milei, presentó al Parlamento argentino, una ley ómnibus y un Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU), de centenares de artículos, que, entre consideraciones de urgencia económica, pretendía modificar el derecho de manifestación, las leyes electorales, y el número de diputados.

Su homólogo salvadoreño, electo en 2019, entró en 2020 en la Asamblea Legislativa con militares armados para forzar el voto de una ley. Ganada la consulta parlamentaria, en febrero de 2021, los diputados de su partido, mayoritarios, renovaron el 15 de septiembre la Corte Constitucional que, interpretando la ley, le ofreció la posibilidad de presentarse a una eventual reelección. Este Parlamento renueva cada mes, desde el 27 de marzo de 2022, el Estado de excepción que suspende las garantías fundamentales. Unas 76.000 personas están encarceladas, en condiciones de rigor mayúsculo, en Centros de Detención de Terroristas. La noche de su reelección, el presidente sugirió un futuro democrático del mismo espíritu: «El Salvador está creando la democracia de partido único».

 

Últimas cosechas democráticas 

Un punto positivo. Nadie, en América Latina, propone suspender la designación electoral de los responsables. Ni siquiera en Haití, donde Ariel Henry –dirigente de hecho, presidente interino, después del asesinato del anterior jefe del ejecutivo, Jovenel Moïse, el 7 de julio de 2021– y su oposición comparten la necesidad de salir de la crisis con una consulta electoral. Ni siquiera en Cuba, donde la nueva Constitución, adoptada por referéndum el 24 de febrero de 2019, afirma en el artículo 5 que «el Partido Comunista de Cuba, único, martiano, fidelista, marxista y leninista, vanguardia organizada de la nación cubana, sustentado en su carácter democrático y la permanente vinculación con el pueblo, es la fuerza dirigente superior de la sociedad y del Estado». Pero en el artículo 104 añade: «La Asamblea Nacional está integrada por diputados elegidos por el voto libre, igual, directo y secreto de los electores».

Los límites a este reconocimiento democrático pueden ser la consecuencia de críticas exteriores instrumentalizas. El nuevo presidente argentino, Javier Milei, denuncia como totalitarias las observaciones emitidas tanto por brasileños, cubanos, y venezolanos como desde China y el Vaticano. El salvadoreño, Nayib Bukele, criticó las injerencias de Estados Unidos y de las ONG «occidentales» para justificar sus interpretaciones de la democracia.

En Venezuela, Juan Guaidó, diputado opositor, presidente de la Asamblea Nacional, se autoproclamó presidente en la calle, durante una manifestación el 23 de enero de 2019. Fue reconocido, a pesar del carácter democráticamente insólito del procedimiento, por 50 Estados, los Estados Unidos y sus aliados latinoamericanos y europeos. Todos adoptaron sanciones diplomáticas y económicas para ayudar al presidente «autoproclamado», paradójicamente considerado como más democrático que Maduro, autor de manipulaciones constitucionales. Estas presiones exteriores fueron interpretadas como tales en Caracas, que no tuvo que justificar sus prácticas internas liberticidas, dada la ausencia de legitimidad democrática de la estrategia de la oposición.

Estos argumentos, de Argentina a Venezuela, pero presentes también en Cuba o Nicaragua, están basados en la defensa de la soberanía, planteada como prioritaria en relación con el respecto de la democracia. El argumento funda su legitimidad en las presiones de doble rasero usadas por los que se presentan como defensores del derecho y de las libertades. Se amplifican, además, los efectos de las crisis sociales. La gente migra –millones de venezolanos; centenares de miles de cubanos, haitianos, centroamericanos–, lo que hace que aumenten las presiones exteriores: el no respeto de las libertades por los países emisores de expatriados es un argumento privilegiado para los países receptores de migrantes.

 

Medios emocionales y seductores

Existen países que siguen respetando las reglas democráticas, pero en los que de una consulta a otra se dan alternancias casi automáticas, reflejo de un descontento generalizado. Todos los gobiernos, sean de derechas o de izquierdas, caen víctimas de este péndulo electoral. Argentina, por ejemplo, pasó en 2015, de una presidente justicialista, Cristina Kirchner, a un jefe de Estado liberal, Mauricio Macri. En 2019 volvieron los peronistas, con Alberto Fernández, y en 2023, un libertario radical de ultraderecha, Javier Milei. Estos votos de alternancia son la traducción electoral de un malestar, basado en la persistencia de desigualdades que alimentan el clima de inseguridad más alto del mundo, exceptuando el de los países en guerra, y todo tipo de tráficos ilícitos, el más mediatizado de ellos el de estupefacientes.

Como observa la corporación Latinobarómetro, «la trama democrática se quebró en América Latina porque la confianza se diluye por falta de inclusión. El ‘demos’ (el pueblo) no tiene ‘polis’ (comunidad)».

Esta tendencia expresa una pérdida de patriotismo partidario, visualizada en la decadencia de las formaciones políticas, de forma espectacular en Perú. Este retroceso es sustituido por operaciones electorales blitzkrieg, de personalidades como Javier Milei en Argentina, Jair Bolsonaro en Brasil, Nayib Bukele en El Salvador, que privilegian los medios emocionales y seductores de masas (redes sociales, Whatsapp, evangelismo pentecostalista). Estos lideres de nuevo cuño son creadores de discursos reductores e «innovantes» según el sociólogo argentino Gabriel Vommaro (La ultraderecha en Argentina: entre el oportunismo y la innovación de Milei, 2023).

Estos nuevos líderes representan también un riesgo de desvío democrático mayor. Una vez electos, pueden tener la tentación de bloquear las alternancias. El comentario de Nayib Bukele, la noche de su victoria, el 4 de febrero de 2024, da a entender esa posibilidad. «El Salvador» dijo, «entró en un sistema original de democracia de partido único». Su victoria, como su comentario, no pasaron desapercibidos. Desde Argentina, Ecuador, Perú, los responsables de estos países, consideran que Nayib Bukele abre una vía interesante para mantenerse en el poder.

Como observa la corporación Latinobarómetro en su informe de 2023, «la trama democrática se quebró en América Latina porque la confianza se diluye por falta de inclusión. El demos (el pueblo) no tiene polis (comunidad)». Una observación que podría extrapolarse a otras partes del mundo. Autocracia, democradura, populismo, no son especialidades exclusivas de América Latina. El politólogo argentino, Federico Finchelstein, dice que estos retrocesos son «un fenómeno global y transnacional (…) El excepcionalismo democrático norteamericano, francés o alemán han terminado.» (Del fascismo al populismo en la historia, 2019).