La libertad de expresión y la libertad de información son dos derechos prevalentes que se confunden con mucha frecuencia. Sin embargo, la libertad de expresión —el derecho de expresar y difundir libremente el pensamiento, las ideas, las opiniones y las creencias— habría de poder ejercerla toda la ciudadanía. En cambio, la libertad de información —el derecho constitucional de comunicar y recibir información— es también un derecho de los ciudadanos, pero son los medios de comunicación los encargados de hacerlo efectivo. Desde este punto de vista, hay que recordar que los medios de comunicación no son los propietarios de este derecho, sino los instrumentos para poder garantizarlo.

Hay que decir que este planteamiento teórico se está viendo superado en la práctica por la emergencia de las redes sociales, que han ocupado un terreno intermedio, totalmente desregulado, entre ambos derechos. Entre el simbólico Speaker’s Corner —el Rincón del Orador— del Hyde Park londinense, desde donde se podían lanzar las proclamas más exaltadas, y la página editorial de un diario de referencia, existía una distancia notable: el primer espacio era un espejo de la libertad de expresión de la ciudadanía y el segundo, el máximo exponente de la libertad de información. Actualmente, las redes sociales han tenido un efecto contradictorio: han servido para ensanchar el marco de la libertad de expresión, pero con frecuencia también han restado rigor a los medios tradicionales.

En este contexto, hay que recordar que los parámetros que miden ambas libertades —la de expresión y la de información— tienen exigencias diferentes. Se trata de dos derechos prevalentes, según la jurisprudencia, pero la libertad de información está sometida al principio de veracidad: el derecho «a comunicar o recibir libremente información veraz» (artículo 20.1 de la Constitución). Por ello, a los medios de comunicación se les exige un plus en la búsqueda de la verdad, es decir, aquello que los franceses llaman honnêteté de las informaciones y los británicos, accuracy, un ejercicio de precisión y exactitud para poder proporcionar una información escrupulosa.

Es necesario recordar, como lo hacíamos en el dosier sobre la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals (CCMA), que los medios de comunicación públicos han de cumplir unas misiones específicas de servicio público que refuerzan el marco general de veracidad que rige para el conjunto del sistema: deben ser el dique de contención frente a la espectacularización de la información con el fin de restaurar los valores de referencia, frenar las amalgamas y estereotipos, fomentar los pluralismos —político, social, territorial, cultura, de género—, promover la cohesión social y salvaguardar la alteridad, es decir, la identidad del otro. Y también es necesario reivindicar, desde la defensa más firme de los medios audiovisuales públicos, el ejercicio de un periodismo que no alimente la ola mediática y que se atreva a nadar a contracorriente.

Desde esta perspectiva, hay dos terrenos en los cuales la pérdida de calidad de los medios públicos se vuelve más evidente: el de los espacios de opinión y de humor. En lo que se refiere a la opinión, los medios públicos se han contagiado de un mal que afecta al conjunto del sistema: tienen más peso las opiniones que las informaciones, todo un síntoma de la era de la «posverdad». Antes, una vieja máxima del periodismo decía: «Las opiniones son libres; los hechos son sagrados». Ahora, con mucha frecuencia invertimos los términos: «Las opiniones son sagradas; los hechos son libres.» La reconciliación con los hechos, en el marco de la huida hacia delante del procés durante la última década, es uno de los intangibles para rehacer el consenso social y el diálogo político.

En lo que se refiere a los espacios de humor, cuyo paradigma es Polònia, hay que recordar que encajan perfectamente en una televisión pública, en sintonía con la tradición de sátira política de otras televisiones europeas. El problema se plantea cuando el humor, que debería ser la guinda del pastel de la oferta, se convierte más bien en la masa del pastel y contamina transversalmente toda la parrilla de la programación. Y el problema se agrava cuando el mal humor, impregnado a menudo de hispanofobia, rebasa con ordinariez la línea roja, ya sea tildando de «gossos» a los mossos d’esquadra o recurriendo al gag censurado de BricoHeroes que aludía a una felación real.

Sí, mal humor en el doble sentido de la expresión: por su carácter grosero, que atenta contra la dignidad de las personas y de la audiencia, y por su tono malhumorado, que solo arranca una risita fácil a los partidarios más acérrimos de la llamada «revolución de las sonrisas». Por ello, no deja de ser paradójico en este contexto que el Gobierno de la Generalitat no solo no haya criticado esta mala praxis de la televisión pública de la que es responsable, sino que haya retirado la acreditación al director del digital e-notícies, Xavier Rius, por formular una pregunta a la portavoz del Ejecutivo, en la cual, más allá de su acierto o desacierto formal, abordaba la cuestión de fondo: ¿qué pensaba el Gobierno de esta nueva deriva de mal humor de TV3?

El Gobierno se esconde detrás de la libertad de expresión —un derecho de los ciudadanos pero no de las instituciones públicas, sometidas al principio de legalidad— para justificar la desobediencia institucional, pero no vacila en menoscabar la libertad de información de un medio retirando la acreditación de su director. Se trata de un hecho que cuestiona también a toda la profesión, empezando por el Colegio de Periodistas. En las democracias de referencia, como es el caso de la británica, a la que aludíamos al principio, se respeta la libertad de información —también la de la prensa amarilla— y los litigios no los ventila el gobierno de turno, con un doble rasero evidente, sino los tribunales.