Tanto en el orden interno como en el internacional, mientras un tribunal no dicte sentencia condenatoria del autor de actos constitutivos de un delito, para respetar la presunción de inocencia hay que tratar al autor de «presunto», incluso si se sorprende al ladrón in fraganti, al asesino apuñalando mortalmente a la víctima, al dirigente del Estado ordenando el bombardeo de ciudades.

Sin embargo, el analista, amparándose en la libertad de expresión, no está obligado a tener en cuenta esta «corrección jurídica», puede prescindir del engorro de preceder cada referencia a la autoría de un ilícito con el vocablo «presunto». Es lo que haré a lo largo del artículo al referirme a Vladímir Putin y a Benjamín Netanyahu.

Los Estados se abstendrán de recurrir al uso de la fuerza en sus relaciones internacionales, artículo 2-4 de la Carta de las Naciones Unidas, aserto repetido en numerosas resoluciones de la Organización. Esta nítida prohibición es, por fin, uno de los grandes logros de la humanidad en la senda de la civilización. Si a pesar de la prohibición, los Estados recurren al uso de la fuerza o la usan ejerciendo el derecho inmanente de legítima defensa, la guerra que emprendan estará regulada por el derecho internacional público. Los nacionales del Estado en guerra, la haya declarado o no formalmente, tienen que abstenerse en sus decisiones y actos de vulnerar la regulación. Si la incumplen intencionadamente cometen un ilícito internacional calificable como crimen de guerra y los autores son criminales de guerra.

Actualmente, Rusia e Israel coinciden en tener emprendidas guerras que por el ensañamiento con la población civil constituyen un serio retroceso de la eficacia de la regulación de la guerra, aunque las normas reguladoras continúan vigentes y su respeto es exigible. El análisis sucinto de ambos conflictos permite constatar los puntos en común.

Desde el 24 de febrero de 2022, Rusia ataca indiscriminadamente objetivos militares y civiles de Ucrania con misiles, drones y artillería. Ninguna población ucraniana, incluso las más alejadas del frente o que no tienen ningún valor estratégico habrá escapado del bombardeo ruso en algún momento. Más de 100 localidades en toda la geografía del país, grandes y pequeñas, fueron atacadas el 29 de diciembre de 2023. Y valga como muestra de criminal ensañamiento la devastación del área urbana de Mariupol, que en 2021 tenía una población de 430.000 habitantes, destruida en un 90%, como lo fue el centro de Berlín en 1945.

Valga como muestra de criminal ensañamiento la devastación del área urbana de Mariupol, que en 2021 tenía una población de 430.000 habitantes, destruida en un 90%.

La Federación de Rusia como sucesora de la URSS es Estado parte de los Convenios de Ginebra de 12 de agosto de 1949 y de los Protocolos Adicionales I y II de 8 de junio de 1977, que conforman la más precisa normativa de humanización de los conflictos armados. Vladímir Putin, presidente de la Federación, Estado agresor en los términos de la Resolución 3314 (XXIX) de 14 de diciembre de 1974, al ser la agresión un crimen de guerra, por sus poderes autocráticos es plenamente responsable de este y otros crímenes de guerra identificados en el IV Convenio, el Protocolo Adicional I y el Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional de 17 de julio de 1988: el bombardeo de la población civil en Ucrania y la deportación ilegal de población (menores) de Ucrania a Rusia. Por este último ilícito la Corte Penal Internacional emitió el 10 de marzo de 2023 una orden de arresto y entrega de Vladímir Putin.

 

1.900.000 desplazados

La Franja de Gaza, de una superficie de 365 km² tenía en 2022 una población estimada de 2.048.000 habitantes y una densidad de 5.046 habitantes/km² (siendo muy alta es menos de un tercio de la de Barcelona). Después de la incursión terrorista de Hamás del fatídico 7 de octubre en territorio israelí con un elevado número de víctimas civiles, de daños materiales y toma de rehenes, Israel ha bombardeado sistemáticamente las ciudades y aldeas de la Franja: Gaza, Kan Yunis, Dayr al-Balah, Jabalya, Rafah y otras concentraciones de población, así como los campamentos de Nuseirat, Bureij al-Shatir y Al-Maghazi, con el agravante de haber exigido, mediante la intimidación de los bombardeos, el desplazamiento masivo de la población de la zona norte a la zona sur de la Franja bombardeándola igualmente con manifiesta perfidia. Habría cerca de  1.900.000 desplazados.

A primeros de enero había sido arrasado o dañado gravemente el 70% del parque inmobiliario residencial gazatí e inutilizadas infraestructuras civiles vitales para la población: instalaciones de agua y de electricidad, hospitales, centros sanitarios, escuelas, dependencias administrativas, almacenes, lugares de culto, etc. Las víctimas mortales bordeaban las 23.000, entre las que hay muchas mujeres y niños, unos 60.000 heridos y miles de enfermos, el sufrimiento de todos los cuales es indecible por la saturación de los hospitales, atacados también y desproveídos de medicamentos, sin los antibióticos, la anestesia para las intervenciones quirúrgicas y los calmantes básicos, y por la desnutrición a causa de la falta de provisiones de boca, porque Israel impide el acceso de la ayuda humanitaria o la restringe a contados transportes claramente insuficientes, haciendo así sufrir hambre a la población intencionadamente.

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Israel impide el acceso de la ayuda humanitaria o la restringe a contados transportes claramente insuficientes, haciendo así sufrir hambre a la población intencionadamente.

Benjamín Netanyahu, primer ministro del Estado de Israel, justifica estas acciones afirmando que Hamás utiliza a los gazatíes como escudo humano y se sirve de los inmuebles residenciales, los hospitales y los campamentos para la ocultación de la infraestructura militar y de sus operaciones. Probablemente sea cierto; no se puede esperar de Hamás, por los antecedentes que tiene, que adopte medidas de precaución para reducir los daños a los gazatíes.

 

Un castigo colectivo

La implantación de Hamás entre la población de la Franja es notoria, de allí salieron los milicianos de la incursión terrorista. El bombardeo masivo, la devastación que muestran las imágenes, supone un castigo colectivo a toda la población gazatí, que repugna a la conciencia humanitaria y prohíbe el derecho internacional.

En todo conflicto armado el derecho a elegir los métodos o medios de hacer la guerra no es ilimitado. Netanyahu, al contrario de Putin, que contra toda evidencia habla de una (simple) «operación especial», no oculta que está haciendo la guerra y se vanagloria de decidir personalmente las acciones militares, ejecutadas después por el ejército israelí.

La justificación argüida no le vale a Benjamín Netanyahu como eximente de responsabilidad penal individual. El Estado de Israel es signatario de los cuatro Convenios de Ginebra de 1949 y el IV Convenio trata de la protección de las personas civiles víctimas de los conflictos armados. Israel no llegó a firmar el Protocolo Adicional I de 1977, que actualiza y completa el IV Convenio, pero algunas de las normas del Protocolo ya eran una codificación del derecho internacional consuetudinario y otras lo son ahora por su inclusión en el Protocolo, normas válidas para todos los Estados, hayan o no ratificado el Protocolo; la prohibición del ataque a la población civil es incuestionablemente una de estas normas.

Por si no fuera suficiente, el propio Protocolo en el artículo primero establece una interpretación sobre la inexcusable universalidad de la salvaguardia, en los conflictos armados, de las personas civiles «que quedan bajo la protección y el imperio de los principios del derecho de gentes derivados de los usos establecidos, de los principios de humanidad y de los dictados de la conciencia pública».

Costó muchísimo conseguir los consensos que permitieron la adopción en 1949 de los Convenios de Ginebra y en 1977 de los Protocolos Adicionales I y II. Esta normativa internacional supone un progreso de la humanidad entera, es la plasmación de una exigencia de la conciencia humanitaria después de las atrocidades cometidas contra la población y las personas civiles en la Segunda Guerra Mundial. En los bombardeos de las ciudades alemanas y japonesas se mató en conjunto cerca de un millón de personas, a los que hay que añadir los miles de muertos provocados también por los ataques alemanes y japoneses a ciudades.

La Carta de las Naciones Unidas, las resoluciones de la Organización y los convenios adoptados bajo sus auspicios constituyen pilares fundamentales del derecho internacional contemporáneo, del general y del específicamente humanitario, representan un esfuerzo civilizador para evitar la guerra y, de no evitarse, de humanizarla en lo posible.

La frialdad con la cual los dirigentes de Rusia, Vladímir Putin, y de Israel, Benjamín Netanyahu, desprecian con sus decisiones bélicas todo lo que se había avanzado en la protección de los civiles es de una inmensa responsabilidad moral, política y penal; los dos, como criminales de guerra, tienen que ser sometidos a la acción de la justicia ante los tribunales nacionales o internacionales.

Los daños causados son enormes: miles de víctimas civiles, muertos, amputados, heridos de gravedad, combatientes traumatizados para toda la vida y millones de desplazados; destrucciones de bienes civiles y de infraestructuras públicas no militares por valor de miles de millones de euros, la reconstrucción y la reposición de los cuales hipotecará a generaciones de ucranianos y palestinos. Y además de todo esto, está la banalización del crimen de guerra, al considerar los hechos que lo constituyen una acción justificada.

Justificar el bombardeo de la población civil como una cosa necesaria, incluso normal, en la persecución del respectivo objetivo: una «operación especial» para hacer de Ucrania un Satélite de Rusia, desintegrarla territorialmente y anular su soberanía e independencia política por parte de Putin; una «venganza bíblica» disfrazada de legítima defensa frente a un grupo terrorista –en realidad contra todos los palestinos con el ánimo evidenciado de arrasar sus localidades y de expulsarlos de sus tierras (un genocidio pues)– por parte de Netanyahu, es un desprecio total de lo conseguido hasta ahora por la comunidad internacional en el intento de civilizar la guerra a través del derecho.

La premeditación es uno de los agravantes del crimen, en ella incurren Putin y Netanyahu al decidir el bombardeo sistemático e indiscriminado de objetivos a ciudades y concentraciones de personas a sabiendas de que causará la pérdida de numerosas vidas, lesiones a civiles y cuantiosos daños a los bienes de carácter civil.

El orden jurídico internacional es diferente al orden interno, pero los dos comparten la función esencial del derecho: la seguridad, la garantía que por haberse convenido el respecto de determinados bienes, en primer lugar, el de la vida, estos bienes serán respetados. El grito penetrante de un gazatí lo expresa con la más grande desesperación y contundencia: «¡Nos asesinan! ¿Dónde están las Naciones Unidas?», que equivale a ¿dónde está el derecho?

Existen similitudes y diferencias entre las posiciones personales de Putin y de Netanyahu. Putin tiene ganadas por adelantado las elecciones presidenciales de marzo de 2024, continuará en el cargo y presumiblemente con la guerra. Netanyahu puede ser apartado del poder en las próximas legislativas israelíes, pero su responsabilidad criminal es todavía peor que la de Putin, porque ordena bombardear localidades totalmente indefensas; las ciudades de Ucrania disponen de sistemas de defensa antiaérea proporcionados, principalmente, por los Estados Unidos, la Unión Europea y los Estados de la Unión; por otro lado, todos ellos no solo no consiguen aportar ayuda humanitaria a los gazatíes, sino que arman o han armado a Israel.

 

Criminales de guerra

En el plan dispositivo el derecho internacional está bastante desarrollado y cuenta con las instituciones especializadas para poder investigar y juzgar a los criminales de guerra, pero todavía no lo está en el plan de la eficacia en la aplicación de la normativa; en este punto depende de la voluntad de los Estados. Rusia, agresora, y los Estados Unidos, protectores de Israel, en su privilegiada condición de miembros permanentes del Consejo de Seguridad vetarían las resoluciones que podrían llevar a Putin y a Netanyahu ante la Corte Penal Internacional.

Con todo, hay una brizna de esperanza de que finalmente se hará justicia. Los crímenes de guerra no prescriben. La actual situación política en Rusia difícilmente puede cambiar –sin excluirlo–; la de Israel probablemente cambiará. Existiría pues la posibilidad, por muy remota que sea en el caso de Rusia, no tanto en el de Israel, de que las respectivas jurisdicciones penales nacionales, o de Estados que apliquen la justicia universal, imputaran y juzgaran a Putin y a Netanyahu como criminales de guerra o facilitaran que lo hiciera la Corte Penal Internacional o un tribunal penal internacional ad hoc.

Por una vía u otra sus crímenes no tienen que quedar impunes. Además del mal directo causado a las víctimas y la devastación del territorio, han significado un reaccionario desprecio del derecho y un retroceso de la convicción general de su eficacia protectora.