El pasado mes de diciembre la política española alcanzó un punto de máxima tensión a raíz de las vicisitudes en torno a la fallida renovación del Consejo General del Poder Judicial y, por ende, del Tribunal Constitucional. Algunos desmemoriados creen que se trata de una situación inédita, pero harían bien en repasar situaciones anteriores como las vividas durante la última legislatura del presidente Felipe González, o a raíz de la derrota inesperada del PP en 2004 y la política antiterrorista de los gobiernos del presidente José Luis Rodríguez Zapatero o, más recientemente aún y sin ir más lejos, durante los hechos del otoño catalán de 2017.

Pero, desde luego, el clima político se ha vuelto irrespirable. Sin necesidad de recurrir a los medios más extremistas ni a las redes sociales, el choque institucional en el que ha derivado el bloqueo del poder judicial ha proporcionado titulares y declaraciones hiperbólicas de alto voltaje. Así, resulta que la democracia estaría en grave peligro por las intenciones golpistas de unos u otros; las instituciones, secuestradas, saboteadas o en proceso de demolición; la Constitución, amenazada; el Parlamento, amordazado; el Gobierno sería ilegítimo y su presidente, un déspota con ambiciones tiránicas; los unos serían unos bolivarianos y los otros, unos trumpistas o unos bolsonaristas; los jueces, unos enemigos del pueblo… En definitiva, una crisis de Estado sin precedentes en todo el mundo mundial.

No se trata de frivolizar sobre esta situación ni de subestimar su gravedad, pero una primera medida de higiene sería el desarme verbal que, si persiste y sube nivel, será el camino más corto hacia el cumplimiento de las profecías que anuncian. Juan Rodríguez Teruel (El País, 22-12-22) recuerda que el declive de la democracia empieza cuando el verdadero significado de las palabras se corrompe. Lamentablemente, el paroxismo polarizador del año electoral en el que entramos no hace prever una disminución de la crispación verbal, tal como advierte Andrés Ortega (elDiario.es, 20-12-22):

Juan Rodríguez Teruel recuerda que el declive de la democracia empieza cuando el verdadero significado de las palabras se corrompe.

«La polarización irá a más, por las razones antes señaladas, y por la estrategia de la derecha de deslegitimación de Sánchez, de su Gobierno y de sus mayorías parlamentarias con las que se han sacado adelante muchas medidas, muchas buenas (aciertos que la oposición se niega a admitir), otras menos. Y por la creencia de los estrategas de Sánchez de que la radicalización de la derecha que supone Vox y la perspectiva de que este llegue al Gobierno —aunque la extrema derecha se ha blanqueado en Europa—, beneficiará a la izquierda y, concretamente al PSOE. Pero, como decimos, España no es tan diferente. Lo mismo, o parecido, está ocurriendo en otras democracias supuestamente liberales, en muchas de las cuales la lucha por el control de los tribunales constitucionales es central»

 

Un fallo multiorgánico

Al mismo tiempo, es necesario valorar los costes de este proceso que va del bloqueo de la renovación del Consejo General del Poder Judicial y del Tribunal Constitucional al choque directo entre las instituciones del Estado. En primer término, supone una deslegitimación del sistema institucional en conjunto y su progresiva parálisis, que puede provocar un fallo multiorgánico en la democracia española, en palabras de Cristina Monge (infoLibre, 18-12-22).

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Por su parte, José María Lassalle advierte del peligro de que la crisis institucional acabe por trasladarse a la sociedad (El País, 19-12-22):

«La generalización de estrategias jurídicas e institucionales propias de las dinámicas de lawfare puede significar un giro que afecte al Estado mismo y que, finalmente, repercuta sobre la sociedad y la rompa por la mitad emocionalmente al abocarnos a un empate catastrófico.»

En todo caso, aunque no tuviera una incidencia social directa notable, es una situación que contribuye a reforzar la tendencia al aislamiento individualista y al retraimiento de la participación de la ciudadanía en los asuntos colectivos. Como tampoco son desdeñables los efectos económicos a medio y largo plazo, en términos de pérdida de fiabilidad del sistema España en conjunto. Basta observar cómo la degradación política e institucional en Italia ha acabado por deteriorar su salud económica y social, como explica Carlos Sánchez en El Confidencial (18-12-22):

«Hay evidencias macroeconómicas a la vista de lo que ha sucedido en España e Italia en los últimos años, que muestran que la insensatez sale muy cara. Tanto que es capaz de crear un caldo de cultivo sobre el que germinan la barbarie política y la ruina económica.»

Norberto Bobbio, desconcertado por el clima de violencia verbal y de arrogancia que caracteriza la política destructiva, propone como antídoto la virtud de la templanza.

La banalización del debate público que oculta el estrépito de la política polarizada nos impide captar la profundidad de la crisis real que socava la democracia y pensar cómo revertirla. Quizá haríamos bien en prestar atención a las palabras clarividentes de Norberto Bobbio cuando —en su libro Elogio della mitezza— se muestra desconcertado y desanimado por el clima verbal y de arrogancia que caracteriza la política destructiva, y propone —de modo anti-intuitivo— como antídoto la virtud de la templanza, que no se debe confundir de ningún modo con la sumisión:

«No querría que se confundiera la templanza con la sumisión… el sometido es quien renuncia a la lucha por debilidad, por miedo, por resignación. La persona templada, no: rechaza la competencia destructiva de la vida por una sensación de disgusto, por la vanidad de los fines a los que tiende esta competencia, por un profundo sentimiento de desapego ante los bienes a los que accede la codicia de la mayoría… La persona templada no guarda rencor, no es vengativa, no siente odio contra nadie… no abre nunca fuego; y cuando los otros lo abren, no se deja quemar, aunque no pueda apagarlo. Pasa por el fuego sin quemarse y por las tormentas de sentimientos, sin alterarse, manteniendo su propia mesura, su serenidad, su propia disponibilidad.»

Así, activar la virtud de la templanza se nos aparece, a contracorriente, como una condición necesaria, aunque no suficiente, para la buena salud de la política democrática. Y acompañando esta virtud, dos normas que Jordi Ibáñez Fanés deduce de su lectura política del poeta Gabriel Ferrater:

«Seamos decentes. Estemos del lado de la verdad, no de las exaltaciones ni de las apelaciones a la dignidad», escribe Jordi Ibáñez Fanés.

«Dos normas básicas, pues—prepolíticas, si quieren, y no nos compliquemos más la vida—: estemos atentos a los detalles, no los sacrifiquemos en nombre ni del buen relato ni de la gran causa. Los detalles son la cosa y la causa. Y seamos decentes. Es decir, estemos del lado de la verdad, no de las exaltaciones ni de las apelaciones a la dignidad.» (Gabriel Ferrater i la política, Capellades, Eds. del Molí de Dalt, 2022).

 

«La culpa será nuestra»

No vaya a ser que sin darnos cuenta la democracia se nos escurra de las manos, como sabiamente nos advierte Jonathan Sumption con las palabras que cierran su libro Juicios de Estado. La ley y la decadencia de la política (Barcelona, Antoni Bosch, 2019):

«Los profetas suelen equivocarse. Pero sí quisiera profetizar una cosa: si en algún momento llegara el fin de la democracia, no nos daríamos cuenta. Las democracias avanzadas no se derrocan. No salen tanques a la calle, ni hay catástrofes repentinas, ni dictadores arrebatados, ni multitudes enfervorecidas. En lugar de todo eso, las instituciones sufren un drenaje imperceptible de todo lo que con anterioridad las hacía democráticas. Las etiquetas seguirán ahí, pero ya no describirán los contenidos. La fachada seguirá en pie, pero sin nada detrás. La retórica de la democracia permanecerá inalterada, pero carecerá de significado. Y la culpa será nuestra.»