Tal como anunciamos en el editorial del mes de febrero empezamos a publicar una serie de dosieres dedicados a algunos de los temas que consideramos prioritarios de la agenda catalana en la perspectiva de las elecciones al Parlamento de Cataluña de 2025. En este número presentamos una compilación de artículos que, desde posiciones diversas, tratan de algunos de los principales aspectos de la política educativa. No pretendemos abarcar toda su complejidad, sino hacer unas aportaciones que ayuden a enriquecer la deliberación colectiva.

La publicación de los resultados de las pruebas PISA 2022 de la OCDE que evalúan las competencias lectoras y matemáticas de los alumnos de 15 años ha provocado reacciones alarmistas sobre el nivel educativo logrado en Cataluña al finalizar la enseñanza obligatoria. Todo el mundo se ha atrevido a decir la suya, sobre todo en base a las experiencias personales, los prejuicios y los lugares comunes. Las respuestas vacilantes e improvisadas de las autoridades educativas tampoco contribuyen a enfocar adecuadamente el alcance del problema. Podríamos decir que el alarmismo y la improvisación forman parte del problema. Una buena política educativa es una carrera de fondo que requiere un acuerdo básico sobre los objetivos y las competencias a lograr, por un lado, y sobre cómo se organiza, se financia y se evalúa el sistema educativo, por otro.

Presentamos una compilación de artículos que, desde posiciones diversas, tratan de algunos de los principales aspectos de la política educativa. Así, Francesc Colomé analiza el despliegue de la Ley de Educación de Cataluña durante los quince años transcurridos desde su aprobación. Se tiene que subrayar la singularidad de esta norma en el contexto político español, caracterizado por el baile normativo en función de la alternancia política, al ser la única ley educativa aprobada con un amplio acuerdo político entre la mayoría gobernante y el principal partido de la oposición. El propósito de la ley era proporcionar herramientas de gestión a los centros educativos y no tanto determinar qué y cómo se tenía que enseñar.

A pesar de admitir que su aplicación se ha visto condicionada por las sucesivas crisis de todo tipo del periodo, el balance no es positivo. Entre otras carencias, no se ha avanzado en el pacto de corresponsabilidad entre la red pública y la concertada para constituir un Servicio de Educación de Cataluña; no se ha desplegado la Agencia de Evaluación y Prospectiva ni se ha iniciado la reforma de la profesión docente para mejorar la formación, la selección y la carrera profesional.

Uno de los objetivos inherentes al derecho constitucional a la educación es lograr la equidad educativa que supere la desigualdad de oportunidades por origen social. Xavier Martínez-Celorrio hace un repaso a cómo ha evolucionado el esfuerzo público para la igualación de oportunidades y constata el gran salto en equidad educativa producido entre 1985 y 2008. Pero a partir de este momento y especialmente con los fuertes recortes entre 2011 y 2014 se produce en Cataluña una regresión redistributiva, con una mengua del 19% del gasto por alumnos en la red pública y un aumento del 18,2% del gasto público en conciertos educativos. La supresión de la sexta hora en la pública, el abandono de los programas de acogida de los alumnos inmigrantes y la introducción de la jornada matinal compactada son los efectos más notorios.

Más allá del marco normativo y de los recursos disponibles, el debate sobre el nivel educativo ha suscitado también una fuerte controversia sobre la opción pedagógica dominante basada en las competencias y no tanto en los conocimientos. Andreu Navarra hace una crítica contundente a la ideología subyacente en este planteamiento, que considera propio del solucionismo tecnológico y que tiende a la uniformización y estandarización del sistema educativo, cuando un buen sistema tiene que ser variado como lo son los alumnos, los profesores y los métodos. No se puede ocultar que esta impugnación metodológica comporta un juicio poco benévolo hacia la tradición catalana de renovación pedagógica. Un juicio a menudo demasiado sumario que no hace justicia al trabajo pionero de los movimientos de renovación, que reivindica Assumpta Baig en su artículo, aun defendiendo la necesaria compatibilidad entre los objetivos de la educación como derecho humano y los de la instrucción en los conocimientos, que tiene que dotar a los niños y jóvenes de herramientas para vivir y trabajar en una sociedad competitiva y global.

Precisamente, la distinción entre educación e instrucción es pertinente para recordar que la educación es una responsabilidad compartida, básicamente entre las familias y las escuelas, sin olvidar los entornos sociales y mediáticos. Lola Abelló recuerda que a la escuela se va a aprender, pero que el aprendizaje va más allá de la escuela, y que no se puede cargar en las familias el refuerzo pedagógico. De manera que hay que impulsar proyectos educativos y culturales más allá del ámbito escolar para compensar los déficits culturales de origen. En este sentido, hay experiencias muy gratificantes de voluntariado cívico para ayudar a los alumnos con dificultades de aprendizaje. Una de ellas es la que nos presenta Marta López, concretamente el programa Lecxit (lectura por el éxito educativo), pensado para mejorar la comprensión lectora de los estudiantes de los últimos cursos de primaria con menos oportunidades. Se trata sencillamente de un encuentro semanal durante todo un curso entre una persona voluntaria y un niño para leer juntos durante una hora. Un ejemplo motivador de compromiso cívico con la educación, que recuerda al espíritu de aquella fecunda intuición de la ciudad educadora que impulsó Marta Mata.