Tres meses después de las elecciones generales, el Congreso de los Diputados ha investido presidente del Gobierno de España a Pedro Sánchez y, por lo tanto, ha hecho posible la formación de un nuevo Ejecutivo de coalición del Partido Socialista y Sumar. Se trata de un presidente y un gobierno plenamente legítimos, de acuerdo con los procedimientos constitucionales, y que nace con el propósito de mantener la estabilidad institucional y de aplicar un programa progresista que dé continuidad a la obra de gobierno iniciada en junio de 2018.

Legitimidad, estabilidad y políticas de progreso son las coordenadas que enmarcan el horizonte con que nace el nuevo gobierno. Aun así, la gestación de la mayoría parlamentaria heterogénea que ha facilitado la investidura y sobre la cual se tendrá que apoyar el nuevo gobierno ha introducido elementos que pueden distorsionar tanto la percepción sobre su legitimidad, como la viabilidad de una legislatura estable y, en consecuencia, de la aplicación de una agenda reformista. El ruido ambiental, atizado por la extrema derecha y la complicidad de la derecha tradicional, ha hecho aflorar una deriva iliberal, empapada de simbología preconstitucional, y refuerza la necesidad de un gobierno que preserve el pluralismo y la España plurinacional.

No obstante, a pesar del contenido complejo y diverso de los pactos suscritos con Sumar, PNV, Bildu, BNG, CC, ERC y Junts, es patente que la clave de bóveda que ha posibilitado la investidura es el compromiso de tramitar una ley de amnistía para todos los implicados directamente e indirectamente en el proceso secesionista vivido en Cataluña. La voluntad de las fuerzas que le apoyan, más allá de la aritmética electoral, es proseguir por el camino del reencuentro y acabar de recoser los esguinces del procés, pero el riesgo es que se abra otra fractura, en clave española, como lo ha puesto de manifiesto una investidura donde el eje ideológico ha sido desplazado por un eje territorial con bastante carga simbólica y emocional.

Mientras tanto, sin necesidad de entrar en el análisis de la casuística relativa a la amnistía —y dando por sentada su adecuación constitucional— se tiene que convenir que estamos ante una decisión política del Congreso de los Diputados de una enorme envergadura que no es compartida por casi la mitad de los representantes de la ciudadanía española y que no tiene el apoyo de buena parte de la opinión pública española. Es, pues, una medida arriesgada que no cuenta con el amplio apoyo transversal que la haría incontestable. Se aduce, acertadamente, que la decisión del gobierno de indultar a los líderes procesistas condenados por el Tribunal Supremo se adoptó en contra de una opinión pública hostil, y que, pasado el tiempo, la medida ha mostrado su eficacia para obtener el propósito de una recuperación del clima de convivencia en Cataluña y posibilitar así avanzar hacia un nuevo tiempo político.

Estos son también los objetivos que animan la ley de amnistía y sería aventurado afirmar que no tendrá unos efectos positivos. Pero la reacción hiperbólica de las derechas políticas y mediáticas y la oposición de fondo de buena parte de la judicatura no presagia una asimilación plácida de la medida. Se puede dar la paradoja, como apuntábamos antes, de que la pacificación política de Cataluña vaya acompañada de un salto de escala en el clima de polarización y crispación de la política y la sociedad españolas, con la aparición de una extrema derecha explícita que contamine todo el espectro de la derecha democrática. Por eso, la aplicación de un programa coherente por parte del nuevo gobierno de España, teniendo en cuenta la diversidad extrema de sus apoyos y una oposición radicalizada, es un reto mayúsculo que exigirá prudencia, contención, rehuir la tentación cortoplacista y mantener una actitud ejemplar de civilidad, particularmente en la relación con la oposición del Partido Popular.

Por otro lado, lo más inquietante de los pactos de investidura afecta de pleno a la misma sociedad catalana. El envoltorio retórico del acuerdo con los independentistas, y muy especialmente con Junts y Carles Puigdemont, contradice la necesidad de la rectificación del independentismo, al haber asumido el relato justificador del procés sin más objeción que unos muy tímidos contrapuntos. Los hechos constatados —y los olvidados—, las palabras empleadas y las elucubraciones históricas engañosas y falaces apuntaban a una voluntad de revivir simbólicamente el procés, de mantener el relato, aunque todos sabemos, empezando por los mismos independentistas, que esta pretensión es una quimera.

Al final, lo que aflora es la pugna permanente por la hegemonía política dentro del espacio independentista entre Junts y ERC y, con esto, la pretensión de que la política catalana siga prisionera del marco mental soberanista, de la subasta simbólica permanente. Si la condición implícita del pacto de investidura es la pérdida de centralidad política del PSC y, por lo tanto, de la posibilidad de alternativa en Cataluña, estaríamos abocados a no salir del bucle estéril en el cual estamos metidos desde hace demasiado tiempo. Serían unos daños colaterales demasiado intensos para los que reclamamos volver a la prosa de la política y a la excelencia en la gestión de los asuntos públicos desde la mejor tradición catalanista, federalista y europeísta.

La normalización política de Cataluña no puede pasar por defraudar a la mayoría ciudadana que se expresó en las pasadas elecciones generales –corroborada por el último barómetro del CEO, anterior a la investidura–, y requiere un papel activo del socialismo catalán en la línea de facilitar la convivencia civil y de impulsar los acuerdos que hagan posible que nuestras instituciones de autogobierno vuelvan a funcionar a pleno rendimiento, al mismo tiempo que presenta un proyecto de progreso atractivo para una mayoría de la ciudadanía de Cataluña. Es bastante evidente que el actual gobierno de la Generalitat, apoyado en una muy mínima minoría de diputados, no puede proponer este proyecto para el conjunto del país. Más allá de las servidumbres tácticas, un eclipse de la propuesta estratégica del PSC sería la peor noticia para Cataluña al condenarla de nuevo al callejón sin salida a que llevaría la polarización entre un espacio independentista reanimado y la derecha españolista.