Ya son dos los tribunales que investigan a Israel para averiguar si su gobierno hubiera cometido crímenes de guerra y de lesa humanidad en la guerra de Gaza, que comenzó tras los ataques de Hamás del 7 de octubre de 2023. El primero en abrir una causa fue el Tribunal Internacional de Justicia (TIJ), a instancias del gobierno de Sudáfrica, que pidió y obtuvo la imposición de medidas cautelares para evitar que se cometa un genocidio, uno de los crímenes de lesa humanidad que también recae en las competencias del Tribunal Penal Internacional (TPI).

Esta institución surgida del Estatuto de Roma de 1998 ha recibido la demanda de su fiscal general, el jurista británico Karim Kahn, de emitir órdenes de detención internacionales contra dos gobernantes de Israel: el primer ministro, Benjamin Netanyahu, y el ministro de Defensa, Yoav Gallant; y tres dirigentes del grupo terrorista Hamás: su líder en Gaza, Yahia Sinwar, el jefe militar del movimiento islamista, Mohammed Diab Ibrahim Al Masri, y el de la rama política, Ismail Haniya.

El asedio militar al que está sometida la población de Gaza desde que comenzó la guerra, con interrupción de los suministros de alimentos, medicamentos, agua y energía, es uno de los puntos centrales de las dos causas internacionales contra Israel, de forma que la acción de los tribunales incide en la presión ejercida por toda la comunidad internacional, incluso por parte de Estados Unidos, para evitar la desnutrición y el fallecimiento por inanición de miles de gazatíes y aliviar además la catástrofe ocasionada por la destrucción y la gran cantidad de heridos, enfermos y muertos por efecto de los bombardeos israelíes y de los ataques de las tropas invasoras.

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