El título es deliberadamente provocador. Porque lo cierto es que estamos lejos de la violenta y dramática experiencia colombiana, aunque algunos prolegómenos, salvando enormes distancias, guarden inquietantes similitudes. Pero hay que estar muy atentos.

A principios de 2022, el mapa del cultivo y el tránsito ilegal de marihuana en Catalunya muestra un paisaje cada vez más alarmante. Abarca, entre otras localidades, Barcelona ciudad, l’Hospitalet, Sant Adrià de Besòs, Sant Andreu de la Barca, Badalona, el Prat de Llobregat, Cornellà, Viladecans, Gavà, Sant Feliu de Llobregat, Santa Coloma de Cervelló, Llinars del Vallès, Piera, Corbera de Llobregat, Cerdanyola del Vallès, Sabadell, Riells, Viabrea, Mataró, Castelldefels, Vallirana, Pineda de Mar, Calafell, Centelles, Cabrera de Mar, Lloret de Mar, Santa Coloma de Farners, Sant Esteve de Sesrovires, Flix, Abrera. Un listado que, dada su extensión, es obligadamente incompleto por motivos de espacio.

En los últimos cinco años, como resultado del crecimiento de esta actividad delictiva, el escenario social catalán ha visto un goteo imparable de tiroteos, narco-asaltos y homicidios; la multiplicación de pisos, fincas y naves industriales dedicados al cultivo de droga, y de laboratorios completos para la transformación de derivados del cannabis; el aumento de las tramas policiales presuntamente dedicadas a proporcionar locales y seguridad a los narcotraficantes a cambio de dinero; el peligro creciente de infiltración en la administración pública; la continua confiscación de armas de fuego; el tránsito de cannabis camuflado en objetos diversos, como material decorativo y deportivo, balas de alfalfa para consumo animal, palés de verduras y hortalizas, gominolas, miel o polvo azucarado; la creación de empresas ficticias o la aparición de ciudadanos extranjeros obligados a trabajar en condiciones de semiesclavitud en entornos insalubres. Y como resultado de todo esto, la evidencia de pagos con criptomonedas y otros medios virtuales y la obtención de beneficios millonarios por parte de la economía ilegal.

Cultivos, tráficos y modalidades que implican, además, una larga lista de delitos asociados: desde delitos contra la salud pública, pertenencia a organización criminal y blanqueo de capitales, hasta prevaricación administrativa, robo con fuerza, falsedad documental, revelación de secretos, soborno, intento de homicidio, detenciones ilegales, torturas, lesiones y amenazas, omisión de la obligación de perseguir el delito y fraude de consumo eléctrico por valor de centenares de miles de euros, entre otros.

En resumen, un panorama poblado de delincuentes británicos, holandeses, italianos, franceses, rumanos, moldavos, lituanos, brasileños, argentinos, colombianos, chinos, marroquíes, serbios, georgianos y albaneses, y también españoles, que nos asimila a contextos extremos tristemente conocidos; y la proyección de futuro de todo ello es motivo de grave preocupación para los expertos de los cuerpos policiales presentes en Cataluña. Preocupación inmensa, reconocía el conseller de Interior, Joan Ignasi Elena, pocos meses antes de destituir, por razones no profesionales, al máximo responsable policial de las investigaciones sobre el tráfico de drogas, el crimen organizado y la corrupción política en el territorio. Un mal síntoma.

 

El contexto

Cómo ha sido posible esta implosión criminal, sería la pregunta obligada. ¿Ceguera o ineficacia policial? ¿Falta de interés institucional? ¿Ausencia de estrategias preventivas? ¿Existencia previa de un contexto favorable?

A propósito de la metáfora de la línea de la palmera creada por Leonardo Sciascia en Il giorno della civetta para ilustrar el avance imparable de las mafias del sur italiano hacia el centro y el norte de la península, Rocco Sciarrone, uno de los más destacados académicos italianos especializados en sociología de la criminalidad, sostiene que si leemos de manera literal lo que escribe Sciascia veremos que la idea es más refinada. Sciascia, dice, se refería al clima que propicia la vegetación de la palmera. Al clima que cambia en Génova, Turín o Milán, convirtiéndose en elemento propicio para su crecimiento. En términos sociológicos estaríamos hablando del cambio de las condiciones de contexto que favorecen el nacimiento y el crecimiento de esta planta en el tránsito hacia el norte, en suma, de la implantación de las mafias. Condiciones sólidamente consolidadas en el centro y el norte italiano, pero fácilmente reconocibles hoy en día en la mayoría de países europeos, en Asia, África y América.

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En resumen, hablamos de ecosistemas predispuestos al contagio criminal. ¿Es este el caso de Cataluña? ¿Hemos propiciado las condiciones de contexto para convertirnos en un territorio medular como productor y distribuidor de droga por toda Europa?

Seamos sinceros: en Cataluña, el problema de la criminalidad organizada y sus actividades no interesa socialmente. Sometida como está la población a la angustia provocada por la adición creciente de crisis de todo tipo —la crisis climática, la violencia de género, las pandemias presentes y futuras, y otras numerosas incertidumbres que se ciernen sobre el futuro, entre las cuales figura una crisis económica siempre latente—, la cuestión de la criminalidad en sus diferentes expresiones no figura entre las inquietudes y urgencias de la sociedad catalana. Tampoco de su clase política y de las instituciones, sean económicas y financieras, culturales, sociales o académicas.

Seamos sinceros: el problema de la criminalidad organizada y sus actividades no interesa socialmente.

Desafíos y conflictos globales, recordemos, frente a los cuales la sociedad expresa cotidianamente su preocupación y, en muchos casos, incluso su rechazo, y entre los que, paradójicamente, la criminalidad ejerce un protagonismo destacado. Es el caso, por ejemplo, de la violencia de género, la explotación y la pérdida de derechos, donde la prostitución constituye un ejemplo extremo; de la sanidad pública, afectada por el consumo y el tráfico de drogas; de la crisis medioambiental, en la que la gestión ilegal y el tráfico de residuos juega un papel importante, o de la seguridad en sus múltiples expresiones, desde los robos con o sin violencia hasta la falsificación de bienes y productos o la cibercriminalidad, que crece exponencialmente.

Esta especie de indiferencia colectiva no es una exclusiva local. Reproduce los procesos seguidos en la mayoría de países de la Unión Europea —con especial relevancia en Italia durante décadas, pero también en Alemania, Francia, Holanda, Albania, Malta y los países del este europeo—, donde la inacción política, la corrupción y la falta de conciencia colectiva han derivado en la consolidación de un problema estructural, ahora de muy difícil solución. La unanimidad de los gobiernos en silenciar la dimensión y la gravedad del fenómeno criminal, y de la ilegalidad que lleva asociada, ha sido —y continúa siendo— casi absoluta, pese a los episodios de violencia, la creciente expansión, los casos de corrupción y las sentencias judiciales que los

 

Las causas

Las causas del boom imparable de la marihuana en Cataluña son multifactoriales: razones geográficas, logísticas —comunicaciones, infraestructuras—, inacción y negligencia política, notable permeabilidad del sistema social y económico a la ilegalidad, herencias de un pasado de descoordinación entre los cuerpos policiales, la siempre postergada reforma de una justicia mal dotada, perennemente por debajo de las exigencias de la complejidad social y económica de nuestro tiempo, crisis económica, baja penalidad en la legislación actual, arraigo de estructuras de crimen organizado en el territorio, ausencia de regulación específica de las asociaciones de cannabis, que ha permitido que algunas hayan encontrado un marco de actuación favorable al cultivo y el tráfico de marihuana…

En resumen, una tormenta perfecta que genera un efecto llamada irresistible para una industria criminal diversificada, expansiva, internacional, siempre atenta a la explotación de nuevas oportunidades de negocio, que ha sabido encontrar un territorio favorable a sus intereses y sus proyectos de expansión.

La unanimidad de los gobiernos en silenciar la dimensión y la gravedad del fenómeno criminal, y de la ilegalidad que lleva asociada, ha sido casi absoluta.

La implosión de la marihuana coincidió, por otra parte, con el procés, es decir, con el peor período de las relaciones entre el Gobierno español y el Govern catalán, entre el Ministerio del Interior y el Departamento de Interior, y, de rebote, como es obvio, entre los Mossos de Esquadra y los cuerpos policiales asentados en Cataluña. El procés provocó un prolongado período de enfrentamientos políticos, turbulencias, recelos y ocultaciones mutuas que dinamitaron la colaboración entre los respectivos organismos de seguridad, favoreciendo una fase de desconexión en aspectos clave de la inteligencia y la coordinación, y brindando más facilidades al proceso en curso de implantación y desarrollo de la marihuana como nueva estrella del mercado de la droga.

Restringido ya previamente en las relaciones directas con los organismos policiales europeos e internacionales, y aislado más tarde en el seno de los organismos de seguridad españoles en materias de clara naturaleza transnacional, como el tráfico de drogas y el crimen organizado, el cuerpo de los Mossos fue víctima de una coyuntura extremadamente adversa para mantener sus niveles de atención y control frente al proceso de expansión de este mercado.

Un escenario que, por suerte, ha cambiado en estos últimos años, sin duda forzado por los niveles de producción y consumo interno, así como por las problemáticas que el fenómeno de la marihuana representa en toda España y las elevadas exportaciones a toda Europa, que hacen inviable la competencia entre cuerpos policiales, o la vieja práctica de ocultación de información entre unas y otras. La todavía reciente entrada efectiva del cuerpo de Mossos en el CITCO ha permitido una coordinación y colaboración policial muy relevante, en especial en las unidades policiales de investigación operativa.

 

El factor económico

Hacíamos referencia a la crisis económica como factor coincidente con el problema de la implosión de la marihuana en Cataluña. Hasta qué punto puede haber influido la recesión es difícil de evaluar, aunque es evidente que el desempleo existente ha facilitado mucha mano de obra a grupos y organizaciones, ya sea como trabajadores contratados a muy bajo precio o como propietarios de plantaciones, y que la aceptación social del trabajo «en negro» ha favorecido la disponibilidad de personas que han visto en el ámbito del cultivo y el tráfico de cannabis una oportunidad laboral y económica.

Vigilantes de plantaciones, jardineros, técnicos electricistas dedicados al fraude de fluido eléctrico, instaladores especializados en aires acondicionados, filtros y luces, transportistas y empresarios, han sido detenidos por formar parte del entramado laboral del negocio de la marihuana sin tener antecedentes policiales o judiciales ni haber estado involucrados anteriormente en la delincuencia organizada. En otras palabras, también aquí, igual que en otras realidades europeas, ha llegado —fruto de la crisis y la desigualdad sistémica— el recurso social a la ilegalidad como forma de subsistencia.

Una vía, por otro lado, de fácil acceso por el incremento de establecimientos llamados Growshop, dedicados a la venta de materias primas (semillas, fertilizantes, etc.) y aparatos para el cultivo (extractores, luces y sistemas de riego) que, junto con las ferias comerciales dedicadas a este ámbito —como la conocida Spannabis, la feria más grande de Europa sobre el cánnabis, celebrada en Cornellà de Llobregat— y los conocimientos que se pueden obtener en Internet, ha hecho posible que cualquier persona pueda dedicarse al cultivo de la marihuana en grandes cantidades con una moderna inversión inicial y una escasa experiencia.

Una inversión, además, de rápida recuperación y ganancias económicas importantes, como es el caso de la marihuana indoor, donde cada plantación puede ser recogida en un plazo de tres meses aproximados, es decir, cuatro cosechas al año. Razones suficientes para que personas que nunca se habrían planteado dedicarse a esta actividad hayan llegado a verla como una posible salida a la crisis económica.

Los beneficios de la droga nunca son inocuos. El problema criminal supone un desafío prioritario que hay que considerar como una cuestión política y no un mero problema de orden público y que, como tal, requiere la atención y el debate público. De momento, sin embargo, hacer pedagogía sobre los riesgos de la criminalidad es, aquí y ahora, como cultivar trigo en el suelo de cemento de un parking subterráneo.