La sequía ha encendido este año la luz de alarma en toda España y en otros países europeos, sobre todo en Francia e Italia. Justo es decir, de entrada, que este episodio agudo no es más que la otra cara del problema de fondo: el cambio climático y, en el supuesto de que nos ocupa, la crisis del agua. Se trata de un problema estructural que, a corto plazo, se podría paliar por un periodo sostenido de lluvias, pero que exige respuestas en diferentes frentes, más allá de medidas coyunturales, en el marco del reto mayor de la transición ecológica. Sí, hay que construir una nueva cultura del agua que asegure el abastecimiento en sus diferentes usos: agrícola, industrial y urbano.

La crisis del agua, desde esta perspectiva, tiene un impacto transversal porque es un factor de consecuencias poliédricas: agrava la crisis energética porque hace menguar la producción de las centrales hidroeléctricas, incrementa también el consumo de energía que es esencial para el funcionamiento de las plantas desaladoras y es un factor añadido de la escalada inflacionista, sobre todo por el hecho de que incide en la cesta de la compra: la pérdida de buena parte de la cosecha de cereales, la bajada de la producción de fruta dulce, el encarecimiento de las hortalizas y, de resultas, el aumento de los precios de la producción ganadera. Ambientalmente, los episodios de sequía reducen la biodiversidad de nuestros ríos y aceleran también la deforestación.

En el caso de Cataluña, esta crisis del agua se añade a los déficits estructurales con que nuestro país afronta los retos de la transición ecológica. Cabe recordar solo dos indicadores clave: nuestra comunidad se encuentra a la cola de la producción eléctrica con energías renovables (el 17 %, cuando la media española es del 39 %) y el año pasado, al inicio del episodio agudo de sequía, la capacidad de las reservas de agua embalsada era del 30 % mientras que la media española se situaba en el 45 %. Durante la década prodigiosa del procés, los sucesivos gobiernos de Artur Mas, Carles Puigdemont y Quim Torra no escatimaron recursos a la hora de organizar fiestas y consultas, pero desatendieron la gestión cotidiana; también en cuanto a la transición ecológica, las energías renovables y la política del agua.

Pere Aragonès, que preside la Generalitat desde mayo de 2021, ha vivido de una renta menguante. La inacción de la Agencia Catalana del Agua (ACA) y del Gobierno se resume en un dato: el año pasado, dos de cada tres euros de los que disponían en este campo se quedaron al cajón. La última gran inversión se realizó durante el mandato de los gobiernos del tripartito. En concreto, la desaladora del Prat, inaugurada el 2009 en la etapa del presidente Montilla, ha sido una infraestructura clave para evitar restricciones de consumo de agua de boca en el área metropolitana de Barcelona. Hay inversiones previstas que no se han ejecutado como es el caso, por ejemplo, de la descontaminación de acuíferos y la reutilización del agua.

Hay que decir, sin embargo, que el presidente Aragonés ha sabido hacer de la necesidad virtud forzado por la aritmética parlamentaria. Así, a pesar del fracaso inicial de la cumbre del agua, el Parlamento de Cataluña transaccionó, a inicios de mayo, un texto con el aval de JxCat, PSC y ERC que modifica el decreto de medidas del Gobierno sobre el agua: las sanciones a los ayuntamientos que incumplan las restricciones se activarán al mismo tiempo que las ayudas, y se refuerza el plan de inversiones en potabilizadoras y desaladoras. Este acuerdo, en año electoral, es el camino para evitar una guerra del agua como la que ha abierto en Andalucía el presidente Moreno Bonilla con la propuesta de ampliación de los regadíos de Doñana.

Más allá del debate político, la crisis del agua pide también que todos los sectores reflexionen sobre los límites del actual modelo de consumo, tanto en las ciudades como en el campo. En cuanto a las grandes áreas urbanas, las empresas distribuidoras —públicas y concesionarias privadas— tienen que asumir sus responsabilidades para limitar las pérdidas de la red de distribución y los ayuntamientos tienen que reforzar la supervisión. Por otro lado, en cuanto al mundo rural, el Gobierno tiene que acompañar a los agricultores en la modernización de la infraestructura de regadíos para poder acabar con algunas prácticas ancestrales, todavía vigentes, de riego por inundación.

Hay que preguntarse también si el actual reparto del agua —un 70 % de uso agrícola y un 30 % de urbano e industrial— es sostenible a medio plazo. Se trata de un debate que se tiene que hacer sin apriorismos ni actitudes esencialistas. Son los intereses compartidos del conjunto de la población, de las ciudades y de los campos, los que se tienen que preservar. Hay que rehuir, desde esta óptica, de las visiones apocalípticas de cierto ecologismo dogmático y entender que la Cataluña que conocemos, desde los prados del Pirineo hasta los arrozales del Delta, es el resultado de una naturaleza humanizada.

Hay que recordar que los campesinos son los cuidadores del territorio. Por eso, la política agraria, empezando por la que se decide en Bruselas, se tiene que reorientar para que no subvencione solo determinados cultivos, a veces poco sostenibles, y para que la Política Agraria Común sea también un factor de sostenibilidad y un instrumento de fomento de la tarea de las personas del mundo rural como cuidadoras del territorio. Por todo ello, se hace necesario situar la crisis del agua en el marco general de la transición ecológica para asegurar el uso urbano y promover una agricultura —también una industria— basadas en recursos renovables y sostenibles.