En medio del ambiente crispado en torno a las negociaciones para posibilitar la investidura del presidente Pedro Sánchez se produjo un evento institucional relevante. La heredera de la Corona, Leonor de Borbón y Ortiz, al alcanzar la mayoría de edad, juró solemnemente ante las Cortes Generales su acatamiento a la Constitución.

El acto ha vuelto a poner a la Corona en el foco de la opinión pública, dando pie a interrogarse sobre el futuro de la monarquía parlamentaria española. Un futuro que para algunos está asegurado gracias al comportamiento del rey Felipe VI y por las expectativas positivas que suscita la princesa de Asturias.

Este es el parecer de Sergio Vila-Sanjuan que, en La Vanguardia (31-10-23), se mostraba optimista sobre el futuro representado por la joven princesa: «La institución llega revitalizada a la jornada de hoy, que marca un cambio de época. La princesa Leonor jura la Constitución mientras está cumpliendo con su formación militar, sin duda una prueba para alguien de su edad. Será la primera mujer que reine en España desde 1868. En un país tan movido, la solidez de nuestra monarquía resulta a la vez reconfortante y necesaria».

Otros comentarios resaltaron el significado institucional de este acto. Manuel Aragón, en El Mundo (30-10-23), subrayaba que «la jura de la Constitución por la heredera de la Corona no simboliza solo la continuidad de nuestra Monarquía parlamentaria, sino también la propia continuidad de nuestro sistema constitucional democrático, que tiene en ese tipo de Monarquía una institución clave para su perpetuación».

Fernando Vallespín, en El País (29-10-23), defendía la compatibilidad entre la forma monárquica de Estado y una democracia de calidad, poniendo el ejemplo de los países escandinavos en los que «la grandeza de sus democracias no está en sus monarquías, sino en su profundo respeto al Estado de derecho y a los procedimientos, formalismos y prácticas que las sostienen, perfectamente compatibles con el pluralismo político y el disenso sobre este u otro aspecto del entramado institucional. Y que se han sabido modernizar políticamente sin caer en un adanismo divisivo y destructivo. No es mal recordatorio en estos tiempos de profundo deterioro democrático».

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Verónica Fumanal señalaba que «la operación Leonor es toda una estrategia de marketing político, bien diseñada y bien ejecutada».

Germán M. Teruel, en Letras Libres (2-11-23), recordaba el carácter simbólico de la monarquía, apoyado en las palabras de Miguel Herrero de Miñón y de Manuel García Pelayo: «Como símbolo, el rey representa “la unidad y permanencia del Estado” y debe erigirse en un “paradigma ético y estético del cuerpo político” (Herrero de Miñón), cumpliendo así con una función de inspiración constitucional. Fue García Pelayo quien destacó en nuestro país la función esencial que tienen los símbolos políticos para lograr la integración política, porque esta no se consigue solo a través de mecanismos racionales, sino que exige otras vías irracionales para acercar una realidad abstracta, que no es perceptible, y hacerla carne para que pueda ser asequible a una importante parte de la población».

 

Adhesión emocional

En consecuencia, se ha buscado reforzar esta vertiente de adhesión emocional con el espectáculo popular y la operación propagandística a gran escala que ha envuelto el acto institucional. Especialmente, porque una Corona convaleciente por el daño causado por la conducta poco ejemplar del rey emérito necesita restablecer su reputación. Verónica Fumanal, en (31-10-23), señalaba que «la operación Leonor es toda una estrategia de marketing político, bien diseñada y bien ejecutada», centrada en la proyección hacia el futuro, la buena educación que se le proporciona y el contraste entre una chica inmaculada y un senior con máculas. Una operación que, según Susana Quadrado, en La Vanguardia (4-11-23), no pudo salirle mejor a la familia real.

Sin embargo, otras opiniones no se han mostrado tan seguras sobre el futuro de la monarquía. Pilar Mera, en El País (1-11-23), se hacía eco del último sondeo específico sobre la institución, realizado por 40dB en 2021 (se puede leer en CTXT, 12-10-21), con el resultado que, en caso de un referéndum, el 39,4% de las personas encuestadas se manifestaba a favor de la república, frente al 31% que optaba por la Monarquía y un 29,6% que no votarían, lo harían en blanco o no lo sabían.

Existe, pues, un estado de opinión antimonárquica latente en la sociedad española que no ha aconsejado abordar la cuestión pendiente de la reforma constitucional para acabar con la anomalía de la discriminación de género que supone la prelación de los varones en las previsiones sucesorias. Una reforma arrinconada en un cajón por unas circunstancias biológicas aleatorias que han hecho innecesaria esta intervención en el texto constitucional, pero que esconden el temor a abrir el melón de la reforma, sobre el que se cierne la incógnita sobre el grado de apoyo que otorga la ciudadanía a la institución monárquica, fundamental para constatar su legitimidad social.

En todo caso, lo que es evidente es la pérdida del consenso político de que gozó la monarquía, especialmente después del 23-F, por lo que fuerzas políticas nacionalistas que mostraron su apoyo explícito a la Corona con ocasión del juramento constitucional del príncipe Felipe, ahora han optado por ausentarse de la ceremonia del juramento de su heredera.

Javier Pérez Royo interpreta, en elDiario.es (31-10-23), que «la ausencia de diputados y senadores en el juramento de la princesa Leonor lo convierte en un acto devaluado, que priva de credibilidad a la ficción del símbolo de la unidad del Estado», porque «es de suma importancia que en las Cortes Generales ante las que el príncipe o la princesa llamado a ser heredero de la Corona y portador, en consecuencia, del símbolo de la unidad del Estado, estén presentes todos los diputados y senadores que componen dicho órgano constitucional. La ausencia de diputados y senadores desnuda la conexión entre la ficción y la realidad. El órgano constitucional que debe reconocer la ficción lo hace de manera imperfecta, le regatea su condición de símbolo de la unidad del Estado».

 

Desafección nacionalista

En este contexto de pérdida de apoyos y de desafección nacionalista, Esther Palomera, en elDiario.es (31-10-23), consideraba que «las posibilidades de que la hija de Felipe VI suceda en la jefatura del Estado a su padre dependen en buena medida de los socialistas, que, a diferencia del PCE, defendieron en el 78 la república como forma de Estado con un voto particular en la comisión que dio forma a la Constitución, pero han consolidado durante años un blindaje político para la Corona».

En definitiva, el quid de la cuestión consiste, según Joan Tapia, en El Periódico (2-11-23), en cómo evitar que el apoyo a la Corona siga deteriorándose. Para conseguirlo,  aconseja a Felipe VI y Leonor procurar no ser instrumentalizados por «el unitarismo dogmático, porque España puede ser autonómica, federal o incluso confederal con un cambio que respete la normativa constitucional».

Asimismo, tener siempre presente la necesidad de huir del intervencionismo político y de observar una conducta económica escrupulosa. Y, por último, no alentar el ostracismo de los republicanos, «no sólo porque la Constitución no es militante sino porque la libertad de las ideas y su difusión es un derecho fundamental». Es decir, se trata de seguir el camino que marcan las monarquías parlamentarias del norte de Europa y de conjurar para siempre los demonios familiares de la dinastía borbónica.