Desde hace tiempo la evolución de los acontecimientos políticos abona la sensación de que la política catalana ha dejado de existir como tal. Todo gira en torno a la política española, condicionada, por otro lado, por una dinámica internacional cada vez más acelerada e imprevisible. Los diferentes actores políticos catalanes juegan las cartas que la fortuna electoral les ha proporcionado en el marco español para influir en un sentido u otro y con la mirada puesta en extraer réditos a cobrar en el marco catalán, dejando de lado, especialmente en el caso de Junts, toda consideración sobre el interés general español y también catalán. El episodio de la negociación y acuerdo sobre la delegación de la competencia en política de inmigración constituye el ejemplo más escandaloso al haberse llevado a cabo al margen del Govern de la Generalitat, reincidiendo en el desdén sistemático de las instituciones de autogobierno que ha caracterizado al proceso secesionista.

Esta devaluación de la política catalana se añade a la sensación de que el país está sin gobernar hace demasiado tiempo. De hecho, la década processista ha sido una década perdida en la que las sucesivas mayorías independentistas se han abstraído de la realidad concreta del país, de los problemas de la ciudadanía, para embarcarnos en una huída hacia su fantasía política. El resultado, al despertar abruptamente del sueño, es que se han acumulado los déficits y a la hora de volverse a poner manos a la obra fallan las energías necesarias para gobernar una realidad que en esta década se ha ido haciendo más compleja.

Desde el primer número de política&prosa nuestra obsesión ha sido que Cataluña tenía que volver a ser gobernada y que, por lo tanto, después del procés, la reanudación tenía que partir de las instituciones. Es decir, de las herramientas de autogobierno realmente existentes, las definidas por el Estatuto de Autonomía de 2006 y por la Constitución española, con todas sus limitaciones que hay que intentar superar, pero sin dejar de utilizarlas en toda su potencialidad. Por eso, es necesario insistir, como lo hacíamos en noviembre a raíz de nuestro quinto aniversario, en que gobernar tiene que ver con la asignación de recursos de acuerdo con unas estrategias y programas; no es agitar, hacer propaganda, exhibir banderas y pancartas.

Desde esta perspectiva, las elecciones al Parlament de Catalunya previstas para febrero de 2025 constituyen una oportunidad para pasar página de esta década perdida e impulsar la reanudación que el país pide y necesita. Tenemos por delante un año que supone una oportunidad para una gran deliberación colectiva que debe poner al día la agenda catalana con un diagnóstico de los principales problemas y la presentación de las propuestas de políticas públicas. Se trata de un debate pendiente, de una conversación cívica y política, que querríamos documentada, que permitiera elaborar una visión realista de la situación del país, de su potencial y de sus problemas, identificar las prioridades y contrastar las propuestas de los diferentes actores políticos y sociales.

La principal responsabilidad de que el proceso electoral sea algo más que una confrontación de supuestas jugadas maestras de marketing político recae, evidentemente, en los partidos. Cada vez más se habla de política útil, que no deja de ser un cambio de registro ciertamente positivo, pero habría que profundizar en este concepto para ir más allá de su sentido pragmático orientado a la obtención de resultados tangibles. La política útil, para serlo plenamente en un marco democrático, tiene que ir acompañada también de una voluntad de explicación con argumentos que permitan la comprensión cabal y la crítica cuando proceda. Últimamente, estamos viendo demasiados ejemplos de cómo decisiones de gran envergadura se pretenden despachar con cuatro banalidades mal contadas y expuestas displicentemente. No está de más recordar a aquel clásico del pensamiento político catalán, Rafael Campalans, con su «política quiere decir pedagogía», cuando decía «creo que es justamente la política aquel campo en el que menos admisibles son las improvisaciones».

Aun así, no toda la responsabilidad de volver a una política útil y reflexionada recae en los actores políticos; tiene que impregnar todo el espacio público. Se tiene que crear y hacer crecer una demanda de esta política, se tiene que incentivar desde la sociedad, desde las organizaciones sociales más allá de los intereses corporativistas y desde las instituciones del conocimiento que tienen que aportar a la colectividad sus frutos. Y también, y no en último lugar, desde los medios de comunicación conscientes de su función social.

En este sentido, política&prosa adquiere el compromiso de aportar su grano de arena a esta deliberación colectiva para construir la agenda catalana de 2025. Lo haremos con una serie de dosieres temáticos dedicados a las que, desde nuestro punto de vista, son las principales prioridades de la sociedad catalana: devolver el prestigio y la operatividad a las instituciones de autogobierno; repensar la política educativa a largo plazo; ordenar las prioridades en infraestructuras; gobernar la inmigración sin demagogias; reorientar nuestro modelo productivo y recuperar el tiempo perdido en la transición energética.

Abrir una nueva etapa política en Cataluña que suponga superar la fractura producida por el procés tendrá que comportar muy probablemente unos acuerdos transversales impensables hasta hace muy poco, pero estos acuerdos solo serán sólidos si previamente se ha producido el esfuerzo compartido de repensarnos. Puede parecer una ingenuidad, pero ¿hay otro camino?