Todas las batallas de la polarizada vida política de los Estados Unidos confluyen ahora en la batalla jurídica en torno a los derechos reproductivos y, más concretamente, en el debate que ya ha comenzado en el Tribunal Supremo respecto a la sentencia histórica que legalizó el aborto, hace casi 50 años, conocida como Roe versus Wade. Antes de las próximas vacaciones de verano, entre junio y julio, cuando acaba el curso judicial, los nuevos magistrados vitalicios del Supremo habrán de decidir si mantienen vigente la sentencia, que reconoce el derecho al aborto antes de las 23 semanas de gestación, o anulan aquella resolución y devuelven la regulación de los derechos reproductivos a los Estados federados, de los cuales más de una veintena, controlados por los ultraconservadores trumpistas, cuentan actualmente o tienen previstas legislaciones que penalizarían a quien practique o se someta a un aborto.

El tribunal que tomará la decisión, formado por seis magistrados republicanos y tres magistrados demócratas, de los cuales solo tres son mujeres, es el más conservador de los últimos 80 años. Tres de sus miembros fueron nombrados por Donald Trump durante sus cuatro años de presidencia, gracias a las hábiles maniobras parlamentarias del partido republicano en el bloqueo de nombramientos durante las presidencias demócratas y a la obtención de mayorías bipartidistas bajo los presidentes republicanos. Desde el año 80, los presidentes republicanos han colocado a once magistrados en los 24 años de sus presidencias, mientras que los demócratas han colocado solo a cuatro durante sus 16 años en la Casa Blanca.

La defensa de los derechos reproductivos femeninos es la continuación de la lucha por los derechos civiles de hace medio siglo, cuando se legalizó el aborto.

La fuerte coloración republicana del Supremo contrasta con la presidencia, la Cámara y el Senado en manos de los demócratas, en una clara manifestación de la capacidad del sistema para construir poderes contra-mayoritarios. Según todas las encuestas, más de un 60 % de la opinión pública está a favor de mantener el actual statu quo en la cuestión del aborto, pero la derecha religiosa no desaprovechará la favorable correlación de fuerzas para conseguir este mismo año la anulación de la Roe versus Wade o, como mínimo, la reducción del tiempo de despenalización de 23 a 15 semanas, que es la fórmula conciliadora sugerida por el presidente del Supremo, el juez John Roberts, en su esfuerzo por aglutinar tres votos centristas que se distancien de la extrema derecha religiosa.

 

Persistente mayoría republicana

El combate de décadas de los ultras contra el aborto se despliega en paralelo a la limitación del derecho de voto en los estados gobernados por los republicanos, 27, en contra de los 23 gobernados por los demócratas. La clave del poder republicano local radica en la baja participación de las minorías raciales, negras fundamentalmente, y de las clases más pobres. El rediseño de los distritos electorales, para diluir el voto demócrata, y las modificaciones en las legislaciones electorales locales son los instrumentos utilizados para evitar que los cambios demográficos y la movilización demócrata acaben con las tradicionales mayorías republicanas de los estados más conservadores. La tercera pata de la vetocracia republicana es la mayoría cualificada de dos tercios necesaria en el Senado, el llamado filibustering, que impide legislar desde la unión federal para garantizar el derecho de voto en los estados o para reformar el Supremo con el fin de compensar la persistente y desequilibrada mayoría republicana.

 

Un país gobernado por los jueces

Con una decisión contraria o fuertemente limitativa del aborto a mediados de 2022, Estados Unidos se convertiría en un país gobernado por los jueces, por encima de las mayorías sociales y políticas, y con el riesgo de deslegitimar la institución y herir la democracia misma. Esto sucederá en plena campaña para las elecciones de medio mandato de noviembre y con el horizonte de unas presidenciales de 2024 a las cuales quiere volver a presentarse Donald Trump, con el país más dividido que nunca en su historia desde la guerra civil, entre los estados que legislarán a toda prisa para convertir el aborto en delito y los que protegerán a las mujeres que se sometan a esta práctica y a los médicos que la lleven a cabo. Está muy claro que las primeras víctimas de la nueva situación legal serán las mujeres pobres, a menudo negras, sin medios para desplazarse a estados abortistas o al extranjero.

 

Repercusión internacional

La anulación de la Roe versus Wade requerirá también un vuelco en la jurisprudencia constitucional, con un tribunal que deberá decidir no atender a sus propias decisiones históricas (el principio llamado estare decisis, es decir, «mantener la decisión» en latín), que permite anular sentencias anteriores solo en caso de error o discrepancia flagrante con la Constitución, como era el caso de muchas resoluciones anteriores al reconocimiento de los derechos civiles y, sobre todo, a la prohibición del esclavismo. En este caso, el cambio de jurisprudencia, si acaba produciéndose, se hará en nombre de los derechos de los nonatos y en contra de los derechos de las mujeres, especialmente del derecho constitucional a la privacidad y a disponer de su libertad reproductiva.

Al debilitamiento de la democracia y al desprestigio de las instituciones, se añadirá en cualquier caso la repercusión internacional de la anulación de una sentencia como la Roe versus Wade, que marcó la pauta en todas partes y fue leída con atención por los tribunales de todo el mundo. Una fractura de tal envergadura en la gran democracia americana puede ser el presagio de retrocesos similares en los derechos de las mujeres a escala mundial.