A pocos metros del Capitolio, no muy lejos de la Casa Blanca, se levanta el imponente edificio encabezado por un pórtico octástilo que aloja al Tribunal Supremo de Estados Unidos. Situado en el corazón de la ciudad de Washington, y emulando la majestuosidad del Partenón griego —mismo número de columnas, aunque esta vez de aires corintios— su construcción no finalizó hasta 1935, año en que se convirtió en la sede fija de una corte que hasta entonces había impartido justicia en varios enclaves, como Nueva York o Filadelfia.

Símbolo de la democracia norteamericana y su venerada división de poderes, se puede afirmar sin titubear que el máximo órgano judicial atraviesa una crisis de legitimidad instigada por sus últimas decisiones. Quizá la más polémica fuese la derogación del derecho al aborto a nivel federal el pasado 24 de junio mediante la invalidación de Roe v. Wade, la sentencia de 1973 por la que la interrupción voluntaria del embarazo pasó a convertirse en un derecho en todo el territorio nacional, hoy competencia de los distintos estados.

Sin embargo, no es el único veredicto que ha generado polémica: la permisividad respecto a la posesión de armas que se deriva de sus deliberaciones recientes, la merma de la separación entre iglesia y estado, o las restricciones impuestas al gobierno a la hora de limitar las emisiones de gases de efecto invernadero también han contribuido a un malestar social que a menudo se concreta en una visión del Tribunal como órgano escorado políticamente a la derecha, proclive a discriminar a los más vulnerables, e incluso cercano al fundamentalismo religioso.

De hecho, una encuesta reciente sitúa la aprobación ciudadana del Tribunal Supremo en solo un 38 %, cuando el año pasado la cifra era un 60 %. En estos números influye que el expresidente Donald Trump, quien ha sido acusado por la comisión de investigación que estudia el asalto al Capitolio de ser quien provocó lo que consideran un intento de golpe de estado, lograse nominar a tres jueces afines en solo una legislatura, algo que no ocurría desde el mandato de Nixon. No obstante, más allá del legado trumpista, todo indica que ha sido la derogación del aborto lo que ha marcado un antes y un después en el rechazo que genera esta institución en la opinión pública. Al fin y al cabo, varios estudios afirman que dos tercios de la ciudadanía estaba de acuerdo con Roe, por lo que anular la sentencia ha supuesto un golpe muy impopular.

Dos tercios de la ciudadanía estaba de acuerdo con ‘Roe’, por lo que anular la sentencia ha supuesto un golpe muy impopular.

A las discrepancias respecto a la interrupción del embarazo se suma el miedo a que otros derechos fundamentales puedan encontrarse amenazados dada la configuración desigual de la corte, con seis jueces conservadores y tres progresistas, y sus simpatías originalistas. Con variaciones, el originalismo es una corriente exegética dentro del derecho norteamericano que propugna que la Constitución debe ser interpretada según el significado original que tenía cuando entró en vigor, en 1789, más de un siglo antes de que las mujeres pudieran votar. Todos, excepto uno de los jueces conservadores, han manifestado su adhesión a esta doctrina, crucial para entender cómo se ha logrado erradicar una de las principales libertades reproductivas, consolidada durante casi medio siglo.

 

El aborto, en el punto de mira

Samuel Alito, el magistrado que redactó la opinión mayoritaria en Dobbs v. Jackson Women’s Health Organization, la sentencia por la que se anula Roe, no dejó lugar a dudas: la Carta Magna no contiene referencias al aborto, y este derecho no puede considerarse parte de la historia o tradición del país. El texto, que fue filtrado a la prensa un mes antes, dando lugar a una gran conmoción social, se escuda en lo que algunos expertos estiman un anacronismo para justificar una decisión final que podría acabar con la práctica legal de interrumpir el embarazo en aproximadamente la mitad de los estados.

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Hasta ahora, doce han sido los que han prohibido completamente este derecho, con pocas excepciones en caso de violación, incesto o peligro para la vida de la madre. Algunos, como Georgia y Ohio, han impuesto un límite de seis semanas, cuando la mayoría de las mujeres no saben que están encintas, lo que en la práctica conlleva una prohibición casi total. Según una investigación del New York Times, otros diez estados permanecen pendientes de aprobar restricciones totales o parciales, a la espera de que distintos tribunales se posicionen al respecto.

Un debate jurídico que se está produciendo de manera concomitante es el tratamiento administrativo o penal que darle al aborto en aquellos lugares donde no se permite; así, en Arkansas, Luisiana, Misisipi y Wyoming terminar voluntariamente la gestación es, o será brevemente, un crimen punible con 10 o más años de prisión y sanciones de hasta 100.000 dólares. En Texas, el mayor estado en ilegalizar este derecho, quienes faciliten el aborto, se trate de personal sanitario o de cualquiera que dé a la persona embarazada acceso a medicación abortiva, se enfrentan a penas de entre cinco años de cárcel y cadena perpetua, y multas de más de 100.000 dólares.

Este enfoque punitivista está contribuyendo a crear un clima de miedo y sospecha que afecta principalmente a las mujeres, pero que también incumbe a los trabajadores del sector sanitario y al resto de la ciudadanía. En Luisiana, por ejemplo, saltó hace poco a la prensa el caso de Nancy Davis, embarazada de un feto que sufre una malformación conocida como anencefalia, la cual impide que el cráneo se desarrolle y haría inviable la vida después del nacimiento. Cuando Davis acudió a una clínica con el fin de obtener un aborto, el personal se negó a practicárselo. Aunque las autoridades del estado aseguran que, en su caso, sería legal la intervención, la falta de concreción sobre la condición del feto en la ley causó reticencias entre los trabajadores de la clínica y ha obligado a Davis a buscar una solución fuera de Luisiana.

Por otra parte, algunas asociaciones defensoras de los derechos sexuales y reproductivos han alegado que la nueva situación creada por el Tribunal Supremo desincentiva que las mujeres busquen atención médica en caso de aborto involuntario o problemas en la gestación por miedo a ser criminalizadas, y un estudio de la Universidad de Colorado, en Boulder, ha demostrado que la derogación de Roe podría incrementar la tasa de mortalidad materna, que ya es de las más elevadas entre los países denominados desarrollados, en un 21 % de media, y hasta en un 33 % en el caso de mujeres negras.

Otros debates se han centrado en señalar la carencia de bajas parentales pagadas a nivel federal o de guarderías públicas. En Estados Unidos, una de cada cuatro mujeres se incorpora al trabajo dos semanas después de haber parido. La maternidad forzada, por tanto, conduciría a muchas progenitoras a una coyuntura de desprotección social muy complicada.

 

Otros derechos en juego

Más allá de la derogación del aborto, preocupa que el énfasis en la tradición adoptado por el Tribunal Supremo en la sentencia que invalida Roe augure una tendencia que sirva a una subsiguiente eliminación de libertades consagradas. El derecho anglosajón, conocido como Common Law, da prioridad a la jurisprudencia, al contrario que el derecho continental europeo o Civil Law, donde priman las leyes, que se encuentran recogidas en códigos. En Estados Unidos hay todo un corpus de derechos fundamentales que no aparecen concretados en forma de ley, sino que se basan en actualizaciones que el Tribunal Supremo, u otros, ha efectuado a partir de interpretaciones de la Constitución en sucesivos veredictos.

Algunos analistas han apuntado que otros derechos, como el matrimonio interracial, también podrían verse amenazados.

A lo largo de las décadas, este órgano judicial ha inferido el derecho a la privacidad de otros explícitamente listados en la Carta Magna —como la igualdad o la protección de la vida, la libertad y la propiedad— y ha sido a partir de este reconocimiento de la privacidad como pudieron aprobarse el aborto, el derecho a los anticonceptivos, a mantener relaciones sexuales con personas del mismo sexo, o al matrimonio homosexual, ratificado en 2015. A raíz de Dobbs, el magistrado conservador Clarence Thomas llegó a afirmar que estos tres últimos debían ser reconsiderados. Algunos analistas han apuntado que otros derechos, como el matrimonio interracial, también podrían verse amenazados, aunque, en este caso, ni Thomas —negro, casado con una mujer blanca que actualmente está siendo investigada por su presunta participación en el asalto al Capitolio— ni otros jueces del Tribunal se han pronunciado.

Pero, sin duda, la sombra más inquietante que ahora se proyecta sobre el paisaje legal nacional y que ha desatado múltiples alertas entre los políticos de cariz progresista concierne a la raíz de la democracia misma: el derecho al voto, este sí, codificado en una ley de 1965. Lo que Alexandria Ocasio-Cortez ha definido como «golpe judicial en proceso» es Moore v Harper, un litigio donde se disputa el poder de las cámaras estatales para establecer las condiciones en las que se lleva a cabo el sufragio, incluyendo el sistema de conteo de papeletas o el trazado de los distritos electorales.

La sombra más inquietante que ahora se proyecta sobre el paisaje legal nacional concierne a la raíz de la democracia misma: el derecho al voto.

Hasta ahora han existido distintos mecanismos, como los tribunales supremos de los estados o la capacidad de veto de los gobernadores, que ejercen cierto control sobre prácticas cuestionables de estas cámaras, tales como el gerrymandering, es decir, el dibujo interesado de los distritos agrupando votantes de un partido dado, lo cual altera los resultados de los comicios.

Si el Tribunal Supremo fallara a favor de eliminar dichas herramientas de control, en un juicio que está previsto que se celebre en octubre, es previsible que las legislaturas de los estados, entre ellas las 30 que ahora gozan de mayoría republicana, implementasen sistemas electorales favorables a su grupo político. El voto, cuyas provisiones fueron parcialmente laceradas en una sentencia de 2013 —permitiendo el cierre de centros electorales en enclaves estratégicos o la exigencia de requisitos burocráticos difíciles de satisfacer, especialmente para las minorías étnicas— quedaría aún más mermado.

En un país atravesado por la polarización, herido gravemente por su reciente tentativa golpista, en el que la violencia sigue escalando y un 50 % de la población cree que se desencadenará una guerra civil muy pronto, las inclinaciones actuales del Tribunal Supremo cada vez ofrecen menos esperanza para la continuidad de sus ya precarias garantías democráticas.