El 25 de noviembre de 2021, Victòria Alsina, consejera de Acció Exterior i Govern Obert de la Generalitat de Catalunya, se dirigió por escrito a Vesna Crnić-Grotić, entonces presidenta del Comité de Expertos que supervisa la aplicación de la Carta Europea de las Lenguas Regionales o Minoritarias. El objetivo de la misiva era mostrar su preocupación por la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Catalunya, confirmada por el Tribunal Supremo español, según la cual en las escuelas catalanas el 25 % de las horas lectivas se han de impartir en castellano.

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Según ella, esta decisión podría poner en peligro la transmisión y supervivencia misma del catalán y, en cualquier caso, constituye una actuación contraria a la Carta, ratificada por España hace ahora 21 años. En este artículo, y de forma sintética, quisiéramos hacer tres cosas: a) ilustrar el desconocimiento que se tiene de la Carta en los medios políticos y judiciales, b) calibrar hasta qué punto las autoridades españolas cumplen la Carta, según las evaluaciones del Comité de Expertos, y c) exponer cuál es la valoración que hace el Comité de la salud del catalán en general y de la posición del catalán en la enseñanza en particular, con el fin de aportar un poco de perspectiva europea a estas dos cuestiones.

Ilustrar el desconocimiento de la Carta es cosa fácil y se puede hacer con el mismo episodio del 25 % y la carta de la consejera Alsina. Desde que el Tribunal Constitucional español, en la sentencia sobre el Estatut de autonomía, estableció que no se puede negar al castellano su condición de lengua vehicular en la enseñanza (2010), hasta la interlocutoria del Tribunal Supremo denunciada por Alsina (2021), pasando por la sentencia de TSJC que consagró el 25 % (2020), los órganos judiciales españoles no han hecho nunca ninguna consideración sobre la compatibilidad o no de la vehicularidad del castellano en las escuelas catalanas con los compromisos adquiridos por España en el momento de ratificar la Carta.

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