UNA MIRADA LARGA SOBRE EL ‘PROCÉS’

Hace unos meses tomó posesión un nuevo presidente de la Generalitat. Como es habitual, se le impuso la medalla del titular del cargo, que se transmite desde la presidencia de Francesc Macià. Desgraciadamente, solo la medalla recordaba anteriores ceremonias y, en especial, la del 24 de octubre de 1977, cuando tomó posesión Josep Tarradellas al volver de su exilio en Saint-Martin-le Beau.

¿Qué ha pasado? La pérdida de prestigio alcanzada ha exigido un esfuerzo titánico si se piensa en aquel punto de partida que acumulaba el capital cosechado durante el exilio y que había afluido en unas negociaciones exitosas que culminarían con el retorno a Cataluña de sus instituciones nacionales. Por el balcón se han ido lanzando estúpidamente todos los muebles, sin que nadie se preocupara de su sustitución.

Más allá de la medalla, solo queda el recuerdo de batallas perdidas, de corrupción generalizada y de la más colosal de las imprudencias. Con la absoluta indiferencia del personal, los políticos se han esforzado en enquistar un fenómeno que no ha llevado a nada y que, entre medias, ha amontonado las víctimas de la negligencia con la que se ha actuado, impidiendo cualquier salida digna de la confusión.

La incansable fidelidad de una parte de los ciudadanos a los culpables del desbarajuste debe sorprender muy poco porque «nulla res multitudinem efficacius regit quam superstitio» («no hay nada como la superstición para gobernar a la multitud») y es entonces cuando «rursus ad spem et fiduciam erexere torpentes» («de nuevo se alzan la esperanza y la confianza perdidas») (Historia de Alejandro el Grande. Quinto Curcio Rufo, VI, X). Comentando el texto, Jordi Llovet ha recordado que ya Baruch Spinoza había señalado que «la tozudez es la constancia de la gente común» y que «no es en absoluto la razón lo que dicta sus elogios y sus desprecios, sino el arrebato de la pasión».

Bien mirado, las cosas que pasan aquí son un caso particular de un fenómeno general. Para Spinoza, la comprensión de una idea suele ser el primer elemento de su aceptación. «Desde su punto de vista, la representación mental de las ideas abstractas es similar a la representación mental de los objetos físicos: la gente cree en las ideas que comprende de forma inmediata y automática, como cree en la representación mental de los objetos que tiene delante» (D.T. Gilbert). Pero su aceptación o su rechazo no son dos decisiones equivalentes que se desprenden del afán de comprender una idea, al contrario: rechazarla exige un esfuerzo más grande que aceptarla. Esta formulación de Spinoza es fundamental para entender la formación de lo que son las creencias humanas.

¿Qué ha pasado? Por el balcón se han ido lanzando estúpidamente todos los muebles, sin que nadie se preocupara de su sustitución.

La gente suele resignarse a seguir aparentemente los vientos que soplan, preservando el sentido común para los asuntos de la vida cotidiana. No obstante, hay que confiar en que algún día se recupere el buen sentido en el momento de votar. Creo que era Bertrand Russell quien explicaba que una propaganda obsesiva e inagotable muestra aspectos curiosos. Por ejemplo, si desde el poder los medios de comunicación insisten de forma incesante en que un buen té solo se obtiene enfriando los ingredientes en la nevera, es muy posible que la gente sometida al insistente martilleo de este disparate acabe repitiendo sin dudarlo que un buen té se prepara en la nevera; pero, en cambio, es igualmente cierto que esos mismos ciudadanos, cuando lo preparen en su casa, no dudarán en encender los fogones y calentar el agua para verterla sobre las hojas pertinentes.

Nada ha sido espontáneo. Los hechos se han incubado a fuego lento y persistente, y la parálisis ante los problemas responde a una sedimentación acumulada por la naturaleza misma de un punto de partida discutible, de lógica más bien dudosa. Una orientación equivocada suele producir unos resultados que no son fáciles de corregir, pese a la buena fe de algunos para actuar de la manera más sensata posible: tenemos el ejemplo de aquellos a quienes se les encomendó gobernar la Generalitat entre 2003 y 2010. Los efectos ineludibles del tipo de interés compuesto actúan implacablemente. Ciertos hechos sin ninguna importancia inicial aparente se elevan sin control hacia una dimensión inesperada. Suele repetirse que Albert Einstein calificó el tipo de interés compuesto como la octava maravilla del universo.

Puede haber en esta historia otros elementos que la hayan marcado, como la corrupción o el embaucamiento. Pese a tener efectos perversos, no creo que haya que detenerse demasiado en estos excesos. Posiblemente no ha sido el único caso en la historia, y espero que no seamos todavía una excepción por sus posibles abusos. Creo, en cambio, que hay que subrayar los que pueden haber sido los efectos acumulativos de una elección que ha convertido un error inicial de orientación general de las instituciones y de las actuaciones que contemplaba el Estatut de 1979 en un encadenamiento de políticas que han desembocado en un embrollo que no parece tener fácil salida. Nos hemos alejado de lo que posiblemente eran los auténticos problemas y la gente se ha esforzado en la incapacidad para captarlos.

 

El poso de la historia

Es cierto que Cataluña no ha dejado de tener problemas dentro de España, y de esto existe una tradición secular; por su parte, España tampoco ha conseguido desprenderse de este problema de una forma razonable.

La construcción del Estado nación español ha pretendido imponer una uniformidad y ha favorecido una centralización política y administrativa en torno a la capital.

Desde mediados del siglo XVII, con el final de la guerra de los Segadores, Cataluña emprendió un camino que la incorporaría al desarrollo que se iniciaba en algunos países de Europa. Volvía la vitalidad que había mostrado Barcelona en la expansión comercial en el Mediterráneo del siglo XIII. Se supo aprovechar la flexibilidad que otorgó a las explotaciones agrarias la Sentencia Arbitral de Guadalupe, dictada en 1486 por Fernando II, y la ocasión deparada por las guerras entre Francia, por un lado, y Holanda y Gran Bretaña, por el otro, para dirigirse al Atlántico y ofrecer un producto de su oferta interior: el aguardiente. Producto imprescindible para la navegación, sus exportaciones acabarían llegando hasta el Báltico y América; en paralelo a este comercio, se extendió el tratamiento de los tejidos de lino y algodón para la confección de las indianas. Barcelona, hacia 1735, se convirtió en un importante centro de producción en la elaboración de las indianas dirigidas al mercado peninsular y a las colonias americanas.

Por ello, el siglo XVII constituye una referencia inevitable por haber impartido una lección permanente de cómo captar un mercado y asimilar las condiciones de expansión de la economía y la sociedad contemporáneas. Una lección aprendida por la atención que merecían los cambios que se habían iniciado en Inglaterra y los Países Bajos, con los cuales se habían tejido relaciones comerciales. La inclinación hacia el Archiduque Carlos III —aparte de otras consideraciones de orden más político— había de responder a esta identificación.

El desenlace de 1714 obligó a replantear ciertos aspectos del pasado. Los hechos que se produjeron (primero la impresión de las indianas; después la hilatura, una vez que se prescindió de las importaciones de hilo de Malta, y la importación de algodón americano y, en particular, la aparición de «tiendas», talleres y fábricas) prepararon al país para asimilar, como ningún otro territorio peninsular, la primera Revolución Industrial a mediados del siglo XIX, una revolución basada en el despliegue de la industria textil y en la posterior expansión del ferrocarril.

Este es, en síntesis, un camino de adaptación inteligente —tras el resultado de 1714— para proseguir la orientación que configuraría la Europa moderna, económica y civilmente. Cataluña construía una industria dominante que liberaba el potencial de crecimiento de la productividad, incorporando cambios técnicos en máquinas que convertían o transmitían energía e introducían un nuevo sistema de comunicaciones que expandía el mercado. Los hechos ponen de manifiesto el extraordinario papel jugado por la ciudad de Barcelona, que triplicó su número de habitantes durante el siglo XVIII, dentro de la reducida muralla que le impusieron las condiciones de 1714.

Estos hechos presionaron a Cataluña en una cierta dirección, y estas presiones forzaron comportamientos activos de toma de decisiones que habían de afectar al futuro nacional, con una opción clara y ambiciosa de integrarse en el mundo tal como se entendía en el centro de Europa, donde los catalanes se hallaban insertados por exigencias comerciales. Atento observador de la sociedad en la que le tocó vivir, Antoni de Capmany sintetizaba: «Los catalanes son industriosos por espíritu de imitación, reunidos en pueblo, en comunidad nacional.»

Cataluña consiguió incorporarse a las sucesivas fases de la Revolución Industrial. Empezó en la industria textil para incorporar, seguidamente, el ferrocarril que acompañó a la metalurgia moderna. Después, la segunda fase fue la del dominio de la electricidad, de la explotación del motor de combustión interna —cuya aplicación originará la industria del automóvil— y de un mayor desarrollo de la química. Finalmente, desde la década de los 90 del siglo pasado, las nuevas técnicas de la información, las comunicaciones y la biotecnología han transformado los sectores productivos y han mejorado la productividad en el conjunto de los sistemas de producción.

Cada una de estas fases ha tenido una significación económica, más allá de la meramente técnica. Inicialmente, los capitales necesarios para la actividad que se desarrolla en Cataluña tienen un origen interior: se trataba de capitales catalanes, incluidos los empleados en los ferrocarriles, que en España eran financiados a través de grupos financieros centroeuropeos. Naturalmente, tampoco Cataluña había de quedar al margen de los movimientos financieros, con sus correspondientes secuelas de carácter especulativo.

 

El rector de la Universidad de Barcelona, Josep Maria Bricall, en septiembre de 1985. Fotografía de Efe.

El rector de la Universidad de Barcelona, Josep Maria Bricall, en septiembre de 1985. Fotografía de Efe.

 

Diversificación y dificultades

Las circunstancias no fueron las mismas en el siglo XX. Ni los sistemas de circulación de los flujos financieros fueron solo de carácter interno ni los capitales catalanes pudieron abarcar este despliegue. Así, la industria eléctrica ya fue obra de capital foráneo y, durante la Primera Guerra Mundial, muchos bancos extranjeros vinieron aquí aprovechando la euforia del momento y abandonaron Barcelona al final de la guerra, siendo sustituidos progresivamente por la banca española. El país siguió el proceso general de diversificación industrial que se producía en todas partes con la pérdida de peso del textil y la consolidación de una industria metalúrgica y química, hasta una incipiente e interesante aplicación del motor de combustión interna en las nuevas fábricas de automóviles, de lo cual la Hispano Suiza constituye un ejemplo principal, así como los motores de aviación con la Elizalde.

Este desarrollo había de encontrar dificultades, algunas lo bastante importantes como para provocar interrupciones en el proceso de acumulación y crecimiento. A veces, por las crisis económicas globales, que le afectarían más cuando la economía española se insertó en la economía internacional (como a finales de los años 60 del siglo pasado, o a partir de 2008). En otros casos, a causa de circunstancias políticas (sobre todo la Guerra Civil, la autarquía impuesta en los años posteriores —así desaparecieron de Cataluña Elizalde o Hispano Suiza— o los avatares producidos por la política catalana de estos últimos años), pero también por las limitaciones de la capacidad adquisitiva del mercado español, destinatario principal de la producción catalana, y por las turbulencias que siguieron a la progresiva y larga adaptación a las condiciones de los mercados internacionales, que no siempre fueron acompañados de una política económica lo bastante afinada.

Se propiciaron reestructuraciones a las cuales les faltó el apoyo o la estabilidad de la política económica que, en cincuenta años, daría sacudidas dogmáticas desde una aislada autarquía hasta una ingenua docilidad pera prescindir de una política industrial y atender únicamente a las imposiciones del mercado internacional, poniendo fin al despertar de una industria, que había nacido en los años 70 del siglo pasado, de nueva electrónica y de nuevos tipos de consumo duradero.

De base tradicionalmente industrial, en la economía catalana han cobrado importancia los servicios, en especial el turismo. Por lo que respecta a los demás servicios, su desarrollo se ha visto limitado por la centralización española en torno a su capital y por una política poco cuidadosa —por decirlo de forma amable— de la Administración catalana en relación con la tradicional e importante red de cajas de ahorro.

Los cambios en el conjunto de la economía corresponden también a un cambio de las burguesías. El sistema de producción y la acumulación del capital del capitalismo han situado de forma diversa a los grupos sociales, ha incubado la desigualdad y ha impuesto nuevas exigencias a los grupos dirigentes por su importancia en las decisiones de inversión tanto por lo que se refiere a las condiciones técnicas de la realización y producción del valor añadido como a las necesidades de financiación del proceso. En una entrevista que dio Joan Robinson en los últimos años de su vida, afirmó que en caso de volver a nacer le gustaría dedicarse a descubrir cómo había sido posible que el grupo dirigente del establishment en Inglaterra mostrara una curiosa continuidad e identidad desde la época de Alfredo el Grande. No ha sido este el caso general en los grandes países de la Europa continental. Tampoco en Cataluña, si se piensa en el salto existente entre lo que fue la burguesía antes de la Guerra Civil, representada políticamente por la Lliga Regionalista, y lo que han sido los burgueses de la posguerra y algunos de sus líderes conspicuos, no todos ellos al abrigo de Banca Catalana o del primer Òmnium Cultural.

Esta evolución ha sido posible gracias a una constante renovación, por sustitución o por agregación, de las prácticas y de las instituciones, con las forzosas e inevitables rupturas. Es difícil calificar o entender fenómenos inesperados e incluso contradictorios si se ignora el incesante movimiento de los diferentes aspectos de la vida social y cultural, aunque no todos los elementos han seguido el mismo ritmo y la misma intensidad de transformación. Sin querer presentar una imagen engañosa, algunos posos precipitados en el devenir de la historia invitan a ser considerados como conformadores de la personalidad de una sociedad. Aunque podría inducir a error tomarlos por inmutables, al margen del proceso de sedimentación de una agitación continua.

Consideremos, por ejemplo, un elemento tan evidente e inmaterial como la lengua, celosamente conservada, que ha contribuido poderosamente a fijar el patrimonio cultural de nuestra sociedad, pese a que por razones políticas su aprendizaje ha sido proscrito hasta muy recientemente. Pero incluso la lengua parece concordar con lo que acaba de formularse. Lengua oficial y de cultura durante la Edad Media, orgullosa por el papel que ejerció en la revolución comercial del Mediterráneo, fue menospreciada en la vida social catalana sin grandes aspavientos durante el largo y significativo siglo XVIII, hasta desaparecer prácticamente —no solo por represión— con el riesgo de volverse dialectal por la pérdida de su carácter literario.

Se puede caer en la tentación de generar un dualismo peligroso entre un país hecho y no reconocido, y un país que se pretende hacer y reconocido antes de existir.

El surgimiento del estado nación, que en todas partes se sirvió de una lengua oficial como elemento de configuración de esta nueva forma política, podía haber barrido el catalán, como sucedió con las lenguas de algunas grandes ciudades europeas como Marsella o Bruselas. Aunque el Estado nación del que formaba parte Catalunya bien que lo intentó, se acabó imponiendo la fuerza que se desprendía del momento económico y social que vivía el país, dirigido por Barcelona. La pervivencia de su uso cotidiano empujó a las clases profesionales y cultas a imponerla espontáneamente, exigiendo su normalización y la recuperación de su carácter cultural. El respeto y el prestigio alcanzados por esta sociedad —y, por tanto, por su lengua— ayuda a explicar la continuidad de su uso pese a la fuerte inmigración que Cataluña recibió de otras partes de España. También contribuiría al salvamento de una lengua común en Valencia y las Islas Baleares, a pesar de haber sido proscrita hasta recientemente del sistema oficial de enseñanza.

 

Intervenciones reactivas

El surgimiento en Europa de esta modalidad de organización política —el estado nación— acentuó en Cataluña la pérdida del control del poder político que, a partir de entonces, cobraría más importancia a causa del declive de las facultades de la nobleza y de la reducción de la administración eclesiástica. La actuación política de los catalanes —no siempre acomodaticia ni resignada— había de discurrir en torno a la administración central española.

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Esta actuación ha tenido, a veces, un carácter defensivo frente a la situación social y política que ponía en duda determinadas iniciativas o la consolidación de los procesos económicos y sociales —como es el caso de referencia del proteccionismo— y en estados de emergencia social. No siempre la actuación ha favorecido del mismo modo al conjunto de los ciudadanos, sino que ha privilegiado a unos grupos sociales en detrimento de otros: eso ha formado parte de la lógica de la historia. También la administración del Estado ha requerido la valiosa contribución de una cantidad nada despreciable de profesionales catalanes en sus tareas de encauzamiento y organización. Pero estas intervenciones reactivas no han bastado.

La acción del estado nación ha conformado unas referencias comunes, también sociales y políticas, potenciadas por el contorno de las fronteras. Las prescripciones de orden político y el alcance de la política económica —indiscutiblemente extendida a la totalidad territorial del estado nación— han constreñido a los países y territorios que lo integran. Aunque apoyados a menudo en mitos, estos hechos han segregado el equivalente a una cohesión territorial que no puede menospreciarse, porque esta función integradora ha resistido las consecuencias de la movilidad y de la intercomunicación demográfica o de la globalización económica, y se ha impuesto a los ciudadanos de un territorio, pese a la frecuencia de cambios de residencia, de movilidad familiar o de la adopción legal de la nacionalidad.

La energía de Barcelona ha distinguido al catalanismo como movimiento político nacional de otros movimientos supuestamente parecidos.

De este modo, la administración pública «ha procurado proteger su tecnología, garantizar el suministro para satisfacer el consumo necesario y proveer de materias primas, insertándose en un conjunto de estados con los que comerciar más y de cuyos miembros más poderosos recibir ayuda», en palabras de J. Redwood, el pasado mes de agosto, en el Financial Times. Su persistencia quizá configura de un modo más pronunciado que las características identitarias que en el pasado caracterizaban a los ciudadanos del estado nación correspondiente.

No obstante, los territorios —integrados en el estado nación correspondiente— no han tenido el mismo desarrollo ni han expresado las mismas necesidades a causa de esta diversidad, y tampoco los gobiernos han sabido o han querido trazar la respuesta adecuada de forma satisfactoria.

La historia de Cataluña ha mostrado que no siempre los problemas que ha provocado su desarrollo han encontrado la solución adecuada en España, y aquí es donde creo que radica la cuestión, y también la de España. La inadecuación entre las necesidades de la economía y los instrumentos políticos que hacían falta ha resultado evidente: Josep Fontana hizo notar, por ejemplo, que en el Parlamento español no figuró entre 1837 y 1854 ninguna referencia a la industria. Fue sin la ayuda pública de la administración del Estado cómo la sociedad catalana tuvo que ocuparse incluso de la puesta en marcha y la consiguiente financiación de las enseñanzas técnicas, uno de los recursos más elementales para asegurar una base de continuidad económica. Es más: con frecuencia estas demandas o su mismo despliegue se contemplaron con recelo.

La construcción del Estado nación español ha pretendido imponer una uniformidad y ha favorecido una centralización política y administrativa en torno a la capital para compensar, precisamente, su incapacidad a la hora de configurar territorialmente —con independencia de la forma de estado que se haya adoptado (centralizado, federal, confederal, etc.)— lo que en otros lugares se había establecido antes que nada. Por parte catalana, esta incomodidad y la consiguiente frustración emotiva ha llevado a períodos alternativos de excepcionalidad exultante y de victimización; este tipo de conducta se suele dar a resultas de importantes perturbaciones (parece haberse observado en el Reino Unido tras el Brexit).

En su último libro, Xavier Muñoz cita al profesor J. L. Villacañas: «Cataluña no es una región española. Es y ha sido desde Ramon Berenguer III otra cosa, un cosmos político con lógica propia, que no se deja representar por ninguna otra instancia que la que ella misma promueve. Puede perder la representación por la fuerza, y no tenerla, pero no ha cedido nunca a otras instancias. Esto es lo que, entre otras cosas, nos convierte hoy por hoy en una nación. Reclama entrar en el juego del poder con representantes propios, no con franquicias de nadie. La Constitución de 1978 lo sabía, lo recogió, lo reconoció y debería haberlo protegido, pero no lo ha hecho y, viendo los errores del Estado, es justo que Cataluña reivindique su estatuto nacional» (entrevista en el diario Avui). Insisto en que la voluntad de «no ceder a otras instancias» responde a una dinámica social y política que no ha conseguido un tratamiento lo bastante satisfactorio.

Y este es el punto.

 

Un modelo preestablecido

Desde 1980 —con breves y menores interrupciones— ha dominado en la vida catalana la idea de que para resolver el problema secular que tiene el país dentro de España se tenía que empezar por resarcirlo de los efectos legados por el intento de asimilación pretendida tradicionalmente por los gobiernos españoles; en definitiva, había que catalanizarlo. Durante los años anteriores a la Guerra Civil, si bien con una orientación diferente —una orientación entonces claramente liberal—, este había sido el ideario de Acció Catalana. Según esto, el gobierno tendría que implicarse activamente en la conformación de la sociedad catalana de acuerdo con lo que se suponía que habría sido normal si la Administración española no se hubiera empeñado en condicionarla. Un esfuerzo, inevitable, que pretendía rectificar aspectos de la realidad y orientarla de cara al futuro.

Más allá de algunos aspectos evidentes, como la defensa de la lengua, no es fácil escoger alguna de las numerosas ideas que puede haber sobre lo que sería una Cataluña «normal» y, por ende, decantarse por ella. Como la configuración de Cataluña es el resultado de la historia y no responde a un diseño preconcebido, sino al surco dejado por una evolución, habría que asegurarse antes de que esta idea que quiere aplicarse no acabe bloqueando, precisamente, esta evolución.

Tendría poca gracia que la vitalidad que ha modelado nuestra permanencia histórica acabara esterilizada y sacrificada por una idea preconcebida de dudosas bases racionales para el común de los mortales. Porque si hay que hacer un país o construirlo desde el gobierno, se puede caer en la tentación —como lo han puesto de manifiesto clamorosamente los hechos— de generar un dualismo peligroso entre un país hecho y no reconocido, y un país que se pretende hacer y reconocido antes de existir. Para garantizar la adaptación a este molde preestablecido, las instituciones y la sociedad civil en general corren el riesgo de ser controladas y finalmente ocupadas para ser sometidas a un desagradable ejercicio procustiano (maniobra practicada sin miramientos en 1987, cuando se troceó la conurbación metropolitana de Barcelona). Sin tener la seguridad, sin embargo, de que el resultado de aquello que se desmonta —que debía ser gobernado— pueda ser sustituido oportunamente por un «país por hacer» de dudosa viabilidad e incierta utilidad.

La política de estos años abunda en expresiones que revelan este sesgo. Con frecuencia han sido eslóganes elaborados desde el Gobierno y que manifiestan aspectos de aquello que se intentaba ejecutar. No recomiendo que nos detengamos en el análisis conceptual del contenido de estos eslóganes: no hace falta provocar decepciones evitables. Bastará limitarse a sus secuelas prácticas. Quizá la literalidad de la expresión puede haberse marchitado con el paso del tiempo. Evidente. Pero la práctica del ejercicio del poder que se ha derivado de ello goza todavía de buena salud.

Una primera expresión, «fer país», sintetiza lo que se acaba de comentar. Como el país ya está hecho, esta política promoverá efectos no precisamente secundarios. En primer lugar, se subestiman aspectos no menores —gracias a los cuales se ha constituido el país— que siguen sin ser satisfechos por la insuficiencia de apoyo público, pese a la autonomía de gobierno conseguida. Por otra parte, se invierte en proyectos que difícilmente llegan a arraigar o que, si lo consiguen, habrá de ser a un coste que no resiste la inversión que forzosamente recaerá sobre el presupuesto. Por el camino, se corre el riesgo de sacrificar instituciones y se pueden perder oportunidades (pongamos por caso, desaprovechar un teatro de ópera, combatir a un diario respetado, descuidar las universidades existentes o rechazar una televisión privada de alcance español).

Este propósito de modelar la sociedad no es muy respetuoso con la realidad social y la sociedad civil; el país ya existe y, justamente por eso, reivindica el derecho de gobernarse. Aquello en lo que queremos que se convierta parece que debería derivar más bien de las acciones que han de llevarse a cabo mediante una determinada acción política y, sobre este punto, es mejor no precipitarse a aplicar experimentos que sorprenderían en los países de nuestro entorno.

La idea nacionalista podría acabar tiñéndose de un carácter reaccionario si este esquema ideal de referencia se acabara erigiendo en juez prescriptor de modelos de comportamiento político o cultural y evaluara a los ciudadanos según su grado de adaptación a este marco.

Una segunda expresión no tiene su origen en estos últimos años, pero se ha empleado de un modo agotador. Es la definición del catalán como aquel que vive y trabaja en Cataluña. Como hasta aquí el concepto puede resultar quizá demasiado neutro, se ha hecho un esfuerzo para introducir un matiz adicional que lo completaría, exigiendo además que «se sienta catalán». Esta definición tiende a valorar como menos catalanes a aquellos que manifiesten un débil sentimiento de «catalanidad», o que no se sientan lo bastante concernidos en este aspecto, lo que podría conllevar, a la larga, que en su vida ordinaria y en sus actuaciones cotidianas optaran por situarse al margen de la organización política de Cataluña. Cosa bien posible dada la existencia de los sucesivos estratos administrativos del Estado que operan sobre el país. Si, a partir de ciertos apriorismos en la definición de quién es catalán, aquellos que han sido descalificados se sitúan o se manifiestan contra la ortodoxia imperante, nadie podrá culparlos de actuar en consecuencia: la historia de Cataluña ha ofrecido demasiados ejemplos de personas valiosas a las que no se ha sabido incorporar —contra su voluntad— o aceptar en el conjunto nacional.

Un hecho diferencial no es ni tan importante ni tan marcado. La mayoría de nuestras sociedades son fruto de sucesivas amalgamas, del mestizaje. Y ciertamente, Cataluña lo es y va camino de seguir siéndolo. No hemos de tener un Estado porque somos diferentes desde el punto de vista histórico, sino porque nos conviene hoy en día.

La política ha acabado convirtiéndose en un juego de palabras y conceptos, enredándose o repitiéndose, ignorando qué paso habría que dar para alcanzar el objetivo fijado.

La adhesión al país no es tanto una actitud psicológica, propia del voluntarismo individual, sino una consecuencia física, incluso geológica, de la política llevada a cabo por las instituciones nacionales. Yo pienso más bien que es catalán aquel a quien las leyes le reconocen el derecho de votar y participar en la vida pública de Cataluña —es decir, es un ciudadano de Cataluña— por su ubicación estable y que, por tanto, contribuye al mantenimiento de las instituciones públicas. Obviamente, si el ciudadano reconoce en el estado que le gobierna el ofrecimiento de servicios públicos para la vida colectiva de la que es miembro, entonces es normal que sienta el gusto de ser catalán y se enorgullezca de ser ciudadano de Cataluña. Si los servicios públicos funcionan, no hay que preocuparse por la adhesión de los ciudadanos al país; eso constituye una consecuencia obvia.

Pasemos a una tercera expresión. Se ha popularizado como «peix al cove». Como la anterior, revela un escaso conocimiento de lo que debería ser el ejercicio del poder para un estado. Sugiere que el traspaso de funciones desde el Estado a la Generalitat ha de ser la consecuencia de disponer en Madrid de un poder de negociación política —apoyada por la codicia de los votos en el Congreso— que consigue arrebatar las competencias. Esta manera de proceder, deprisa y corriendo, no protege —y los hechos lo han demostrado— contra la improvisación, los pocos miramientos en las condiciones y la falta de claridad en la transferencia, todo lo cual compromete la posibilidad de que puedan facilitarse los servicios a los ciudadanos con los medios suficientes y de forma correcta.

En el traspaso de competencias habría que destacar el ejercicio de la regulación y administración del territorio, singularmente de su administración local, y se debería contemplar un horizonte a largo plazo que previera un segundo —e inevitable— proceso de transferencias encarriladas hacia la Unión Europea. Pero no quisiera fijarme tanto en el objeto mismo de las transferencias conseguidas como en el método utilizado para conseguirlas, que descuida los dosieres de estudio y preparación —incluso de negociación— por parte de la función pública según lo que estatutariamente se previó al encomendar esta tarea a comisiones mixtas ad hoc, integradas por técnicos representantes de ambas administraciones.

Otros de los eslóganes difundidos profusamente ha sido el de «Som 6 milions» (después ha habido que añadir otro millón en atención a la evolución de las cifras). Aunque todo es relativo, me imagino que esta exhibición del número de habitantes pretender subrayar la importancia del país después de reiterar —hasta el mareo— que nuestro país es un país pequeño. No obstante, la magnitud del país no la determina el número de habitantes ni su extensión geográfica, sino lo que se hace en él y lo que se está en condiciones de recibir, por ejemplo, el valor y la calidad de las exportaciones o su actividad cultural. Y es innegable que esta última, la actividad cultural, ha tenido en el pasado períodos de gran creatividad, por encima de la cantidad de personas que vivía en el país.

En cuanto a la importancia o el peso internacional, no está de más señalar que hoy en día son muy pocos los países que pueden ufanarse de disponer de una esfera de autonomía o de peso internacional específico. Más bien se confía, más modestamente, en la alianza con otros países y en la participación en estas alianzas y organizaciones para ganarse el respeto o la consideración deseados.

Todo aquello que en una determinada circunstancia pudiera sonar bien, era candidato a convertirse en una «estructura de Estado». Son las ventajas de no saber de qué se habla.

También podría ser que resaltar el peso de 6 o 7 millones de habitantes destapara un recelo por el hecho de que la energía desplegada por muchas entidades, instituciones o zonas de Cataluña ha rebasado —y rebasa— históricamente el ámbito territorial de Cataluña y podría debilitar la primacía de la vida nacional. Aludir a los 6 o 7 millones podría igualmente ser un antídoto contra los complejos de inferioridad frente al cosmopolitismo que dimana de Barcelona y que podría engullir el resto del territorio. Pienso que ha sido justamente esta energía tradicional de Barcelona la que ha distinguido al catalanismo como movimiento político nacional de otros movimientos supuestamente parecidos. En este sentido, pienso que la capitalidad de Barcelona en la edición de la literatura castellana ha sido fundamental para proporcionar una estructura que ha podido ser aprovechada por la valiosa edición de libros en catalán.

Durante la elaboración y posterior aprobación del Estatut de 1979, se utilizó a menudo la expresión que definía el Estatuto como una «herramienta para la recuperación nacional», es decir, para hacer realidad una cierta idea de nación, algo que ya ha sido comentado. Pienso, no obstante, que un Estatut no tiene este alcance; solo pretende configurar jurídicamente el Estado en Cataluña sobre la base jurídica constitucional española. Esta configuración ha sido —y es, conceptualmente— posterior al reconocimiento de la autonomía que, tanto en 1931 como en 1977, se produjo antes de la elaboración de la Constitución española y, por tanto, de su aprobación.

Lo que propone un Estatut es regular el ejercicio de la acción de gobierno por parte de las instituciones de la Generalitat y de su administración. No le corresponde imponer a los ciudadanos y a las instituciones de la sociedad civil y política una idea nacional que, en todo caso, resultaría del ejercicio de una acción de gobierno sobre las relaciones sociales. Concebir el Estatut como la mencionada herramienta, sugiere la idea de controlar desde arriba, más que de regular; de ocupar, más que de gobernar (como se deduce de lo que se conoce como plan de nacionalización de Cataluña de 1990, que fue objeto de debate en el Gobierno y también de prácticas que todavía ahora están bien vigentes).

Antes de acabar, y para concluir esta fatigosa lista de eslóganes, debo añadir lo que ha sido una práctica habitual más que un eslogan: la eliminación consciente de la palabra «España» en el vocabulario utilizado para la vida pública —y no solo pública— catalana. Esta eliminación no deja de ser curiosa, como lo es su sustitución por «Estado español», atribuyéndole a esta expresión un significado impropio. Lo cual ha significado que se ha optado por establecer una confusión que ha enturbiado la formulación de la política catalana.

Fue en el Congreso de Viena cuando Metternich aludió a Italia como una mera expresión geográfica para definir el papel reservado a aquella península en la Europa nacida después de Napoleón. Obstinarse a ignorar la geografía me parece un propósito insensato, de nula eficacia. En primer lugar, porque «Estado» aplicado a España significa algo distinto del concepto geográfico aludido. Pero, en segundo lugar, esta eliminación, acompañada del propósito paralelo de no querer mencionar al Estado (aquí sí, Estado español) en las referencias europeas o internacionales de Catalunya supone ignorar la dinámica real del mundo actual y cometer un grave error, porque un estado soberano, por su mera existencia, es capaz de hacer tambalear cualquier opción política como la que en estos últimos años se ha practicado con un éxito perfectamente descriptible en Cataluña.

En resumen, orientar la actividad de gobierno en torno a las ideas que se han apuntado más arriba significa tomar un camino alejado de la lógica de funcionamiento de las organizaciones políticas. Una lógica que no se basa únicamente en ideologías o intereses, sino en la captación de las exigencias que se imponen en un determinado momento. Para conseguir una eficacia elemental, la acción política debe atenerse a esta lógica y no tiene que perderla de vista. Captar la lógica que distingue una determinada entidad (sea un banco, una universidad, una empresa o un sindicato) no deja de ser recomendable si se pretende su viabilidad. Si se persevera en olvidarlo, no hay más que esperar a que llegue el día en que habrá que proceder a la rectificación o —todavía peor— a que el proceso de degradación haga imposible todo resurgimiento.

Alejarse de esta lógica explica la absoluta incapacidad de dar algún paso que lleve realmente a la independencia que habían imaginado perseguir los responsables de la política de la Generalitat. Por eso, la política ha acabado convirtiéndose en un juego de palabras y conceptos que no pueden referirse más que a sí mismos, enredándose o repitiéndose, tratando de modo hipócrita de fidelizar al personal que los vota, ignorando qué paso habría que dar para alcanzar el objetivo fijado. En definitiva, nos hemos entretenido en afilar unos cuchillos que no pretenden cortar nada (Hermann Lotze).

 

Josep Maria Bricall retratado en su domicilio de Barcelona, el 9 de julio de 2018. Fotografía de Ferran Nadeu.

Josep Maria Bricall retratado en su domicilio de Barcelona, el 9 de julio de 2018. Fotografía de Ferran Nadeu.

 

Otras opciones

En Ricardo II, el obispo de Carlisle le espeta al rey: «Milord, los sabios no se quejan nunca de los dolores presentes, sino que utilizan el presente para impedir los dolores.»

En efecto, el 30 de noviembre de 2021, el Financial Times publicó un artículo de M. Wolf —Lessons in ‘levelling up’ from the Basque Country— que manifiesta una especial admiración por los resultados obtenidos en la gestión de este territorio desde que ejerce su autonomía. Lo que motiva esta admiración es la constatación de un proceso continuado de renovación realizado desde dentro del país, que ha logrado renovar un tejido industrial declinante y ha alcanzado una renta per cápita parecida a la de Alemania, construyendo al mismo tiempo un sistema de servicios sociales mejores que los catalanes en todos sus diferentes aspectos, y muchos de ellos por encima de los de la inextinguible conurbación de Madrid.

Una administración que partía de cero ha sido capaz de asumir esta tarea —señala el autor— mediante una estrecha colaboración entre todos los niveles de gobierno que afectan al País Vasco y que ha implicado a los sectores público y privado; de este modo, se ha promovido un desarrollo económico bastante equilibrado socialmente. La atenta observación de las corrientes internacionales ha sido objeto de la atención de una administración regional condicionada por la necesidad de promover la reestructuración industrial que, a partir del cambio de siglo, apunta hacia un núcleo sostenido de innovación y diversificación industrial impulsadas por el conocimiento científico. En paralelo, la Administración ha puesto a disposición los bienes públicos requeridos para este desarrollo.

Concluye el autor que «probablemente la lección más importante es que los responsables de ello son sus propios habitantes, al disponer de los recursos y tener la capacidad de tomar las decisiones adecuadas. Lo cual no se debe precisamente a creer que ellos lo harían mejor, sino a que este es el camino que los impulsa a actuar con la audacia necesaria. Además, hace falta un esfuerzo especial para estimular la cooperación entre los diversos actores, con el objetivo de crear y explotar las complicidades y de aprovechar de forma continuada los recursos existentes.» Lo que destaca el artículo es que el resultado obtenido no responde a ningún tipo de automatismo imputable a la autonomía, sino a la elección de un objetivo que reclama de forma insistente su sociedad; una sociedad que no confiaba en que todo ello pudiera haberse llevado a cabo con los mecanismos tradicionales de los gobiernos españoles.

Eso ha supuesto una elección conveniente de las prioridades que han conformado el establecimiento de la Constitución y el posterior funcionamiento de la autonomía conseguida. Esta elección no ha sido una mera proclama verbal; más bien ha brillado al implementarse por el rigor de los procedimientos empleados y por la capacidad inteligente para dirigir las negociaciones pertinentes con la Administración central: esto se comprobó desde el principio por el hecho de haber antepuesto el concierto por encima de cualquier otra preferencia.

En definitiva, el Gobierno vasco ha resultado favorecido en estas negociaciones por haber planteado lo que convenía, tal como Cataluña supo hacerlo (a diferencia del País Vasco) en el restablecimiento de la Generalitat en 1931 y 1977.

 

Los servidores públicos

Para emprender seriamente una acción de gobierno es imprescindible contar con una administración pública. Sin esta maquinaria es imposible el ejercicio de la función pública. Esta ha de proponerse combinar en las debidas proporciones (combinación ad libitum, en la cual el acierto vendrá dictado por los resultados) una voluntad de innovar y reformar, de un lado, y, en paralelo, la de construir una cierta rutina administrativa que encare y aborde de forma mecánica los problemas de la vida ordinaria. Las decisiones y su ejecución suelen tener la suficiente importancia como para prepararlas cuidadosamente e insertarlas en un sistema jurídico. Cuanto más esenciales o atrevidas sean las decisiones a tomar, más necesarias son las advertencias y precauciones que suministran los servidores públicos

Cataluña forma parte de un Estado que ha adoptado una vocación centralizadora en torno a la ciudad que es su capital, con una capacidad succionadora irrefrenable.

No es sencillo apuntalar la calidad de la propia administración. En sus memorias, Edgar Faure —un político incombustible como ningún otro, activo en los senderos de la inestable IV República francesa y ministro de un gobierno de De Gaulle en la V República— explica que en los distintos cargos que asumió, en la formación de sus gabinetes, supo rodearse de personal apto procedente de la Administración, alejándose de las amistades personales y de los militantes de partidos afines a los que solían recurrir muchos políticos. Reclutaba altos funcionarios, con un buen nivel de formación, promovidos por el mérito antes que por la fidelidad, los intereses o las afinidades políticas.

Si esta precaución sobre la bondad en la selección y reclutamiento del personal integrado en la Administración es siempre importante, lo es tanto o más en países que, como el nuestro, no han gozado demasiado de la posibilidad de ejercer el poder político. Hace unos meses fuimos a votar para elegir un nuevo Parlament en Cataluña: la organización fue correcta en los colegios electorales, pese a haberse puesto en marcha un proceso electoral en plena pandemia y en medio de un cúmulo inimaginable de exhibiciones de incompetencia y de pocos escrúpulos por parte del personal político. Este país ya ha sabido organizar acontecimientos de forma racional y lograda, y ha mostrado una capacidad notoria para poner en marcha iniciativas y negocios, escapando por milímetros —pero escapando— de los riesgos de las improvisaciones que inevitablemente nos acompañan: por eso había ganado un prestigio secular en España y más allá. Recuerdo que a finales del siglo pasado un rector forastero se admiraba de la presencia frecuente de catalanes en lugares de responsabilidad internacional en aquella época.

La política seguida durante la casi totalidad de los años transcurridos desde 1980 había de mostrar claros signos de agotamiento veinte años después, incluso en aquellos que la había practicado, no tanto por el paso del tiempo como por el desencanto de los resultados. Entonces se les ocurrió rescatar para la Generalitat lo que era el contenido propio de un poder público. Pero, al hacerlo, menospreciaron la introducción de buenas prácticas en la administración de la Generalitat y, fieles a su inevitable costumbre, optaron por divulgar un nuevo eslogan de contenido delicuescente: «estructuras de Estado». Su vaguedad les ha permitido designar como estructura de estado desde la introducción de una mejora agraria hasta cualquier competencia reservada hasta entonces a la Administración central por la Constitución o por un ejercicio cicatero de los gobiernos españoles. Todo aquello que en una determinada circunstancia pudiera sonar bien, podía ser considerado candidato a convertirse en una «estructura de Estado». Son las ventajas de no saber de qué se habla.

 

La primacía de la ley

Las cosas son, quizá, un poco menos confusas en la realidad. El cometido de las instituciones del Estado consiste en gobernar personas más que en administrar meramente las cosas, pero también en administrarlas las cosas. De entrada, un Estado u organización política es una entidad cambiante según el período y el momento. Lo que parece claro es que en nuestras sociedades impulsar el Estado democrático quiere decir afirmar la primacía de la ley y contar con instituciones nacionales neutrales.

La unificación europea y la progresiva eliminación de las fronteras implica la erosión del factor fundamental de configuración de los estados nacionales tradicionales.

No hace falta insistir en la preeminencia de la ley. La existencia de un sistema predeterminado de regulación de derechos u obligaciones es la característica más clara de defensa de una sociedad civilizada frente a la barbarie y la arbitrariedad. Entre otras cosas, no hay manera de ejercer la democracia si no es por la precisión que la ley hace de cómo ejercerla. Un caso complejo se produce cuando lo que se discute afecta a la estructura legal básica —incluso constitucional— a partir de una clara mayoría que pone en duda las normas vigentes, como sería el caso respecto del estatus de un territorio incluido en el territorio del Estado.

La razonable respuesta del Tribunal Supremo de Canadá en 1998 a la segunda de las preguntas que se le sometieron con ocasión del proceso unilateral de secesión del Quebec destaca cuestiones que son difíciles de obviar. Difícilmente se puede ignorar a una evidente mayoría del territorio a favor de una reformulación institucional para llegar a la secesión; pero también es cierto que no parece sensato ignorar el contexto más amplio de otros valores constitucionales y de la interdependencia configurada entre los distintos territorios. El Tribunal propone juiciosamente establecer una negociación de alcance político para proceder al cambio de las normas aplicables y de las condiciones pertinentes.

La neutralidad de las instituciones hace inevitable una administración basada en el mérito y debidamente formada. Pero quisiera llamar la atención sobre un efecto que puede promover la puesta a punto de una buena administración en un aspecto que va más allá de la maquinaria política que acabo de comentar. No descubro nada si afirmo que los grupos y las clases dirigentes —el establishment— tienden a imponer al conjunto de la sociedad sus puntos de vista y a defender sus intereses. No hay otra forma de limitarlo que no sea a través de la ley y el cumplimiento consiguiente de sus prescripciones por parte de los órganos públicos. Un cumplimiento reforzado mediante un sistema de normas y costumbres que sitúan a cada cual en su lugar, diseñan los límites de su comportamiento y comprueban también la idoneidad de las personas para determinados puestos. Esto contribuye a dotar de cierto rigor al desarrollo de la vida social. Es cierto que la administración también es objeto de la acción de las fuerzas sociales dominantes (internas o externas), aunque también es verdad que, sin el freno de la ley y gracias a su eficacia, su dominio se ejercería de forma escandalosa y sin trabas.

Las sociedades se conforman según una especie de conglomerado, núcleo rector de una vida social, formado por el conjunto de los órganos administrativos y por el conjunto de fuerzas sociales dominantes. Ambos se condicionan recíprocamente y se imponen más o menos en función de la capacidad de reglamentar, de presionar o de resistir que tenga el estado. La fuerza o contención de uno redunda con frecuencia en detrimento del otro. Y no hemos de reducir y limitar el papel de los grupos dirigentes en el campo de la economía —ciertamente es donde la presión de los grupos es más fuerte—, sino que conviene ampliarlo en el ámbito social, cultural e intelectual; aquí también se hacen notar los intentos de determinados grupos para imponer ciertos puntos de vista o manipular rankings y posiciones.

Que la cualificación de los ciudadanos dependa solo del establishment, de aquellos que disponen de este poder de actuación, social o económico, e incluso cultural, puede consagrar en la práctica el dualismo que antes se ha denunciado de unos ciudadanos en favor de otros o establecer reconocimientos o pretericiones en función de intereses políticos, económicos o culturales. Un ejemplo de lo que acabo de señalar podría ser un hecho sorprendente de nuestra historia, cuando el obispo Morgades coronó a mosén Cinto en Ripoll como poeta de Cataluña. Siento todo el respeto por el obispo Morgades y el más alto reconocimiento por el papel decisivo que desempeña mosén Cinto para nuestra lengua, pero no llego a entender con qué facultad podía hacerlo este obispo. La imposibilidad de Cataluña para administrarse ayuda a justificar situaciones incomprensibles.

El carácter neutral de las instituciones públicas se mantiene también por su gran variedad de órganos y entidades de distinta naturaleza, cada uno con misiones específicas. Un estado no lo forman solo el gobierno y la multitud de asesores y órganos que dependen de él directamente, sino que opera mediante otros organismos que también constituyen el estado y ejercen sus funciones, y que no están condicionados en sus decisiones por el ejecutivo, que tiene otras funciones delimitadas. Por tanto, también estos integran la Generalitat; también habrían de conquistar un sistema de funcionamiento que obedeciera a estos distintos cometidos y que a través suyo retuvieran el prestigio que se esperaba de ellos cuando se constituyeron.

 

Gobernar Cataluña

Toda acción seria de gobierno debe combinar la ambición y el realismo. Atenerse a la lógica de gobernar también implica conocer los límites de lo que se puede hacer y de lo que aconseja detenerse —aunque sea unos momentos— antes de anunciar o emprender una acción audaz que puede llevar al fracaso, con todo lo que eso supone para los ciudadanos. Naturalmente, el grado de preocupación de los políticos depende del respeto que les merezcan estos ciudadanos. En concreto, gobernar Cataluña implica encararse y bregar con dos límites que presentan vertientes peculiares y que acaban incidiendo sobre la acción de gobierno.

Hay que ser conscientes —primer condicionante— que el encauzamiento de la economía reposa en un sistema del capital que abarca una escala mundial y genera las correspondientes desigualdades; además, Cataluña —segundo condicionante— forma políticamente parte de un Estado que ha adoptado en diversos momentos históricos una concepción nacional precisa y una vocación centralizadora en torno a la ciudad que es su capital, con una capacidad succionadora irrefrenable. El ejercicio del poder está, pues, condicionado, y la política ha de contar con unos límites establecidos temporalmente que pueden proyectarse más allá en la medida en que se disponga seriamente de los medios adecuados y se esté en condiciones de gestionarlos.

El sistema que rige la vida económica y las relaciones sociales que la envuelven impone unos serios límites a cualquier actividad que pueda, probablemente, debilitar el futuro despliegue de la vida social y económica. Esto no quiere decir que se haya de adoptar una actitud pasiva de resignación; al contrario, conviene justamente que un gobierno contemple un horizonte a largo plazo. También aquí me permito aportar otro caso —este de la Guerra Civil— que me sorprendió favorablemente en su momento: en la reunión del Parlament catalán del 1 de marzo de 1938, el Gobierno declaró que el gasto público en las industrias de guerra en que había reconvertido una parte importante de las empresas catalanas se debía calificar de «inversiones de capital de carácter reproductivo, ya que pueden dar un rendimiento en el futuro funcionamiento del sistema industrial de Cataluña.» Ciertamente, al acabar la guerra las empresas afectadas comprobaron en la realidad algunos de los efectos que se pretendían obtener. Convendría contraponer este caso a la ligereza exhibida por los gobernantes actuales ante los efectos deletéreos que para el futuro y la continuidad de nuestra economía implican las opciones políticas adoptadas en estos últimos años.

La política de ‘fer país’ ha encogido el país y puede arrastrar a Barcelona hasta convertir su liderazgo mediterráneo en una capitalidad provincial.

Conviene estar atento a lo que sucede en las economías de nuestro entorno con las cuales está interrelacionado este país. Ni por su peso, ni por su historia, ni por la actual realidad es posible pretender tomar iniciativas inviables o cambiar por nosotros mismos la marcha de los tiempos, al margen de organizaciones más amplias de peso específico, como lo es ahora el andamiaje proporcionado por la Unión Europea.

Por lo que se refiere la pertenencia al Estado, no parece razonable entretenerse manteniendo la tensión a causa de las limitaciones legales que encuentra el autogobierno de Cataluña. Eso acaba bloqueando la práctica efectiva del poder. La experiencia de la Mancomunidad ha mostrado la eficacia de una política dedicada primordialmente a satisfacer las carencias de la sociedad catalana, que habían sido tradicionalmente insatisfechas por el estado centralizado: el ejemplo de las iniciativas admirables que se adoptaron respecto a la formación profesional —todavía tan descuidada— demuestran la eficacia de una política concreta, siempre preferible al derroche de tiempo que supone el afán de conseguir competencias difíciles de ejercer en la práctica —y, por tanto, de reducido interés— o que no parecen estar contempladas en los estatutos. Advertimos que la Mancomunidad trabajó sin un Estatut definidor de competencias.

No obstante, en la Europa comunitaria los estados están sometidos a un doble juego: el desvanecimiento de las fronteras de separación y la transferencia de poderes a organismos europeos. Obstinarse en objetivos actualmente tan delicuescentes como soberanías e independencias significaría desviarse de las tendencias dominantes. En cambio, nuestra época depara aspectos interesantes que hay que saber aprovechar. El proceso irreversible de unificación europea y la progresiva eliminación de las fronteras (con lo que eso ha propiciado) está implicando la erosión del factor fundamental de configuración de los estados nacionales tradicionales. Esta nueva variable podría permitir las relaciones entre territorios que habían sido proscritas por las reconocidas pulsiones centrípetas nacionales. Cataluña —y en especial Barcelona— tiene aquí unas posibilidades de relación con regiones del Mediterráneo que la historia había favorecido y que el fraccionamiento en estados nación había —y ha—dificultado.

 

Nacionalismo de ‘mel i mató’

Es muy posible que este tipo de nacionalismo de mel i mató, combinado con muestras más o menos frecuentes de lo que Tarradellas censuraba como «ETA verbal», haya sido el nacionalismo más complaciente —tan satisfactorio como inútil— para una parte importante de los ciudadanos de este país. Sin embargo, las secuencias recorridas en estos últimos diez años —por la acción del tipo de interés compuesto— no autorizan por ahora a mostrar un entusiasmo indescriptible.

Cuando se inició el experimento, una parte de la población se resistía a pensar que el procés pudiera ponerse en marcha seriamente desde arriba —desde el poder— a causa de la imposibilidad geológica de alcanzar sus anhelos por poco que se analizase el asunto fríamente y se reflexionara sobre los medios de los que se disponía. No se cumplieron estos pronósticos disuasivos; pero después del tiempo transcurrido se puede concluir amargamente que la decisión tomada desde el poder no solo no ha conseguido nada, sino que ha socavado las bases sobre las cuales se ha configurado la especificidad de nuestra historia.

No es recreando un pasado imaginado como garantizamos el futuro de una sociedad que históricamente ha tenido la vitalidad de la sociedad catalana. Hay que preparar más bien el futuro sobre unas bases tan ambiciosas como realistas que se avengan con las tendencias actuales. El énfasis en una pretendida identidad personal lastra las ambiciones colectivas y fomenta una incapacidad para proyectos sucesivos: nada bueno se puede esperar de ello si hemos de prolongar un pasado compartido.

Debía ser a finales de octubre de 1987 cuando el gobierno de la Generalitat dedicó un homenaje al presidente Tarradellas con ocasión del décimo aniversario de su retorno. El acto consistió en la colocación de una placa conmemorativa en el Salón de Sant Jordi del Palacio de la Generalitat. Según el cronista de La Vanguardia, el acto fue «austero, quizá un poco frío a primera vista, pero de una emoción apenas contenida». El ataque de austeridad se caracterizó hasta en el hecho de que no nos sirvieran ni un vaso de agua.

Ortínez comentó en un tono lo bastante alto para que se oyera por toda la sala: «Quieren hacer un estado independiente y lo han convertido en una provincia maleducada» (1987).

Al terminar el acto —que duró un cuarto de hora— Jordi Pujol y Josep Tarradellas pasaron al despacho presidencial donde hablaron durante un rato no muy breve. El resto de los invitados se dispersaron por el mencionado salón y por la sala de la Mare de Déu de Montserrat, que es una antesala del despacho aludido. Allí, entre los asistentes, estaba Narcís Serra, que había sido conseller del gobierno de Tarradellas y era entonces ministro de Defensa. Manuel Ortínez se sorprendió —hasta la indignación— cuando se dio cuenta de que Serra no había sido invitado a participar en la entrevista entre los dos presidentes. Inmediatamente, se dirigió al conserje que custodiaba la puerta pidiéndole que le dejara entrar para hablar con el presidente Tarradellas. Las instrucciones recibidas hacían dudar a dicho señor de si debía acceder a la petición. Finalmente, Ortínez asomó la cabeza y se dirigió, me imagino, a los presidentes. Luego ajustó la puerta y restableció la anomalía: Serra fue invitado a entrar.

Una vez cerrada la puerta, Ortínez comentó en un tono lo bastante alto para que se oyera por toda la sala: «Quieren hacer un estado independiente y lo han convertido en una provincia maleducada.»