El fracaso de las elevadas expectativas del Partido Popular en las elecciones de Castilla y León ha tenido la consecuencia de hacer estallar con una virulencia extrema la crisis latente del principal partido de la oposición en España. Una crisis que se salda de momento con un cambio en la correlación de fuerzas internas dentro del partido bajo el liderazgo de Alberto Núñez Feijóo.

Es necesario, sin embargo, prestar atención a las circunstancias del estallido de la crisis: acusaciones cruzadas de corrupción y espionaje, beligerancia desorbitada del conglomerado mediático de la derecha contra el presidente del PP, agitación de la plebe conservadora en las calles de Madrid y en las redes sociales. En definitiva, una concatenación de acontecimientos para forzar la voluntad de la dirección y de los órganos internos del partido en una determinada orientación y que ha sido interpretada como una especie de golpe de mano populista, como otro hecho que certifica la degradación de las instituciones.

Es notorio que la gestión de Pablo Casado al frente del Partido Popular no ha sido un éxito: no ha logrado, pese a su intención declarada, borrar la mancha negra de la mala reputación de un partido carcomido por una larga historia de casos de corrupción; no ha sido capaz de hacer una oposición creíble al gobierno, basada más en un griterío incesante que en un sólido proyecto alternativo; no ha tenido la altura de miras necesaria para corresponsabilizarse del final del vergonzoso bloqueo de las instituciones, particularmente del Consejo General del Poder Judicial; ni tampoco ha estado a la altura en momentos delicados de la gestión de la pandemia, ni a la hora de echar una mano en los esfuerzos para la recuperación económica; y no ha sabido cómo afrontar el reto de la competencia de la extrema derecha de Vox, alternando momentos merkelianos con otros de seguidismo de las propuestas reaccionarias. En definitiva, Casado no ha sido capaz de presentar un proyecto alternativo atractivo, ni de diseñar una estrategia política coherente.

Desde 2018, el Partido Popular ha encadenado una serie de malas decisiones que lo han llevado a la actual situación, empezando por un congreso ganado por Casado de rebote, después de quedar en tercer lugar en la primera vuelta de las primarias; y siguiendo por una elección —poco acertada a la vista de los resultados— de los cargos orgánicos que le han acompañado… y que han acabado por traicionarlo.

Al final de este espectáculo caníbal, Alberto Núñez Feijóo tomará el relevo de Casado al frente del partido Popular, con la aquiescencia de los notables del partido. Pero más allá del recambio en el liderazgo, los populares habrían de afrontar su refundación, tal como apuntan voces respetadas del conservadurismo liberal. En cierto modo, así se pueden interpretar las palabras de José María Aznar en plena campaña electoral, cuando afirmó que lo importante no es aspirar a ganar elecciones o a ocupar un cargo, lo importante es saber para hacer qué, es decir, para aplicar un determinado proyecto.

Ésta es la cuestión de fondo, la decisión nuclear que debe tomar el Partido Popular y que tiene una dimensión sistémica. La decisión sobre con qué proyecto y qué estrategia quiere competir con la nueva extrema derecha. Desbordándola con retórica populista y nacionalista, con un trumpismo a la española, que ha sido la fórmula adoptada con éxito en Madrid por Isabel Díaz Ayuso. O ganándole desde la firmeza en los principios liberales y democráticos, la ejemplaridad en la gestión pública y la eficacia de las políticas.

No es un dilema cualquiera, pues; se trata del dilema que se ve obligada a afrontar la derecha liberal democrática en toda Europa, y también los republicanos en los Estados Unidos, con respuestas diferentes y contradictorias y resultados poco concluyentes. En todo caso, de la experiencia europea se pueden extraer dos lecciones: que los cordones democráticos sólo resultan eficaces cuando la derecha democrática asume el riesgo de aceptar los costes electorales de su autolimitación; y que cuando no pone barreras a la extrema derecha, acaba pagando un coste electoral más alto que la aboca a su desfiguración y probable desintegración.

El Partido Popular ha tenido en Castilla y León la primera oportunidad de responder al dilema de si franqueaba o cerraba el paso a Vox en el gobierno de la Junta, con una decisión con efectos relevantes a medio y largo plazo tanto para el PP como para el conjunto del sistema político español. Y la respuesta ha sido decepcionante —una capitulación, según Donald Tusk—, tanto por el hecho en sí mismo como por la forma en que se ha producido. El pacto de gobierno con Vox establece un precedente que prefigura cuál es la opción preferida por el PP en el futuro, primero en Andalucía y más adelante en toda España. Pero lo más grave es la pretensión del líder de facto del PP de hacer recaer la responsabilidad en el líder defenestrado. Muy mal presagio sobre el liderazgo de Núñez Feijóo y sobre la orientación política futura de la derecha española.

Pese a todo, se ha de insistir en la responsabilidad de todos los actores del sistema político, empezando por el PSOE y el PP, para revertir la lógica suicida del rígido bibloquismo actual y detener el proceso desbocado de polarización, crispación y degradación institucional. Las horas graves que estamos viviendo y las que vendrán lo exigen. No se puede pretender el retorno al bipartidismo de un tiempo pasado, pero sí un giro transversal hacia la centralidad basado en un proyecto reformista e integrador, capaz de recuperar a una parte importante de la ciudadanía que ha sido seducida, a uno y otro lado, por las ofertas políticas extremas.