A un año y pico del final de la legislatura es pertinente dilucidar en qué punto se encuentra el proyecto político del gobierno de coalición presidido por Pedro Sánchez. No es fácil hacer este ejercicio con ecuanimidad a la vista del revuelo generado tras la mayoría absoluta del Partido Popular en las elecciones andaluzas, cuando muchas voces interpretan que estamos ante el fracaso irreversible del proyecto liderado por Sánchez y el inicio de un nuevo ciclo político que volverá a situar a los conservadores en La Moncloa.

No obstante, antes de darlo por finiquitado, sería deseable una cierta contención y adoptar una perspectiva más serena para evaluar la trayectoria y los resultados del Gobierno Sánchez.

Para empezar, hay que reconocer que no ha sido una trayectoria rectilínea, al verse alterados los propósitos iniciales del Gobierno por la sucesión de dos grandes acontecimientos imprevistos y de graves consecuencias. La pandemia del Covid-19, primero, y la guerra en Ucrania, más tarde, han obligado a una gobernación excepcional para hacer frente a unas emergencias de gran complejidad.

La lucha contra la pandemia y sus efectos económicos y sociales presenta un balance positivo, especialmente con los éxitos de la vacunación y de los ERTO para preservar el máximo de puestos de trabajo. Un éxito compartido con las comunidades autónomas que se han corresponsabilizado del esfuerzo realizado y también con los agentes sociales que han posibilitado los acuerdos necesarios.

Afrontar la recuperación económica después del shock brutal de la pandemia ha supuesto un impulso a la cohesión europea, concretado sobretodo en los Fondos Next Generation, con un protagonismo relevante del presidente Sánchez, recuperando una presencia en la Unión muy disminuida en los últimos años. Huelga decir que la respuesta a la agresión de Rusia a Ucrania ha reforzado aún más esta dimensión europea de la política española, con urgencias angustiosas provocadas por un deterioro económico caracterizado por el impacto social de una inflación desatada. En este sentido, haber logrado la excepción ibérica en el mercado gasístico constituye otra baza que se puede apuntar el Gobierno.

Puede afirmarse asimismo que estas emergencias han reforzado la prioridad social inscrita en el ADN del acuerdo de legislatura, con medidas como los aumentos del salario mínimo, el Ingreso Mínimo Vital, la reforma laboral o la garantía del poder adquisitivo de las pensiones. Tampoco pueden dejar de valorarse los avances relativos a nuevos derechos, con la muy relevante ley que regula la eutanasia, y a la protección frente a la violencia de género, entre otras. En el ámbito más estrictamente político, los indultos a los dirigentes independentistas han logrado desinflamar la efervescencia soberanista en Cataluña, de manera que hoy no se contempla la repetición de una situación tan crítica como la del otoño de 2017.

Sin embargo, todo balance presenta unos pasivos que no pueden obviarse. No por previsible, la trayectoria de un gobierno de coalición formado por dos fuerzas con culturas políticas muy distintas ha sufrido altibajos, con algunos momentos incluso tormentosos, que no han impedido hacer avanzar la agenda política, pero la exposición pública de las desavenencias ha comportado unos costes nada despreciables. Y todavía más problemática resulta la imagen de la mayoría parlamentaria plural, de muy difícil gestión y que ha contribuido al clima de crispación que impregna la legislatura. Aparte de los problemas inherentes al diseño inicial del gobierno de coalición y de la mayoría parlamentaria que lo apoya, el Ejecutivo también ha cometido una serie de errores que le han perjudiciado. Ejemplos recientes son el giro repentino y mal explicado de la posición española sobre el Sahara Occidental o la gestión chapucera del caso Pegasus.

Ahora, en el cambio de rasante de la legislatura domina un clima político y mediático hostil al presidente Sánchez y a su gobierno. Se sigue cuestionando su legitimidad, se le tilda de iliberal y se personalizan todos los males en el «sanchismo». Con un Partido Popular que, una vez eliminado Casado y con el viento demoscópio favorable, se presenta como una alternativa moderada, mientras boicotea toda posibilidad de acuerdos para renovar los órganos institucionales del Estado. Y con una perspectiva más que incierta sobre el futuro económico, condicionado por la cronificación de la guerra en Ucrania.

No parece que Pedro Sánchez sea de los que tiran la toalla frente a las dificultades. Su capacidad de resistencia está más que demostrada, pero si resistir es una condición necesaria, no puede ser suficiente para invertir los vientos en contra y acabar la legislatura con un balance favorable que le permita presentarse a las elecciones con posibilidades de victoria. Tendrá que reactivar enérgicamente la acción de gobierno y adoptar algunas decisiones de impacto. Necesitará reactivar a un Partido Socialista de perfil demasiado plano y, al mismo tiempo, esperar a que cuaje el proyecto de Yolanda Díaz para recentrar y dar un nuevo impulso al espacio más a la izquierda. Y todavía más, tendrá que ser capaz de presentar un proyecto renovado que acierte a encontrar un mínimo común denominador positivo de la actual mayoría parlamentaria, más allá de la vía muerta que representa la apelación al miedo a la extrema derecha. Las discrepancias sobre cuestiones mayores referidas a la política de defensa y seguridad y a la orientación de la política económica no lo harán nada fácil.

En definitiva, Pedro Sánchez tiene que afrontar el reto mayúsculo de recuperar la confianza mayoritaria de la ciudadanía. Si es capaz de hacer aprobar unos presupuestos para 2023 que den respuesta a los temores e incertidumbres del momento habrá dado un primer paso para ganar la cuestión de confianza ciudadana.