La investidura de Pedro Sánchez ha provocado un salto de escala de la derecha política española y de su establishment asociado —mediático, judicial y económico— que han cuestionado no solo el precio sino la legitimidad de la misma. En cuanto al precio, justo es decir que lo fija el artículo 99 de la Constitución —mayoría absoluta, en primera votación, o mayoría simple, en segunda— y en cuanto a la legitimidad del programa de investidura, hay que recordar que en una democracia parlamentaria es el resultado del programa con que el candidato concurrió a las elecciones y de los programas de sus adversarios, ahora nuevos socios parlamentarios. Todos los elementos del pacto, incluida la polémica ley de amnistía, se someterán al escrutinio del Parlamento, a los filtros de constitucionalidad que establece la separación de poderes y, en última instancia, al criterio de la ciudadanía en las urnas.

Desde esta óptica, el diálogo, la negociación y el pacto son los cimientos de una democracia y su ejercicio no rompe España, como ha afirmado José María Aznar, promotor intelectual de las protestas en la calle: «El que pueda hacer, que haga». Lo sabe el expresidente por experiencia propia: a raíz de las elecciones de 1996, no solo experimentó una mutación lingüística, al pasar a hablar catalán en la intimidad, sino que firmó el pacto del Majestic con CiU. Muchos de los acuerdos no figuraban en el programa electoral del PP y afectaban cuestiones centrales: desde la supresión del servicio militar obligatorio, incumpliendo la previsión constitucional de su sustitución por una «prestación social» (artículo 30), hasta el traspaso de tráfico, un servicio que el Estatuto reservaba al Estado (artículo 13.4).

Sirva esta digresión sobre el alcance de los pactos de investidura para relativizar el origen del salto de escala de la respuesta de la derecha contra Pedro Sánchez y enmarcarlo también en una reacción de impotencia política por no consumar la derrota anunciada del sanchismo y no lograr una presidencia del Gobierno que Alberto Núñez Feijóo daba por hecha. Los pactos de investidura se explican, desde Cataluña, por la apuesta del presidente Sánchez para acabar de suturar las heridas —sociales, políticas y económicas— que abrió la década prodigiosa del procés, pero también es un hecho, fuera de Cataluña, que han ensanchado otra fractura, en clave española, con mucha carga simbólica y emocional. El ruido ambiental, amplificado por la extrema derecha y la derecha tradicional, se inscribe en una deriva iliberal que arranca mucho antes y podríamos denominar el contraprocés.

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