La transición ecológica es la búsqueda de un nuevo paradigma que incorpore una noción de bienestar sin comprometer la vida en el planeta. Se dirá, con razón, que para eso el vector energético es clave, pero circunscribir el debate exclusivamente a la energía dejaría demasiados aspectos fuera.

Las aproximaciones que en las últimas décadas se han venido haciendo a la crisis ambiental se han realizado fundamentalmente desde las ciencias naturales. La biología, la física, la meteorología y disciplinas afines fueron las primeras en dar la voz de alarma sobre los riesgos del modelo de desarrollo basado en la producción y el consumo, sin mayores límites que la capacidad tecnológica y la logística.

Años más tarde la economía entró en el debate recordando que «economía» y «ecología» comparten la misma raíz, del griego oikos. Mientras que la ecología se encarga del estudio y comprensión de la «casa», del «hogar», la economía lo hace de su administración. Irían detrás los juristas, prestos a diseñar sistemas de protección de bienes públicos y a ordenar una paleta de derechos que incorporara lo referente a un medio ambiente sano. Finalmente, la sociología y la ciencia política han entrado a aportar su aparato epistemológico y sus parámetros de análisis para constatar cómo la crisis climática actúa como un catalizador de problemas previos agravando las desigualdades –de renta, de género, de territorios, entre otras–, e incrementando los conflictos.

 

Dificultades añadidas

Desde el enfoque político la crisis climática tiene, al menos, tres características que añaden grados de dificultad a su gestión por las democracias avanzadas. Con esto no quiero decir que los sistemas autoritarios traten mejor este asunto, como ha quedado ampliamente demostrado en la literatura especializada.

En primer lugar, el carácter estratégico del reto ambiental plantea un problema de rendición de cuentas e incentivos. ¿Cómo puede un gobierno elegido para cuatro años hacer balance de algo cuyos efectos solo se constatarán en el largo plazo? Y en la misma línea, ¿qué incentivos tiene para ello si las decisiones a tomar suponen en muchos casos renuncias a corto cuyos beneficios sólo disfrutarán a largo? Es imprescindible incorporar el pacto intergeneracional al contrato social.

Por otro lado, la crisis climática presenta una enorme complejidad en la comprensión de sus temibles efectos que vamos conociendo conforme suceden. Si el conocimiento científico nos dice que, en buena medida, estamos entrando en terreno desconocido en lo que al comportamiento de la biosfera se refiere, desde el punto de vista económico, social y político no hay muchas más certezas. Hoy comprobamos que el cambio climático es la primera causa de desplazamientos de personas en el mundo, que presenta desafíos como la reconceptualización de la noción de refugiado o de la propia idea de bienestar, de progreso, y que, conforme profundizamos en su conocimiento, comprobamos cómo los retos que plantea se extienden a todas las esferas.

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Se necesita, por tanto, de todos los conocimientos disponibles para abordar un asunto de tal magnitud. Y es preciso que dichos conocimientos trabajen de forma conjunta dando soluciones complejas a problemas complejos y poliédricos. Sin embargo, sabemos que existen dificultades para incorporar de forma sistemática los diagnósticos expertos multidisciplinares al proceso de toma de decisiones políticas. La pandemia lo ha puesto de manifiesto.

¿Cómo puede un gobierno elegido para cuatro años hacer balance de algo cuyos efectos solo se constatarán en el largo plazo?

En tercer lugar, la crisis climática es claramente un fenómeno global. Con responsabilidades diferenciadas, como se subrayó hace ya años en los acuerdos de las Conferencias de las Partes de la Convención sobre Cambio Climático –conocidas como COP–, pero claramente global. Tanto que se ha acuñado la expresión «doble injusticia del cambio climático» para señalar cómo los países en desarrollo, que menos responsabilidad han tenido en su aparición, sufren en mayor medida las consecuencias, al depender sus economías de forma más directa de los ecosistemas y por carecer de medios económicos y tecnológicos que faciliten la adaptación.

Si las inundaciones del verano de 2021 en Alemania y Bélgica causaron enormes pérdidas y el dolor inmenso de decenas de fallecidos, los daños por fenómenos similares en países que carecen de recursos e infraestructuras, y que dependen de sus cultivos para alimentar a la población, se multiplican. Sabemos, no obstante, de las dificultades de la gobernanza global, y comprobamos con desesperación la lentitud de los acuerdos. A la hora de escribir estas líneas la COP26 aún no comenzado, pero se acaba de conocer el esperado documento de compromisos de reducción de emisiones de China y el resultado es desolador. Según los cálculos más realistas, en esas condiciones el objetivo de no superar un incremento medio de temperatura de 1,5ºC parece imposible.

 

Cambio climático ¿de izquierdas o de derechas?

A priori, el cambio climático tiene poco que ver con lo ideológico. Que el incremento de temperaturas debido a la acción humana desencadena una serie de consecuencias en la biosfera es un hecho objetivo. La cosa se complica cuando, además de cambio climático se considera el «cambio global»: el que se produce en las sociedades fruto de la propia evolución del clima, ya que ahí entra la interpretación y la consideración de causalidades no siempre fáciles de identificar.

Cuando se comienza a plantear la transición ecológica la ideología aparece en todo su esplendor. En efecto, la transición ecológica puede abordarse desde distintos ángulos, dando mayor o menor protagonismo a lo público o a la privado, otorgando mayor o menor centralidad a la idea de transición justa, planteando políticas de ámbito nacional, regional u occidental, o tratando de impulsar líneas estratégicas globales, etc. Si se trata, por ejemplo, de conseguir un objetivo de 100% renovables, a ese punto se puede llegar por caminos muy diversos. Alcanzándolo, se habrá cubierto un objetivo fundamental pero cada ruta conlleva un modelo de sociedad distinto.

Nos hallamos ante la mayor discusión ideológica de nuestros días: el modelo de desarrollo posible y deseable.

Puede que el cambio climático no sea de izquierdas o de derechas, pero la transición ecológica sí. Y dada la profundidad de esta transición, muy probablemente no sea exagerado plantear que nos encontramos ante la mayor discusión ideológica de nuestros días, que empieza a llegar al fondo de la cuestión: el modelo de desarrollo posible y deseable.

En este debate se está dibujando una línea con dos extremos. En uno, los «tecno-optimistas», que piensan que la tecnología todo lo puede, y lo que no pueda hoy lo podrá mañana. En el lado contrario, los «colapsistas» que afirman que no hay salida, y que, de haberla, pasaría por un importante decrecimiento. En los múltiples puntos que pueblan ese continuum, surgen opciones que apuestan por repensar la idea de desarrollo, de progreso, de bienestar; de forma que sea compatible con la salud del planeta, que es también la de los humanos.

Si es conocido el debate sobre la necesidad de repensar el PIB como medida de la riqueza de una sociedad, llega el momento de ir más allá y avanzar en la discusión sobre qué medir, qué idea de progreso o desarrollo podemos consensuar. El cómo se mide vendrá después.

 

Green Deal y Next Generation

En este contexto, en la COP 25 que se celebró en Madrid en diciembre de 2019, la recién nombrada Ursula Von der Leyen anunció la puesta en marcha de un Pacto Verde Europeo llamado a ser la nueva hoja de ruta de la Unión. Ya entonces se planteó la necesidad de acelerar la transición ecológica, con la correspondiente transición energética, y hacerlo «con justicia», de forma que las desigualdades, que se habían visto agravadas por la gestión de la crisis financiera de 2008, no volvieran a reproducirse. La sombra de los gilets jaunes sobrevolaba todo el debate.

Cada vez que se intenta resolver un problema ambiental surgen otros nuevos, como sucede con instalación de parques eólicos en el mundo rural.

Un par de meses después llegó la pandemia y Europa se paralizó. Las tensiones no fueron pocas, con países insistiendo en que era momento de priorizar la vuelta a la economía pre-pandemia y dejar para más adelante las cuestiones ambientales. Sin embargo, fruto de las evidencias científicas, del incremento de conciencia ambiental de la ciudadanía, del arraigo de esta cuestión no sólo en partidos verdes sino de forma cada vez más transversal –especialmente en Alemania, donde las cuestiones ambientales se han visto muy reforzadas en las últimas elecciones y juegan un papel clave en la conformación de gobierno–, de la presión del mundo financiero que ha entendido que la «economía marrón» comporta numerosos riesgos mientras que en la «verde» existen grandes posibilidades de crecimiento, o de todas ellas juntas, la apuesta europea se ratifica en la transición ecológica hasta el punto de que el Programa de Recuperación, Transformación y Resiliencia tiene como objetivo modernizar la economía entendiendo por tal su digitalización y su reverdecimiento, y hacerlo, de nuevo, incorporando los criterios de Transición Justa.

 

¿En qué momento estamos?

Es la hora de pasar de las palabras a los hechos. Si los discursos de transición ecológica en general y energética en particular son ya bien aceptados por casi la totalidad de la sociedad, llega el momento de ponerlos en práctica, y atravesar ese instante en el que empiezan a emerger las contradicciones y los problemas de lo que se hace por vez primera.

Desde la Sociología se insiste en que los problemas ambientales son wicked problems, problemas retorcidos. Cada vez que se intenta resolver uno, surgen otros nuevos relacionados con la supuesta solución. Un caso claro se está viendo en Europa en estos momentos en relación con la instalación de parques de energía eólica y solar en el mundo rural. Si bien algunos proyectos gozan del acuerdo del territorio, otros están generando importantes conflictos, que llegan a su paralización por motivos tanto ambientales, como de defensa de los intereses locales allí donde se ha generado economía en torno a la naturaleza y el paisaje, o donde las empresas promotoras actúan con escasa transparencia.

Para concluir, podríamos afirmar que la transición ecológica en su conjunto, y con ella de forma destacada la energética, está en marcha y se necesita que incremente su ambición y velocidad. Por el camino se va a encontrar con múltiples hándicaps. Un mercado no preparado para el cambio, como se está viendo con el alza de precios en el mercado mayorista; la crisis de suministros que lastrará la fabricación e instalación de dispositivos de energías renovables; o los conflictos sociales asociados al cambio de modelo, son algunos de ellos.