Cuando ahora hace cinco años se publicó el primer número de política&prosa, Cataluña sufría las consecuencias del descalabro provocado por la aventura del proceso secesionista. Teníamos una sociedad desconcertada y desorientada por unos acontecimientos políticos que se saldaron con el fracaso sonado de unos líderes que habían perdido el norte.

Nuestra publicación nació con el propósito de explicarnos qué había pasado y por qué razones, pero sobre todo para explorar qué nuevos caminos podían llevarnos a rehacer una civilidad compartida y a recuperar la autoestima colectiva. Hemos apostado por el respeto, la moderación y el diálogo como valores imprescindibles para recuperar la dignidad de la política, afirmando unas convicciones catalanistas, federalistas y europeístas. Y nos propusimos hacerlo con una mirada amplia no focalizada estrictamente en la observación de lo que sucedía en Cataluña.

Hemos apostado por el respeto, la moderación y el diálogo como valores para recuperar la dignidad de la política, afirmando unas convicciones catalanistas, federalistas y europeístas con una mirada amplia no focalizada estrictamente en Cataluña.

Hemos tratado de ser coherentes con este propósito inicial, con nuestra línea editorial y con las propuestas que han configurado el corpus del millar y pico de artículos y entrevistas que hemos ido publicando. Así, hemos analizado las consecuencias del procés: su impacto político y social en el conjunto de España, que ha provocado una reacción determinante en el surgimiento y consolidación de la nueva extrema derecha que representa Vox; su coste en la economía catalana, tanto con el retroceso relativo del PIB como con la pérdida de centros de decisión empresarial; su efecto divisivo socialmente y culturalmente, y una preocupación especial por las repercusiones en el estado de la lengua catalana.

Pero, por encima de todo, hemos denunciado el vacío político institucional que ha dejado el procés. La deslegitimación sistemática de las instituciones de autogobierno desde las mismas filas del independentismo ha comportado que Cataluña haya dejado de ser gobernada durante una década. Nuestra obsesión ha sido y sigue siendo la recuperación de la plena eficacia de nuestras instituciones para poder volver a gobernarnos.

Hemos expresado una preocupación creciente por el enrarecimiento del clima político que se ha producido no solo en Cataluña y España: el virus iliberal está infectando los sistemas políticos democráticos y dificulta la posibilidad de acuerdos estratégicos transversales.

Al mismo tiempo hemos expresado una preocupación creciente por el enrarecimiento progresivo del clima político que se ha ido produciendo no solo en Cataluña y en España, sino también en el conjunto de las democracias occidentales. El virus iliberal está infectando los sistemas políticos democráticos, cada vez más crispados y polarizados, con una devaluación de la institucionalidad que dificulta la posibilidad de acuerdos transversales para abordar los grandes problemas estratégicos. Un virus que está afectando a las instituciones europeas y que amenaza, después de las elecciones en el Parlamento Europeo de junio de 2024, con provocar una influencia determinante del nacionalpopulismo.

Ante una política cargada de simbolismo en la década procesista, es necesario un cambio: una política en beneficio de contenidos cívicos y de pluralidad. En la imagen, inauguración el año 2012 de la fachada del Parlament. Foto Andreu Dalmau / EFE

Ante una política cargada de simbolismo en la década procesista, es necesario un cambio: una política en beneficio de contenidos cívicos y de pluralidad. En la imagen, inauguración el año 2012 de la fachada del Parlament. Foto Andreu Dalmau / EFE

Hoy, pasados cinco años, nos preguntamos si nuestro planteamiento inicial sigue teniendo sentido, puesto que, afortunadamente, las circunstancias han ido cambiando. La sociedad catalana ha pasado página del procés, quizás por la fatiga provocada por la saturación de una política autorreferencial atrapada en un bucle sin salida. Pero también porque en este tiempo transcurrido ha tenido que dar un salto de escala y cambiar de escenario, al tener que absorber el impacto de acontecimientos de una gran magnitud como la pandemia de la covid-19 o el retorno de la guerra a tierras europeas y sus consecuencias económicas.

Ahora bien, la página del procés no se ha acabado de pasar del todo en el ámbito de la política, ni en los medios de comunicación públicos de la Generalitat, a pesar de las señales inequívocas que ha proporcionado la ciudadanía en las sucesivas elecciones al Parlamento de Cataluña, en los municipios y, finalmente, a las Cortes Generales. Se ha constatado la pérdida progresiva de apoyo electoral a los partidos independentistas. Los estudios demoscópicos registran una bajada significativa de las opiniones favorables a la independencia. La participación en las movilizaciones propias de la liturgia independentista se ha deshinchado a la vista de todo el mundo.

Es muy cierto que Esquerra Republicana ha hecho un esfuerzo para aterrizar en la realidad, asumiendo la inviabilidad de la unilateralidad y la responsabilidad de gobernar la Generalitat, a pesar de las trabas continuadas de Junts per Catalunya. El Gobierno ha contado, por otro lado, con el apoyo crítico pero responsable del PSC. Se puede afirmar que si hay una constante en la política catalana que sirve para explicar su funcionamiento, no es otra que la rivalidad inmisericorde entre los republicanos y los convergentes en sus sucesivas reencarnaciones. De tal manera que esta pugna impide pasar definitivamente la página del procés.

El resultado de las elecciones generales ha propiciado la paradoja de dar un peso decisorio a las fuerzas del independentismo, muy superior al apoyo recibido en las urnas, y que pretenden utilizar para reavivar la ficción del ‘procés’.

Todo indicaba que la paulatina, pero continuada, pérdida de peso social, electoral y, eventualmente, institucional del independentismo llevaría de facto a superar el pasado y a entrar en una nueva etapa de la política catalana. Pero, el resultado inesperado y complicado de estas últimas elecciones generales ha propiciado la paradoja de dar un peso decisorio a las fuerzas del independentismo catalán, muy superior al apoyo recibido en las urnas. De forma que estas fuerzas, encabezadas por Junts per Catalunya y, más concretamente, por Carles Puigdemont, pretenden utilizar el protagonismo repentinamente obtenido en la política española para intentar reavivar la ficción del procés.

De repente, se pone en cuestión la rectificación implícita que se había ido produciendo lentamente en los últimos tiempos. A la vez que se pretende obviar la explicación y la asunción de responsabilidades que los líderes processistes deben a buena parte de sus seguidores que se han sentido engañados. Y, por encima de todo, a una buena parte de los ciudadanos de Cataluña que fueron ninguneados durante los hechos de 2017 por las decisiones impuestas al margen del marco de convivencia común.

Se intenta recuperar ahora el protagonismo político de unos líderes fracasados, caducados e inhabilitados moralmente para seguir en primera línea de la política. Unos actores políticos del todo acabados, como afirmó Josep Maria Fradera en una entrevista en política&prosa. ¿O es que hay que recordar cómo han acabado la mayoría de los responsables políticos de la España y la Cataluña de aquellos tiempos? El presidente del Gobierno de España, Mariano Rajoy pagó su responsabilidad política con una moción de censura. Un presidente de la Generalitat, Artur Mas, fue enviado a la «papelera de la historia» por la presión del sector más radical del independentismo. El presidente Carles Puigdemont huyó del país para eludir sus responsabilidades. Su sucesor, Joaquim Torra, ha sido justamente olvidado por su irrelevancia e inconsistencia como gobernante. El líder de Esquerra, Oriol Junqueras, fue juzgado, condenado, inhabilitado… e indultado. Como también, sin ser responsables, los líderes de la izquierda Miquel Iceta, Lluís Rabell y Joan Coscubiela abandonaron sus posiciones preeminentes en la política catalana.

Hoy, aquellos líderes del independentismo, y particularmente Carles Puigdemont, pretenden recuperar su papel, alimentando la ficción de querer ser decisivos en la política española, pero obviando la necesidad de superar antes que nada la división que crearon al despreciar la prioridad de recoser la sociedad catalana.

Es innegable que la lógica que se desprende de la evolución de los últimos años de la política española, acentuada en las últimas elecciones, comporta una división en dos bloques políticos antagónicos en torno al PSOE y al PP. La fragmentación del mapa electoral, además, obliga a los dos grandes partidos españoles a alianzas incómodas, para decirlo suavemente. Así, el PP tiene el dilema de qué hacer con Vox, un dilema similar al que enfrentan los partidos conservadores de las democracias occidentales. Por su parte, el PSOE tiene que afrontar el problema de qué hacer con los independentistas, especialmente con Junts.

Unas dificultades que han impedido la investidura del líder del Partido Popular y que complican la posible investidura de Pedro Sánchez y, más allá, la estabilidad de una legislatura futura. La evidencia más patente de estos inconvenientes es la percepción de que los términos del debate y de las condiciones de la investidura del líder socialista los ha establecido Junts, de forma que ante la opinión pública ha quedado fijada la imagen de una investidura a cambio de una amnistía. Es comprensible que Sánchez haya preferido no explicar sus razones antes de no tener un acuerdo cerrado, pero paga el coste de haber propiciado un marco favorable a la resurrección de la ficción del procés y, de rebote, de su némesis españolista.

Porque en el supuesto de que Pedro Sánchez logre ser investido difícilmente podrá sustraerse de la imagen artificiosa, forjada desde la derecha política y mediática, de un político sin escrúpulos capaz de pactar lo que sea para mantenerse en el poder. Incluso si, como es de esperar, presenta y argumenta con la máxima claridad los términos de los acuerdos a los que ha llegado con los diferentes grupos del heterogénea mayoría parlamentaria de la investidura, y muy especialmente con los independentistas catalanes.

Tenemos que deshacer el equívoco creado por el relato de Puigdemont: no se puede equiparar la negociación táctica de una investidura con JxCat, que representa al 11% de los votantes catalanes del 23-J, con un acuerdo estratégico para renovar el pacto constitucional de 1978.

Es imprescindible deshacer el equívoco creado por el relato de Puigdemont cuando equipara el pacto de investidura con un «acuerdo histórico» como nadie ha sido capaz de alcanzar desde 1714. Esta afirmación, más allá de su anacronismo, olvida el renacimiento material de Cataluña, emprendido por Enric Prat de la Riba desde la Mancomunitat; la obra de gobierno de los años de la Generalitat republicana y, sobre todo, el retorno del presidente Tarradellas, el único acto de ruptura democrática de la Transición. No se puede equiparar la negociación táctica de una investidura con JxCat, que representa al 11% de los votantes catalanes del 23-J, con un acuerdo estratégico para renovar el pacto constitucional de 1978. La necesidad de actualizar el encaje de Cataluña en España, reconocida por el mismo Núñez Feijóo, no puede confundirse en modo alguno con la negociación de una investidura.

Volver al marco processista nos llevaría de nuevo a un callejón sin salida, a un retroceso en el camino para lograr los objetivos fundamentales de recuperación de la convivencia, por un lado, y de la institucionalidad, por otro. No es que tenga credibilidad alguna la bravata del «lo volveremos a hacer», declamada, aun así, sin demasiada convicción, sino que persistir en la retórica processista contamina el lenguaje e impide cambiar de marco mental. Supone una traba al diálogo razonable que tendría que abrirse entre todas las fuerzas políticas catalanas para pasar página y abrir una nueva etapa.

Tarradellas insistía en la unidad de las fuerzas políticas en torno a las instituciones de autogobierno para lograr unos objetivos realistas: sin unidad política, Cataluña se convierte en un juguete en la política española, pasa a ser instrumental y no fundamental.

En este sentido es oportuno interpretar el sentido profundo de la unidad que propugnaba el presidente Josep Tarradellas. No se trata de hacer una referencia ritual y banal, sino de comprender las razones que lo movieron a sostener esta convicción. Unas razones arraigadas en una reflexión largamente meditada sobre la historia de Cataluña y, especialmente, sobre sus fracasos, originados por una conciencia errónea de las propias fuerzas y por un desconocimiento de la solidez del Estado español. Es decir, una reiterada incapacidad para valorar la correlación de fuerzas. Por eso, Tarradellas insistía una y otra vez en la imprescindible unidad de las fuerzas políticas catalanas en torno a las instituciones de autogobierno para lograr unos objetivos realistas. Porque, sin unidad política, Cataluña se convierte en un juguete en la política española, pasa a ser instrumental y no fundamental.

El retorno del presidente Tarradellas el 23 de octubre de 1977 – en la imagen saludando a la multitud reunida en el Aeropuerto del Prat – es el único acto de ruptura democrática de la Transición. Foto EFE

El retorno del presidente Tarradellas el 23 de octubre de 1977 – en la imagen saludando a la multitud reunida en el Aeropuerto del Prat – es el único acto de ruptura democrática de la Transición. Foto EFE

De ahí la importancia de afrontar la nueva etapa con dos criterios básicos: el diálogo entre las fuerzas políticas catalanas para superar la fractura originada por el procés y el pleno restablecimiento de la institucionalidad para lograr la máxima eficacia de nuestro autogobierno.

Esta tarea tiene que abordarse desde un nuevo paradigma, situado en las antípodas de la deriva identitaria del soberanismo de la década ‘processista’: desde Cataluña, tenemos que restar carga simbólica en el debate en beneficio de contenidos cívicos y de pluralidad.

Esta tarea tiene que abordarse desde un nuevo paradigma, situado en las antípodas de la deriva identitaria del soberanismo de la última década processista. Es necesario un cambio de actitud y de mentalidad. El error del catalanismo, de matriz cívica, ha sido sumar carga simbólica al debate territorial y rearmar al nacionalismo español. Tenemos que preguntarnos qué queremos ser y, sobre todo, qué queremos hacer juntos. Unas preguntas que son aplicables a Cataluña, al conjunto de España y a la Unión Europea. El marco europeo de soberanías y de ciudadanías compartidas es el nuevo terreno de juego. Por lo tanto, desde Cataluña tenemos que retirar ahora aquella carga simbólica en beneficio de contenidos cívicos y pluralidad (nacional, lingüística y cultural). Esto pasa por recuperar la divisa de Tarradellas: «Ciutadans de Catalunya!»

La complejidad catalana, que había sido vista como un freno en el pasado, es un valor añadido para administrar las nuevas realidades del siglo XXI: somos más fuertes porque somos más complejos. La tarea de las fuerzas políticas de raíz catalanista, progresista y federalista pasa por colocar el concepto de «ciudadanías compartidas» –ciudadanos de Cataluña, de España y de Europa– como pilar de este cambio de chip: la voluntad de vivir juntos y de hacerlo de manera civilizada. Dicho de otra forma: España irá bien cuando se sientan a gusto en ella incluso aquellos que no se sienten españoles (el mismo razonamiento vale para Cataluña) y cuando nadie, allá o aquí, nos obligue a tener que escoger, actuando todo el mundo como ciudadano, es decir, sujeto al mismo código de derechos y de deberes. En su momento, cuando se aborden la reforma constitucional (y estatutaria) habrá que apostar por añadir esta carga cívica al debate en sintonía con un «segundo laicismo» en cuanto al concepto polisémico de nación. He aquí, al fin y al cabo, el reset y el cambio de mentalidad que debemos tener la osadía de plantear.

Este cambio de paradigma no es nada fácil que se produzca en el actual marco político español, caracterizado por las limitaciones y contraindicaciones de la petrificación del bibloquismo político que, además, conlleva el riesgo de envenenar la vida social. La impermeabilidad y la incomunicación entre los dos bloques hace inviable abordar los grandes problemas de fondo de la sociedad española con las reformas estructurales necesarias. Al mismo tiempo que agrava el bloqueo de las instituciones, contribuyendo así al deterioro del conjunto del sistema democrático, del que es un ejemplo muy presente el sabotaje contumaz del Partido Popular a proceder a la renovación del Consejo General del Poder Judicial.

Ante las pulsiones recentralizadoras y secesionistas, se debe corregir la miopía de la izquierda española que históricamente ha aceptado el marco de que la representación catalana en las instituciones estatales le correspondía en exclusiva a la minoría nacionalista.

Pero esto no tiene que impedir el esfuerzo para hacer una política propositiva, que transcienda el rifirrafe permanente y los cálculos tacticistas. Concretamente, es exigible al Partido Socialista, y por extensión al Gobierno de España, plantear una propuesta para afrontar la cuestión territorial. La política orientada a la «desinflamación» de la crisis catalana ha sido incontestablemente positiva, pero ha tocado techo. Ante las pulsiones antagónicas de los recentralizadores y de los secesionistas, se debe levantar un proyecto inclusivo que las izquierdas españolas tienen la oportunidad y la responsabilidad de proponer, y en el que al PSC le corresponde un papel relevante, sobre todo para limitar las tentaciones de una aproximación contraproducente a las tesis nacionalistas.

Hay que corregir la miopía de la izquierda española que históricamente ha aceptado el marco de que la representación del país en las instituciones estatales le correspondía en exclusiva a la minoría nacionalista. Como tampoco puede caer en el olvido a la hora de repensar este proyecto colectivo de largo alcance, la propuesta federal para España que desde Cataluña impulsó el presidente Pasqual Maragall, con sus aciertos y sus errores.

Tras la investidura imposible de Núñez Feijóo, es el turno de la de Pedro Sánchez, complicada por la fragmentación del mapa electoral y la polarización en dos bloques políticos antagónicos. Foto Juanjo Martín/ EFE

Tras la investidura imposible de Núñez Feijóo, es el turno de la de Pedro Sánchez, complicada por la fragmentación del mapa electoral y la polarización en dos bloques políticos antagónicos. Foto Juanjo Martín/ EFE

Concretamente, no puede ser que el PSOE no tenga respuesta cuando se le reprocha que no tiene un proyecto territorial para España, cuando lo cierto es que dispone de un esbozo prometedor en la Declaración de Granada de 2013, guardada desde entonces en un cajón. Como no puede ser que el PSOE solo haya decidido adoptar nuevas medidas favorables al reconocimiento de la pluralidad lingüística de España cuando se ha visto obligado por las presiones independentistas en el marco de una negociación política de urgencia.

Cataluña y España necesitan un proyecto colectivo compartido. Sin proyecto, la política se hace en el vacío. Por eso, no es fácil desde una tradición política de la modernidad entender la lógica de las decisiones políticas en esta época «posmoderna».

Entendemos por política «moderna» aquella que está fundamentada en unos principios y unas ideas (una cierta visión del mundo) que se concretan en un proyecto que propone objetivos y una orientación estratégica que guía la acción y las decisiones prácticas que configuren toda obra de gobierno. En cierto modo podría decirse que es una política guiada por un propósito teleológico de transformación de la realidad y una voluntad de superar las circunstancias y las trabas del camino. Trata de superar las circunstancias con pragmatismo, pero sin perder de vista el proyecto que le da sentido. En definitiva, es una política que intenta mantener la coherencia entre la teoría y la práctica, con el riesgo, aun así, de caer en un doctrinarismo estéril.

Es desde esta perspectiva que, en el momento actual, se expresan opiniones que piden a los políticos que expongan con claridad y transparencia cuál es su proyecto, más allá de la obvia voluntad de permanecer en el poder o de conquistarlo. Se hacen oír voces que interpelan a Pedro Sánchez sobre cuál es su proyecto para España, o que se inquietan ante el silencio de Salvador Illa sobre cuál es la propuesta del PSC para Cataluña.

Desde una interpretación «posmoderna», en cambio, vendría a sostenerse que la manifestación explícita de los proyectos políticos no es necesaria para hacer política. Incluso, que no deja de ser un inconveniente que dificulta la adaptación táctica a unas circunstancias y a unos acontecimientos que no pueden ser controlados. No se trata de superar las circunstancias, sino de adaptarse permanentemente a ellas. Debe de ser aquello que decía el premier británico Harold MacMillan: «Events, dear boy, events.»

En Cataluña, la expresión ciudadana mayoritaria partidaria de pasar página del ‘procés’ no puede conformarse con el simple rechazo al fracaso del pasado: necesitamos que todas las energías converjan para afrontar las cuestiones de fondo, decisivas para nuestro futuro colectivo.

En Cataluña, la expresión ciudadana mayoritaria partidaria de pasar página del procés no puede conformarse con el simple rechazo al fracaso del pasado; se necesita un proyecto positivo, con voluntad inclusiva y con ambición realista. No nos podemos distraer más, necesitamos que todas las energías políticas y sociales converjan para afrontar las cuestiones de fondo de medio y largo recorrido, decisivas para nuestro futuro colectivo.

La mayoría de ellas rebasa nuestro marco y solo pueden gobernarse con garantías de éxito desde una lógica cooperativa que asuma la realidad de nuestro mundo interdependiente. Es la lógica del federalismo. Que en Cataluña quiere decir la colaboración virtuosa entre las instituciones municipales y metropolitanas y la Generalitat. Que fuera de Cataluña quiere decir la cooperación en el marco español y, más allá, en el europeo.

En el análisis de este marco es inevitable hacer referencia a la pasividad de la llamada sociedad civil y a la posición acrítica de la mayoría de los medios de comunicación que no han contribuido a la configuración de un debate público potente y equilibrado.

En un editorial de 2020 decíamos que «Cataluña necesita la plena federalización del Estado, con reglas claras de delimitación de competencias y recursos, y un arbitraje de los casos conflictivos por parte de un Tribunal Constitucional que tiene que estar de nuevo perfectamente legitimado en Cataluña y en el resto de España. Y con instrumentos de corresponsabilización en la gobernación del Estado, como un Senado federal y un sistema de conferencias ministeriales de las autonomías federadas en los diferentes ámbitos, y de autoridades y agencias independientes, vinculadas al Senado, para gestionar competencias específicas que afectan a todo el sistema federal. La exigencia de este cambio institucional va ligada a una condición inexcusable: la lealtad recíproca que tiene que alimentar la confianza democrática sin la cual nada será posible».

Pero añadíamos una condición previa: «La ejemplaridad del Gobierno y de la administración de Cataluña tiene que ser la mejor carta de presentación para exigir un sistema de autogobierno estable, no sometido a los avatares de los pactos circunstanciales en Madrid ni a las subastas entre nacionalismos».

Llevamos demasiado tiempo sin gobierno efectivo y hemos llegado a un punto en que hay que recordar obviedades: gobernar tiene que ver con la asignación de recursos según unas estrategias y unos programas; gobernar no es agitar, hacer propaganda, exhibir banderas y pancartas.

Sin hacer efectiva esta condición previa nada es posible. Por eso es absolutamente prioritario el esfuerzo para recuperar la institucionalidad en Cataluña, para creerse, respetar y mejorar nuestras instituciones de autogobierno. Necesitamos una política útil, capaz de gobernar y de impulsar políticas públicas eficientes y equitativas. Llevamos demasiado tiempo sin gobierno efectivo. Hemos llegado a un punto en que es necesario recordar obviedades sobre qué significa gobernar: «Gobernar tiene que ver con la asignación de recursos de acuerdo con unas estrategias y unos programas. Gobernar quiere decir formular y aplicar políticas siguiendo las reglas del juego propias de un estado democrático. Gobernar no es agitar, hacer propaganda, exhibir banderas y pancartas».

Valentí Puig ha formulado la síntesis exacta de lo mínimo a lo que podemos aspirar y deberíamos exigirnos: Después del procés, las instituciones. Es la condición previa, a nivel político, para rehacer aquella civilidad compartida y para recuperar la autoestima colectiva de que hablábamos al inicio y que conecta con la vocación fundacional, hace ahora cinco años, de política&prosa.