El Movimiento Europeo, creado en 1948 para promover la unidad del continente, celebró su cuarto congreso en Múnich, los días 7 y 8 de junio de 1962. Dado que el gobierno español había solicitado, en febrero, la apertura de negociaciones con la CEE y planteaba la posibilidad de una asociación capaz de evolucionar hacia la adhesión plena, el secretario general del Movimiento Europeo, Robert van Schendel, decidió celebrar un coloquio previo al congreso, reuniendo a un grupo de españoles (exiliados y europeístas residentes en España) para debatir cómo debía tratar la CEE la solicitud española.

Los españoles reunidos en Múnich acordaron una declaración en la que la convergencia democrática se presentaba como condición sine qua non para que España se incorporara o se asociara a «Europa». El gobierno español reprimió (de diferentes maneras) a la mayoría de los españoles que volvieron a España desde Múnich.

Según la literatura existente, en Múnich se establecieron los fundamentos de nuestra transición, al ligar democratización y europeización. Según nos dicen, la reacción del gobierno español llevó a que la Comunidad rechazara la solicitud de asociación de España y bloqueara negociar con la dictadura. Corresponde a otros explicar que el espectro político del grupo de Múnich no representaba a quienes serían las principales fuerzas de la oposición durante la Transición al faltar los comunistas y los socialistas que ya no se reconocían en la gerontocracia del PSOE de Toulouse. Lo que me toca aclarar ahora es que el affaire de Múnich no repercutió en la elaboración de la política comunitaria hacia la España franquista.

En primer lugar, la resolución española no impactó ni tan siquiera en el Movimiento Europeo. La resolución final del congreso de Múnich (una versión ligeramente modificada del proyecto presentado por el ponente general, Pierre Wigny, antes de que comenzara la reunión) afirmaba que solo los Estados democráticos europeos que aceptaran los Tratados de Roma y la unificación política como etapa final del proceso de integración podrían ser miembros de las Comunidades. Los Estados que no cumplieran estas condiciones podrían asociarse. «La asociación», decía la resolución, «debe considerarse especialmente con los países europeos que mantienen relaciones económicas particularmente importantes con la Comunidad».

En otras palabras, según el Movimiento Europeo, la España de Franco podía legítimamente aspirar a una asociación con las Comunidades Europeas. El manifiesto español, que pedía que tanto la adhesión como la asociación exigieran instituciones democráticas, mereció un aplauso, pero no fue asumido por el Movimiento Europeo como resolución propia, ni alteró la resolución final del Congreso.

Ante las noticias de que la resolución española había sido asumida por el Movimiento Europeo, este emitió, el 18 de junio, el siguiente comunicado de prensa: «En cuanto a las diversas interpretaciones publicadas sobre la acogida que el Congreso ofreció a la resolución redactada por la delegación española, hay que recordar que esta fue sin duda muy calurosa. Sin embargo, la moción no fue formalmente sometida a votación.» El reglamento solo preveía la votación de las mociones sumarias propuestas por el Comité de Resoluciones.

En segundo lugar, el contenido de la resolución española no disgustó a Franco. La Oficina Ejecutiva Internacional del Movimiento Europeo envió tres representantes a Madrid para pedir explicaciones ante la campaña represiva. En su reunión, Franco elogió la labor del Movimiento Europeo, muchos de cuyos miembros visitaban regularmente España, invitados por una de las diecinueve asociaciones europeístas entonces activas en el país, y no presentó ninguna objeción al contenido de la declaración española.

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Los representantes del Movimiento Europeo reconocieron que el Gobierno español era plenamente consciente de que la adhesión a la CEE «implica una profunda transformación del régimen». La cuestión que sí preocupaba a Franco era dejar claro que el régimen «aspira a conservar el control sobre el ritmo de su integración». Franco advertía a quienes, con motivo de la solicitud de febrero, pudieran pretender imponer un cambio político en España desde el exterior.

 

Solicitud «absolutamente inaceptable»

En tercer lugar, «Europa» no respondió de forma airada. Es cierto que la Comisión de la CEE se mostró «escandalizada» y consideró que la represión contra los de Múnich resultaba «incompatible» con el examen de la solicitud de España al Mercado Común. También lo es que en el Parlamento Europeo se declaró que la solicitud española era «absolutamente inaceptable» mientras durara el régimen del general Franco. Sin embargo, estas actitudes no reflejaban la posición del Consejo. Un nuevo episodio represivo del régimen no cambiaba las actitudes oficiales de los gobiernos de los Seis, en ningún sentido.

Así, el embajador francés aceptaba la interpretación de los hechos de Múnich por parte de Franco, mientras que el gobierno belga mantenía su oposición a cualquier negociación con España mientras el país siguiera bajo el dominio de Franco. Por su parte, la posición del gobierno italiano estuvo determinada por sus intereses materiales dentro de la CEE. Si hubiera obtenido satisfacción no habría dudado en seguir las sugerencias de París y Bonn.

El caso de la República Federal es ilustrativo del amplio margen de maniobra del que gozaba el régimen de Franco. Fue el gobierno de Bonn el que impidió que el Movimiento Europeo discutiera e incorporara el manifiesto español a las resoluciones de su congreso, si bien la ayuda del gobierno federal estaba condicionada a que los asistentes no sufrieran represalias. La decepción subsiguiente no se tradujo en nada. Dos semanas después de la represión, el ministro Hans-Joachim von Merkatz expresó, en una conferencia europeísta que se celebraba en El Escorial, en nombre del gobierno federal, la «admiración y el respeto» a los logros históricos del pueblo español y la orientación proeuropea de su gobierno.

El régimen de Franco reprimiría cuando lo considerara oportuno, simplemente porque podía hacerlo sin consecuencias.

Sin duda, tanto el gobierno francés como el alemán fueron, desde el principio, conscientes de los problemas políticos que se avecinaban en su apoyo a España y, por tanto, esperaban que Madrid evitara episodios a los que sus opiniones públicas eran especialmente sensibles. Pero el régimen de Franco reprimiría cuando lo considerara oportuno, simplemente porque podía hacerlo sin consecuencias.

 

España, «milagro económico»

La aprobación de tres acuerdos con Francia y Alemania Occidental, el 14 de julio de 1962, en la misma sesión de las Cortes que escuchó la diatriba contra el contubernio de Múnich por parte del ministro del Interior español, sirvió para recordar a la opinión pública que, independientemente de la naturaleza no democrática del régimen político que entonces gobernaba el país, España ofrecía a los Seis un amplio mercado cuando los expertos internacionales coincidían en que España daba muestras de convertirse en el próximo «milagro económico» de Europa.

«Al gobierno español solo le importa la reacción de los gobiernos, no la de la opinión pública», advertía el subsecretario de Exteriores, Pedro Cortina.

Se percibía que el procedimiento más directo y seguro para un avance arrollador de la economía española pasaba por un cierto grado de asociación con el Mercado Común y por la progresiva apertura de la economía española como consecuencia de ello. La asociación de España a la CEE debería producirse «de alguna manera», solicitaba abiertamente The Economist (13-10-1962).

Las democracias occidentales siempre han tenido que lidiar con los dictadores. No admitirlos como socios en ciertos clubes nunca ha sido suficiente para satisfacer a la opinión pública. La cuestión española movilizó a una opinión pública que exigió a sus gobiernos medidas más drásticas contra el régimen de Franco que la exclusión pasiva de la CEE. Sin éxito alguno. Tal y como advertía el entonces subsecretario de Asuntos Exteriores, Pedro Cortina, «al gobierno español solo le importa la reacción de los gobiernos, no la de la opinión pública».

 

«Una noción flexible»

¡Con razón! Cuando se discutieron en el Consejo de la CEE, en octubre de 1962, los expedientes de asociación implicados en las negociaciones de Bruselas para la primera ampliación de la CEE, los gobiernos de Francia y Alemania Occidental consideraron ventajoso que el Tratado de la CEE no definiera con precisión las implicaciones de la asociación. El ministro francés de Exteriores, Maurice Couve de Murville, en calidad de presidente en ejercicio del Consejo, recordó a sus colegas que la asociación, tal como se define en el Tratado de la CEE, era «una noción flexible y relativamente imprecisa, y así es también en la situación actual».

Cada país que desea asociarse a la CEE representa un caso singular que requiere una fórmula específica y no estandarizada. La asociación siempre se ha considerado como un instrumento político especialmente flexible de la Comunidad, ya que permite considerar las particularidades de cada solicitud de asociación. La asociación fue en su origen, y lo siguió siendo durante mucho tiempo, un concepto capaz de adaptarse a diferentes circunstancias.

La asociación de España a la CEE debería producirse «de alguna manera», solicitaba abiertamente ‘The Economist’ (13-10-1962).

Así las cosas, en mayo de 1964, Paul Henri Spaak, presidente en ejercicio de la CEE, invitó al jefe de la representación española ante las Comunidades, el embajador Carlos de Miranda, a redactar la versión final de la respuesta del Consejo de la CEE a la petición española. ¡Han leído correctamente! La ironía de esta historia es que un antiguo presidente del Movimiento Europeo (Spaak) redactara —con la ayuda del mismo diplomático español (Miranda) que había coordinado la estrategia del régimen de Franco durante la reunión del Movimiento Europeo de junio de 1962— la nota que autorizaba a la Comisión de la CEE a iniciar, en diciembre de 1964, conversaciones exploratorias con los representantes del último reducto del fascismo que gobernaba en Europa.

 

El más exitoso acuerdo

Conversaciones que desembocaron en el acuerdo entre España y la CEE de junio de 1970 que, a todos los efectos, funcionó como el más exitoso acuerdo de asociación (para el país tercero concernido) jamás firmado por la Comunidad Europea y que estableció el marco formal de relaciones entre España y la CEE vigente entre 1970 y el 1 de enero de 1986, fecha de la adhesión del Reino de España a las Comunidades Europeas. La europeización que la sociedad y la economía española experimentaron entre 1970 y 1985 se produjo bajo la influencia de dicho acuerdo.

Quienes acudieron a Múnich merecen reconocimiento y respeto, pero no hay mejor reconocimiento y mayor respecto que el esfuerzo de situarlos en el contexto histórico que les corresponde. Ni contubernios ni mitos, la historia propiamente dicha, con sus luces y sus sombras. Esta historia, dentro de su enorme complejidad, ya se ha contado (Guirao, The European Rescue of the Franco Regime, 1950-1975, Oxford University Press, 2021). Basta con prestarle la atención debida.