El bloqueo que sufre el despegue de las fuentes de energía renovables en Catalunya y el programado cierre de las nucleares a medio plazo (tres centrales deben cesar su actividad en territorio catalán) dibujan un escenario lleno de interrogantes para la transición energética en Catalunya. La Llei de Canvi Climàtic prevé que en 2030 el 50% de la electricidad sea de origen renovable (ahora la proporción es del 19,8 %). Sin embargo, la necesaria descarbonización de la economía y el escaso impulso a las fuentes alternativas limpias hacen vaticinar que Catalunya no podrá cubrir esos objetivos con sus recursos autóctonos propios.

Catalunya tiene ahora suficiente capacidad instalada para generar la electricidad que necesita. Dispone de tres nucleares, tres centrales de gas de ciclo combinado y otras tecnologías. Pero la necesidad de cubrir la mitad de la demanda eléctrica con renovables en 10 años y el cierre programado de las nucleares (entre el 2027 y el 2035) marca un reto que trastoca todo el puzzle energético. Para no alterar aún más el clima, no se puede suplir la electricidad de las nucleares con energía procedente de las centrales de gas, ya que aumentarían de forma exponencial las emisiones de gases invernadero, responsables del cambio climático.

Actuar de manera planificada frente al cierre de las nucleares es una necesidad imperiosa. O se sustituye la energía nuclear por fuentes autóctonas, o Catalunya estará condenada a ser aún menos soberana energéticamente (un 95% de la energía ya se importa, y sólo el 9,9% de la energía consumida es de origen renovable). Con el cierre de las nucleares, Catalunya perderá más de un 50% de su capacidad de producción eléctrica in situ. Las renovables solo aportan, como se ha dicho, el 19,8%; y la eólica y la fotovoltaica representan menos del 7% de la producción de electricidad.

Cualquier solución a esta encrucijada exige el impulso a las renovables, como recurso fundamental para organizar la transición energética, al ser uno de los principales arietes para combatir el cambio climático. Pero el problema es que su despliegue acumula un gran retraso en Catalunya. Los diferentes decretos promovidos por los distintos gobiernos catalanes para fomentar las energías renovables no han dado frutos. El desarrollo de la energía eólica, por ejemplo, ha sido casi nulo. Ha sido un decenio de colapso. El último parque inaugurado (hasta el 25 de octubre) data de enero del 2013, en la Serra de Vilobí.

Tras la declaración de emergencia climática (mayo del 2019), el gobierno catalán (con el impulso del conseller Damià Calvet) aprobó un nuevo decreto (que sustituyó al fallido de 2009) para favorecer el despliegue de las renovables (eólica y solar fotovoltaica) y corregir los déficits históricos acumulados. Sin embargo, el interés mostrado por los promotores ha tenido efectos contraproducentes. El hecho de que se presentaran unas 600 propuestas de parques eólicos y solares fotovoltaica fue percibido como «un alud de proyectos» por algunos sectores. La realidad es que todas estas iniciativas debían pasar un primer filtro de idoneidad; solo nueve parques solares han logrado salir a información pública, y ningún nuevo parque eólico logra abrirse paso en este enésimo intento.

 

Éxito de las plataformas

Las plataformas ciudadanas de oposición «a los grandes proyectos» de energía renovable (aglutinadas en la Xarxa Catalana per a una Transició Energètica Justa), junto con la CUP y ciertos sectores agrarios y rurales, han planteado una dura batalla, hasta lograr, de la mano de ERC, una drástica modificación del decreto. En la oposición a los parques eólicos y solares confluyen sensibilidades distintas. Ciertos sectores invocan el impacto paisajístico de los proyectos y la falta de información inicial de los dueños de tierras y otros grupos afectados por los procesos de declaración de utilidad pública y de expropiación forzosa.

Hay un fuerte malestar social sin que el Govern muestre capacidad pedagógica para informar sobre el reto de la transición energética.

Influyen también quienes abogan por un modelo más democrático y descentralizado, combinando todo ello con una fuerte criminalización de las empresas promotoras, a las que se acusa a la vez de haberse opuesto a las renovables y de buscar ahora solo beneficios económicos. Todo ello amalgama un fuerte malestar social en algunas comarcas sin que el Govern muestre capacidad pedagógica para informar sobre el reto de la transición energética y parece dejarse llevar por el tsunami del malestar, escenario más cómodo de una batalla territorial soterrada entre ERC y Junts en la trastienda territorial.

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Otro giro, el enésimo

El decreto modificado incorpora nuevas restricciones y condicionantes a la implantación de las renovables. La consellera d’Acció Climàtica, Teresa Jordà, señala que la reforma busca dar prioridad a las pequeñas instalaciones, a las que cuenten con participación ciudadana, local o social, y al autoconsumo, «para ser coherentes con un modelo de transición energética distribuida y democrática». El resultado es que los parques eólicos y plantas fotovoltaicas con una potencia a partir de 5 MW estarán supeditados al consenso y la aceptación social y territorial.

Se da una batalla territorial soterrada entre ERC y Junts en la trastienda territorial.

Antes de iniciar los trámites, los promotores deberán presentar las pruebas de que han ofrecido la posibilidad de participación al mundo local para que este asuma al menos el 20% de la propiedad del proyecto o de su financiación. Para solicitar la declaración de utilidad pública e iniciarse el proceso de expropiación, el promotor «ha de acreditar que cuenta con el apoyo de al menos el 85% de la superficie ocupada». La Generalitat pedirá un informe del ayuntamiento o ayuntamientos donde se pretenda implantar la instalación renovable. Además, se mantiene el veto a las renovables en espacios naturales y se imponen restricciones severas en zonas agrícolas.

 

La batería verde de Aragón

El decreto se presenta como una punta de lanza de un «nuevo modelo energético» que debe tomar carta de naturaleza en el plan territorial sectorial, a través del cual se persigue que las comarcas fijen criterios de autosuficiencia. «Estamos ante una moratoria encubierta. Con esta situación, los promotores se retirarán», vaticina Josep Puig, vicepresidente de Eurosolar, y promotor del único parque eólico creado en Catalunya en diez años, y ex diputado de Junts. «Es absurdo que en la participación económica de los proyectos (del 20%) no puedan estar los barceloneses, por ejemplo», añade.

Silvia Paneque, diputada del PSC, indicó que su partido está lejos de este planteamiento. «La transición ecológica es un reto de toda Catalunya; no puede plantearse en términos de autosuficiencia de algunas comarcas», dice. «Y hasta que no esté esa planificación pasarán dos años; no vemos un enfoque de país. Un planteamiento comarcal no permite alcanzar los objetivos», añade.

Se mantiene el veto a las renovables en espacios naturales y se imponen restricciones severas en zonas agrícolas.

Dado el creciente proceso de electrificación, y si no se salda a nivel interno la brecha que se abre en el horizonte entre oferta y demanda en Catalunya, todo indica que el sistema eléctrico español debería ser el encargado de garantizar este aprovisionamiento de la demanda que se quedaría sin cubrir en Catalunya (dando entrada a las energías renovables procedentes del resto del Estado). En este complejo tablero, aparece como protagonista principal la empresa Forestalia, que ha puesto en marcha un ambicioso plan para atender las necesidades de Catalunya suministrando energía principalmente procedente de fuentes renovables radicadas en Aragón.

Los promotores de Forestalia parten de la consideración inicial de que Catalunya ha iniciado una dramática cuenta atrás para afrontar las carencias previsibles sobre suministro eléctrico y que el bloqueo a las energías renovables en esta comunidad obliga a acelerar el desarrollo de proyectos con un suministro desde Aragón (incluso considerando que en el futuro tal vez se tenga que porrogar la vida de las nucleares).

En este contexto Forestalia ha ido configurando una estrategia que persigue convertir Aragón en la gran batería verde para la transición energética en Catalunya. El llamado proyecto Sputnik prevé una inversión de 7.000 millones de euros hasta el 2026 y consiste en la construcción de un centenar de parques eólicos y fotovoltaicos en Aragón (7.300 MW de potencia), ahora en tramitación, con la mirada puesta en el suministro a Catalunya, para lo cual se están promoviendo tres nuevos corredores de líneas de alta tensión (220 y 400 kV), con la mirada puesta sobre todo en el suministro a la región de Barcelona.

El 90% de la potencia que promueve Forestalia se sitúa en instalaciones de Aragón; y también el 90% de esa electricidad correspondería a eólica (y el restante, a fotovoltaica).

La llamada línea de Isona (25 parqes, con 1.099,25 MW, 174 km) conectaría los centros de producción de Zaragoza y Huesca con las comarcas leridanas del Pirineo. El tendido central por Pierola-Rubí y Can Jardí (3.660,34 MW, 355 km) daría suministro desde Zaragoza y Teruel a la región de Barcelona.Y el corredor principal, a través del itinerario Begues-Garraf-Castellet y Penedès (54 parques, con 2.537,03 MW de potencia a lo largo de 475 km), enlazaría las de Zaragoza y Teruel también con la zona central de Catalunya.

 

Acaparamiento de acceso a la red

Sin embargo, esta iniciativa está tropezando con la oposición, tanto de muchos de los afectados como de la Generalitat. El Departament d’Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural ha presentado alegaciones ante el Ministerio para la Transición Ecológica contra la línea de alta tensión entre Valmuel (Teruel) y Begues (Barcelona), de más de 180 kilómetros dentro del corredor principal del este proyecto, y que salió a información pública el 28 de julio. Acció Climàtica considera «inaceptable» lo que califica como «una estrategia de acaparamiento de los derechos» de acceso a la red de transporte desarrollada por Forestalia.

Hasta ahora, lo normal era colocar los grandes parques eólicos a poca distancia del punto de la red de transporte de electricidad (que gestiona Red Electrica de España), hacia donde debe conectarse la energía limpia producida. Sin embargo, el tendido de Forestalia será una línea privada, considerada un tendido de evacuación, y no de transporte, pese a sus 180 kilómetros de longitud, con todo lo que ello comporta.

 

Inacción durante años

Para la Generalitat, al menos hay tres efectos indeseados. Assumpta Farran, directora general de Energia, denuncia que «proyectos más pequeños y cercanos gestados en Catalunya ya no se podrán conectar» a la red de transporte al quedar saturada. En segundo lugar, al ser una línea privada, se escapará a la capacidad de intervención de la Generalitat y de las posibilidades de planificación en colaboración con Red Eléctrica, sin que quede opción para que industrias o actividades catalanas situadas en este recorrido puedan plantearse conectarse o impulsar nuevos desarrollos aprovechando el paso de estos tendidos. «Ya que son una hipoteca para el territorio, al menos deberían servir para una desarrollo industrial…», se lamenta Farran.

«Todo esto es consecuencia de la inacción durante años de la Generalitat y del escaso desarrollo de las renovables en Catalunya. Si las renovables se hubieran desplegado ya como en el resto de España, ahora no se estaría en esta situación y se estaría hablando de ampliar las subestaciones», señala Jaume Morrón, consultor en materia de energía.

Los responsables del Institut Català d’Energia admiten que si Catalunya quiere seguir siendo un país industrial, el autoconsumo y el abastecimiento de proximidad no serán suficientes. «También necesitamos grandes instalaciones de generación que dotan al suministro de la seguridad y calidad necesarias», señalan.