En la película Trece Días (dirigida en 2000 por Roger Donaldson, con Kevin Costner de protagonista) se confronta el modo tan diferente de abordar los grandes momentos trascendentales que separa al gobernante democrático de turno del aparato permanente del Estado. La historia que se cuenta es la llamada crisis de los misiles, en 1962, cuando Estados Unidos descubre los planes de la URSS para instalar en Cuba una base con armas nucleares de alcance medio. Una de las escenas recoge el tenso ambiente del Pentágono donde miembros del gobierno y funcionarios militares gestionan juntos la emergencia: el secretario de Defensa, Bob McNamara, sigue atento la pantalla que muestra a los barcos soviéticos acercarse al Caribe convencido de estar dirigiendo una delicadísima y novedosa estrategia de bloqueo para impedir la llegada del armamento a la isla, pero sin romper las hostilidades con Moscú.

En un momento dado, un almirante estadounidense sin tantos miramientos diplomáticos ordena lanzar cañonazos a la Flota Roja. El político se desespera y le grita que va a echarlo todo a perder, que corre el riesgo de desencadenar una Tercera Guerra Mundial. El oficial obedece y para el fuego, pero explica con cierto desprecio que eran meros proyectiles de fogueo y que se estaba limitando a aplicar los protocolos navales establecidos por la Armada desde su fundación en 1776.

Por deformación profesional de analista de política exterior, asocié esa recreación de la Guerra Fría con nuestro reciente debate interno sobre los indultos. Por un lado, estaría la lógica política contingente que apunta a un modo de actuar donde imperan las consideraciones electorales de Pedro Sánchez y cálculos sobre la respuesta que se espera del resto de los actores. Por el otro lado, con lenguaje y principios muy diferentes, estaría la lógica de la organización estatal y los incentivos que mueven por ejemplo a jueces, fiscales, o burócratas.

No se puede analizar bien la decisión, ni por tanto enjuiciarla como acertada o errónea, utilizando en exclusiva la perspectiva del comportamiento del presidente y su entorno ni tampoco hacerlo solo desde la perspectiva organizativa de los protocolos y las normas. De hecho, justo para analizar el aludido episodio de los misiles cubanos, el politólogo estadounidense Graham T. Allison propuso combinar distintas lentes que permiten ver mejor el desarrollo de acontecimientos complejos. E introdujo un tercer modo de enfocar la cuestión en el que ni los actores más o menos racionales ni los procesos más o menos reglados son suficientes para entender el desenlace de asuntos críticos en las democracias modernas. Sería una combinación entre las lógicas política y burocrática la que al final marca el desarrollo de los acontecimientos.

Ni el Gobierno (ni mucho menos la oposición, por no hablar de los partidos independentistas) tendrían suficiente poder ni visión como para guiar la gestión del conflicto territorial conforme a un programa bien planificado, pero tampoco la aplicación del Derecho es unívoca como a veces se quiere presumir. Y el resultado es por definición subóptimo, políticamente poco racional, no del todo respetuoso con los procedimientos preestablecidos. No es casualidad que el mismo Allison sea uno de los autores que más ha contribuido a la idea de que la toma de decisiones responde en realidad al muddling through, a un permanente salir del paso como se pueda, incluso en las cuestiones más trascendentales de la alta política.

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Por supuesto, resulta apasionante examinar si los indultos conforman una estrategia inteligente para reconducir la situación excepcional en la que está inmersa la política catalana y reducir el espacio político del independentismo o, por el contrario, se trata de un terrible error de incentivos que anima al nacionalismo a seguir radicalizado y repetir conductas como las desarrolladas entre 2012 y 2017.

 

Cierta distancia intelectual

Igualmente interesante es determinar desde un punto de vista más jurídico los elementos que determinan el acierto o el dislate del proceso penal aplicado a partir de entonces y hasta qué punto la división de poderes sale malparada o, por el contrario, la gracia complementa a la justicia y forma también parte del Estado de Derecho. Pero, de nuevo, se trata de debates con enfoques parciales que no captan bien la esencia de la decisión, por decirlo de nuevo al modo de Allison. Una esencia que no es nítida ni noble sino llena de inconsistencias e imperfecciones, tantas que seguramente resulta inquietante para quien aspire a tranquilizarse pensando que hay alguien al timón con un rumbo claro (el Gobierno) o que el barco (el Estado) es suficientemente sólido.

Es interesante determinar si la gracia complementa a la justicia y forma también parte del Estado de Derecho.

Los indultos deberían entonces analizarse desde cierta distancia intelectual. Eso no significa caer en el cinismo sino en la modestia de asumir que no hay soluciones óptimas para gestionar el desastre del procés; una apuesta por completo fracasada, pero todavía capaz de seguir movilizando a la mitad de la sociedad catalana. Es muy posible que, en efecto, la aceleración de las excarcelaciones haya estado animada por cálculos cortoplacistas consecuencia de la frágil aritmética parlamentaria que sustenta al Gobierno de coalición y no por un plan coherente de futuro.

Pero no es menor la acumulación de contradicciones y errores por parte de los detractores de las medidas de gracia, ya sea el principal partido de la oposición que gobernó durante los años en los que nació y se desarrolló el desafío independentista, ya sea gran parte de los distintos tribunales que han intervenido y no han manejado una cuestión tan compleja con la sabiduría que exigía su alta responsabilidad (incluyendo tal vez la sentencia del Constitucional en 2010 y, más recientemente, la larga prisión preventiva impuesta por el Supremo, la gestión de las euroórdenes, o la petición de penas por rebelión, que la sentencia de 2019 rebajó a sedición).

Sin una solución mágica, sin un criterio claro para enjuiciar el acierto del ejecutivo o el judicial y sin nadie que salga bien parado en toda esta historia (con un protagonismo especial en negativo por parte de los ahora indultados y los que huyeron en su día de la justicia), tal vez el único modo razonable, aunque sea también subóptimo, de enjuiciar los indultos es mirando a sus consecuencias prácticas en Cataluña, en España, y en el exterior. Por supuesto, tampoco hay acuerdo al valorar esos tres impactos. Cada uno lo hará según su criterio pero, en mi caso, la balanza se inclina a favor. Por lo que hace a Cataluña, y aunque no hay que minusvalorar la posible desmoralización que provoque en algunos que se opusieron con valentía a la deriva independentista, parece claro que la medida hace más respirable el enrarecido clima y debilita a Waterloo como foco tóxico de confrontación.

Parece claro que la medida hace más respirable el enrarecido clima y debilita a Waterloo como foco tóxico de confrontación.

En el conjunto de España el indulto amenaza con reforzar todavía más una polarización que, en gran medida, sigue arrastrando el enfado generado por los graves acontecimientos de otoño de 2017 pero es posible que la desmesura con la que a veces se ha atacado al Gobierno ya hubiera descontado que este paso se iba a producir por lo que, paradójicamente, habría contribuido a amortiguar el momento en el que por fin se ha producido. Por último, por lo que hace a cómo afectará sobre la imagen exterior y los pronunciamientos que se esperan por parte de varios tribunales internacionales, hay quien defiende que el indulto daña la posición de España e incluso deslegitima sus pretensiones.

 

Magnanimidad bien valorada

Mi propio seguimiento desde 2012 de las repercusiones externas del conflicto independentista me llevan a defender que el efecto será positivo porque siempre es bien valorada la magnanimidad de quien se percibe desde fuera como el más fuerte. En efecto, hay dudas en las tres dimensiones pero aquí se defiende el principio in dubio pro optimismo. Como ha señalado con acierto Astrid Barrio, defender los indultos es defender el lado optimista de la historia. Una historia que, por cierto, vendría también a apoyar la medida porque el Estado lleva cuatro siglos indultando revueltas en Cataluña (el perdón de Felipe IV en 1660 tras la guerra dels Segadors, el indulto a los austracistas de Felipe V en 1712, la amnistía decretada por el general Narváez en 1849 a los carlistas matiners y la gracia concedida por Azaña a Companys y demás penados en la Revolución de 1934).

Una demostración de que Pedro Sánchez tampoco es tan original como él pueda pensar y, al mismo tiempo, que el Estado español no opera estructuralmente de forma antitética a la del presidente actual, tal y como defienden sus detractores. Una nueva muestra de que no hay una lógica unívoca que vuelve a acercarnos a esa situation room descrita al principio donde un ministro del presidente Kennedy grita que está haciendo historia mientras un almirante le replica que está todo más inventado y probado de lo que los políticos se creen.

 

Al lado del precipicio

Los pesimistas, siempre prestos a la dramatización, señalan que lo que nos ha traído hasta aquí es precisamente reiterar el error secular de ir perdonando sucesivas deslealtades de las élites catalanas. Pero no hace falta ser panglosiano para saber que muchas veces lo importante es lo que no se ve. Y, como ocurre con los impactos en los aviones tras una batalla, lo relevante no es si han sido alcanzados por algunos proyectiles, sino si regresan a la base. Como concluyó el matemático Abraham Wald, resulta mucho menos evidente examinar los aviones que han sido derribados, aunque está claro que en esos casos se trata de alcances letales. Mirando al resto de Europa y comprobando que España es hoy el principal Estado plural que ha sobrevivido en el mundo occidental, no parece tan desastroso el balance de combinar la fuerza del derecho y la generosidad.

Aunque sospechemos que lo que se combina sea más bien cortoplacismo y debilidad. Pero bien está salir del paso si sirve para conllevar mejor el futuro. No es fácil saber si fue la pericia personal del presidente Kennedy la que salvó al mundo de la destrucción en 1962, si fue más bien el aparato disuasorio del Estado, o incluso si aquel momento no fue tan crítico como en su momento se llegó a pensar. Pero en aquella crisis se aprendió otra cosa: la política al lado del precipicio. Incluso si no está claro que se esté al borde, es preferible dar un paso hacia atrás en el conflicto antes de seguir con un enfrentamiento que saldrá mal si de verdad el abismo estuviera cerca.