Con la expansión de la pandemia la democracia ha quedado en suspenso. Esto ha sido así no solo porque en muchos lugares los gobiernos hayan asumido poderes de excepción, también porque se han aplazado innumerables convocatorias electorales y plebiscitos previstos para las próximas semanas. Por ejemplo, en Francia, aunque Emmanuel Macron mantuvo la primera vuelta de las elecciones municipales francesas, el calendario de la segunda vuelta ha debido modificarse. Igual que ha pasado con los referéndums constitucionales de Chile o Rusia o las elecciones de Macedonia del Norte. En España mismamente tanto las elecciones autonómicas de País Vasco como las de Galicia han sido suspendidas. Un hecho que, aún justificado sanitariamente, ha implicado forzar la ley, ya que no existe previsión normativa para aplazar unos comicios una vez convocados.

En algunos países con institucionalidad más débil, la crisis de la COVID-19 no es que haya suspendido la democracia, es que ha terminado por anularla. Viktor Orban, el primer ministro de Hungría, quizá sea el mejor ejemplo de este caso. El Parlamento de Hungría, en el que tenía amplia mayoría, no sólo ha votado a favor del estado de alarma en el país, sino que lo ha extendido sin fecha límite de tal modo que el primer ministro puede decidir arbitrariamente su extensión. Junto a esta medida, también se ha autorizado a Orban a gobernar por decreto sin apenas restricciones legales, incluso anulando normativa previa, lo que supone vaciar de facto las competencias del propio parlamento.

Por si fuera poco, la vía de Hungría ha aumentado en su deriva represora al fijarse dos nuevos delitos permanentes: hasta cinco años de prisión para periodistas que extiendan «noticias que fueran contra la salud pública» y hasta ocho años para cualquier resistencia a las órdenes dadas por el gobierno para combatir el virus. Justamente esta última vía es una tentación peligrosa en manos de cualquier gobierno; un componente que puede hacer que los poderes de emergencia se vuelvan permanentes.

Si con la excusa de combatir los bulos se permite reprimir a medios de comunicación desafectos se acaba socavando la esencia misma de nuestros sistemas democráticos. Algo que, incluso en España, se ha sugerido y que es una pendiente demasiado resbaladiza para querer transitarla. La devolución de los poderes de emergencia será la prueba del algodón de lo robusto de nuestras democracias.

Sin embargo, tarde o temprano las elecciones deberán realizarse y saber en qué dirección empujará esta crisis nunca es fácil de anticipar. Una primera tentación es pensar que la emergencia sanitaria podría facilitar un rally around the flag, una expresión que podría traducirse como «agruparse detrás de la bandera». La idea es que cuando existe una situación percibida como de amenaza existencial para la comunidad política todos los ciudadanos apoyan «temporalmente» a sus gobernantes para superarla.

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En relaciones internacionales esta idea se ha tratado en múltiples ocasiones, como cuando un país busca un enemigo exterior al que enfrentarse para ganar cohesión interna. Algo que podría explicar la insistente retórica militarista del gobierno español. Sin embargo, aquí el efecto no parece tan intenso como en otros países, donde sí parece reforzarse la popularidad de los gobernantes al margen de su gestión.

Es indudable que la percepción que tengan los votantes de la gestión de la crisis hará que tengan un destino desigual. Sin embargo, los estudios que existen sobre catástrofes naturales (y asumamos que esta pandemia algo se le parece) indican que los ciudadanos rara vez evalúan a los gobiernos en función si estaban bien o mal preparados para encarala. En general los votantes no tienen buena información sobre las políticas preventivas. Por tanto, que, si alguien espera que haya movimiento electoral por la inversión previa de las administraciones en sanidad, prevención de pandemias o recortes en investigación probablemente lo haga en vano.

Sin embargo, los votantes sí que reaccionan en función de las políticas compensatorias que traten con las consecuencias indeseables derivadas de la catástrofe, una gratitud que puede extenderse más allá del ciclo electoral. Así ha ocurrido en casos de terremotos o inundaciones ¿Podría pasar algo parecido en esta ocasión?

A nadie se le escapa que, incluso con la duración incierta de la pandemia, esta es solo una primera parte de la historia. En paralelo a ella llega una crisis económica de importantes consecuencias. Su efecto, además, será súbito y de gran dureza. La combinación de un shock de oferta (por la caída en la producción mundial) con uno de demanda (por la caída en ingresos y turismo) hace que, a diferencia de la Gran Recesión, la situación se vaya a precipitar mucho más rápido.

Además, ya empieza a haber ciertas pruebas de que los sectores que se van a ver más afectados son aquellos que tienen empleados con menores niveles de ingresos y más feminizados. Esto ya apunta en una dirección diferente a otras pandemias del pasado como la Peste Negra o la Gripe Española. Mientras que este tipo de shocks generan con bastante frecuencia efectos igualadores, en este caso es mucho más probable que se dispare la desigualdad, tensionando a nuestros Estados de bienestar. No habrá gobierno cuya supervivencia no se mida en tratar de amortiguar el golpe de la crisis.

Pero, en paralelo, este tipo de circunstancias también pueden mover muchos debates haciendo que la cuestión redistributiva pase a estar en el corazón de la agenda. Un hecho relativamente estudiado es que la creencia sobre la importancia del azar para determinar nuestra posición social se relaciona con la propia vocación igualitarista. Si un individuo piensa que su posición social depende mucho de la suerte (en sentido amplio, desde el lugar en el que naces hasta los contactos que se derivan de ello), entonces tenderá a preferir más impuestos y redistribución.

Así, cuando se incrementa la volatilidad en los ingresos dados shocks repetidos y adversos, tragedias imposibles de predecir, lo normal es que la gente apoye más la redistribución. Por tanto, como la pandemia solo puede ligarse a pura mala suerte, no a decisiones individuales, es muy probable que se muevan las percepciones en este sentido.

La combinación de esta desigualdad con la evidente preocupación redistributiva hace que no sepamos si los agentes podrán canalizarla y, sobre todo, transformarla en políticas públicas efectivas. Estamos en un entorno de gran polarización política, fragmentación parlamentaria e incertidumbre. Además, esto se combina con que las instituciones de gobernanza supranacional, en concreto la Unión Europea, jugarán un papel fundamental para saber qué margen tienen los gobiernos nacionales para hacer políticas distintas. Si el conflicto entre los países del norte y del sur se reproduce como en la Gran Recesión es inevitable que sus consecuencias políticas vayan a ser similares: un repunte de la desconfianza y cinismo político, la disgregación de política representativa y el auge de los extremismos.

La crisis de la COVID-19 no viene en el mejor momento para nuestros sistemas democráticos. Junto con el retroceso autoritario en cada vez más países, su propia gobernanza se ha vuelto una tarea compleja. La interdependencia en la que nos encontramos con la globalización presenta retos que desbordan a los estados-nación clásicos, pero, al mismo tiempo, las retóricas nacionalistas cobran cada vez más fuerza. Algo que hace complicado anticipar hacia dónde se desarrollarán los acontecimientos. No es tan descabellado pensar que ahora mismo nos encontramos ante uno de esos momentos que los historiadores sociales llaman critical junctures, momentos en los que se ponen los raíles para transitar en el medio y largo plazo.

En este punto toca sentar las bases de la respuesta a muchas preguntas. Saber si las pulsiones autoritarias se harán fuertes o no, si se abordarán los debates sobre quienes tienen más que perder en esta crisis económica. Responder, en suma, a la gran pregunta sobre cómo saldrán nuestras democracias de la convalecencia.