Israel se encuentra bajo vigilancia jurídica internacional desde el pasado 26 de enero tras las medidas cautelares demandadas por Sudáfrica que le ha impuesto la Corte Internacional de Justicia de Naciones Unidas (CIJ) respecto a la guerra y ocupación de Gaza. Aunque los 17 jueces del tribunal de arbitraje de la organización internacional no han exigido el alto el fuego que quería el gobierno de Pretoria, las severas medidas urgentes constituyen un aviso para el gobierno de Benjamín Netanyahu, sobre todo por su forma de librar la guerra pretendidamente defensiva contra Hamás.

Israel debe evitar a partir de ahora que se produzca cualquier actividad de las que el Convenio sobre la Prevención y la Sanción del Genocidio incluye en este tipo de delito o detenerla inmediatamente en caso de que se esté produciendo. La muerte de miembros de una colectividad, los atentados contra su integridad física o mental, la imposición de condiciones de vida destructivas o las que puedan evitar los nacimientos, sufridos como miembros del grupo humano en cuestión, es lo que define el crimen de los crímenes que contempla la Convención de la que Israel y Sudáfrica son signatarios con derecho a exigir su aplicación.

El tribunal no entra en la calificación del delito, ni siquiera en su propia competencia para juzgarlo, cuestiones que dirimirá más adelante, probablemente dentro de algunos años. Pero la admisión de la demanda constituye en sí misma un revés para Israel, que discutía la jurisdicción, la competencia de Sudáfrica para presentarla, el procedimiento elegido y, sobre todo, la fórmula de arbitraje que permite juzgar prima facie si hay posibilidad de que se haya cometido ya, o se cometa en el futuro, el crimen del que han sido víctimas los judíos europeos a manos del régimen hitleriano entre 1933 y 1945.

El tribunal ha dado la razón a Sudáfrica, abrumado principalmente por las numerosas declaraciones públicas de responsables israelíes a favor de acciones de cariz abiertamente genocida –incluso existe el caso de un ministro que pide la exterminación de la población entera de Gaza con una bomba nuclear–, y por la plausibilidad de tal delito que se deduce del terrible balance de más de 100 días de guerra.

El tribunal de Naciones Unidas no entra en la calificación del delito ni ordena el alto el fuego, pero dicta medidas cautelares a Israel para evitarlo.

La tipificación de genocidio no es fácil y exige no sólo los efectos de destrucción y exterminio de una comunidad humana, sino que sean resultado de la intención expresa de sus responsables. Israel ha presentado numerosas pruebas que pretenden desmentirla, fundamentalmente en forma de decisiones de su gobierno, pero según el tribunal no se han demostrado suficientemente exhaustivas ni convincentes sobre su carácter efectivo y no meramente formal, siempre bajo la sospecha de una utilización con fines judiciales o propagandísticos.

Seis son las medidas exigidas, todas ellas de cumplimiento obligatorio. Netanyahu debe tomar todas las precauciones para que no se produzcan actos que constituyen genocidio y, específicamente, que no lo haga su ejército; evitar llamadas a cometer el crimen como las que ya se han producido, y castigarlas cuando se produzcan y asegurar los suministros básicos de agua, energía y alimentos, así como la llegada de la ayuda humanitaria. Habrá también que evitar que se destruyan las pruebas que pudieran demostrar este genocidio que ahora es sólo plausible y, finalmente, y quizás la más humillante, presentar un informe en el plazo de un mes explicando lo que se ha hecho desde la resolución de la Corte. La aplicación más rigurosa de las medidas cautelares exigiría el alto el fuego, a juicio de muchos juristas. Pero el tribunal no la ha exigido porque no dispone de los medios coercitivos para imponerlo, una iniciativa que corresponde al Consejo de Seguridad, donde Estados Unidos tiene derecho de veto.

Pretoria ha logrado un éxito como líder del Sur Global en la pugna por el derecho y la justicia internacionales.

La resolución reconocerá el derecho de Israel a defenderse, aunque debería hacerlo respetando escrupulosamente el derecho internacional humanitario, exactamente lo contrario de lo que está haciendo según numerosos dictámenes analizados y recogidos por el tribunal. Ahora se verá abocada a librar la guerra de una manera diferente, tal y como le ha pedido Estados Unidos, con protección de los civiles, recuperación de cierta normalidad y ataques quirúrgicos a Hamás en lugar de bombardeos masivos y destrucción de barriadas enteras, y tendrá la mirada del tribunal encima para ver cómo lo hace.

 

Éxito de la legalidad internacional

La resolución pone mayor presión sobre Netanyahu, desprestigiado en su país y cada vez más aislado internacionalmente. Facilita la estrategia de Biden, que quiere situar el reconocimiento del Estado palestino en el plan de salida de la guerra. Favorece la negociación por la liberación de los rehenes, imprescindible para el alto el fuego definitivo. Acerca el horizonte de unas elecciones anticipadas que echen del gobierno a la extrema derecha. Es también un éxito de la legalidad internacional y refuerza el papel de Naciones Unidas. Y constituye una victoria diplomática y política de Sudáfrica, el país que siguió la vía pacífica para eliminar el apartheid y acabar con la dictadura de la minoría blanca, un régimen al que Israel dio apoyo e incluso colaboración militar y estratégica hasta el final.

Como miembro de los BRICS, el grupo de países que reivindican un orden mundial más equilibrado, Pretoria ha obtenido del tribunal de Naciones Unidas un gratificante reconocimiento de la legitimidad de sus posiciones sobre los derechos de los palestinos y de su protagonismo y liderazgo del llamado Sur Global.