El bombardeo por la Federación de Rusia de ciudades, bienes e infraestructuras civiles de la República de Ucrania es una vulneración flagrante y continuada del derecho internacional general, de la Carta de las Naciones Unidas (ONU), de las resoluciones que la desarrollan y, especialmente, del derecho internacional humanitario.

El sistema jurídico internacional ha sido impotente para parar no ya las hostilidades iniciadas por Rusia el febrero de 2022, sino la repetición de los ataques indiscriminados a los civiles. Ha habido suficiente tiempo para intentarlo, pero los mediadores han fracasado, las negociaciones entre las dos partes han abortado, las medidas previstas en la Carta para restablecer la paz no se han aplicado, porque -ironía del sistema onusiano- requieren la no-oposición del Estado agresor, si es un miembro permanente del Consejo de Seguridad.

Desde el 8 el octubre de 2023, el Estado de Israel, en respuesta a las incursiones de milicianos armados de Hamás, que provocaron numerosas víctimas civiles israelíes, bombardea encarnizadamente la Franja de Gaza. Las imágenes de las destrucciones causadas en concentraciones urbanas densamente pobladas resultan estremecedoras, son miles los muertos y heridos civiles palestinos.

Tampoco el sistema jurídico internacional ha podido parar a Israel. El precedente de la impunidad de Rusia le tranquiliza para continuar bombardeando. Un caso y el otro de tanta crueldad hacia los civiles obliga a inquirir el porqué de la impotencia de un sistema precisamente edificado para prevenir y detener, si se produjeran, actos de tan manifiesta inhumanidad que repugnan a la conciencia. Para entender esta impotencia, no para excusarla, hay que conocer las limitaciones intrínsecas del derecho internacional.

 

Las limitaciones del derecho

La Federación de Rusia y la República de Ucrania, sucesoras internacionales de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas y de la República Socialista Soviética de Ucrania, se consideran Estados fundadores de la ONU. El Estado de Israel tiene su origen en la Resolución de la Asamblea General de la ONU, 181(II) de 29/11/1947, de partición de Palestina en un Estado judío y un Estado árabe con una Unión Económica y una zona bajo Régimen Internacional Particular (Ciudad de Jerusalén). Un Estado árabe-palestino aún no constituido, entre otras razones, por la sistemática oposición de Israel que conflicto tras conflicto ha ido desmembrando y ocupando partes del territorio que lo tendría que alojar.

El antecedente común de los dos Estados beligerantes, Rusia, el agresor, y Ucrania, la víctima, y la deuda jurídica y política de Israel respecto a la ONU, no han hecho que se sintieran más obligados a respetar la Carta, que, aun así, en la calidad de miembros de la Organización están obligados a cumplir. Al no hacerlo, la primera constatación crítica es que ninguno de los tres Estados tiene el convencimiento de que la Carta los obliga, a pesar de haber dado el consentimiento al adquirir la condición de miembros.

El necesario convencimiento de los Estados, que depende de las circunstancias y los intereses en juego, es una debilidad estructural del derecho internacional público como ordenamiento jurídico de la sociedad internacional contemporánea: universal, heterogénea, fragmentada, poco integrada, pero interdependiente a la fuerza y que cada vez más lo será por la presión de los grandes retos de la Humanidad: el cambio climático, el peligro nuclear civil y militar, la demografía insostenible, los recursos naturales menguantes, las migraciones masivas.

Una interdependencia que no garantiza la cooperación, los Estados pueden optar por el uso de la fuerza, a pesar de estar prohibido, para obtener lo que persiguen. Detenerlos resulta extremadamente difícil, como se comprueba en las crisis bélicas de Rusia-Ucrania y de Israel-Hamás.

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Otra debilidad es la falta de mecanismos de coerción eficaces. En una simplificación para entendernos, el Derecho en la esfera interna en las democracias tiene dos vertientes: el consenso en la elaboración de la norma y la coerción para su cumplimiento, eficazmente asegurada por el Estado. En la esfera internacional hay consenso en la formación de la norma, pero la coerción eficaz es inexistente.

Aunque el diseño de una  coerción sí que figura  en la Carta, en el Capítulo VII, “Acción en caso de amenazas a la paz, de rupturas de la paz y de actos de agresión”. El Consejo de Seguridad puede decidir “qué medidas será necesario tomar” “para mantener o restablecer la paz y la seguridad internacionales”, medidas que pueden llegar a ser más extremas que las sanciones que actualmente un grupo de Estados y la Unión Europea, sin el acuerdo del Consejo de Seguridad, aplica a Rusia por la agresión a Ucrania.

Las medidas de la coerción internacional en el marco de la Carta tienen que ser adoptadas por unanimidad de los miembros permanentes del Consejo de Seguridad (Estados Unidos, Reino Unido, Francia, China y Rusia). Cuando uno de estos Estados es el destinatario de las medidas, el caso de Rusia, o es un Estado aliado o protegido por un miembro permanente, el caso de Israel por parte de los Estados Unidos, entonces los miembros concernidos no votarán a favor de la adopción de las medidas, que no serán aprobadas por la carencia de esta unanimidad específica. Por eso la inoperancia y la paralización actuales del Consejo de Seguridad.

Tanto Rusia como Israel contravienen el artículo 2-4 de la Carta, “los miembros de la Organización se abstendrán, en sus relaciones internacionales, de recurrir a la amenaza o al uso de la fuerza”. Es el principio sobre el que se ha construido todo el sistema relacional y jurídico posterior a 1945 con el propósito de evitar la repetición de las circunstancias y las consecuencias de la II Guerra Mundial, durante la cual el único límite respetado por los beligerantes fue la prohibición de las armas químicas. El resto de las prohibiciones normativas o morales no respetadas hicieron de aquel conflicto el más mortífero e inhumano de la historia de la Humanidad.

La legítima defensa, que en absoluto puede invocar Rusia y que se reconoce a Ucrania y a Israel, está prevista en el artículo 51 de la Carta como un derecho inmanente de los Estados en caso de un ataque armado. Tiene un requisito formal: la comunicación inmediata al Consejo de Seguridad, cosa que no han hecho ni Ucrania ni Israel porque, aunque alegan la legítima defensa, no quieren someterse al control del Consejo, y unos requisitos materiales: la adecuación y la proporcionalidad de los medios empleados en la defensa.

 

La legítima defensa tiene que respetar unos requisitos

Ninguno de los requisitos materiales es respetado por Israel en la defensa. No tan condenable es Ucrania, aunque tampoco encajaría en el artículo 51 la manera como castiga las poblaciones del Donbás, que, tuteladas por Rusia se han autoproclamado repúblicas independientes.

Los requisitos materiales encuentran  concreción en las cuatro Convenciones de Ginebra de 1949 y los Protocolos Adicionales de 1977, instrumentos de aceptación cuasi universal, sobre los límites a respetar en los conflictos armados a fin de no causar más víctimas ni más daños que los estrictamente inevitables para lograr los objetivos militares, preservando los combatientes, los heridos, los prisioneros, el personal sanitario y los civiles de las consecuencias de la guerra, tanto en cuanto a los conflictos internacionales, Rusia y Ucrania, como a los no internacionales, Israel y Hamás, dejando ahora de lado las dudas que plantea la naturaleza de Hamás.

Del conjunto de las Convenciones de Ginebra y de los Protocolos resulta en parte la fundamentación del derecho internacional humanitario, que, según la doctrina (la obra de Manuel Díez de Velasco es un exponente notorio) tiene un principio básico, que inspira todos los otros, y es que las necesidades militares tienen que armonizarse con las consideraciones de humanidad. El derecho de los conflictos armados se basa en dos grandes distinciones duales: objetivos militares y bienes civiles, por un lado, y combatientes y población civil, de otro. Es el principio de discriminación, que se complementa con el principio de proporcionalidad, en virtud del cual estarían prohibidas las acciones militares los daños de las cuales -el número de víctimas de la población civil, la destrucción gratuita de bienes e infraestructuras civiles- excedan claramente la ventaja militar específica que puede obtenerse.

En los Protocolos Adicionales I y II, ratificados por la URSS y la RSS de Ucrania, ni siquiera firmados por Israel, (sintetizándolos) se prohíben los ataques indiscriminados contra poblaciones, bienes civiles, edificios residenciales, hospitales, centros sanitarios, ambulancias, escuelas, lugares de culto; se prohíbe la destrucción de elementos necesarios para la supervivencia de la población: cosechas, silos, rebaños, canalizaciones, depósitos de agua, centrales de energía; se prohíbe el uso de las armas que causan daños superfluos o sufrimientos innecesarios: bombas de fragmentación, minas antipersona, napalm, fósforo; se establece la protección especial de mujeres, niños, personal sanitario civil; se prohíben los desplazamientos forzosos de población civil, los castigos colectivos, la toma de rehenes, los actos de terrorismo, etc.

 

La vulneración del Derecho

Pues bien, los bombardeos artilleros, navales y aéreos de Rusia durante meses y los de Israel desde el 8 de octubre han atacado sistemáticamente, aparte de los objetivos militares, todo lo que está prohibido, hasta el punto de tener la impresión de que se aplicaban con especial ensañamiento a todo aquello que los Protocolos quieren proteger y ahorrar de la afectación y la destrucción. No es necesario detallar las acciones concretas, suficientemente descritas y filmadas por los observadores, los corresponsales de guerra y varias organizaciones internacionales no gubernamentales

Hay una diferencia que agrava insoportablemente, a las víctimas y a la conciencia de humanidad, el bombardeo por Israel de la Franja de Gaza respecto al que perpetra Rusia en Ucrania y es la indefensión total de Gaza ante la aviación y la artillería de Israel, mientras que Ucrania cuenta con sofisticados sistemas de defensa antiaérea, proveídos por los miembros del OTAN y la UE.

También son indefectiblemente condenables las acciones contra Israel de la rama armada de Hamás, calificado como grupo terrorista por algunos Estados y la UE, que no es un movimiento de lucha por la liberación nacional como pretende el presidente de Turquía, Recep Tayyip Erdogan. Encajaría más bien en la categoría de “banda armada” a que hace referencia la Resolución 3314 (XXIX) de 14 de diciembre de 1974 de definición de la agresión. Acciones que han despreciado las Convenciones de Ginebra y los Protocolos Adicionales con asesinatos masivos de civiles, incluidas mujeres y niños, destrucción de viviendas y otros bienes y toma de rehenes en territorio israelí.

 

Dotar de eficacia el Derecho Internacional

Que el derecho sea impotente para prevenir o parar violencias que en el orden jurídico internacional pueden ser calificadas de crímenes de guerra y crímenes contra la humanidad produce una profunda impresión y una justificada inquietud, que no llegan a amortiguar las explicaciones técnicas sobre las limitaciones objetivas que la discrecionalidad de los Estados, basada en un concepto caduco de la soberanía, impone a la eficacia de las normas que los mismos Estados han consensuado.

Principios y normas despreciados y vulnerados, el reconocimiento y la codificación de los cuales ha costado décadas de laboriosas negociaciones, la ineficacia constatada de los cuales en los conflictos armados que devastan Ucrania y Palestina provoca una gran decepción, al hacer retroceder hasta la desesperanza el sentimiento de protección que el respeto del derecho representa para los civiles atrapados en medio de una guerra.

Uno se puede imaginar la desesperación de los civiles ucranianos, palestinos e israelíes que se encuentran bajo las bombas, los misiles, la metralla o ante los cañones de los asesinos.

Por eso, dotar de eficacia el Derecho Internacional es imperativo y tendrá que ser el objetivo ineludible de un nuevo orden internacional para el siglo XXI, si queremos evitar la conversión del mundo en el infierno que anticipa la recurrente inestabilidad del Oriente Próximo y la martirizada Gaza por las bombas y por los despiadados “liberadores” de Hamás.