Lo peor que le puede pasar a una realidad incontestable es la mitificación y la banalización. Ese puede ser el caso del fenómeno de la despoblación que afecta a las zonas interiores peninsulares descolgadas de la atracción gravitatoria de los polos metropolitanos costeros y del Gran Madrid. Una simple fotografía de la imagen nocturna de la península desde un satélite nos muestra la contundencia de esta realidad.

En los últimos tiempos, la atención sobre este fenómeno se ha sintetizado en la fórmula de la España vacía o, de forma más victimista, de la España vaciada. Han proliferado reportajes periodísticos y obras literarias con la voluntad de retratar los efectos del abandono del territorio causado por la despoblación y se ha generado un nuevo ciclo de literatura pesimista sobre España caracterizada por un relato depresivo, como ha criticado Josefina Gómez Mendoza. Habitualmente, esta visión pesimista va acompañada de la mitificación melancólica de la vida rural y de una impostación de la tradición que, en algunos casos, adquiere el tono de una ideología abiertamente antiurbana.

Las evidentes manipulaciones ideológicas del fenómeno no pueden ocultar, sin embargo, una realidad de la cual importa sobre todo aclarar las causas, identificar las consecuencias y proponer unas políticas públicas orientadas a disminuir una desigualdad territorial que desmiente el principio de la igualdad de derechos de la ciudadanía.

Tenemos, pues, una diferencia brutal de densidad de población entre zonas urbanas y zonas rurales, que se va ahondando porque se ha acelerado la despoblación de la mayoría de núcleos de la España interior, con la dificultad que supone aplicar políticas efectivas por la estructura minifundista de la planta municipal española. En consecuencia, nos encontramos con más de la mitad del territorio español sin una juventud que asegure el relevo, sin mujeres —que no encuentran las oportunidades vitales y laborales que les ofrecen los entornos urbanos— y, por tanto, con una población envejecida que demanda más atención y servicios cuando los recursos y el marco institucional no lo hacen nada fácil. El resultado no es otro que una grave brecha en la cohesión territorial.

No es de extrañar que esta dura realidad haya provocado un grito de socorro en forma de diversas iniciativas políticas y sociales que reivindican la especificidad de estos territorios y de sus necesidades. Destaca en este sentido el camino emprendido por Teruel Existe, ya presente en el Congreso de los Diputados desde la anterior legislatura, una formación que ha abierto camino a la España Vaciada que, a partir de la conjunción de diversas marcas locales, ha concurrido a las recientes elecciones a las Cortes de Castilla y León, con unos resultados notables en Soria, donde se ha convertido en la primera fuerza política obteniendo tres escaños.

Esta será una de las novedades de cara al nuevo ciclo electoral que se inicia con las elecciones a la Junta de Andalucía, donde habrá candidaturas de la España Vaciada en Jaén y posiblemente en Granada. En Cataluña, de momento, no ha adoptado la forma partidista, pero sí de grupo de presión. En 2020 nació País Rural bajo el impulso del exalcalde de Vic, Josep Maria Vila d’Abadal, y más recientemente Eines de Repoblament Rural, un lobby, como se autodefine, formado por la mayoría de alcaldes catalanes de municipios de menos de 2.000 habitantes.

Sin embargo, la fractura política que ahora empieza a emerger con diversos formatos no es nueva. Todo lo contrario, la divisoria campo-ciudad es tan antigua como el proceso de industrialización y el desarrollo en paralelo del Estado liberal en España. Ya a mediados del siglo XIX surgieron movimientos del mundo rural frente a la urbe, y ello sin olvidar el trasfondo sociológico del carlismo. En el siglo pasado, durante la Segunda República, acabaron cristalizando en forma de partido, aunque de manera efímera a causa de la superposición de los diversos clivajes políticos.

Tradicionalmente, el campo se ha alineado con el espacio ideológico conservador y con los intereses de los sectores acomodados, aunque no siempre ni en todas partes; pensemos, por ejemplo, en la notable implantación campesina del anarcosindicalismo en Andalucía. A partir de los años 60 del siglo XX, el proceso acelerado de desarrollo económico basado en un modelo de concentración urbana de la industria y los servicios provocó la migración masiva del campo a la ciudad, con una nueva conflictividad social sobre la cual se organizó la competición política una vez recuperada la democracia.

Ahora, no obstante, el campo proclama su especificidad e intenta disponer de una representación política autónoma. Estos movimientos declaran que no son ni de derechas ni de izquierdas, y ni siquiera se los puede calificar de localistas pese a su arraigo local. Quieren hacer visible una realidad abandonada a los ojos de unas administraciones que no han sido capaces de afrontar las consecuencias de la despoblación, y poner sus problemas en la agenda política. Está por demostrar su eficacia, pero intentan beneficiarse de un mapa político muy fragmentado y más polarizado para dar satisfacción a sus demandas.

En todo caso, es patente la necesidad de unas políticas públicas que den respuesta a un mundo que se acaba, como lo retrata muy bien la premiada película Alcarràs, y que no se resigna a sobrevivir. Fijar la población en el medio rural y ofrecerle nuevas oportunidades requiere hacer compatibles objetivos no siempre fáciles de casar: generar actividades productivas diversificadas, preservar el medio natural, proveer servicios personales y digitales y reformar el marco institucional. En definitiva, como afirma Ignacio Molina en su artículo, se trata de afrontar el reto democrático de transformar el marco social y político actual de la revuelta de la España interior.