El pasado 15 de septiembre el Parlamento Europeo votó mayoritariamente a favor de una resolución que afirma tajantemente que Hungría ya no es una democracia plena. El país de la Mitteleuropa, se explica en el documento de 48 páginas, se ha convertido en un «régimen híbrido de autocracia electoral». No es la primera vez que la Eurocámara avisa sobre el progresivo vaciamiento de la democracia que se ha producido a orillas del Danubio tras el regreso al poder en 2010 de Viktor Orbán. Tampoco es la primera vez que los eurodiputados piden a la Comisión Europea que actúe rápidamente para frenar esta deriva autoritaria, como pasó en el caso de Polonia tras 2015.

Sin embargo, hemos tenido que esperar más de una década para que se plantee con firmeza la posibilidad de aplicar el artículo 7 del Tratado de la UE, lo que implicaría una sanción a Hungría y el bloqueo de los fondos europeos, tanto los estructurales como los vinculados al programa Next Generation UE. Por otro lado, tampoco está claro que finalmente la Comisión consiga este objetivo, tardío pero necesario: mucho dependerá de la decisión que tomen los gobiernos de los 27 en un Consejo Europeo que se celebrará antes de finales de año. Si Varsovia y Roma se sumaran a Budapest, difícilmente habrá una mayoría cualificada y todo quedará, una vez más, en agua de borrajas.

Esta posibilidad no es para nada descabellada: en la Eurocámara fueron 123 los votos en contra de la resolución antes citada. Se trata de los diputados de los grupos de Identidad y Democracia y de los Conservadores y Reformistas Europeos, entre los cuales se encuentran, además de los de Vox, los de Ley y Justicia y Hermanos de Italia, partidos que gobiernan en Polonia e Italia, respectivamente.

Más allá de lo que pasará en el caso concreto de Hungría, hay una cuestión de fondo que creemos crucial subrayar. Llevamos tiempo hablando de la crisis de las democracias liberales, bien representada por el aumento de la desconfianza de los ciudadanos en las instituciones y el creciente abstencionismo electoral. Tras lo vivido en las últimas dos décadas y la aceleración marcada por la pandemia y la guerra en Ucrania, afirmar que nuestras democracias están viviendo un momento difícil es ya una obviedad. Los recientes éxitos electorales de la extrema derecha en Suecia e Italia nos lo muestran de forma fehaciente. Cabe remarcar que el modelo de estas formaciones políticas son las autocracias electorales de Hungría o Polonia, con cuyos gobiernos Meloni y Akesson, así como Le Pen, Trump o Abascal tienen excelentes relaciones.

Hace veinte años, Steven Levitsky y Lucan Way acuñaron el concepto de «autoritarismo competitivo» para describir una serie de regímenes que habían surgido en diferentes partes del mundo por la decaída de los regímenes autoritarios previamente existentes o la decadencia de los regímenes democráticos. Levitsky y Way se referían a países como Haití, las repúblicas postsoviéticas de Asia Central y algunos países africanos. Hoy en día, ese virus autoritario no es ya solo algo que se expande en latitudes más o menos lejanas, sino que ha arraigado en Occidente y en el corazón mismo de la Unión Europea, poniendo en cuestión sus cimientos y sus valores. Lo mismo vale para Estados Unidos: el movimiento trumpista y el asalto al Capitolio del 6 de enero de 2021 están ahí para recordárnoslo.

Respecto a los autoritarismos del pasado o a los totalitarismos del siglo XX, estas «nuevas» autocracias electorales no se presentan como antidemocráticas. Tampoco dan golpes de estado o lanzan órdagos al sistema utilizando la violencia callejera, como fue el caso de la Marcha sobre Roma, de la cual se cumplen justamente ahora cien años y a la cual está dedicado el artículo del historiador Matteo Pasetti. Al contrario, Orbán, Morawiecki, Trump, Meloni, y también Putin, Erdogan, Duterte o Modi, se presentan como demócratas y recuerdan que han ganado unas elecciones libres. Si gobiernan, dicen, es porque el pueblo lo ha querido.

La cuestión es que la democracia no es solo poder votar en unas elecciones. La democracia, en su acepción liberal, tal y como se ha forjado en más de dos siglos de historia, significa también, y sobre todo, la existencia de instituciones independientes que controlan el gobierno y garantizan derechos. La democracia implica la separación de poderes, la información libre, la libertad de opinión y el pluralismo de ideas.

La acepción que los autócratas electorales tienen de la democracia es la del poder –o, mejor dicho, la tiranía– de la mayoría. Conciben la idea de la soberanía popular como lo hacían los monarcas absolutos. Como explica la politóloga Nadia Urbinati, las ideas autoritarias que se han ido imponiendo en la última década son la primacía del interés nacional, la exaltación de la mayoría como poder del más fuerte, la exaltación de las tradiciones en términos de religión y costumbres y la conquista de los medios de información. Esto tiene su cristalización en lo que el mismo Orbán ha definido como «democracia iliberal» que no es ni más ni menos, no lo olvidemos, que un oxímoron. No puede haber democracia sin pluralismo, sin separación de poderes, sin instituciones independientes, sin garantía de derechos.

En los tiempos aciagos de los cuales somos testigos, nuestras democracias se enfrentan al mayor reto de los últimos setenta años. El riesgo real no es sencillamente el de un crónico mal funcionamiento de los sistemas democráticos o de la incapacidad para aportar mejorías, sino de su progresivo vaciamiento y su próxima desaparición. Las autocracias electorales nos muestran en toda su crudeza el peligro mortal que las democracias liberales están viviendo. También en el corazón de la Unión Europea.