Gonzalo Boye es un abogado de choque, provisto de alas y pico afilado. Lo de las alas tiene que ver con la capacidad de desplegar su toga sobre las más variadas causas y sedes judiciales, para caer unas veces en picado y otras en vuelo rasante, pero siempre con las garras por delante. Se adapta al medio, en definitiva, y combina el estilo técnico, la profusión de citas y preceptos, con el empleo de un lenguaje más político, para entrar con frecuencia en el cara a cara con los fiscales, o con el propio tribunal. Respetuoso en el planteamiento, pero punzante en el argumento. En definitiva, se trata de un abogado versátil, de estrategia variable, pero siempre lanzado al ataque, nunca escondido ni pasivo, sino vigilante y al acecho.

La vis política de Gonzalo Boye se deja ver en los procesos en que ha tomado parte. Y se relaciona también con el modo de llevarlos. En todos ellos ha destacado de un modo u otro. Y en algunos lo ha hecho directamente, por ser el protagonista. En estos casos, a su pesar, claro. Sobre todo, en el proceso por el que fue condenado a 14 años de prisión, acusado de haber colaborado con ETA en el secuestro del industrial Emiliano Revilla. Boye siempre negó tal participación. Cumplió en la cárcel seis años, entre 1996 y 2002, lo que supuso una experiencia crucial en su vida, empezando por el hecho de que empleó parte de ese tiempo en matricularse en la Universidad de Nacional de Educación a Distancia (UNED) y terminar la carrera de Derecho. Desde entonces, la toga ha sido su ropa de trabajo.

Desde que salió de prisión, hace veinte años, inició la intensa actividad profesional que le ha hecho convertirse en un abogado famoso, una condición que tiene sus ventajas, y tal vez algún inconveniente, porque siempre puede serlo la exposición pública, y más para quien haya tenido una vida azarosa, de las que combinan éxitos y reveses. En la actualidad se le conoce sobre todo por ser el defensor del expresidente de la Generalitat Carles Puigdemont. Pero su trayectoria como penalista es ya muy dilatada. En determinados círculos de los tribunales se le tiene por letrado con tendencia a la gestualidad y el trazo grueso y desbordado. Él prefiere considerarse simplemente combativo, característica esta última que en relación con el procés ha demostrado, sin duda.

 

Cuestionarlo todo

Gonzalo Boye se defiende ante esta imagen, la que le vincula a un amante de la bronca y la triquiñuela ante el estrado. «Yo me tomo las defensas muy en serio», dice, para añadir que en su labor no hace distinciones, porque «defiendo a todo tipo de personas», y en todos los casos con la misma intensidad. Si se le pide que defina su modo de actuar, cómo entiende que debe desarrollarse la tarea del abogado, responde como un resorte. «A mí –explica- me gusta cuestionarlo todo en un proceso». Por ello no le molesta que le consideren un abogado de choque. Al contrario. Se reafirma en su filosofía en el sentido de que «las buenas defensas nacen de cuestionarlo todo».

Cumplió en la cárcel seis años (1996 a 2002), y empleó parte de ese tiempo en matricularse en la UNED y terminar la carrera de Derecho.

Ahora le ocupa de manera especial la que pudiera ser la antepenúltima batalla legal en relación con la petición del juez del Supremo Pablo Llarena para que Puigdemont y otros dirigentes independentistas huidos a diversos países extranjeros sean entregados para ser juzgados en España. Un asunto en el que el Abogado General del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) dio a conocer en julio pasado un informe que se ha interpretado como el primer paso para que dicha entrega pueda llevarse a cabo. Boye, desde luego, tratará de evitarlo.

 

A la casilla de salida

Ése ha venido siendo su empeño desde las primeras iniciativas del Supremo para que Puigdemont se sentara en el banquillo junto al resto de procesados en relación con el procés. Tras el citado informe –contrario a los argumentos por los que la justicia belga negó la entrega del exconseller Lluís Puig–, Boye subrayó en un mensaje de Twitter: «Lucharemos por cada derecho y por cada opción. Hasta el final». Y en otro mensaje, añadió: «Estas conclusiones (del Abogado General) no implican una futura entrega de los exiliados, simplemente nos devuelven a la casilla de salida obligándonos a probar fallo generalizado del sistema y contamos con los elementos para acreditarlo», llegado el caso, si el TJUE compartiera «los sorprendentes criterios» del citado dictamen. Son declaraciones que confirman el modus operandi combativo de Boye en éste y otros asuntos. En el caso de Puigdemont y otros dirigentes del procés, la persona que le contactó para que se hiciera con la defensa fue Jaume Assens, hoy presidente del grupo confederal de Unidas Podemos-En Comú Podem en el Congreso.

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Sentencia condenatoria

La ficha biográfica de Boye indica que nació en 1965 en Viña del Mar (Chile), hijo de un conocido periodista que unos años más tarde, tras el golpe que derrocó a Salvador Allende, destacaría por su oposición al régimen de Pinochet. Ya en la década de los 70, uno de sus primeros vuelos transoceánicos le llevaría a Heidelberg, ciudad de residencia de una parte de su familia paterna. En esa Universidad inició años más tarde estudios de Económicas y Ciencias políticas, que no terminó. Allí contrajo un primer matrimonio y tuvo dos hijas, que hoy en día ejercen la abogacía en el Reino Unido. Y pocos años más tarde decidió trasladarse a España, donde su vida iba a dar un giro.

Nació en 1965 en Viña del Mar (Chile), hijo de un conocido periodista que destacaría por su oposición al régimen de Pinochet.

Fue en 1992 cuando la Policía le detuvo, acusándole de haber tomado parte en dos secuestros de ETA. El de Diego Prado y Colón de Carvajal, ocurrido en 1983, y el ya mencionado del industrial Emiliano Revilla, en 1988. La primera de estas acusaciones quedó en nada. En el segundo caso, en cambio, fue procesado por haber participado supuestamente con otras tres personas de nacionalidad chilena en tareas de preparación de infraestructura para el secuestro, así como de seguimiento y vigilancia de Revilla. A todos ellos se les consideró pertenecientes al Movimiento de la Izquierda Revolucionaria (MIR).

La sentencia condenatoria consideró probado que Boye prestó su coche, de matrícula alemana, a uno de los secuestradores, a sabiendas de que sería utilizado en los hechos delictivos. También estimó que el acusado había estado en el lugar donde se preparó el zulo para el secuestro y que percibió dinero a cambio de su colaboración. Él nunca aceptó que hubiera tenido tal participación y explicó la percepción de ciertas sumas por una operación que nada tuvo que ver con un delito de detención ilegal, sino con un supuesto intento de blanqueo de capitales.

Boye salió de prisión licenciado en derecho y con hambre de balón en el terreno de juego para el que se había preparado. Desde entonces, han sido muchos los procedimientos judiciales en los que ha intervenido. De hecho, es difícil encontrar alguno que reúna la notoriedad con los perfiles polémicos en el que no haya participado, de lo que resulta un álbum con una gran mezcla de perfiles y connotaciones. Ahora, comparte despacho con su actual esposa, la letrada Isabel Elbal, con la que tienen una hija, Elena, de 13 años.

La cartera de clientes de Gonzalo Boye ha incluido a personas tan dispares como el dirigente etarra Josu Ternera o el exempleado de la CIA (Agencia Central de Inteligencia) y de la NSA (Agencia de Seguridad Nacional) Edward Snowden, acusado de revelación de secretos de la seguridad norteamericana, cuyo caso le proporcionó apariciones en la prensa internacional. Todo ello pasando por la intervención en otros casos como el del extesorero del PP Luis Bárcenas –aquí como querellante-, o en la persecución de los principales asesores del entonces presidente norteamericano Geoge W. Bush, por la creación y funcionamiento del centro de detención de Guantánamo, para acusados de terrorismo.

Su cartera de clientes ha incluido a personas tan dispares como el dirigente etarra Josu Ternera o el exempleado de la CIA y de la NSA Edward Snowden.

Ahora bien, quizá el asunto que primero le ayudó a promocionar su actividad en España fue el relativo a los atentados de Atocha, el 11-M. En ese caso asumió la representación de Angélica Jeria, la viuda de un ciudadano chileno muerto en la masacre yihadista. Boyé se reveló allí como un buen interrogador, en un juicio que tuvo mucho seguimiento mediático.

 

Defensor de Rodrigo Lanza

Otros nombres que han figurado en su cartera de clientes son los del narcotraficante José Ramón Prado Bugallo, conocido como Sito Miñanco, o el exjuez Elpidio Silva. En un asunto relacionado con el primero de ellos, Gonzalo Boye vuelve a estar procesado ahora por un presunto delito de blanqueo de capitales, en concurso con otro continuado de falsificación en documento oficial. La Fiscalía tiene que pronunciarse en breve sobre la continuación de la causa, y si debe llegar a a juicio.

Boye también defendió a Rodrigo Lanza, condenado en 2006 a 5 años de cárcel por agredir a un agente de la Guardia Urbana de Barcelona al que dejó con graves secuelas. Boye explica que fue la propia embajada de Chile en España la que le pidió que se hiciera cargo del caso, por encargo de la presidenta Michelle Bachelet. El motivo, Lanza es nieto de un almirante chileno bien relacionado.

Años después, Lanza fue condenado por hechos más graves, un asesinato. El Supremo le ha impuesto este año una pena de 18 años y 6 meses de prisión por ese hecho, el llamado «crimen de los tirantes». El Tribunal Superior de Aragón le había condenado a 20 años por dar muerte a Víctor Laínez, un hombre que solía llevar unos tirantes con los colores de la bandera de España. La rebaja de un año y medio que acordó el Supremo se debió a que no dio como probado que la agresión causada tras una discusión en un bar de la capital aragonesa tuviera motivos ideológicos.

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Amparo a César Strawberry

Gonzalo Boye ha llevado otros casos de muy distinta significación ante el Tribunal Constitucional, por ejemplo. Logró que el órgano de garantías concediera el amparo al cantante César Strawberry, después de que el Supremo le condenara a un año de prisión por unos tuits que el alto tribunal estimó como un delito de enaltecimiento del terrorismo. En esos mensajes se preguntaba, por ejemplo, «cuántos deberían seguir el vuelo de Carrero Blanco».

La sentencia del Supremo fue anulada, al considerar el Constitucional que en este asunto había que «ponderar también el hecho de que los expresados tuits son susceptibles de ser interpretados como producto de la intencionalidad crítica en el terreno político y social». Peor suerte tuvo el rapero José Miguel Arenas Beltrán, conocido como Valtònyk, a quien la Audiencia Nacional condenó a 3 años y 6 meses de cárcel por hechos similares, en una sentencia que el Supremo confirmó.

Valtònyk apareció poco después en Bélgica, siendo reclamado por la justicia española. La justicia belga denegó su entrega en mayo pasado. Ocurrió, por tanto, algo parecido al caso de Puigdemont, aún no resuelto definitivamente mientras siga pendiente el pronunciamiento del Tribunal de Justicia de la UE sobre las euroórdenes cursadas contra los líderes del procés.