España emprenderá su presidencia de la Unión Europea el próximo mes de julio, 13 años después de encabezar la última de ellas. En 2010, y en materia de inmigración y asilo, la presidencia española estuvo marcada por la necesidad de desarrollar los trabajos de la agenda vigente en esos momentos, conocida como el Programa de Estocolmo. En la agenda de la presidencia, se recogía la necesidad de impulsar una política común de inmigración y asilo «…desarrollando los postulados del Enfoque Global sobre Inmigración y del Pacto Europeo de Inmigración y Asilo» (Presidencia Española, 2010). Parece oportuno recordar brevemente los retos de hace más de una década para contextualizar el nuevo contexto al que debe responder la presidencia española en materia de inmigración y asilo.
En 2010, la presidencia española apostaba por lograr una inmigración legal organizada, a la vez que pretendía luchar contra la inmigración ilegal (sic) y el tráfico de seres humanos, así como controlar las fronteras exteriores y mejorar la cooperación con los países de origen y tránsito. En las prioridades de la presidencia española también se mencionaba la necesidad de desarrollar los acuerdos recogidos en el Pacto Europeo de Inmigración y Asilo (2008), un acuerdo intergubernamental promovido por el entonces presidente francés, Nicolas Sarkozy, con la intención de marcar la agenda migratoria que la Comisión aprobaría en 2009 bajo el nombre de Programa de Estocolmo.
El pacto de 2008 quería, en su borrador, impedir las regularizaciones de carácter general, y aunque en el documento final no se recogió este afán prohibicionista, sí se señalaba que las regularizaciones deberían realizarse caso por caso, estableciendo una pauta que la mayoría de los estados miembros han acatado hasta la fecha. El pacto también bebía de la propuesta francesa por una «inmigración escogida» (Bertossi, 2008) que, si bien tampoco acabó de cuajar en el texto final, ha impregnado la política europea de inmigración y asilo desde entonces. Los Estados querían, así, señalar algunas de las líneas rojas que no querían que la Comisión cruzara, en un ejemplo perfecto de las dificultades de la construcción de la política europea de inmigración y asilo debido a las tensiones entre las dinámicas supranacionales de la Comisión y las voluntades intergubernamentales de los Estados miembros.
