Acontecimientos políticos pintorescos como la moción de censura de Vox de la mano de un veterano antifranquista ocultan cuestiones determinantes que afectan a la gran mayoría de la ciudadanía. Es el caso de la reforma del sistema de pensiones que, pocos días antes de dicha moción, fue acordada entre el Gobierno español y los sindicatos. Como apuntaba Javier Pérez Royo: «El verdadero debate político de altura será el que tendrá lugar probablemente en la primera quincena de abril sobre la convalidación de la reforma aprobada por el Consejo de Ministros» (elDiario.es 17-3-23).

Un acuerdo que contrasta vivamente con el grave conflicto social y político suscitado en Francia por la reforma presentada por el Gobierno de la República que, más allá de su necesidad y oportunidad, evidencia un más que preocupante déficit de legitimidad de las instituciones de la V República y del papel central de la Presidencia. En palabras del filósofo Michaël Foessel: «Esta crisis hace explotar el ‘círculo de la razón’ y marca la agonía de la V República, cuyas instituciones maltratan la democracia» (L’Obs, 18-3-23). Y al mismo tiempo, es una muestra de la peculiar psicología colectiva de la población de uno de los países más ricos del mundo.

Pero sería prudente evitar conclusiones ventajistas, en tanto que no es sencillo establecer comparaciones rigurosas entre los dos proyectos de reforma ni entre sus gestiones políticas. Son diferentes los puntos de partida y las evoluciones de los respectivos Estados de bienestar, como también lo son los marcos institucionales y las culturas y tradiciones políticas.

El panorama europeo no es homogéneo y presenta situaciones muy diferentes que sintetiza a grandes rasgos Jan Kroon en un artículo en Le Grand Continent (7-2-23): sistemas públicos de reparto de primera generación financiados por cotizaciones sociales (Alemania, Francia, España…); sistemas públicos de segunda generación complementados por pensiones de empresa o individuales financiadas por capitalización (Suecia…); y sistemas mixtos que combinan el régimen obligatorio público con planes de jubilación privados (Reino Unido, la mayoría de países del Este). Una diversidad que se acentúa si se tienen presentes las variaciones y los matices que se dan en cada uno de estos sistemas.

No obstante, hay un denominador común de gran relevancia que afecta al conjunto de los países europeos: tenemos unos sistemas de pensiones que deben afrontar un continuado envejecimiento de la población (la esperanza de vida en la Unión Europea era de 81 años en 2018), que presiona al alza un gasto público condicionado, al mismo tiempo, por el compromiso europeo de restricción de los déficits presupuestarios. De manera que la reforma de las pensiones está necesariamente en la agenda política de todos los países europeos. Todos, de un modo u otro, se ven obligados a tomar iniciativas, con el reto de acertar en los cambios para hacer el sistema sostenible y, a la vez, socialmente justo.

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Reformas impopulares

Huelga decir que se trata de reformas con un gran riesgo político al afectar al corazón del sistema de protección civil que constituye uno de los pilares fundamentales de la legitimidad de los sistemas democráticos europeos. Obviamente, se trata de reformas impopulares y, en consecuencia, los gobiernos no tienen incentivos electorales para afrontarlas y, por ello, con frecuencia se limitan a ir haciendo retoques parciales dejando vivo el problema de fondo.

En el conjunto de los países europeos los sistemas de pensiones deben afrontar un continuado envejecimiento de la población.

Son reformas que difícilmente se pueden imponer por una decisión gubernamental unilateral y que requieren un tenaz esfuerzo negociador de gran alcance. Es en este punto, precisamente, donde resultan decisivos los marcos institucionales y el grado de madurez de las organizaciones sociales de intermediación. Como tampoco se pueden subestimar los cambios radicales que están produciéndose en los mecanismos de formación de la opinión pública, con el resultado de hacer mucho más difícil la comprensión de problemas complejos como el relacionado con el sistema de pensiones.

Así, la metodología de la reforma es casi tan importante como su contenido. En algunos países se prioriza el acuerdo social entre los interlocutores patronales y sindicales, gracias a una arraigada cultura de negociación y compromiso, que posteriormente es asumido por las instituciones políticas. En otros, es el gobierno quien toma la iniciativa, buscando el máximo consenso parlamentario y estimulando la negociación entre las organizaciones sociales. En algunos casos, incluso, el acuerdo político no se aplica hasta que es refrendado en las elecciones generales.

Para el Gobierno, la clave de la reforma es que ha evitado los recortes gracias a su carácter redistributivo.

Como es notorio, no ha sido ése el caso de Francia, donde la propuesta de reforma gubernamental no sólo ha sufrido el rechazo sindical tras años de negociación infructuosa, sino que ha tenido que ser aprobada por el procedimiento parlamentario excepcional de salvar dos mociones de censura. Como explica Élie Cohen (Telos, 22-3-23) se trata de una victoria pírrica porque «el sentimiento ampliamente compartido es el de un paso forzado, signo de un fenómeno de embrutecimiento de la vida política y de negación de la democracia social. Una decisión política adoptada de acuerdo con nuestra Constitución es vista por la opinión pública como una manifestación ilegítima de un régimen autoritario.»

Carácter redistributivo

En el caso español, el acuerdo sobre la reforma, lógicamente, ha sido reivindicado como un éxito por parte del Gobierno y de los sindicados, y criticado por la patronal CEOE y por el Partido Popular. Para el Gobierno, la clave de la reforma es que ha evitado los recortes gracias a su carácter redistributivo, como afirma Nacho Álvarez (El País, 21-3-23): «Reformar sin recortar: La reforma de pensiones supondrá una importante redistribución de ingresos desde las rentas del capital hacia las rentas del trabajo». Y lo remacha Joan Coscubiela desde la óptica sindical: «Con la actual reforma se rompe con el determinismo de que el equilibrio financiero solo se puede conseguir con la reducción de las pensiones futuras y se ha decidido intervenir en profundidad sobre el aumento de los ingresos, fiscales y contributivos» (elDiario.es, 16-03-23).

Las objeciones de la patronal se centran en el efecto de la reforma en la creación de puestos de trabajo y en los salarios.

Las objeciones de la patronal se centran en el efecto de la reforma en la creación de puestos de trabajo y en los salarios: «Además de desvirtuar la esencia del sistema de pensiones, la reforma planteada por el Gobierno supone lastrar nuevamente la contratación sin resolver los desequilibrios del sistema […] Algunos expertos ven riesgo de que el coste de la reforma salpique a los salarios más bajos» (Agustín Monzón en El Confidencial, 11-3-23).

Víctor Lapuente en El País (28-3-23) censura las críticas de trazo grueso desprovistas de alternativas: «es legítimo exigir a quienes se oponen a la reforma que expliciten los costes y beneficios de su alternativa. Sólo sabemos que no incluiría los impuestos ‘escondidos’, ‘confiscatorios’ y ‘revolucionarios’ que supuestamente contiene esta, pero ¿nos pueden dar algún detalle más?» Pero también advierte sobre el maximalismo de quienes plantean una reforma ideal y obvian tanto el contexto social como el delicado equilibrio político de la Unión Europea: «Quizás es una reforma de mínimos, para superar el umbral de la Comisión y recibir los fondos de recuperación. Quizás una reforma como la del PP en 2013, con su implacable índice de revalorización de las pensiones, guste más en círculos ortodoxos. Pero la Comisión, como la policía, no es tonta y, si el primer acuerdo que cerró es con España, sabiendo que luego desfilarían otros miembros, es porque era una referencia óptima. Los hombres y mujeres de negro entienden, como Voltaire, que lo perfecto es enemigo de lo bueno. Y antes que una reforma ideal, es preferible una como la de Escrivá, que tiene más visos de perdurar porque pone en el eje el mantenimiento del poder adquisitivo de las pensiones. Y, guste o no, ese es el mandato democrático, refrendado en 2020 por los principales partidos del arco parlamentario: PSOE, PP, Ciudadanos, Unidas Podemos y PNV».

No obstante, persiste una cuestión de fondo que formula Carlos Sánchez (El Confidencial, 17-3-23): «¿Cuál es el tamaño del Estado de bienestar que los españoles están dispuestos a financiar? Esta es la pregunta que deberá responder el próximo Gobierno, sea el que sea, tras el restablecimiento de las reglas fiscales.» Así como sus derivadas: ¿con qué recursos se financiarán otros programas sociales y las iniciativas que fomenten el crecimiento a largo plazo y, con este, el crecimiento de los salarios, la mejor garantía para asegurar el futuro de las pensiones?