El Gran Israel ya está aquí. No otro es el proyecto del nuevo gobierno de Benjamin Netanyahu, del que forman parte dos formaciones extremistas, una religiosa ultraortodoxa y otra de los colonos ultranacionalistas, que quieren ampliar la colonización y la ocupación de toda Cisjordania, e incluso despojar de derechos a los israelíes no judíos y deportar población palestina. Es discutible que lo logren, pero está clara la política supremacista de dominación de una comunidad nacional sobre otra, la palestina, que paradójicamente es casi mayoritaria en el territorio entre el río Jordán y el Mediterráneo.

La primera iniciativa del nuevo ejecutivo, surgido de las urnas en noviembre de 2022, ha sido una reforma judicial que pone bajo control directo del gobierno los nombramientos de jueces y fiscales, incluso del Tribunal Supremo, y destruye la división de poderes. Netanyahu tendrá manos libres para realizar sus políticas extremistas y anexionistas y obtendrá además un escudo político para defenderse en tres casos de corrupción por la aceptación de sobornos siendo primer ministro. Puesto que Israel no tiene Constitución, si el Parlamento aprobara la reforma y el Supremo la tumbara, se abriría una crisis de Estado, dado que muchos funcionarios, empezando por los militares y la policía, se encontrarían ante el dilema de elegir entre obedecer al Ejecutivo o al Judicial.

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