La consideración, acertadísima, de Vox como partido político ultraderechista (solo medios conservadores españoles lo consideran una formación de derecha y no de extrema derecha) quizás ha negligido un elemento igualmente fundamental en la ideología de la facción liderada por Santiago Abascal: el ultranacionalismo español y, en consecuencia, la oposición rotunda a la descentralización política y cultural del Reino de España. Así se entiende, a pesar de que se tienen por «constitucionalistas», el desprecio que manifiestan sus dirigentes por las comunidades autónomas —a pesar de que no dejan de exigir entrar en los gobiernos y de parasitarlas, si puedenn— y, en los territorios con más de una lengua oficial, el enfrentamiento sin tregua con los derechos de los hablantes de las lenguas y culturas no castellanas.

Teniendo en cuenta que no gobiernan en Cataluña, ni en Euskadi ni a Navarra ni en Galicia, el País Valenciano y las Islas Baleares están siendo los principales escenarios de la política furibundamente contraria a la diversidad cultural de Vox. De hecho, la rotunda política antiperiférica en ambos territorios parecen realidades paralelas, a pesar de que con un matiz importante que más adelante analizaré. En la anterior legislatura gobernaba una coalición del PSOE con partidos y coaliciones nacionalistas de izquierda que tenían como elemento programático un impulso a la normalización de la lengua catalana (ambición interpretable, pero innegable). El PP se convirtió en la fuerza más votada en los dos países en las elecciones de mayo de 2023, pero en ningún caso podía gobernar en solitario. Y, con el beneplácito de Génova, firmó acuerdos de gobierno con Vox. Desde entonces atacar el uso social del catalán, tanto en las Islas como en el sur del Ebro, se ha convertido en una de las grandes prioridades de estos nuevos gobiernos autonómicos.

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