Era otoño del año 2003, y hacía ya casi seis meses que Bagdad había caído en manos del Ejército de los Estados Unidos. El régimen de Saddam Hussein se había fundido como un azúcar en un vaso de agua en cuanto irrumpieron en el país los soldados norteamericanos, mientras que el mismo presidente George W. Bush, vestido de aviador, proclamó mission acomplished (misión cumplida) a principios de junio, sobre la cubierta del portaaviones USS Abraham Lincoln.

Pero, a pesar del triunfante eslogan oficial, los mandos militares de la Casa Blanca sabían perfectamente que no había razones para el optimismo: el verano había sido tórrido y pleno de atentados, incluyendo un coche-bomba contra la sede de las Naciones Unidas en la capital iraquí que se cobró unas veinte muertes. La tensión se podía oler, los soldados de los Estados Unidos se dejaban ver muy poco por las calles, y su lugar parecía que había sido tomado por fornidos militares, algunos de edad avanzada y con cara de tener muchos conflictos armados a las espaldas, que vestían ropa de camuflaje y demostraban estar muy familiarizados con las armas y las estrategias militares.

Un hombre anónimo de origen latinoamericano, que montaba guardia en la entrada de la explanada de acceso a los hoteles Sheraton y Palestina, y que no quería revelar de ninguna de las maneras su identidad, daba consejos a los periodistas que acababan de llegar y querían alojarse. «Yo, de vosotros, no aceptaría una habitación ni en los primeros pisos, ni en los pisos superiores». La razón, según él, era evidente. «En el supuesto de que estalle un coche-bomba, son normalmente los primeros dos pisos los afectados por la onda expansiva» de la deflagración, advirtió. Los pisos superiores tampoco eran seguros porque entraban dentro del radio de acción probable de un disparo de mortero, «a causa del grado de inclinación de esta arma», la más utilizada por la incipiente insurgencia, continuó.

Un paseo por el interior del hotel Sheraton permitía darse cuenta, al corresponsal apenas aterrizado en la capital iraquí, que, en cuestión de semanas, desde su última visita el verano anterior, una atmósfera muy inquietante se estaba apoderando del país ocupado por la coalición militar anglo-norteamericana. Rostros asiáticos, muy equipados y llamados ninjas, iban por los pasillos del edificio. Eran los gurkas, los temidos mercenarios nepalís, que habían luchado junto al ejército imperial británico desde principios del siglo XIX, que habían participado en muchas de las guerras que habían sacudido el Próximo Oriente en los últimos decenios, y que habían sido descritos como «sanguinarios» y «sin miedo en la muerte» por los soldados argentinos que lucharon contra el ejército británico en la guerra de las islas Malvinas.

 

La privatización de la guerra

Todo esto, en realidad, no era más que el aperitivo de una presencia paramilitar controvertida que se prolongaría durante años, de un fenómeno que empezaba a abrirse camino en el mundo con la segunda guerra de Irak, que se denominó entonces la privatización de la guerra y que empezó a causa de la negativa de los ciudadanos de las sociedades desarrolladas a ir al frente y exponerse a la muerte. Y acabó por abrir un debate, todavía pendiente de cerrarse, para regular las actividades de estas organizaciones de hombres que venden al mejor postor sus habilidades con las armas.

La aparición, en los últimos años, del llamado grupo Wagner, una milicia de decenas de miles de hombres al servicio de los intereses del estado ruso, acusada de graves atrocidades y abusos económicos en los países donde opera, ha evidenciado la necesidad de dar una respuesta internacional a este fenómeno, así como un enfoque global, para establecer límites en sus actuaciones e impedir que se extienda entre sus integrantes un peligroso sentimiento de impunidad.

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Veamos un poco de historia y antecedentes. Blackwater, la principal milicia mercenaria de los Estados Unidos que actuó durante la ocupación de Irak, –en la actualidad conocida bajo el nombre de Academi– es una compañía paramilitar fundada en 1997 por Eric Prince, un antiguo miembro de los Navy Seals, las fuerzas especiales norteamericanas, de firmes convicciones conservadoras y católicas, donante filantrópico frecuente de proyectos vinculados al Partido Republicano y, además, hermano de Betsy de Voss, secretaria de Educación durante el mandato del expresidente Donald Trump.

Blackwater ha ganado centenares de millones de dólares en contratos con el Gobierno de Washington o instituciones de inteligencia como la CIA.

A finales del siglo pasado, la organización abrió su primer centro de entrenamiento en unos terrenos próximos a un pantano en la frontera entre los estados de Virginia y Carolina del Norte, y dispone hoy de unos 40.000 hombres. Por problemas de imagen, el grupo ha tenido que cambiar de nombre varias veces. Pese a los cuestionamientos, en los últimos años ha ganado centenares de millones de dólares en contratos con el Gobierno de Washington o instituciones de inteligencia como la CIA. En 2010, Prince vendió la empresa a un grupo de inversores, y en la actualidad reside en los Emiratos Árabes Unidos.

 

La matanza de la plaza Nisur

Acusada durante los años posteriores a la caída de Sadam Hussein de controvertidas actuaciones con víctimas civiles, la presión sobre la compañía se incrementó de forma sustancial a partir del año 2007, cuando unos de sus integrantes protagonizaron uno de los episodios más polémicos de la ocupación de Irak: la matanza de la plaza Nisur en Bagdad. Un total de 17 civiles murieron y una veintena resultaron gravemente heridos durante un tiroteo que tuvo lugar en este céntrico punto de la capital iraquí el 17 de septiembre de aquel año y en el que participaron los guardaespaldas de un convoy de la embajada de los Estados Unidos. El incidente provocó investigaciones parlamentarias, inculpaciones y condenas, además de la retirada del permiso concedido a Blackwater por el Gobierno iraquí para actuar en su territorio.

El tiroteo se inició cuando los mercenarios norteamericanos se posicionaron en el escenario de los hechos e identificaron un coche que se acercaba, tomándolo enseguida por una amenaza y abriendo fuego contra el conductor, que murió en el acto. El vehículo continuó marchando, continuaron los tiros, en esta ocasión contra el acompañante, la madre del conductor. Finalmente, se lanzó una granada contra el automóvil, de la marca KIA, que estalló allá mismo. Durante el intercambio de tiros, un policía iraquí resultó muerto, hecho que provocó la intervención de sus compañeros, que abrieron fuego contra los mercenarios de Blackwater. Pocas semanas después de la masacre, un militar aseguró a The Washington Post, bajo la condición de anonimato, que las personas abatidas «no tenían armas para responder».

Casi ocho años después de los hechos, la justicia de los Estados Unidos impuso duras penas de prisión contra Nicholas Slatten, Paul Slough, Evan Liberty y Dustin Heard, cuatro de los mercenarios involucrados en el tiroteo, incluyendo una cadena perpetua para el primero, autor de los primeros tiros sin justificación. Poco antes de dejar la presidencia del país, el magnate norteamericano Donald Trump indultó a los encausados, una decisión que provocó duras críticas por la proximidad del líder de la Casa Blanca con familiares del fundador de la compañía.

La controvertida actuación de los mercenarios norteamericanos en la ocupación de Irak motivó el establecimiento de un grupo de trabajo en el Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, el mandato del cual se renovó por última vez el año pasado, comisión que ha producido documentos y resoluciones sobre temas como incrementar el grado de responsabilidad de estas compañías ante los civiles, o frenar el reclutamiento abusivo entre las poblaciones locales, entre otras.

«El uso de contratistas privados ha mermado, más que incrementado, los esfuerzos de los Estados Unidos contra insurgentes en Irak», escribe Peter Singer, especialista en temas militares.

«El uso de contratistas privados ha mermado, más que incrementado, los esfuerzos de los Estados Unidos contra insurgentes en Irak», escribió Peter Singer, especialista en temas militares, investigador sénior en New America, un laboratorio de ideas sobre defensa, y uno de los analistas más influyentes en su campo en los Estados Unidos. En un artículo titulado «La negra verdad detrás Blackwater» Singer denunció la adicción del país a las compañías privadas de contratistas. «Si juzgamos por lo que ha pasado en Irak… podemos decir que los Estados Unidos se han metido en un círculo vicioso por lo que respecta a su seguridad: no pueden ganar (las guerras) con ellos, pero no pueden ir a las guerras sin ellos».

 

Realidades lacerantes

Las investigaciones parlamentarias a raíz del incidente en la plaza Nisur de Bagdad pusieron de manifiesto realidades lacerantes e inasumibles para la presencia y la continuidad de los Estados Unidos en el país árabe. Mientras un contratista de Blackwater podía ganar 1.200 dólares al día, un sargento del Ejército sin cargas familiares cobraba 85 dólares al día, y un suboficial del mismo rango casado recibía 170 dólares diarios. El mismo David Petraeus, comandante de las fuerzas norteamericanas en Irak, ganaba 180.000 dólares al año, es decir, unos 480 dólares diarios. Si el caso de Blackwater en Irak puso al descubierto la existencia de un enorme agujero sin regular en un país donde se supone que existe el estado de derecho como los Estados Unidos, la aparición de Wagner reviste un desafío global para toda la comunidad internacional, a causa de su capacidad de someter a estados enteros y alinearlos con los intereses de la Federación Rusa, además de su estilo de gestión, más propio del crimen organizado que de una milicia paramilitar.

Wagner es capaz de someter a estados enteros y alinearlos con los intereses de la Federación Rusa.

El hecho de que su fundador fuera Yevgueni Prigozhin, un criminal convicto por la justicia rusa que pasó nueve años en la prisión por cargos como robo, fraude y participación de adolescentes en delitos, ha supuesto la introducción en el negocio de los grupos paramilitares mundiales modelos de negocio y gestión propios de las mafias y las bandas de gánsteres, donde la traición o la evasión se pagan incluso con la vida. Las espeluznantes ejecuciones de fugitivos a martillazos o las salvajes torturas a las que son sometidos son una buena prueba de ello.

El país donde lleva más tiempo funcionando este modelo depredador es la República Centroafricana. Hace unos cinco años, Faustin Aurchange Touadéra, presidente de este país sacudido durante los últimos años por guerras y milicianos insurgentes, recibió una oferta de parte de Rusia vía Wagner: «una alternativa de apoyo diplomático que se convirtió en una campaña de terror», denuncia la organización The Sentry, especializada en grupos predatorios transnacionales, en una investigación con el título «Arquitectos del Terror».

Prigozhin ha introducido modelos de negocio y gestión propios de las mafias y las bandas de gánsteres, donde la traición o la evasión se pagan incluso con la vida.

Para crear un estado de opinión favorable a la presencia rusa en los grandes núcleos urbanos, Wagner financió manifestaciones encabezadas por hombres próximos al presidente, a los que pagaba la suma de 25.000 dólares por convocar una protesta de un millar de personas, un movimiento que hace recordar las protestas vistas en Niamey, la capital de Níger, después del golpe de estado de este verano, constata en una entrevista con política&prosa Natalia Dukhan, investigadora sénior de The Sentry. Más allá de Bangui, la capital, Wagner explota minas de oro y diamantes sin ningún tipo de control o inspección por parte del estado. Con las poblaciones locales que osan oponerse no hay piedad. «Hacen desaparecer a 20 personas aquí, a 30 allá en operaciones muy parecidas a las temidas zachistka (limpieza) en Chechenia, y lo peor de todo, crean unas condiciones de vida que imposibilitan la supervivencia», continúa Dukhan.

 

Convención olvidada en un cajón

Para garantizarse la fidelidad del gobierno Touadéra, también entrenan a los reclutas de las fuerzas de seguridad sin pasar por los filtros y condicionantes de la ONU, creando para el jefe de Estado un tipo de guardia pretoriana paralela totalmente leal al jefe del Estado y a los intereses de Rusia. En estas sesiones, los futuros soldados y agentes son entrenados en técnicas de tortura para extraer confesiones, como «la amputación de manos, dedos o piernas, la extracción de uñas, la utilización de cuchillos para cortar carne humana, o la cremación de seres humanos vivos», asegura el informe de The Sentry.

Academi, antes conocida como Blackwater, y Wagner, han adquirido gran notoriedad por las polémicas que han protagonizado, y las mediatizadas guerras en que han participado. De acuerdo con la página web Study IQ, existen en estos momentos alrededor de 150 compañías militares privadas (PMC) desplegadas en unos cincuenta países en conflicto. La falta de interés internacional en poner fin a sus actividades queda muy bien reflejada en la Convención contra el Reclutamiento, Uso, Financiación y Entrenamiento de Mercenarios aprobada por la ONU en 2001. Lleva décadas olvidada en un cajón y, en 2021, solo había sido firmada y/o ratificada por cuarenta países.