La inminente convocatoria de nuevas elecciones al Parlament de Catalunya, cuya celebración está no obstante condicionada a la evolución de la pandemia, es una buena ocasión para analizar el delicado contexto de la política catalana y española tras casi diez años de crisis territorial irresuelta.

Contemplados ahora con cierta perspectiva, hay dos momentos que resultan especialmente ilustrativos del despropósito vivido a cuenta del procés. El primero se sitúa algo después de su arranque el 11 de septiembre de 2012 y el otro muy poco antes de su abrupto desenlace en otoño de 2017, pero ambos episodios coinciden en poner de manifiesto graves carencias de conocimiento sobre la complejidad de Cataluña y España que mostraron en cada uno de ellos el president de la Generalitat y el presidente del Gobierno de entonces.

Yendo por orden cronológico, y remontándonos a las semanas posteriores de aquella primera gran manifestación de la Diada que tanto determinó la radicalización independentista de Artur Mas, resulta interesante recordar la perspicaz advertencia que el 24 de octubre de 2012 formuló José María Aznar: «España sólo podría romperse si Cataluña sufriera antes su propia ruptura como sociedad […] Quien piense que sólo está en juego la unidad de España se equivoca. Antes de eso, está en juego la integridad de Cataluña».

Así que el primero en señalar lo que ahora parece tan obvio para todos fue un político que la élite de poder y la intelectualidad dominantes en Cataluña a buen seguro considerarían muy mal equipado para tomar el auténtico pulso de una comunidad cuya comprensión requeriría una finezza que no está al alcance de la supuesta aspereza castellana. Precisamente por ello, que alguien tan inesperado expusiera un juicio más certero que el del nacionalismo catalán (y la izquierda soberanista) sobre la delicada y diversa realidad que la Generalitat tenía que cuidar y gestionar, era el mejor modo de poner en evidencia el desatino de aquel crítico momento. Para rubor del expresident Mas, que hace poco ha declarado que «nada salió como esperaba», Aznar demostró comprender mucho mejor la historia, la sociedad y las tensiones internas de Cataluña.

Claro que Mariano Rajoy no sale mejor parado en esta retrospectiva. Si nos preguntásemos ahora qué político internacional de máxima relevancia sería considerado como el más tosco a la hora de entender los problemas territoriales de España y, por tanto, el que más podría abochornar a un presidente del Gobierno por demostrar mejor conocimiento de lo que se nos avecinaba en el 1 de Octubre, apuntaríamos tal vez a Donald Trump por divertimento, y desde la absoluta convicción de que no es posible que tal cosa ocurriera. Y, sin embargo, el 26 de septiembre de 2017, compareciendo en conferencia de prensa delante de la Casa Blanca, el entonces presidente de los Estados Unidos señaló que se había preocupado de «seguir la evolución de un asunto que por otro lado lleva siglos evolucionando» añadiendo clarividente que, por mucho que «el presidente del Gobierno español diga que no se va a votar, mucha gente se opondrá» por lo que «nadie sabe si al final conseguirán votar».

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Afecto y democracia

Además, para mayor descrédito de Rajoy, no utilizó ningún subterfugio leguleyo para criticar el intento de secesión, sino que apeló a dos eficaces argumentos políticos apenas usados en el discurso de Moncloa: afecto y democracia. Según Trump, «encuestas rigurosas» revelarían tanto «que el pueblo catalán ama a España» (recuérdese que, según los barómetros del CEO, el sentimiento de pertenencia dual español-catalán de la gran mayoría se ha mantenido alto y estable en todo este tiempo), como que «su deseo no es marcharse» (en esos mismos sondeos, el porcentaje que cree que la solución es la independencia ronda el tercio de los encuestados).

Estos dos ejemplos, que de modo tan gráfico ponen de manifiesto las disfuncionalidades de los liderazgos ejercidos en Cataluña y en toda España en la última década, parecen abonar a primera vista el reciente enfoque del presidente del Gobierno, que el pasado 29 de diciembre dijo que «nadie está libre de culpa. Todos hemos cometido errores y tenemos que aprender de esos errores». Pero no es así. O, desde luego, no exactamente. Al margen de lo discutible que resulta repartir culpas, no parece que esa frase deba entenderse como la meditada manifestación de un estadista provisto ahora de una estrategia viable y eficaz para resolver el problema de fondo.

 

Tacticismo de Pedro Sánchez

Nadie ignora que la actual coalición gobernante no tiene posibilidad alguna de consensuar una reforma constitucional ni capital político para impulsar transformaciones fundamentales en el bloqueado panorama catalán. Por eso, la gran mayoría ha interpretado que Pedro Sánchez estaba solo expresando su célebre tacticismo, abonando el terreno para futuros indultos que le permitan mantener el apoyo coyuntural de partidos independentistas y así seguir sobreviviendo sobre sus frágiles bases parlamentarias.

La mayor irresponsabilidad en todo lo ocurrido recae sobre la Generalitat, pero la mayor responsabilidad recae sobre el Estado.

Y es que, por desgracia, el momento de superar el conflicto no ha llegado todavía y estas elecciones difícilmente supondrán un punto de inflexión. Es pronto para superar las dinámicas tóxicas que el procés generó aunque también es cierto que, a largo plazo, se vislumbra una lenta maduración de las únicas conclusiones a las que pueden llegar en una democracia avanzada los actores políticos moderados. A regañadientes, el nacionalismo catalán menos radical (no solo ERC, sino las fuerzas centristas todavía pequeñas que han roto con Carles Puigdemont) va aceptando que Aznar estaba en lo cierto y que es imposible romper con el Estado si media Cataluña se opone a tan audaz pretensión y la inmensa mayoría de España la encuentra inaceptable.

A su vez, los partidos centrales del ámbito español (PSOE, PP y, si es capaz de sobrevivir, Cs) también van dando la razón al instinto demostrado aquel día por Trump reconociendo el carácter secular de la tensión centro-periferia en nuestro país, la solidez del sentimiento catalanista y la necesidad de abordar el futuro con una aproximación mucho más política que jurídica.

¿Y cómo ha de ser esa aproximación? Sería desde luego un enorme error si peca de agresiva e insensible a la complejidad de España, tal y como postula Vox que curiosamente ignora aquí el ejemplo de su admirado expresidente norteamericano. Pero también se equivocaría si se adopta el enfoque apaciguador que propone Unidas Podemos aceptando de modo acrítico el marco conceptual del independentismo en el que España sería plurinacional, pero Cataluña identitariamente homogénea.

Tampoco debe partir, como antes se ha comentado, de una estéril discusión sobre si todos han tenido parte de culpa en lo que ha pasado. Sin embargo, y a propósito de las responsabilidades, hay una aproximación más prometedora que nadie asumirá en público, pero que sí es posible compartir implícitamente como punto de partida: la mayor irresponsabilidad en todo lo ocurrido recae sobre la Generalitat, pero la mayor responsabilidad recae sobre el Estado. Suena a retruécano ocurrente, pero apunta a una cuestión profunda.

 

Sin grandes frases épicas

Porque el desaguisado es sobre todo el producto de unas fuerzas políticas catalanas que fueron irresponsables y se lanzaron a un viaje condenado de antemano al fracaso. Solo cuando la mayoría de éstas acepten la tozuda realidad plural de la ciudadanía que representan (buscando nuevas fórmulas para convivir y no para fracturar), podrá salirse del atolladero. Pero el Estado, que tiene mucho más poder y en consecuencia mucha más responsabilidad que una comunidad autónoma, tampoco ha estado a la altura. Tal vez porque las instituciones y los grandes partidos creyeron en algún momento que España era más débil de lo que realmente es, faltó perspectiva y flexibilidad en los instrumentos; lo que no es incompatible con la firmeza en los fines. La desastrosa gestión policial del 1 de Octubre y el desgaste internacional de los tribunales españoles son los mejores exponentes de ello.

Por desgracia, el momento de superar el conflicto no ha llegado todavía y estas elecciones difícilmente supondrán un punto de inflexión.

Mientras se abre camino esa reflexión a múltiples bandas, lo más significativo de las próximas elecciones es que en ellas no resuena ninguna de las grandes frases épicas que tanto proliferaron hasta 2017: «el món ens mira», «ara es l’hora», «Catalunya, nou estat d’Europa» o «el vot de la teva vida». En una democracia liberal nunca debería haber un único voto que marque toda una vida ni momentos políticos que media sociedad considera mágicos y la otra agónicos. Así que, a modo de consuelo intermedio, es bueno confirmar que esta vez no será ningún voto para toda la vida sino la 13ª vez que se vota al Parlament y la 52ª en la que todos los catalanes se acercan a las urnas desde 1977 (sumando también las 15 elecciones generales, las 11 locales, las ocho europeas y los cinco referéndums legales celebrados en estos más de cuarenta años). Ni más ni menos.