A pesar de que la democracia esté más extendida que nunca, hay numerosos signos que indican que se está produciendo una tercera ola de autocratización, entendiendo como tal el declive de los atributos democráticos y el alejamiento de la democracia plena. A diferencia de etapas históricas anteriores, en las cuales la democracia se veía interrumpida de forma repentina, ahora muchas democracias se ven erosionadas de manera sutil y gradual, siempre bajo la apariencia de la legalidad y sin llegar al colapso completo. Se trata de la extensión de un fenómeno que Faared Zakaria bautizó en 1994 con el nombre de democracia iliberal.

Esta adjetivación de la democracia surge en contraposición a la idea clásica de democracia liberal integrada por dos componentes considerados indisociables. Por una parte, la democracia, que asume que la selección del gobierno se lleva a cabo por medio de elecciones libres y justas y con el cumplimiento de ciertas condiciones: libre competencia entre opciones políticas, medios de comunicación plurales, limpieza del proceso garantizada, neutralidad de las autoridades electorales y voto igual, universal, directo y secreto.

El hecho de que no solo se trate del ejercicio del voto, sino de las condiciones para el ejercicio del mismo está relacionado con el segundo de los componentes, el liberalismo constitucional, que se concibe como un freno a la arbitrariedad del poder y a la tiranía de la mayoría sobre la minoría e implica, de un lado, el imperio de la ley, es decir, que tanto los ciudadanos como los poderes públicos estén sometidos a la misma ley, elaborada por un parlamento escogido democráticamente, y del otro, que los derechos estén garantizados.

Sin embargo, cada vez son más los sistemas políticos que mantienen las formas democráticas mientras que la dimensión liberal que suele acompañarlas se ve erosionada. Se debilitan la separación de poderes y los pesos y contrapesos en favor de un mayor protagonismo del ejecutivo, que tiende a concentrar poder; se reducen los derechos y libertades, en particular de las minorías; la libertad de prensa se ve amenazada y se deslegitima la fiscalización interna, ejercida por la sociedad civil y las ONG, y la externa, llevada a cabo por las organizaciones internacionales.

Aunque desde el punto de vista teórico y normativo sea un oxímoron, la evidencia empírica hace imposible disociar democracia y liberalismo, razón por la cual se entiende por democracia iliberal aquella cuyo gobierno es elegido democráticamente, pero que, una vez en el poder, tiende a ignorar los límites constitucionales y a no respetar los derechos y las libertades individuales.

Abundan las reformas electorales para favorecer al partido del gobierno y también aquellas que buscan socavar la división de poderes.

Se da la circunstancia, además, de que buena parte de los países en los que se están observando prácticas iliberales son países donde han accedido al poder líderes o partidos populistas. Esto no quiere decir que todas las democracias iliberales sean populistas, pero sí que todos los populismos comparten rasgos iliberales que derivan siempre de la primacía otorgada a la voluntad del pueblo.

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Garantizarse jueces afines

En la práctica iliberal se pueden distinguir dos tipos de comportamientos. Por un lado, los encaminados a garantizar el dominio de las instituciones y, por el otro, los relacionados con la limitación de derechos y libertades fundamentales. Una vez alcanzado el gobierno mediante unas elecciones, y también gracias a la posesión de la mayoría, se impulsa en el parlamento una legislación, en muchas ocasiones en forma de decreto, tendente a perpetuarse en el poder y a minimizar las atribuciones o conseguir el control del resto de instituciones. Abundan las reformas electorales para favorecer al partido del gobierno y también aquellas que buscan socavar la división de poderes, especialmente en relación con el poder judicial o con el órgano de control de la constitucionalidad. Se suele hacer alterando las normas para garantizarse unos jueces afines al gobierno.

En paralelo, y también gracias al control del ejecutivo y el legislativo, pueden copar los cargos públicos y situar a sus afines en puestos de responsabilidad y en todas las instituciones del Estado, de manera que en las democracias iliberales abundan las prácticas de patronazgo y clientelismo que a la larga socavan los mecanismos de pesos y contrapesos. Igualmente, y con el objetivo de evitar cualquier tipo de fiscalización, los gobiernos iliberales son poco proclives a someterse a un control externo y suelen impugnar la legitimidad de los organismos e instituciones internacionales de los que forman parte, llegando incluso a ignorar los acuerdos y directrices y a desafiarlos abiertamente.

En la UE, donde más han aflorado estas prácticas ha sido en los países del grupo de Visegrado.

En cuanto a la limitación de derechos y libertades, el acceso al poder y la adopción de lógicas mayoritarias avaladas por la asunción literal de la idea de voluntad del pueblo allana el camino para la aprobación de una legislación contraria a los derechos de las minorías, entre las cuales son blanco habitual los colectivos LGBTI, los inmigrantes o las mujeres. Del mismo modo, promueve una legislación que limita el pluralismo informativo y que se concreta, si no en una restricción directa de la libertad de prensa, sí en la obstaculización de su capacidad de actuación, su criminalización o su persecución.

 

Limitación del activismo

Todo ello en paralelo al desarrollo de un poderoso aparato de propaganda que en muchos casos se dedica a difundir noticias falsas para reforzar sus posiciones políticas. Al mismo tiempo, se limita el activismo cívico y político dificultando las actividades de los grupos de oposición. Esta no es una agenda políticamente neutra y aunque se pueden identificar prácticas iliberales en gobiernos de signo político muy diverso, lo cierto es que en muchos de los sistemas políticos considerados democráticos la deriva iliberal es atribuible casi en exclusiva a formaciones y líderes situados a la derecha del espectro político y que se consideran populistas de derecha radical.

La Unión Europea no ha escapado a la tendencia global y también en ella han hecho su aparición los comportamientos iliberales. Y aunque no de forma exclusiva, donde más han aflorado estas prácticas ha sido en los países del grupo de Visegrado —Hungría, Polonia, Eslovaquia y la República Checa—, todos ellos antiguos países de la órbita soviética que habían abrazado la democracia liberal en la cuarta ola democratizadora. En la última década han llegado al poder formaciones populistas de derecha radical que han tratado de alterar la naturaleza de los regímenes con reformas constitucionales que buscan modificar el funcionamiento de las instituciones para reducir su independencia y centralizar el poder.

Algunas de estas decisiones, además, se han justificado como la vía para resolver los problemas estructurales que arrastran estos países y que se han intentado vincular con la pérdida de soberanía derivada de su pertenencia a la Unión Europea o a otras instituciones internacionales, cuya legitimidad ha sido cuestionada y cuyo poder ha sido desafiado.

De entre todos estos países destaca Hungría, que puede  considerarse el decano del iliberalismo europeo, no solo por haber sido el primero en llevar a cabo estas prácticas, sino también el primero en reconocer sin ninguna clase de rubor esta adjetivación cuando su primer ministro, Viktor Orbán, en  2014, pronunció un discurso en el que no vaciló en defender la conveniencia y las bondades del iliberalismo.

Desde 2010 Orbán ha reformado la Constitución en diez ocasiones y ha elaborado una nueva ley electoral para favorecer a su partido.

Desde su llegada al poder en 2010, Orbán ha reformado la Constitución en diez ocasiones y ha elaborado una nueva ley electoral para favorecer a su partido, FIDESZ. Igualmente, ha reformado el Tribunal Constitucional y el poder judicial para forzar la jubilación de los jueces críticos con el gobierno y colocar jueces afines. Ha impulsado una ley de medios de comunicación que coarta la libertad de expresión y que limita la capacidad de los medios críticos con el gobierno, al mismo tiempo que ha restringido los derechos de las minorías, en particular de los inmigrantes y las personas LGTBI. De igual modo, a través de la Ley de Educación Superior, no solo ha limitado la autonomía universitaria, sino también la presencia de instituciones de educación superior de origen extranjero, como la Universidad Centroeuropea fundada por George Soros, que se vio obligada a trasladar su sede a Viena. Asimismo, Orbán ha desacatado decisiones del Tribunal de Justicia de la Unión Europea y ha mantenido una actitud desafiante que ha sido reprobada por las instituciones y autoridades comunitarias.

 

Reducción de garantías 

Más recientemente, en Polonia, el gobierno del Partido Ley y Justicia liderado por Jarosław Kaczynski ha intentado de modo fraudulento introducir reformas constitucionales mediante cambios legislativos con el objetivo de condicionar el funcionamiento del Tribunal Constitucional, de limitar su independencia y subordinarlo a los demás poderes. El Tribunal Constitucional declaró nulos los cambios e invalidó el nombramiento de los nuevos jueces desatando un enfrentamiento con el jefe de Estado, el gobierno y la mayoría parlamentaria, que se negaron a acatar la decisión, lo que provocó las quejas de la Unión Europea.

Estas actuaciones fueron el preludio de restricciones a la independencia y la libertad de expresión de los medios de comunicación, así como del intento de prohibir la propiedad extranjera de los medios. Del mismo modo, se ha producido una reducción de las garantías de los ciudadanos frente a las fuerzas de seguridad y se han reducido los derechos individuales y los de las minorías. Como colofón, el cuestionado Tribunal Constitucional ha decretado que diversos aspectos de los tratados de la Unión Europea eran incompatibles con la Constitución polaca y que la UE no es competente para evaluar a la justicia polaca, lo que ha provocado un enfrentamiento con el Parlamento Europeo que, con amplio apoyo, aprobó una resolución que cuestionaba la independencia del Tribunal Constitucional y lo declaraba incapaz para interpretar la Constitución.

 

La UE, cuestionada

Estos comportamientos ejemplifican los casos más extremos en la Unión Europea, pero no son los únicos. En Cataluña, sin ir más lejos, los años del procés supusieron una clara deriva iliberal que todavía trae cola y que se manifiesta, por ejemplo, en la decisión del Govern de la Generalitat de desacatar la sentencia del 25% del castellano. Todo ello, constituye una amenaza para la continuidad de la democracia liberal en cada uno de los países, pero también es un reto para el mantenimiento de la propia Unión Europea, que se ve cuestionada y desafiada.

La viabilidad del proyecto europeo que, precisamente, se fundamenta en la defensa de la democracia liberal, dependerá de su capacidad para combatir las prácticas iliberales en sus países miembros y para evitar la deriva de sus propias instituciones. La incógnita es si podrá hacerlo manteniendo su integridad o bien si, después de la experiencia del Brexit, se ha abierto la puerta a una Unión Europea más pequeña, pero quizá también más cohesionada y más homogénea.