En enero del año pasado, el presidente Macron se dirigió a todos los representantes de las universidades francesas agrupados en France Universités, organización equivalente a la CRUE, Conferencia de Rectores de Universidades Españolas. De su intervención se pueden extraer conclusiones relevantes para el Sistema Universitario Español (SUE). La primera, el mismo hecho de la intervención. En España no hay precedentes de que el presidente del gobierno se haya dirigido a la totalidad de las universidades españolas. La segunda, la expresión del convencimiento de que el sistema universitario es determinante para la competitividad de la economía y el bienestar de sus ciudadanos y esto no solo como una expresión retórica, sino cuantificando el esfuerzo presupuestario que con este objetivo ha llevado a cabo el gobierno francés. El tercero, un reconocimiento explicito de algunas de las debilidades de dicho sistema universitario y, la cuarta, y última, expresar que la gobernanza de las universidades francesas es un instrumento para resolver los desafíos a los que se enfrenta y, si no lo consigue, hay que replantarse dicha gobernanza.

El sistema de universidades públicas español es el perfecto contrapunto a la descripción anterior. En nuestro caso, el modelo de gobierno de las universidades públicas españolas no se ha visto modificado en sus elementos más distintivos desde la LRU en 1983 y las leyes universitarias posteriores. La LOSU es el último ejemplo en este sentido. Durante estos cuarenta años los diferentes gobiernos no han tomado la iniciativa para proponer cambios en la gobernanza universitaria en la línea de lo que es común en los países europeos de referencia y, también hay que decirlo, las universidades públicas --o al menos algunas de ellas-- tampoco lo han hecho.

Todo sistema universitario público debe conciliar la legitimidad externa, que es consecuencia de la financiación mayoritariamente pública de sus presupuestos, con la legitimidad interna, que supone el compromiso de todos sus estamentos, profesorado, personal administrativo y estudiantes, en el funcionamiento de la universidad. En España, desde la mencionada Ley de Reforma Universitaria, la ausencia de legitimidad externa no la han conseguido resolver, como ellos mismos afirman, aquellos que la deberían garantizar en primer lugar, los consejos sociales. En consecuencia, la desconfianza hacia la universidad pública impregna las decisiones de los gobiernos competentes.

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