España emprenderá su presidencia de la Unión Europea el próximo mes de julio, 13 años después de encabezar la última de ellas. En 2010, y en materia de inmigración y asilo, la presidencia española estuvo marcada por la necesidad de desarrollar los trabajos de la agenda vigente en esos momentos, conocida como el Programa de Estocolmo. En la agenda de la presidencia, se recogía la necesidad de impulsar una política común de inmigración y asilo «…desarrollando los postulados del Enfoque Global sobre Inmigración y del Pacto Europeo de Inmigración y Asilo» (Presidencia Española, 2010). Parece oportuno recordar brevemente los retos de hace más de una década para contextualizar el nuevo contexto al que debe responder la presidencia española en materia de inmigración y asilo.

En 2010, la presidencia española apostaba por lograr una inmigración legal organizada, a la vez que pretendía luchar contra la inmigración ilegal (sic) y el tráfico de seres humanos, así como controlar las fronteras exteriores y mejorar la cooperación con los países de origen y tránsito. En las prioridades de la presidencia española también se mencionaba la necesidad de desarrollar los acuerdos recogidos en el Pacto Europeo de Inmigración y Asilo (2008), un acuerdo intergubernamental promovido por el entonces presidente francés, Nicolas Sarkozy, con la intención de marcar la agenda migratoria que la Comisión aprobaría en 2009 bajo el nombre de Programa de Estocolmo.

El pacto de 2008 quería, en su borrador, impedir las regularizaciones de carácter general, y aunque en el documento final no se recogió este afán prohibicionista, sí se señalaba que las regularizaciones deberían realizarse caso por caso, estableciendo una pauta que la mayoría de los estados miembros han acatado hasta la fecha. El pacto también bebía de la propuesta francesa por una «inmigración escogida» (Bertossi, 2008) que, si bien tampoco acabó de cuajar en el texto final, ha impregnado la política europea de inmigración y asilo desde entonces. Los Estados querían, así, señalar algunas de las líneas rojas que no querían que la Comisión cruzara, en un ejemplo perfecto de las dificultades de la construcción de la política europea de inmigración y asilo debido a las tensiones entre las dinámicas supranacionales de la Comisión y las voluntades intergubernamentales de los Estados miembros.

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En 2023, en materia de inmigración y asilo, la presidencia española se encontrará con un nuevo Pacto de Migración y Asilo entre sus prioridades de trabajo, en un escenario distinto al de hace más de una década. Por un lado, este nuevo pacto es la agenda propuesta por la Comisión Europea: el nombre es un guiño al de 2008, aunque también se puede entender como un reconocimiento del fracaso de la Comisión Europea a la hora de impulsar de forma veraz una política europea común de inmigración y asilo (De Bruycker, 2022). Por el otro, el nuevo pacto, presentado en septiembre de 2020, lleva casi tres años sin validarse por el Consejo Europeo, habiendo generado todo tipo de discrepancias entre los Estados miembros.

 

Tejer alianzas

Así, la aprobación del nuevo Pacto de Migración y Asilo durante la presidencia española se debate entre su oportunidad y su idoneidad. Es evidente que su validación durante el semestre español sería una excelente oportunidad para el Gobierno, pero especialmente para la Comisión Europea, que ha fracasado en sus intentos de conseguirlo en las cuatro presidencias anteriores. En este sentido, desde el Ministerio de Interior se han llevado a cabo distintas iniciativas para tejer alianzas que permitan su aprobación durante la presidencia española, apuntando a «la buena disposición y el interés» de los socios comunitarios por llegar a un acuerdo.

Pero el debate de fondo sigue siendo la idoneidad de este nuevo Pacto de Migración y Asilo. El texto presentado por la Comisión en 2020 no es una agenda de trabajo a largo plazo, y confirma la distancia entre las prioridades marcadas en materia de inmigración y asilo en Tampere en 1999 (De Bruycker, 2022) y las actuales, básicamente focalizadas en el control de las fronteras exteriores de la UE (Pinyol-Jiménez, 2020). De hecho, el pacto es una propuesta poco ambiciosa que confirma los límites de la Comisión al intentar construir no ya una política, sino un mínimo marco compartido de gestión migratoria entre los países de la UE.

El pacto es una propuesta poco ambiciosa que confirma los límites de la Comisión al intentar construir no ya una política, sino un mínimo marco compartido de gestión migratoria.

La propuesta pendiente de aprobación está básicamente focalizada en el control de las fronteras comunes de la Unión Europea, y presta especial atención a las entradas de carácter irregular en el territorio europeo. De nada sirve que los datos y las investigaciones recuerden que el problema de la irregularidad en Europa es básicamente de residencia y no de entrada (Morehouse & Blomfield, 2011); o que el debate sobre la seguridad de cualquier Estado democrático de Derecho debería atender a la protección de derechos de las personas también en las fronteras (Moreno-Lax, 2018). El nuevo Pacto tampoco presta atención a nuevas vías de entrada legales, más allá de la propuesta de los partenariados de talento, en los que por cierto la Comisión ya está trabajando.

De nada sirve que los datos y las investigaciones recuerden que el problema de la irregularidad en Europa es básicamente de residencia y no de entrada.

El nuevo Pacto basa buena parte de su acción en reforzar los retornos como instrumentos para luchar contra la inmigración irregular en la Unión Europea. Esta fórmula, hasta la fecha fallida, requiere de la colaboración necesaria de países terceros, y hace recaer el éxito de la política migratoria europea en la actuación de estos últimos, que adquieren así un papel clave a la hora de negociar con los países UE. Los incentivos positivos de esta externalización de la gobernanza migratoria no ocultan la existencia del uso de fórmulas coercitivas por parte de países terceros, que han convertido su participación en la gestión de los flujos migratorios en una oportunidad para reclamar, de manera más o menos visible y diplomática, contraprestaciones a los Estados miembros. Las declaraciones del presidente turco Erdogan amenazando con «abrir las puertas» a las personas refugiadas en 2019 si no se atendían sus demandas es un ejemplo paradigmático de ello.

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El nuevo Pacto basa buena parte de su acción en reforzar los retornos como instrumentos para luchar contra la inmigración irregular en la UE.

Además, el nuevo Pacto propone el establecimiento de un sistema de evaluación previo de entrada (pre-entry screening) aplicable a todas las personas de terceros países que accedan irregularmente al territorio europeo. Pretende, así, determinar de manera rápida, qué personas pueden ser sujetos de procesos de protección internacional y cuáles no. Para las primeras, se siguen las pautas establecidas para las solicitudes de asilo. Para las segundas, se abre un proceso fronterizo de retorno inmediato. Esta propuesta plantea dudas no sólo en relación con la correcta interpretación de la protección internacional, sino que pone en especial tensión los países que son frontera exterior de la Unión Europea. Precisamente España, junto a Italia, Grecia y Malta, enviaba una carta a la Comisión en noviembre de 2020 para expresar su preocupación por los «efectos indeseables» de esta nueva propuesta.

 

Solidaridad a la carta

De hecho, la carta también señalaba como «complejos y vagos» los mecanismos de solidaridad que propone el nuevo Pacto, y pone en el centro del debate este concepto básico para la construcción del proyecto europeo. Efectivamente, la solidaridad europea quedó duramente afectada por el fracaso del sistema de reubicación que se puso en marcha para apoyar a Grecia e Italia en la acogida de personas refugiadas entre 2015 y 2017. La propuesta del nuevo pacto de establecer una «solidaridad a la carta» (vinculado a retornos) no sólo no resuelve nada, sino que sirve para dejar aún más en evidencia el mal estado de salud de la solidaridad entre Estados miembros en materia de gestión migratoria.

Habiéndose señalado algunas de las mayores deficiencias del nuevo Pacto de Migración y Asilo, la idoneidad de este sigue siendo una cuestión clave. A estas alturas, es evidente que su aprobación sería un éxito para la presidencia española, aunque seguramente acabaría afectando la gestión migratoria del país, que como frontera exterior debería aplicar algunas de las medidas que mayores preocupaciones generan. Su aprobación también sería un alivio tremendo para la Comisión Europea, que ha visto como este dosier se convertía en un problema que a la vez evidencia su falta de capacidad para articular una mejor respuesta común.

Pero el debate de fondo debería centrarse en qué tipo de política europea común de inmigración y asilo se está construyendo. La construcción de una política migratoria que vulnera los límites del marco democrático y el Estado de Derecho (de Lucas, 2017) y que asume la toma de medidas iliberales como justificación para la preservación de la seguridad de los Estados liberales (Hafner, 2016), no es sólo un problema de gobernanza migratoria, sino del fondo y futuro del proyecto europeo.