Si la pandemia no fuerza un cambio de calendario, las elecciones al Parlamento del 14 de febrero marcarán el inicio de una nueva etapa, poniendo fin oficialmente al procés que arrancó con las elecciones de noviembre de 2012.

Este cambio de etapa alterará algunas aristas del sistema de partidos surgido de aquella jugada horribilis (al menos para su inductor, Artur Mas), ya que el Parlamento de Cataluña seguirá teñido de niveles elevados de fragmentación y polarización nacional. Recordemos que 2012 fue el último año que una de las fuerzas políticas logró superar el listón del 30% de los votos (sin tener en cuenta la quiebra coalición Junts el Sí de 2015, que sí llegó al 39% pero siendo esto menos que la suma que CDC y ERC habían obtenido y obtendrán por separado). No olvidemos tampoco que, desde el avance electora táctico de Mas hace poco más de ocho años, la política catalana está situada en una polarización sin precedentes, un 53% superior a la media del periodo 1984-2012. Podemos apostar que ambas pautas seguirán muy presentes en el nuevo Parlamento.

¿Qué es lo que cambiará? El contexto: estas serán las primeras elecciones en la Cataluña del post-procés, las primeras elecciones en España donde se pongan a prueba los efectos de la gobernanza pandémica (las elecciones gallegas y vascas del verano no lo fueron aún), y la primera vez en cerca de 40 años donde las elecciones catalanas se celebran después (y no antes) de la formación de un nuevo gobierno del PSOE en la Moncloa (de hecho, el único precedente semejante lo fueron las elecciones de 1984). Demasiadas novedades en el ambiente para que éstas no impulsen derivadas electorales sobre la competición entre los partidos. Pero, ¿qué derivadas podemos esperar?

 

Subasta étnica

Por un lado, si bien ERC y Junts continuarán la disputa inestable por la primacía en el espacio electoral del nacionalismo catalán, en estas elecciones se constatará el enfriamiento de la competición centrífuga iniciada en 2012 y que ha seguido lo que la literatura ha llamado el patrón de subasta étnica (ethnic outbidding), basada en una disputa para ver quién elevaba más el listón de la exigencia soberanista. En estos tres años, los partidos independentistas han hecho patente lo que en diciembre de 2017 aún era demasiado pronto para reconocer de manera explícita: que se ha desvanecido la promesa de una independencia a corto plazo (sólo lo cree un 8% de los electores, según el sondeo ICPS 2020), que el procés, y en particular el 1 de octubre, quedan como referentes de la movilización soberanista, pero no como detonadores de ningún cambio político o institucional, y que esto obliga a un replanteamiento más realista de los programas para gobernar Cataluña mientras tanto.

Cada partido se ha adaptado de una forma diferente a la nueva situación. ERC intenta traducir su mejor ubicación política (con más capacidad de pactos que Junts) en una especie de centralidad del país. Y en consecuencia se encuentra más dispuesta a asumir las contradicciones del nuevo contexto, manteniendo la apuesta por un referéndum acordado (el nuevo horizonte de la Cataluña post-procés) sin desdibujar su agenda social y económica para responder a otros problemas de la ciudadanía catalana.

PUBLICITAT
Renfe / Viaja como piensas

Los partidos independentistas han hecho patente que se ha desvanecido la promesa de una independencia a corto plazo.

De hecho, esta doble vertiente siempre ha sido un rasgo distintivo del discurso de ERC desde 1999, y refleja también la complejidad interna del partido, como ejemplifica el contraste de voces como las de Joan Tardà y Marta Rovira. La llegada de Oriol Junqueras deparó un punto de equilibrio interno, pero ¿hasta qué punto se ha solidificado esa fórmula? El agotamiento del procés y el nuevo contexto hacen el discurso casi mesiánico de Junqueras más frágil y menos creíble para una parte importante del electorado independentista. Sólo un apoyo electoral inequívoco permitiría mantener el camino estable hacia una ERC más grande y pragmática, al estilo del SNP, en el que se reflejan las de Carod Rovira y Puigcercós en el tiempo del tripartito. Por el contrario, un nuevo incumplimiento de los pronósticos de victoria abriría la caja de los truenos dentro del partido.

 

‘Hija del 1 de octubre’

La situación de Junts es claramente opuesta. Se trata de una máquina política creada desde el poder, que no ha experimentado aún el frío de estar en la oposición, fuertemente personalizada en torno a un líder ausente (con unas prioridades a menudo divergentes de los representantes que operan sobre el territorio), aún en proceso de construcción y, por ello, nada institucionalizada, es decir, no sabemos si sobrevivirá tal cual cuando Puigdemont se retire de la política. En estas condiciones, es inevitable que se presente a las elecciones con un programa basado en la memoria del procés (la propia Laura Borràs se presenta como hija del 1 de octubre), reivindicando difusamente la unilateralidad, aunque sus votantes no esperen necesariamente un cumplimiento de estas promesas. Además, el proceso interno de primarias para escoger los candidatos arrinconó aquellos dirigentes provenientes de Convergencia que podían dar más credibilidad a un discurso de gobierno más pragmático.

Por ello, las elecciones constituirán un test crucial para Junts, confirmando o desmintiendo si la fuerza evocadora del procés resulta argumento suficiente para gobernar Cataluña hoy, y de paso actualizando el volumen que ocupa realmente el liderazgo de Puigdemont. Por las mismas razones, hay que preguntarse si, con esta oferta electoral, Junts se encuentra en disposición de permitirse eventualmente ser la segunda fuerza electoral y entrar como socio menor en un gobierno de coalición dirigido por su principal adversario.

En el bloque contrario a la independencia, las novedades son más sustantivas. A diferencia del independentismo, el rechazo al secesionismo no resulta suficientemente aglutinador para dejar en un segundo plano la enorme heterogeneidad ideológica de los partidos y de sus visiones de la sociedad. Esto hace que sea un bloque especialmente sensible respecto a la evolución de la política española.

Estas serán las primeras elecciones al Parlamento con Pedro Sánchez a la presidencia. En el nuevo contexto, esto favorece al PSC, que ha experimentado una revitalización importante desde que las elecciones de 2012 fueran interpretadas por muchos como el canto del cisne socialista. Ocho años después, sin embargo, CiU han desaparecido y el PSC permanece de pie, incluso con perspectivas de mejorar el resultado de Montilla en 2010, aunque presente una oferta política no mucho más estimulante que la del Montilla de 2006 (Hechos y no palabras). Pero hay otros aspectos que sí han cambiado fundamentalmente en el nuevo PSC: con un electorado menos diverso -ideológica y territorialmente, y en términos de identidad-, una élite dirigente más adelgazada institucionalmente, y una autonomía menos elástica respecto al PSOE.

 

La llegada de Salvador Illa

Las encuestas sugieren que ninguno de estos tres ingredientes impedirían al PSC volver a ser uno de los principales partidos (ciertamente, en la Cataluña de los partidos empequeñecidos), pero parece que sí resultan obstáculos demasiado serios para aspirar a liderar nuevamente la presidencia de la Generalitat, o incluso quizá para formar parte del Gobierno. De hecho, la recuperación electoral del PSC, con la llegada de Salvador Illa, podría suscitar un cierto espejismo en un partido orgánicamente más débil que el que encabezaba Pere Navarro en 2012 y, por tanto, más supeditado a las exigencias que puedan derivarse del gobierno de Sánchez.

PUBLICITAT
Fabriquem oportunitats per al teu futur. Zona Franca de Barcelona.

Estas serán las primeras elecciones al Parlament con Pedro Sánchez en la presidencia, factor que favorece al PSC.

Es una situación no muy distinta de la que experimentarán los competidores a la derecha del PSC. Las elecciones certificarán el volumen del realineamiento en el espacio de centro y derecha del españolismo en Cataluña. No habría que esperar una dinámica diferente a la vivida en las elecciones generales de 2019 (donde el voto de Ciudadanos terminó alimentando esencialmente a Vox y al PP), con dos matices que son también dos incógnitas. Primer matiz: casi la mitad del voto de Ciudadanos provenía del PSC. ¿Retornará a este partido en igual proporción, o bien el procés ha encogido el tamaño del electorado no independentista proclive al diálogo y al entendimiento con el nacionalismo catalán? Segundo matiz: PP y Vox son dos fuerzas más débiles y menos representativas de Cataluña lo que lo son en el resto de España. ¿Hasta qué punto esto permitiría a Ciudadanos retener una parte de sus votantes, suficiente para conservar el liderazgo de los sectores más intransigentes con el independentismo? Probablemente, la respuesta a ambas preguntas tendrá mucho que ver con cómo afecte al voto el grado de rechazo a la gestión de Sánchez entre el electorado de Ciudadanos, el más dividido al respecto de todos los partidos. Un ejemplo: mientras que un tercio de los votantes de Ciudadanos aprueba la gestión del ministro Illa, un tercio la valoran con la peor puntuación (mayor rechazo que el PP y sólo superado por los votantes de Vox).

¿Qué podemos esperar de este nuevo contexto político? En realidad, el margen de cambio electoral previsible podría resultar menor que las transformaciones experimentadas por el contexto antes señalado, por dos motivos de especial relevancia para el voto del 14 de febrero.

El primer motivo, apuntado por las encuestas, es que continuará predominando una lógica de bloques electorales basados ​​en la identidad y las preferencias territoriales, entre los que casi no hay trasvases. Toda la volatilidad se produce dentro de los bloques. Si esto quita credibilidad al argumento incrementalista en favor de la independencia (no es cierto que haya un aumento progresivo de los partidarios en este sentido, ni hay que esperarlo en los próximos años), tampoco augura demasiado éxito para quien espere de la llegada del candidato Illa argumentos para ganar votantes desencantado de ERC, por muy bien visto que salga entre estos electores según las encuestas.

Tampoco es una situación sorprendente: los flujos entre bloques de identidad han sido tradicionalmente mucho menores que los que se dan entre izquierda y derecha. Fueron más frecuentes en los años 90, y volvieron a producirse en el 2010. Gracias a ello, el nacionalismo catalán, ahora independentista, ha mantenido una mayoría absoluta en el parlamento desde 1984, favorecida por malapportionment de la normativa electoral que sobredimensiona los réditos parlamentarios de los votantes de ERC y Junts. ¿Por qué esta vez debería ser diferente?

 

Sin castigo

El segundo motivo nos ayuda a responder: por los límites que tiene el voto en Cataluña como instrumento para rendir cuentas de la actuación de los gobiernos entre el electorado nacionalista o independentista. No hay una evidencia fuerte para sostener que hacerlo mal en el Gobierno (o, con más rigor, gobernar en un contexto económico adverso, con paro, con controversias dentro del ejecutivo, o con episodios de corrupción) reciba un fuerte castigo en el corto plazo por parte de los electores de ERC y CiU/Junts. Si bien los importantes retrocesos de ERC en 2010, o de CiU en 2012, contenían un mensaje de crítica a la acción de gobierno, en buena medida la pérdida de votos correspondió a votantes que fluctuaban entre ambas fuerzas, y que priorizaban la dimensión nacional, más que la valoración en términos sociales o de izquierda/derecha. Desde esta perspectiva, sería una sorpresa y una novedad que el bloque independentista perdiera porcentaje de voto significativo como resultado de su gestión durante la pandemia, por las promesas incumplidas durante el procés o por los conflictos internos durante los cinco años de coalición en Gobierno.

No hay una evidencia fuerte de que hacerlo mal en el Govern reciba un fuerte castigo en el corto plazo por parte de los electores de ERC i CiU/Junts.

Que no se espere una elevada volatilidad entre bloques políticos ni un castigo electoral severo para los partidos en el gobierno hace difícil pensar que los resultados nos lleven a una situación rotundamente diferente de donde estamos hoy. La distribución de la abstención entre los diversos partidos tendrá un papel importante, ya que previsiblemente volverá a superar el 35%, como no ocurre desde 2010.

PUBLICITAT
Correos Market

Por ello, el escenario base que podríamos anticipar es uno de continuidad, manteniendo los equilibrios entre bloques y la mayoría absoluta de las candidaturas independentistas, donde la única incógnita relevante es saber quién quedará primero. Si la diferencia entre ERC y Junts no es lo suficientemente clarificadora, es bastante previsible que una investidura resulte más complicada que en 2015 o en 2017, sin descartar el riesgo de una repetición electoral en otoño.

 

La década periclitada

Si los pronósticos de las últimas encuestas aciertan, un segundo escenario de mayor cambio daría una victoria amplia de ERC y la posibilidad de una mayoría de izquierdas alternativa. Volveríamos entonces a una situación parecida a la de 2003, pero ahora con ERC en la presidencia de la Generalitat. Esto no impediría necesariamente reeditar la coalición con Junts, pero favorecería una reducción del conflicto institucional entre Barcelona y Madrid, y se complementaría mejor con las medidas de distensión aplicadas desde la Moncloa.

Si las encuestas aciertan, un segundo escenario daría una victoria amplia de ERC y la posibilidad de una mayoría de izquierdas alternativa.

 

Resulta más improbable –por la necesidad de concatenar movimientos de voto simultáneos menos habituales– un tercer escenario, de cambio mayor, donde el PSC se convirtiera segunda fuerza parlamentaria en detrimento de los de Puigdemont, y la suma de ERC y Junts no permitiera llegar a la mayoría absoluta. En un contexto así, probablemente ERC intentaría un gobierno en minoría, como ya hizo CiU en 1995 y 2010, intercambiando los roles del PP por el PSC. Este sería el escenario deseado por Sánchez, y quizá no demasiado incómodo para buena parte del propio PSC, aquel que está suficientemente ocupado gobernando municipios.

Los tres escenarios tienen un elemento en común: no habrá gobernabilidad que no pase por ERC. Y también otro: que la contradicción entre los criterios y prioridades estratégicos de los principales partidos del sistema podrían seguir bloqueando acuerdos transversales que devuelvan cierto brillo al ejercicio de un poder autonómico menospreciado y derrochado, pero aún hoy mucho más potente que ninguna «hoja de ruta» rupturista de las soñadas por los dirigentes políticos catalanes en la década periclitada.