Castilla y León es, hasta la fecha, la única comunidad autónoma gobernada por la extrema derecha. A punto de cumplirse el año desde el adelanto electoral del 13 de febrero que facilitó, de la mano del Partido Popular, la entrada de Vox en el gobierno autonómico, el balance es que el partido de Santiago Abascal ha pasado del ruido a los hechos. La Comunidad, lastrada por el envejecimiento, la falta de oportunidades laborales y más de tres décadas de gobierno del PP, es hoy menos libre y el retroceso y la pérdida de derechos son evidentes.

La declaración de intenciones de Vox cuando firmó el pacto de gobierno, el 10 de marzo de 2022, fue clara: «inmigración ordenada», una terminología que después no supo explicar el presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco –el gobierno autonómico no tiene competencias en extranjería–, poner en marcha una nueva normativa de memoria histórica, una ley de «violencia intrafamiliar», eliminar el «gasto superfluo»… pero en algunos casos la falta de concreción disimulaba los objetivos reales, los mismos que había hecho públicos antes de que el pacto se materializase.

Así, Vox anunció que se iban a eliminar las subvenciones a sindicatos y patronales, algo que no se metió en el pacto pero que, finalmente, se ha hecho. Pocos meses después de haber formado gobierno, el vicepresidente, Juan García-Gallardo, anunciaba un recorte de 20 millones de euros en subvenciones a los sindicatos. Aludió al compromiso de eliminar el gasto superfluo que sí estaba en el pacto de gobierno. Ese movimiento y otros posteriores dinamitaron el Diálogo Social, joya de la corona en Castilla y León. En este momento, y fruto de ese movimiento que Fernández Mañueco no quiso parar, los sindicatos están en pie de guerra y han iniciado una serie de movilizaciones, sin dejar de lado la vía judicial. El Diálogo Social de Castilla y León no sólo era un modelo de éxito, es que está incluido en el Estatuto de la Comunidad.

En ese objetivo de eliminar gastos superfluos, se incluye a los medios de comunicación, a los que se señala continuamente, llegando en algunos casos a entorpecer su trabajo. Como ejemplo, el veto del Grupo Parlamentario Vox, que se niega a convocar a algunos medios a sus ruedas de prensa, o el del propio presidente de las Cortes, Carlos Pollán (Vox) que quitó las cabinas de prensa que tenían asignados dos medios y no proporciona espacios de trabajo como al resto.

Vox anunció que se iban a eliminar las subvenciones a sindicatos y patronales, algo que no se metió en el pacto pero que, finalmente, se ha hecho.

Vox no considera superfluos los gastos que conllevan el 33% de aumento de asesores y de altos cargos, seis más que en la anterior legislatura. Entre ellos hay amigos personales y familiares de cargos públicos del PP y de Vox. También es llamativo que García-Gallardo cobre un salario de 79.570,96 euros, algo más que Mañueco, a pesar de que no ha querido asumir ninguna consejería y que sus competencias son prácticamente de representación.

Aunque pretendió derogar la Ley Autonómica de Violencia de Género, Vox ha claudicado al conseguir que empiece a tramitarse una Ley de Violencia Intrafamiliar. Desde su llegada a la Junta, se convocan minutos de silencio por las víctimas de violencia de género, pero también por hombres que mueren a manos de su pareja. En Castilla y León ha dejado de iluminarse en violeta el Parlamento autonómico el 25 de noviembre, Día Internacional Contra la Violencia de Género. Su presidente alude a medidas de ahorro energético, las mismas que no llevó a cabo en otros días señalados o en las fiestas navideñas. Los minutos de silencio, cuando se convocan desde las Cortes, aluden a «crimen», «asesinato» o «muerte», pero jamás a violencia de género o violencia machista.

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Es llamativo que García-Gallardo cobre un salario de 79.570,96 euros, algo más que Mañueco, a pesar de que no ha querido asumir ninguna consejería.

 

«Mujeres desalmadas»

Es cierto que, de facto, no se deroga la Ley Autonómica de Violencia de Género, pero se desdibuja. Tanto es así que la Consejería de Empleo, también en manos de Vox, ha eliminado las bonificaciones a empresas que contraten a mujeres víctimas de violencia de género mientras mantiene las dirigidas a quienes empleen a víctimas del terrorismo, por ejemplo. Pero, por si quedase alguna duda de la postura de Vox frente a la violencia de género, basta recordar las palabras de García-Gallardo, que en un Pleno de las Cortes llegó a asegurar que hay «mujeres desalmadas» que utilizan la Ley de Violencia de Género para quedarse con la custodia de los hijos.

El papel que otorga a la mujer García-Gallardo es de «dadora y portadora de vida». Así lo dijo cuando se refería a medidas de conciliación familiar encaminadas a que las mujeres puedan ser madres y reincorporarse a su trabajo, algo que ya existe, y obviando el problema real de trabajo y maternidad: es la mujer quien suele renunciar a su trabajo durante meses o años, o que reduce su jornada porque su sueldo es menor que el del hombre. Pero Vox también niega la brecha salarial.

Los minutos de silencio, cuando se convocan desde las Cortes, aluden a «crimen», «asesinato» o «muerte», pero jamás a violencia de género o violencia machista.

Y en esa concepción de «dadoras de vida» ha seguido Vox y de su mano, el Partido Popular. El pasado 12 de enero en una rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno, el portavoz de la Junta, Carlos Fernández Carriedo (PP) y García-Gallardo, presentaban unas medidas «pro-vida» que, según ambos, daban cumplimiento a uno de los puntos del pacto, el de fomento de la natalidad. Bajo ese paraguas, y aludiendo al «escalofriante» número de abortos voluntarios, García-Gallardo desgranó un nuevo protocolo de atención a mujeres embarazadas, tanto si querían seguir adelante con la gestación como si querían abortar.

 

Escuchar el latido fetal

Obligatoriamente, dijo, los ginecólogos, podían derivarlas a salud mental si entendían que la precisaban. Obligatoriamente también, explicó, se les iba a ofrecer a esas mujeres escuchar el «latido fetal» y ver en una ecografía 4D «los pies, las manos, la cara», del feto. Consideró que el duro trabajo político de Vox merecería la pena «si se salvaba a un solo niño». O lo que es lo mismo, si una mujer renunciaba a abortar. Las medidas fueron, según García-Gallardo, consensuadas con la Consejería de Sanidad. De hecho, de ahí salió la nota de prensa en la que se explicaban obviando las palabras aborto, pro-vida o interrupción. Las medidas, explicó la Junta un día después, se implantarían en cuestión de días, a través de una Instrucción a los médicos.

Casi de inmediato se pronunció la Sociedad Española de Ginecología y Obstetricia. Para empezar, las prestaciones del sistema público de salud a mujeres embarazadas están recogidas en protocolos asistenciales que deben ser acordes a las recomendaciones de las sociedades científicas. La Junta de Castilla y León no contactó en ningún momento con estas. Quizá por eso, las medidas estaban tan mal armadas: las ecografías 4D no forman parte de la sistemática asistencial y no está recomendada la práctica rutinaria ni en protocolos nacionales ni en internacionales.

Lo mismo ocurre con la escucha del latido fetal: en fase embrionaria, esto es, hasta la semana 10 y seis días, se recomienda que el latido se evalúe sólo de manera visual, y las ecografías Doppler, que permiten la escucha, no deben ser utilizadas rutinariamente, al menos hasta la semana 13 y seis días de gestación, pero siempre justificado por indicaciones clínicas, para detectar síndrome de Down o anomalías cardiacas. El uso del Doppler en el primer trimestre puede derivar en efectos térmicos o mecánicos indeseables sobre el embrión.

Que el vicepresidente es antiaborto está fuera de toda duda. Prácticamente recién llegado al Gobierno cargó en un Pleno contra «la izquierda», a la que tildó de enemiga de la discapacidad, favorable a las «leyes de la muerte». Según él, los socialistas «invitan a los padres a triturar en el vientre de las madres a quienes tienen discapacidad».

La jugada de Vox no ha salido todo lo mal que cabría esperar, porque el discurso ha calado: no pasa nada por ofrecer escuchar el latido del feto a una mujer que quiere abortar, argumentan, porque puede rechazarlo.

 

Piruetas en los discursos

Días después de presentar esas medidas, y de reafirmarse la Junta en ellas, el Gobierno de Pedro Sánchez pidió explicaciones y exigió que se abstuviese de aprobar o aplicar medida alguna que vulnere la normativa del aborto o tomaría acciones legales. Después de varias piruetas en sus discursos, la Junta ha asegurado que no hay cambios en el protocolo, que sólo son «medidas de mejora en las prestaciones», pero tampoco desautoriza a García-Gallardo ni dice cuándo se ponen en marcha esas medidas. Pero, aunque la Junta tire a la papelera el plan antiaborto de su vicepresidente, su discurso ya está en la agenda. La jugada de Vox no ha salido todo lo mal que cabría esperar, porque el discurso ha calado: no pasa nada por ofrecer escuchar el latido del feto a una mujer que quiere abortar, argumentan, porque puede rechazarlo.

Que el Gobierno de España se haya impuesto a una autonomía es ganar una primera batalla, pero vendrán más y se ampararán en la conflictividad social, poniendo en tela de juicio el papel de los sindicatos, de los medios de comunicación, de la existencia de una violencia machista que no cesa, o de la igualdad de la mujer. Lo dijo Santiago Abascal: «Castilla y León es nuestro piso piloto». Expuesto está. Esto puede pasar en otras Comunidades Autónomas, esto puede pasar en toda España.