En un país que ha pasado de 41,1 a 47,3 millones de habitantes en este siglo XXI, si hay una cuestión que ha suscitado interés mediático, social y político en los últimos años es lo que se ha denominado el reto demográfico y su impacto en el territorio. Y ello no porque los procesos sean recientes o poco conocidos, puesto que el éxodo rural y la concentración urbana son tendencias de hace más de medio siglo, sino porque se ha producido una coincidencia en la intensificación de las tendencias demográficas, el interés de los medios de comunicación y de la cultura, y su incorporación a la agenda política.

Esta confluencia de intereses también provoca la mezcla de conceptos e interpretaciones interesadas acerca de las tendencias demográficas y espaciales. Discusiones muchas veces acerca de la denominación (¿España vacía? ¿España vaciada? ¿Laponia del sur?), y no tantas sobre las causas y consecuencias de la falta de cohesión territorial.

Si el despoblamiento rural y la concentración en las ciudades son procesos que se han venido desarrollando durante más de medio siglo, actualmente convergen cuatro características y tendencias que explican la relevancia del reto demográfico.

La mayor parte del interior peninsular, allí donde se difumina la atracción de población y actividades del área metropolitana madrileña y no hay una influencia directa de las áreas urbanas costeras, acumula los principales desafíos demográficos, dando lugar a la imagen más característica de lo que se ha venido en denominar la España vacía o vaciada: un territorio mayoritariamente rural, poco poblado, de pequeños núcleos que siguen perdiendo población, masculinizados y envejecidos, junto a pequeñas capitales y ciudades en declive.

Así, en primer lugar, al hablar de la distribución de la población en España, destaca la diferencia en la densidad demográfica entre zonas urbanas y rurales. La densidad media, 93 habitantes por kilómetro cuadrado, representa una realidad territorial casi inexistente, puesto que en nuestro modelo de poblamiento encontramos áreas de altísima densidad en el corazón de nuestras ciudades, junto a un territorio rural prácticamente vacío, en el que las densidades se sitúan dentro del concepto de territorios despoblados.

En los últimos años, la Unión Europea ha establecido 12,5 y 8 habitantes/km² como umbrales que definen las zonas de baja y muy baja población. Pues bien, en España (2021) ya hay 3.926 municipios con una densidad inferior a los 12,5 habitantes/km², que se extienden por 243.000 km²; el 48 % de los municipios y de la superficie del país. Dicho de otra forma, la mitad de nuestro territorio se caracteriza por su escasa población. En los casos de Soria, Teruel y Cuenca, el conjunto de la provincia se sitúa por debajo de 12,5 habitantes/km², lo que da lugar a una consideración especial por parte de la Unión Europea.

La UE ha establecido entre 12,5 y 8 habitantes/km² las zonas de baja y muy baja población. En España (2021) ya hay 3.926 municipios en ese umbral.

A esa imagen de escasa población del interior contribuye, en segundo lugar, el pequeño tamaño de los municipios. De los 8.131 municipios existentes en España, más de 6.800 tienen menos de 5.000 habitantes. Pero es más llamativo que casi 5.000 no llegan siquiera a los 1.000 habitantes, e incluso 1.379 no superan los 100 habitantes. Esta es la imagen del reto demográfico en España: un 84 % de municipios que agrupan apenas el 12 % de la población, mientras 123 municipios, el 1,5 %, concentran la mitad de los habitantes del país.

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La percepción de una España interior prácticamente despoblada se ha acentuado por el tercero de los procesos: la pérdida de población de la mayor parte de los núcleos de la España interior. Una despoblación que se produce a lo largo de más de medio siglo, pero se acelera en la última década, por un saldo natural más negativo y la reducción de los flujos migratorios.

La intensidad de la despoblación se puede apreciar a todas las escalas, pero es a nivel municipal donde mejor se percibe su extensión e intensidad. Solo en la última década, 6.245 municipios pierden población. Es decir, 3 de cada 4 municipios en España han reducido su población en este periodo. La despoblación afecta, sobre todo, a los pequeños municipios. 8 de cada 10 municipios menores de 5.000 habitantes pierden habitantes esta década, y el porcentaje se acerca al 90 % en el caso de los menores de 1.000 habitantes.

Sin embargo, la característica de la despoblación más relevante de la última década es que ya no puede definirse solo como rural, pues las pérdidas se extienden a las áreas urbanas. Entre 2011 y 2020, la mitad de las capitales de provincia pierden población, hecho inédito incluso en las décadas de mayor despoblación, como los años 60 y 70 del siglo pasado.

El agotamiento del flujo intraprovincial campo-ciudad que había alimentado las ciudades y centros comarcales, la mayor competencia de las áreas metropolitanas para la población joven cualificada, y la escasa atracción de flujos migratorios internacionales, han hecho que las estructuras demográficas de las ciudades del interior colapsen, dificultándose la capacidad endógena de estas provincias para revertir la dinámica demográfica. Así ocurre, por ejemplo, en Castilla y León, donde todas sus ciudades están perdiendo población.

 

Envejecimiento

El cuarto rasgo, condicionado por esta dinámica y por el cambio demográfico en las sociedades modernas, es el envejecimiento. El aumento de la longevidad —matizado por la pandemia de covid-19— es un éxito de nuestro estado social. Pero en las áreas rurales y en despoblación, la concentración de población mayor, junto a la práctica ausencia de jóvenes, representa un desafío demográfico de presente para la prestación de servicios sanitarios y asistenciales en un medio cada vez más despoblado, y de futuro, para garantizar un reemplazo generacional económico y social.

Entre 2011 y 2020, la mitad de las capitales de provincia pierden población, hecho inédito incluso en los años 60 y 70 del pasado siglo.

Si ya más de una cuarta parte de la población de los pequeños municipios supera los 65 años, las proyecciones demográficas nos advierten de que pronto este porcentaje será superior al 33 %: una de cada tres personas superarán la edad de referencia, creciendo más rápidamente la población mayor de 80 años, la más dependiente.

La imagen de una España interior, despoblada y envejecida es, sin duda, la que expresa la importancia que ha alcanzado el reto demográfico como uno de los desafíos más significativos en nuestro país, exigiendo respuestas urgentes. Sin embargo, la demografía no es una variable que pueda analizarse de forma separada respecto de otras, como el modelo socioeconómico, las opciones políticas o los marcos culturales dominantes. Es una variable dependiente, consecuencia de las anteriores.

Permanecer en el medio rural aún se identifica con fracaso personal y profesional por la población femenina y joven.

En particular, en España hay tres procesos que explican nuestro modelo demográfico. Primero, los efectos de un modelo económico que, desde mediados del siglo pasado, se basó en la concentración urbana de actividades (industria y servicios), población e inversiones. Nuestro éxodo rural fue más intenso y más lejano, a las capitales o las zonas más industrializadas, dando como resultado un fuerte crecimiento económico en el país y la convergencia con los países del entorno, a costa de la cohesión territorial, y especialmente de la brecha urbana-rural.

 

Marco cultural

Segundo, un marco cultural que reforzó este proceso y que aún explica la salida de población femenina y joven, ante la falta de expectativas laborales, pero también por la percepción de que permanecer en el medio rural aún se identifica con fracaso personal y profesional. Y, en tercer lugar, la falta de una política territorial orientada a un crecimiento más cohesionado para corregir las desigualdades y favorecer el desarrollo de los espacios rurales. Con escasas excepciones, la ordenación del territorio ha sido una de las asignaturas pendientes del modelo autonómico, y explica la exigua estructura económica de los pequeños municipios, y las dificultades que atraviesan los centros comarcales, núcleos clave para garantizar la igualdad de derechos en el territorio.

El panorama descrito explica la relevancia adquirida por el reto demográfico, así como la movilización política que se ha extendido por estas provincias de interior, que puede acabar pareciéndose a «la venganza de los lugares que no importan». Conviene plantear cuáles pueden ser las tendencias de estas áreas en el corto y medio plazo. Y, en este sentido, las proyecciones de población son muy negativas en algunas de las provincias más afectadas por el reto demográfico. Pérdidas que, en provincias como Zamora, León, Palencia, Cáceres u Ourense, pueden superar el 10 % hasta 2035, intensificándose la despoblación y el envejecimiento.

Con escasas excepciones, la ordenación del territorio ha sido una de las asignaturas pendientes del modelo autonómico.

Sin embargo, la incorporación de la cohesión territorial como prioridad de la acción política, a escala nacional y autonómica, con numerosos planes y estrategias frente al reto demográfico, puede traer un cambio, si no generalizado, sí localizado en favor de áreas o núcleos con mayores potencialidades. Además, la pandemia ha supuesto un cambio en numerosos aspectos, y también en lo referente al asentamiento de población. Ha mostrado los problemas de las ciudades en cuestiones como calidad de la vivienda, salud ambiental o desigualdades de renta, a la vez que ha evidenciado las oportunidades del medio rural, vinculadas a la digitalización y la extensión del teletrabajo, así como a la importancia de los valores ambientales y sociales en una comunidad local.

 

Un reto democrático

Los datos de población de 2020 y 2021 muestran el retroceso de los grandes núcleos urbanos, a la vez que el crecimiento de muchos municipios rurales, principalmente cerca de las ciudades, pero también en otros espacios, como las áreas de montaña. No puede entenderse lo coyuntural como algo necesariamente estructural, pero los análisis preliminares muestran qué acciones pueden ser relevantes para el futuro de los espacios rurales: servicios básicos, conectividad digital, facilidad para el teletrabajo, disponibilidad de vivienda y relativa proximidad a los espacios urbanos.

Tenemos una imagen que puede reflejar un cambio de tendencia demográfica en nuestro país, pero también será preciso identificar y poner en marcha políticas que aseguren, en zonas y ciudades que queden fuera de esta dinámica, una adecuada prestación de servicios, una garantía de igualdad de derechos, y un marco para la generación de nuevas oportunidades.

De lo contrario, no solo será difícil revertir la tendencia demográfica, sino, sobre todo, transformar el marco social y político actual de la revuelta de la España interior. Todo un reto, no solo demográfico, sino también democrático.