Quizás no hay una manera mejor para definir la renovada candidatura electoral de Carles Puigdemont que tomar prestado el título de la famosa novela de David Foster Wallace La broma infinita (1996), entendida como «una espiral kafkiana de la cual parece imposible salir. Infinita o no, lo cierto es… que la broma continúa» (Pelayo de las Heras en Ethic, 6-2-23).

Una broma iniciada por el presidente Artur Mas cuando, incapaz de reformular el pujolismo y para salvar los muebles de una Convergència tocada por la corrupción, tiró a la papelera toda una tradición política, al pasar de la ambigüedad pujolista a un independentismo vergonzante y, a continuación, a uno más explícito. Con el resultado de ir a parar él mismo a la «papelera de la historia» empujado por los compañeros de viaje más arrebatados. Como consecuencia, el mundo postconvergente nos obsequió con la promoción del alcalde de Girona y número tres de la lista de Junts pel Sí por Girona a la presidencia de la Generalitat.

El balance de la política del presidente Carles Puigdemont ha sido devastador, como sintéticamente ha recordado Jordi Amat (El País, 24-3-24), al provocar «la intervención de las instituciones de autogobierno y la consecuente pérdida de autoridad de la Generalitat, la descapitalización de la economía después de avanzar por el camino de la unilateralidad y la pérdida de inversiones estratégicas por culpa de la inestabilidad, y, como resultado de haber puesto en tensión los sentimientos de pertenencia de una sociedad plurinacional, el agrietamiento de los consensos sobre los cuales se había tramado la Cataluña democrática». Con consecuencias altamente sensibles como las que señala Antoni Puigverd (La Vanguardia, 25-3-24): «La decadencia social del catalán ha sido una de las sorpresas desagradables que los independentistas han tenido después del procés, cosa que explica la atracción por la vía ripollesa, que ha dividido a los independentistas entre favorables y contrarios a la inmigración».

El estrambote de la presidencia vicaria de Joaquim Torra con el apoyo de una nueva mayoría independentista en el Parlamento sirvió para completar la obra de desgobierno y la degradación institucional, de espaldas a una parte de la ciudadanía cada vez más distanciada de las instituciones de autogobierno. Mientras, desde Bruselas, Puigdemont y su corte procuraba alimentar el mito del presidente legítimo injustamente exiliado por culpa de un Estado español represor. El mismo Estado que, con el gobierno Rajoy, hizo un uso circunspecto del artículo 155 y restituyó la plenitud de las instituciones de autogobierno al convocar inmediatamente elecciones al Parlamento de Cataluña. Y que más adelante, con el gobierno Sánchez, aprobó los indultos de los líderes independentistas condenados por el Tribunal Supremo y, ahora mismo, ha promovido una ley de Amnistía.

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Lucha cainita

La broma continuó con el boicot de Junts al gobierno del presidente Pere Aragonès, primero desde dentro y más adelante desde fuera, hasta provocar el adelanto electoral por la negativa a aprobar los presupuestos, con la contribución inexplicable de En Comú Podem. Una prueba más de la lucha cainita dentro del espacio independentista entre postconvergentes y republicanos, desentendidos del humor predominante en la sociedad catalana. En todo caso, el fracaso en cuajar un espacio postconvergente coherente y cohesionado ha dejado en manos de Puigdemont todas y cada una de las decisiones estratégicas de Junts.

El azar electoral ha querido que lo que parecía un declive persistente de Junts haya proporcionado a Puigdemont un protagonismo político determinante. El endemoniado resultado de las elecciones generales ha provocado la paradoja de que los siete diputados en el Congreso de la quinta fuerza política catalana, con solo 395.000 votos, hayan sido clave para investir a Pedro Sánchez y para condicionar el futuro de la legislatura. La temeraria apuesta de Sánchez al aceptar este marco ha llevado a asumir el relato del procés construido por el independentismo y a promover una amnistía sin suficiente legitimidad social en conjunto de España y exiguamente en Cataluña.

Más allá de la fantasía de la restitución, lo que ofrece Puigdemont es volver a la confrontación, convencido como está de que no puede haber nada por encima del ideal de la independencia, ninguneando los valores de la democracia pluralista.

De forma que la broma continúa. En esta situación Puigdemont ha exigido reconocimiento político y lo ha obtenido más allá de su fuerza electoral. Ahora, al presentar su candidatura a las elecciones catalanas, lo hace bajo la bandera de su restitución como presidente legítimo. Pero, como se pregunta Andreu Mas-Colell (Ara, 23-3-24), ¿«restituir qué? ¿A qué momento es necesario retroceder? ¿Al 27 de octubre, después de la proclamación o —reconociendo implícitamente que el 27 fue un error— a mediados de octubre? ¿O quizás a septiembre, antes de las leyes de desconexión?»

Son unas preguntas que llevan implícitas las respuestas, que Lluís Bassets (El País, 1-4-24) ha convertido en explícitas: «Si hay que retroceder al 27 de octubre de 2017, antes de la deserción, Puigdemont deberá presentarse ante la justicia, como hicieron Junqueras y sus compañeros de cárcel. Si hay que regresar a mediados de octubre, habrá que aceptar de nuevo la regla de juego autonómica y constitucional que iba a servir para convocar las elecciones en vez de declarar inconsecuentemente la independencia. Y si hay que remontarse a un tiempo anterior a las leyes de desconexión del 6 y 7 de setiembre, entonces ya no es una restitución, sino la plena restauración y defensa de la legalidad que entonces se vulneró». Como concluye Bassets: «Las urnas no pueden salvar las fantasías institucionales inventadas en Waterloo para mantener la llama encendida después de la derrota. No hay nada a restituir».

 

La fantasía de la restitución

Más allá de la fantasía de la restitución, lo que ofrece Puigdemont es volver a la confrontación, convencido como está de que no puede haber nada por encima del ideal de la independencia, ninguneando los valores de la democracia pluralista, porque, como afirma Xavier Melero: «Puigdemont se enardece con la polarización y el levantamiento de muros ante la otra mitad del país, de forma que el sol poble es el de los independentistas. Los otros son colonos, adversarios a demonizar o destruir en una democracia convertida en un juego de suma cero, en el cual los perdedores solo pueden tener la seguridad de que serán laminados por los ganadores» (La Vanguardia, 2-4-24).

La persistencia de Puigdemont en su planteamiento tiene el valor, cuando menos, de clarificar los términos de las elecciones del 12 de mayo. En palabras de Antoni Puigverd (La Vanguardia, 25-3-24): «¿Qué ha sacado Cataluña de esta conflictividad? ¿Merece o no la pena pasar página y empezar una nueva ruta? Este es el dilema. Esta vez es imposible engañarse. Las elecciones de mayo pueden ser la repetición del procés en forma de caricatura; o la puerta que cierre de una vez el procés».

O dicho de otro modo: volver a la política del idealismo adolescente que cree que los deseos son realizables solo con la fuerza de la voluntad; o bien optar por la política adulta que busca obtener resultados prácticos afrontando los condicionantes de la vida política real.