En la campaña de las elecciones autonómicas y municipales la aparición de un cisne negro con la forma del espectro de ETA provocó una importante distorsión en la orientación de las estrategias de los dos principales partidos españoles. La decisión de EH Bildu de incorporar a sus listas a 44 condenados por terrorismo, entre ellos 7 por delitos de sangre, fue un regalo caído del cielo para el Partido Popular, que venía a reforzar su línea de deslegitimación del presidente del Gobierno resumida en el eslogan «derogar al sanchismo». Destacando la belicosidad de Díaz Ayuso que no tuvo ninguna manía en enfrentarse a Consuelo Ordóñez, portavoz de una de las principales asociaciones de víctimas del terrorismo, y que en una entrevista se lamentaba amargamente de la actitud del Partido Popular:

«¿Qué problemas tengo yo con el PP? Que me engañaron. Que me traicionaron. El partido de mi hermano nos engañó y nos utiliza. Ese es el problema. Nosotros no somos de nadie. Lo hemos probado sobradamente. No hacemos cálculos electorales» (El País, 21-5-23).

Obviamente, los socialistas acusaron el impacto, obligados a ponerse a la defensiva y alterar su campaña, centrada en presentar una agenda de propuestas de gobierno sobre diversas cuestiones sociales. El presidente Sánchez reaccionó con contundencia ante el relato falaz de los populares sobre el fin del terrorismo y el papel jugado por los socialistas, pero el hecho es que ETA, doce años después de su fin, volvió a ser protagonista de una campaña.

El duro cuerpo a cuerpo permanente entre populares y socialistas hace patentes algunas de las contradicciones relevantes que afectan a sus respectivos proyectos. Así, el PSOE ve como se incrementan los costes potenciales de mantener, aunque sea implícitamente, la hipótesis de una reedición futura de la actual mayoría parlamentaria. Por su parte, el PP muestra las divergencias, tanto de tono como de fondo, entre la línea que pretende ser moderada de Feijóo y la línea radical de Díaz Ayuso, mitigadas ciertamente por el éxito electoral, pero susceptibles de reabrirse por la estrategia sobre los pactos con Vox. Como afirma Fernando Ónega:

«Sánchez está acuciado por sus socios, cuya colaboración le mantiene y coarta. Feijóo está condicionado por Vox, que le puede dar gobiernos territoriales, pero espantar a multitud de votantes en las generales. Y todo eso, junto, crea un ambiente que deja pequeña la polarización: ellos están en la excitación bélica» (La Vanguardia, 19-5-23).

El PSOE ve como se incrementan los costes potenciales de mantener, aunque sea implícitamente, la hipótesis de una reedición futura de la actual mayoría parlamentaria.

Bloques inamovibles e intransitivos

Es innegable que este episodio supone un nuevo salto de escala en el proceso de polarización de la política española entre dos bloques inamovibles e intransitivos, que delimitan aún con mayor precisión el marco de la campaña de las elecciones generales anticipadas del 23 de julio. Una polarización a la que contribuyen con un entusiasmo digno de mejor causa la mayoría de los medios de comunicación, como señala Soledad Gallego-Díaz:

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«Aceptar el debate político en esos términos es una desgracia que afecta a todos los sectores de la sociedad, incluidos los medios de comunicación, que caen inevitablemente atrapados en ese mismo corsé. Política o cinismo. Todos de cabeza al cinismo» (El País, 21-5-23).

El análisis de los resultados del 28-M deberá determinar el impacto real de este episodio en el comportamiento del electorado, pero, a la vista del éxito obtenido por los populares, parece que el fantasma de ETA volverá a estar presente en la campaña de las generales. Una persistencia que es un síntoma más del peligro de una evolución regresiva de la política española, sobre lo que alertaba Enric Juliana:

«La propuesta de proceder a la ilegalización de una formación política en tiempos de normalidad democrática (el terrorismo de ETA dejó de existir hace más de once años en España), introduce una novedad sustantiva en la política española. Se está sembrando la semilla de un programa de largo alcance: la transformación del sistema español de partidos, mediante la ilegalización en cadena de diversas formaciones políticas, con una legislación especial que hoy no existe, y que una nueva mayoría parlamentaria podría arbitrar» (La Vanguardia, 20-5-23).

La decisión de Bildu es un ejemplo de cómo el mínimo común denominador ético sobre el que se basa la democracia española se ha desdibujado.

Principios morales inesquivables

Porque de esta historia se desprende una preocupante cuestión mucho más profunda que afecta a los fundamentos de la convivencia democrática en España y en el País Vasco, en particular. La decisión de Bildu es un ejemplo de cómo el mínimo común denominador ético sobre el que se basa la democracia española se ha desdibujado, como apunta Fernando Vallespín: «De tanto moralizar lo político hemos acabado por politizar la moral, devenimos en incapaces de ver las verdaderas quiebras de principios morales inesquivables. Y la decisión de Bildu lo es. Podrá ser legal, políticamente útil para sus objetivos o lo que ustedes quieran. Pero esto no va de derecho ni de política, va de moral»  (El País, 14-5-23).

Muy probablemente, la prueba de resistencia de la calidad ética de nuestra democracia resida en cómo sean capaces la sociedad y el sistema político de metabolizar el significado de la larga historia de la violencia terrorista etarra y su final. En palabras de Máriam Martínez-Bascuñán:

«Acompañar a Bildu en su institucionalización no puede generar una dependencia que se traduzca en vulnerabilidad, la de un PSOE hipotecado por la aritmética parlamentaria mientras el PP huele la sangre y se lanza al electoralismo. Porque, en el fondo, lo sucedido con las listas de Bildu y todo el ruido que lo acompaña abre una grieta profunda en nuestra democracia, la provocada por esa pérdida del mundo común que hace que nuestro pasado se vuelva irrelevante para algunos o se torne para otros en una cárcel que nos inmoviliza» (El País, 21-5-23).

Este proceso de interiorización política y social de la historia y el final del terrorismo es necesariamente difícil y complejo, pues, más allá de la justicia, afecta a las víctimas, a la memoria democrática, al perdón y la reconciliación, a la reinserción civil de los terroristas y , en definitiva, a la política de Estado.

Ante todo, el reconocimiento, respeto y acompañamiento a las víctimas del terrorismo, a fin de no abandonarlas y no pasar por la vergüenza que se conviertan en «la única autoridad capaz de exigir criterios éticos a un sistema de partidos donde lo legal convive dulcemente con lo inmoral» (Nuria Labari en El País, 21-5-21).

«Es pertinente señalar que 44 de esos determinados individuos están en unas listas electorales. Porque en aquellos oscuros días eran ellos los que hacían listas», escribe Iñaki Domínguez.

Siguiendo por el deber inexcusable de fijar una memoria democrática sobre los años de plomo, porque «la memoria era esto, recordar el nombre y apellido de las víctimas, y los de sus asesinos y cómplices, para llamar a las cosas por su nombre. No es olvidar y aquí no ha pasado nada. Ha pasado. Por eso es pertinente señalar que 44 de esos determinados individuos están en unas listas electorales. Porque en aquellos oscuros días eran ellos los que hacían listas. Listas de objetivos, y esas personas con nombres y apellidos acababan muertas, con escolta o se tenían que ir» (Iñaki DOMÍNGUEZ en El País, 21-5-23).

Al mismo tiempo que el ejercicio magnánimo del perdón y la reconciliación cívica y social, en tanto que «cuando todo el mundo tiene pecados de sangre y de impiedad por depurar, distinguir entre buenos y malos es algo más que una instrumentalización de las víctimas. Es un intento de sacar votos de la sangre seca. Es echar gasolina al fuego del fratricidio cuando ya hace una década que la muerte política ha desaparecido del país. Quien tan fervorosamente se aferra a la confrontación quizás es que es adicto a la sangre» (Antoni Puigverd en La Vanguardia, 17-5-23).

Lenguaje bélico del PP

Y, finalmente, recuperar cuanto antes una política de Estado: «El terrorismo es una cuestión de Estado que debe marginarse del debate electoral por respeto a las víctimas que lo han reclamado. El PP debe desarmar su lenguaje bélico contra el PSOE y dejar de utilizarlo electoramente. Los partidos democráticos deben acordar un relato sobre la victoria democrática sobre ETA y sus consecuencias. La proximidad de las elecciones generales y la tentación de Feijóo lo impide hoy. Pero ese acuerdo tendrá que imponerse con o sin Feijóo» (Luis R. Aizpeolea en El País, 21-5-23).

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Coincidiendo con el estallido de la polémica, la editorial Libros del Asteroide ha tenido el acierto de publicar el libro de Mario Calabresi Salir de la noche. Historia de mi familia y de otras víctimas del terrorismo. Calabresi, exdirector de los diarios La Stampa y La Repubblica, a partir de la historia del asesinato de su padre, el comisario Luigi Calabresi, explora las hondas cicatrices que el terrorismo deja en la sociedad. En el libro se recogen unas palabras del presidente de la República Giorgio Napolitano dirigidas a los familiares de los escoltas de Aldo Moro que encuentran el tono justo que deberíamos exigirnos:

«La legítima reintegración en la sociedad de los culpables de actos de terrorismo que hayan saldado sus deudas con la justicia debería traducirse en el reconocimiento explícito de la injustificable naturaleza criminal del ataque terrorista contra el Estado y sus representantes y servidores, y debería ir acompañada por conductas públicas inspiradas en la máxima discreción y mesura».