Política&prosa ha mantenido un interés continuado en el seguimiento de las políticas sobre sostenibilidad, cambio climático o el riesgo de una decreciente disponibilidad de agua. Es un ejemplo de la prosa que desde un principio la revista se propuso como uno de los focos de su atención periodística. En este caso, además, es una prosa que tiene unas dimensiones y unas implicaciones diáfanamente políticas.

Hace relativamente poco tiempo, en nuestro número del mes de junio, publicábamos un editorial sobre lo que definíamos como «La crisis del agua» y decíamos que «el episodio agudo de sequía exige respuestas en diferentes frentes, más allá de medidas coyunturales». Es una interpretación que se ha confirmado. Pero, además, se ha producido un cambio decisivo en la visión del problema. Ahora se acepta generalmente que el déficit de agua está adquiriendo un carácter de permanencia.

Para el dosier que publicamos en este número hemos pedido la colaboración de Joaquim Farguell, profesor de la Universitat de Barcelona, de Gonzalo Delacámara, uno de los máximos expertos españoles en la materia, y de Cristina Monge, politóloga y especialista en política del agua que ha contado con el apoyo de Josefina Maestu, profesora de la Universidad de Alcalá de Henares.

Nuestros tres colaboradores coinciden en la descripción de un problema que ha cambiado sustancialmente de dimensión. Dice el profesor Farguell en su artículo que «tenemos que entender y asumir que la sequía es, hoy en día, un hecho permanente». Por su parte, Delacámara apunta: «Ya se sabe: cuando la coyuntura se repite, se convierte en estructura.» Monge y Maestu también coinciden: «La escasez hídrica se está haciendo endémica.»

Es pertinente constatar que no estamos ante un problema nuevo, una situación crítica que haya surgido por una alteración no esperada de las circunstancias climáticas y ambientales. Bien al contrario, es una evolución negativa y progresiva perfectamente previsible sobre la cual en Cataluña no ha habido una mínima capacidad de respuesta. No se han observado en estos últimos años signos de una voluntad de hacer frente al problema promoviendo un debate público consistente ni se ha podido apreciar una propuesta de políticas concretas más allá de anuncios sobre sucesivas medidas de emergencia.

Recientemente, la urgencia activada por la inminencia de una crisis seria ha desencadenado cierto activismo en el campo de las declaraciones gubernamentales con la aparente intención de calmar la ansiedad de la opinión pública.

Todo conduce a concluir que, también en este terreno, estamos ante una década perdida. El Gobierno de la Generalitat, tan celoso de afirmar sus competencias cuando se trata del aeropuerto o los ferrocarriles, para poner solo unos ejemplos, no ha sido capaz de hacer frente a la situación en un ámbito que es plenamente de su responsabilidad. De hecho, no ha habido un debate público serio a pesar de la insistencia de algunos actores del sector en subrayar tanto la realidad del problema como la disponibilidad de soluciones políticas y tecnológicas.

No es posible fabricar más agua, pero el consenso entre expertos concluye que la situación requiere aumentar la procedente de las fuentes llamadas no convencionales. Y la realidad es que en Cataluña no ha habido una inversión pública significativa en esta dirección. Es decir, para completar la planta de desaladoras existentes —en Barcelona y en el Tordera—, para promover decididamente la regeneración de los recursos hídricos o para planificar posibles infraestructuras para el transporte eficiente del agua recuperada de forma que pueda ser reutilizada.

Un factor a tener en cuenta es que el turismo es causa también de un fuerte consumo de agua. Y tanto su concentración territorial como la estacionalidad focalizan mucho la presión sobre unos territorios concretos como serían el arco mediterráneo, la cuenca del Guadalquivir y los archipiélagos. Barcelona y particularmente su área metropolitana están dentro de este espacio vulnerable donde la regeneración del agua, aparte de la desalación, es probablemente una política imprescindible. Barcelona se encuentra claramente en una situación estructural de emergencia hídrica, según la compañía que asegura el abastecimiento.

Para configurar una política responsable a medio y largo plazo es pertinente tener en cuenta que, como dice Delacámara, la gestión del agua tendría que ser la gestión del territorio. Y que a partir de las directivas de la Unión Europea se construye un modelo de gestión fundamentalmente compartida, de gobernanza multinivel, un modelo federal en definitiva.