Uno de los signos distintivos del programa político del Gobierno de coalición entre el Partido Socialista y Unidas Podemos es su agenda feminista, con una serie de medidas de gobierno e iniciativas legislativas destinadas a garantizar derechos ya reconocidos, en los casos del aborto (reforma de la ley de 2010) y de la libertad sexual, o de ampliarlos, en el caso de los derechos de las personas trans y de los colectivos LGTBI. De hecho, el Gobierno asocia su identidad progresista con su carácter feminista, expresando su sintonía con los movimientos de vanguardia de demandas sociales que reivindican que se conviertan en derechos.
Así, el Gobierno puede presentar un balance coherente con su propósito programático de impulsar una nueva generación de derechos feministas, pero también se ve obligado a asumir los costes generados por algunas de las contradicciones que han ido surgiendo en el proceso de debate y aplicación de estas medidas. Empezando por las contradicciones políticas en el interior de la coalición, manifestadas abiertamente en los casos de las tres leyes mencionadas, que pueden explicarse por la necesidad de una parte del Gobierno de afirmar su identidad política en un año electoral.
Dicho de otro modo, estamos ante una lucha de poder a tres bandas que condiciona el proyecto político de Yolanda Díaz y que afecta a la imagen de un PSOE que aparece a remolque de Podemos. Como dice Fernando Vallespín: «votar socialista lleva aparejado seguir acarreando la mochila de Podemos» (El País, 19-2-23). Y huelga decir que esta lucha de poder puede tener efectos negativos irreversibles para la continuidad del gobierno de las izquierdas, como lo constata con alarma Jordi Gràcia, porque «La hipersensibilidad social ante los delitos sexuales no es la única causa de un grave problema; lo es también la rivalidad interna de dos socios que afrontan unas elecciones el 28 de mayo que pueden estar condicionando la continuidad de la coalición por intereses mezquinos y cortoplacistas sin sentido ni de Estado ni de la gravedad de la crisis política» (El País, 9-2-23).
