Autor de la primera cuestión prejudicial ante el Tribunal Europeo

José María Fernández Seijo (Madrid, 1965) es juez, especialista en Derecho civil y mercantil. Comprendió muy joven la importancia del Derecho Europeo gracias a la tutela de su profesor Manuel Díez de Velasco, catedrático de Derecho Internacional Público y Juez del Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas. Miembro de Juezas y Jueces para la Democracia, presentó la primera cuestión prejudicial en 1998 ante el Tribunal Europeo, al amparo de la Directiva sobre Cláusulas Abusivas en el caso Océano. Posteriormente, en 2011, acudió de nuevo al Tribunal Europeo para el asunto de los desahucios. Dos años después, el Tribunal de Luxemburgo dictó la referencial sentencia del caso Aziz, que significó el inicio de la reforma profunda de la anticuada legislación hipotecaria española. Experto en Derecho concursal, es autor de numerosas obras como La defensa de los consumidores en las ejecuciones hipotecarias.

 

Muchos de sus escritos los encabeza con una cita de Alicia en el País de las Maravillas. ¿Qué objetivo persigue con ello?

La literatura científica es muy aburrida y los jueces tenemos un estilo de redactar sentencias muy anticuado, que data de hace 150 años. En la idea de introducir citas quizá me influyó el magistrado Jesús Fernández Entralgo, que solía utilizarlas. Es una forma de fijar mejor la atención de un modo sencillo. Creo que toda la vida la podemos encontrar en obras como Alicia en el País de las Maravillas, la serie Los Simpson o películas como El Padrino.

 

En cierta ocasión me comentó un pasaje de la novela De vidas ajenas, de Emmanuel Carrère, en el que una jueza progresista hace referencia a la fórmula clásica que imperaba en la Escuela Nacional de la Magistratura francesa, según la cual «el código penal es lo que impide que los pobres roben a los ricos y el código civil lo que permite a los ricos robar a los pobres». Y la jueza era «la primera en reconocer que algo de verdad había en el proverbio». ¿Comparte este criterio?

El derecho es muy conservador. Facilita el mantenimiento de las situaciones establecidas existentes. Siempre va dos pasos por detrás de la vida. Por motivos de realidad, sirve más para mantener situaciones que no son justas que para cambiarlas.

 

En Europa, sin embargo, la creación del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) en 1952 ha supuesto un gran impulso para la renovación de los derechos nacionales y, de forma muy significativa, del español. ¿Cuál ha sido el impacto de las sentencias de este tribunal?

El TJUE ha servido para configurar una idea progresista del derecho en Europa. Ha recibido mucha influencia de la cultura jurídica alemana y ha intentado configurar una idea de socialdemocracia en Europa. Después de la Segunda Guerra Mundial, lo que se pretendía era crear una Europa que no se basara solo en la economía, sino que también tuviera en cuenta los aspectos sociales. Una idea que después, en los años 80, fue impulsada especialmente por Jacques Delors, que sí planteó el desarrollo de una Europa social. La idea es que, si se producen desequilibrios en el mercado, no se deben trasladar a los procedimientos judiciales. Parte de la base de que las desigualdades en el mercado desconfiguran la economía.

 

¿En qué casos está pensando?

Hay una jurisprudencia importante en el Derecho concursal. Los franceses se dieron cuenta de que las grandes compañías trasladaban sus centros de decisión a otros países y así evitaban que se las pudiera demandar en Francia. El TJUE ha intervenido para evitar que haya transferencias fiscales mediante los llamados Centros de Intereses Principales.

 

De algún modo, el derecho europeo ha sido el principal instrumento que ha permitido a los ciudadanos hacer frente a los abusos de poder de los grandes grupos financieros y económicos. Nicolas Levrat y Jenaro Talens, juristas de la Universidad de Ginebra, subrayan en Quo vadis, Europa? la relevancia del Tribunal Europeo. Sostienen que el TJUE «ha tenido un papel esencial en el desarrollo de la integración europea, creando de la nada, a través de sus decisiones, principios jurídicos centrales como la primacía del derecho de la Unión Europea (1964, y, por tanto, no consagrada en los Tratados)».

Sí, es un derecho muy creativo. Pero no se crea de la nada. Se crea a partir de los principios. Por ejemplo, la aplicación del artículo 47 de la Carta de Derechos Fundamentales da una dimensión muy relevante a la Unión Europea: el derecho a la tutela judicial efectiva y a un juez imparcial. Toda persona tiene derecho a que su causa sea escuchada equitativa y públicamente, y dentro de un plazo razonable, por un tribunal independiente e imparcial. La realidad es que el TJUE se ha convertido en un tribunal Constitucional europeo y eso supone un salto cualitativo. Nació como un tribunal muy técnico e intenta convertirse en un tribunal Constitucional. Se ha situado por encima de otros y actúa con mucha independencia.

 

Parece que el TJUE está generando más confianza a jueces y abogados que otras instituciones como el Tribunal Constitucional.

El problema del Constitucional es que puede tardar cuatro años en resolver y acaba negando el amparo que se le pide. En cambio, el TJUE analiza el caso y siempre da una respuesta en 18 meses. Poco a poco, el TJUE está convirtiéndose en un Tribunal de garantías de la UE.

 

El juez José María Fernández Seijo, el pasado 29 de noviembre. Foto de Xavier Jubierre.

El juez José María Fernández Seijo, el pasado 29 de noviembre. Foto de Xavier Jubierre.

 

Uno de los problemas que ha ido creciendo con los años es que las grandes empresas han ido implantando un tipo de contratación con unas cláusulas que se imponen a los clientes sin que puedan negociar nada y que suelen ser fuente de muchos abusos.

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Sí, esa es una forma de contratación que se empezó a estudiar en Alemania en los años 20. Un jurista tan destacado como Federico de Castro, que estuvo investigando en Alemania, realizó un estudio, Las condiciones generales de los contratos y la eficacia de las leyes, en el que cita una obra de Joaquín Garrigues, Los contratos bancarios. Garrigues, que es un reconocido científico y ningún bolchevique, dijo en 1958 que las condiciones generales de los contratos bancarios constituyen «un marco dibujado al gusto del banco y precisamente para conseguir descargar sobre el cliente todos los hechos que puedan originar daño o responsabilidad».

 

«Joaquín Garrigues dijo en 1958 que las condiciones generales de los contratos bancarios son “un marco dibujado al gusto del banco para conseguir descargar sobre el cliente todos los hechos que puedan originar daño o responsabilidad”.»

 

Esta lucha contra los abusos del mercado en este tipo de contratos redactados e impuestos por la parte más fuerte sin negociación se ha convertido en el núcleo de la defensa de los consumidores en Europa. La directiva clave es de 1993, que considera nulas las cláusulas abusivas. Usted fue el primer magistrado que la invocó en el caso Océano, que acabó con una sentencia histórica del TJUE en el año 2000.

La Directiva sobre cláusulas abusivas ha sido muy importante. La realidad es que las grandes compañías nunca imaginaron que una directiva sobre consumo pudiera llegar a tener tanta importancia. La sentencia estableció que el juez debía actuar de oficio dada la situación de inferioridad del consumidor.

 

La UE, con sus directivas, y el TJUE intentan configurar un capitalismo sin abusos. ¿No parece contradictorio? ¿Es posible que un sistema basado en la explotación no implique abusos?

Lo que intenta el Tribunal Europeo es asegurar un sistema en el que no se hagan trampas. Si se hacen trampas se desdibuja el mercado. En todo esto hay un gran elemento cultural y una clara influencia de Alemania, con el peso de su cultura protestante. En Alemania está muy penalizado hacer trampas. El TJUE ha tenido la habilidad de aprovechar los vacíos para mejorar la protección del consumidor. Vio que con la tutela del consumidor podía llegar más lejos que con las normas de contenido económico.

 

La protección de los consumidores de cláusulas abusivas ha experimentado un avance notable en los últimos años, pero no es el único.

Sí, ahora se está avanzando en el derecho de daños y permite que los consumidores puedan reclamar y ser reparados por los perjuicios causados por los precios excesivos resultantes de la vulneración del derecho de competencia. Lo hemos visto en las Conclusiones del pasado 22 de septiembre de la Abogada General del TJUE, Juliane Kokott, sobre el llamado «cartel de los camiones». Lo que se persigue ahora es que las costas judiciales excesivas no impidan reclamar a los consumidores. Que una reclamación de 300 euros no te pueda costar 200. El cambio se produjo con la Directiva de 2014/104/UE que regula las reclamaciones por daños causados por las infracciones del derecho de competencia. Se trata de que las costas judiciales no sean tan elevadas que resulten disuasivas para plantear reclamaciones.

 

El problema, de todos modos, no es solo que se reconozcan más derechos, sino cómo se pueden ejercer de forma efectiva y cuál será el coste.

Sí, se debería conseguir que el consumidor pudiera acudir a los tribunales sin coste o con un coste no muy elevado. Hay que evitar que el abuso no esté solo en los contratos, sino después, en los procedimientos que impiden reclamar a los afectados. Hay que evitar que los desequilibrios del mercado se trasladen al procedimiento. La virtud de la sentencia del caso Océano es que la persona afectada no se enteró nunca de la resolución del pleito. El sistema debería funcionar de manera que no obligase a la gente a reclamar.

 

Existe también la percepción de que hay un gran atasco judicial que retrasa mucho los juicios. Además, incluso las personas que han obtenido una sentencia favorable no consideran justo el resultado. Recuerdo la decepción de un afectado por las participaciones preferentes de Córdoba: «Al final, después de años de litigar y de muchas angustias, resulta que me devuelven lo que es mío. Algunos se han quedado en el camino. Esto no es justicia.»

La verdad es que a las entidades financieras ya les vienen bien estos retrasos. Ahora hay un fenómeno creciente, y es el caso de fondos que compran créditos con rebajas importantes de la deuda. Muchas de las reclamaciones no deberían haber llegado a los tribunales, las tendrían que haber resuelto antes las administraciones. Para una persona normal, esta situación es incomprensible. La realidad es que, si se miran las estadísticas judiciales, se comprueba que los jueces dictan cada vez más sentencias, pero que los ciudadanos reclaman actualmente mucho más.

 

En este país, lamentablemente, nos hemos ido enterando con mucho retraso de las causas de la crisis. A veces, en las Directivas europeas aparecen indicaciones que apuntan directamente a las malas prácticas bancarias como responsables del colapso financiero. La Directiva 2014/17/UE, sobre contratos de crédito, por ejemplo, dice que «la crisis financiera ha demostrado que el comportamiento irresponsable de los participantes en el mercado puede socavar los fundamentos del sistema financiero». Es un lenguaje muy cuidadoso, pero que señala claramente las malas prácticas bancarias como causa principal del desastre financiero.

Aquí sabemos perfectamente que todo tiene su origen en los años más gloriosos de Aznar. Una gran parte de los problemas que tenemos corresponden a las escrituras firmadas en aquella época. Después, muchos de los préstamos de los desahuciados fueron vendidos a fondos buitre, imposible de recuperar para los afectados, aunque los bancos seguían teniendo la gestión de los mismos. Hubo casos muy notables de concesión de créditos sin garantías. Recuerdo un caso de Bankia que concedió créditos a cuatro personas que se avalaban mutuamente entre sí, y cada una pedía un préstamo en una oficina diferente. También fue muy notable el caso de muchos ecuatorianos atrapados en hipotecas que no podían pagar y que Bankia vendió a un fondo buitre. El presidente de Ecuador, Rafael Correa, tuvo que intervenir porque es un país cuya economía depende mucho de las remesas de los emigrantes, que constituyen un elemento importante de su producto interior bruto.

 

«Las sentencias de TJUE son fáciles de entender porque todos los procedimientos se han tenido que traducir a las 24 lenguas oficiales de Europa.»

 

Son muy significativos el compromiso y la perseverancia de determinados jueces a acudir al Tribunal de Luxemburgo para aclarar determinadas prácticas bancarias. Esta misma semana hemos conocido las observaciones de la Comisión Europea en el caso de las hipotecas con el polémico índice IRPH, que siempre es más elevado que el Euríbor. Es la cuarta vez que el asunto va al Tribunal europeo, que ya se ha pronunciado tres veces, pero que no ha satisfecho del todo a los demandantes de este asunto, que afecta a más de un millón de familias.

De todas formas, en los casos de IRPH, en las demandas que hemos tenido que analizar nosotros, los abogados no se han sabido explicar demasiado bien. Según cómo, parecía tan discutible el Euríbor como el IRPH. Sí es verdad que hay un informe nuevo de la Comisión Europea; habrá que ver cómo se valora.

 

Muchos jueces y abogados señalan que el derecho europeo, además de estar más adaptado a los problemas reales de los ciudadanos, es mucho más fácil de entender.

El Tribunal de Justicia, formado por un juez de cada país, ha tenido la virtud de elevarse y situarse por encima de otras instituciones buscando solo la justicia. Las sentencias son más fáciles de entender porque todos los procedimientos han tenido que traducirse a las 24 lenguas oficiales de Europa. Lo cual exige que los escritos sean muy claros para que puedan ser traducidos con facilidad. Por eso los escritos deber estar redactados con párrafos cortos y sencillos. Toda la metodología es más clara y sencilla.

 

¿Piensa que la mediación puede ser una alternativa para reducir tanta litigiosidad judicial?

Mientras no tengamos un sistema de mediación que garantice la neutralidad absoluta y no genere más litigiosidad, no creo que sea una solución.

 

En estos momentos hay varios debates en el ámbito judicial que están deteriorando seriamente la imagen de la justicia.

Hay un sector del Partido Popular que no tiene cultura democrática y cada vez que ha tenido que tomar una decisión para renovar el Consejo General del Poder Judicial, no lo ha hecho. El Partido Popular ha impedido tener un CGPJ que pueda actuar debidamente. Eso ha deteriorado la imagen pública de la Justicia y ha provocado hartazgo entre los jueces. Todo ello ha creado muchas situaciones de interinidad que han impedido adoptar decisiones.

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«Hay un sector del Partido Popular que no tiene cultura democrática y cada vez que ha tenido que tomar una decisión para renovar el CGPJ, no lo ha hecho.»

 

¿Qué tipo de decisiones han quedado paralizadas?

No se han adoptado las medidas necesarias para la formación de los jueces. El director de la Escuela Judicial, por ejemplo, hace seis años que es interino, sin que se puedan tomar determinadas decisiones.

 

Uno de los campos en que las normas de la Unión y las decisiones del Tribunal han supuesto más progresos ha sido el del derecho a la vivienda. ¿Cuál ha sido el fundamento de este avance?

En vivienda lo que es significativo es que en la Unión Europea se ha conectado el derecho a la vivienda con la dignidad de las personas. Y se ha empezado a hacer un derecho más amplio desde la perspectiva europea.

 

Uno de los asuntos sobre el que se está generando más difusión es la ocupación de viviendas. ¿Cuál es la realidad de este problema?

En España hay problemas más graves que la ocupación de viviendas. No hay ningún problema social de ocupación. Sorprendentemente, a veces, después de una noticia de ocupaciones, aparecen publicidades de empresas de seguridad. Yo vivo en un barrio de cierto nivel, Sarrià-Sant Gervasi, y la gente no está preocupada por si cuando vuelve del fin de semana va a encontrarse la casa ocupada. No están preocupados porque no sucede. La circular de la Fiscalía dice muy claramente que, si se acredita que la vivienda está habitada, se autoriza a liberarla en 24 horas. Si hay problemas de mafias se controlan de otro modo. Muchas de las noticias relativas a la ocupación solo sirven para que los fondos de inversión que adquirieron los inmuebles puedan revalorizarlos.

 

De todos modos, en este país todavía hay decenas de miles de familias que arrastran los problemas desde la crisis financiera 2008-2012, que fueron desahuciadas y malviven pendientes de que se vayan prorrogando las moratorias que impiden temporalmente que sean expulsadas de su casa. ¿Qué se podría hacer para dar una respuesta útil a estas personas?

Sobre este asunto, lo primero que hay que decir es que, si se hacen bien los números, se comprueba que ninguna entidad financiera ha perdido dinero con las hipotecas. Se podrían reestructurar los préstamos hipotecarios, bajando el valor de los inmuebles que figura en las escrituras y que ya no es real, o permitiendo a los consumidores comprar las hipotecas al precio al que fueron vendidas a los fondos de inversión. Muchos de estos inmuebles han perdido mucho valor en relación con el precio que figura en las hipotecas y, por otro lado, fueron vendidos a fondos de inversión con grandes descuentos. Se trataría de adaptar los precios a la realidad. Hay que recordar que en los procesos concursales las empresas consiguen descuentos de hasta el 40 %. Lo que está claro es que la dación en pago no es una solución, porque después, una vez que han entregado la vivienda, hay que buscar una solución para la gente que se ha quedado en la calle.

 

«Muchas de las noticias relativas a la ocupación solo sirven para que los fondos de inversión que adquirieron los inmuebles puedan revalorizarlos.»

 

¿Cómo resuelve el conflicto entre aplicar la ley y hacer justicia?

Yo creo que una interpretación correcta de la ley siempre te conduce a una interpretación justa. Recuerdo el criterio de mi profesor Manuel Díez de Velasco, que decía: «Primero llego a la solución que intuitivamente considero justa y luego busco la norma que hemos de aplicar para obtenerla. No dejo nunca que el derecho me traiga la solución.»

 

Otro de los problemas candentes en el ámbito de la justicia es la reforma del delito de sedición.

No soy especialista en derecho penal, pero sobre este asunto me parece lógico que, si hay una posición en la Unión Europea diferente de la nuestra y hay división en el Tribunal Constitucional con dos magistrados que se manifestaron en contra de la pena actual, por desproporcionada, Juan Antonio Xiol y María Luisa Balaguer, hay que adaptarse a la legislación europea.