La pandemia por el coronavirus no sólo ha supuesto un desafío para el sistema sanitario y el aparato productivo del país, sino también para su estructura judicial. Cuando el pasado 4 de junio, después de tres meses desde el inicio del estado de alarma, se puso en marcha el proceso para la normalización en este ámbito, nadie esperaba que fuera fácil conseguir buenos resultados en breve plazo. La justicia no sólo encaraba la nueva etapa con riesgo de desbordamiento y de batir récords en la acumulación de procedimientos y en el retraso de sentencias, sino inmersa además en nuevas tensiones políticas.

La gravedad de estas tensiones quedó muy de manifiesto en casos como la investigación sobre las responsabilidades del Gobierno en la autorización de las manifestaciones del 8 de marzo y en la destitución del coronel Diego Pérez de los Cobos al frente de la Guardia Civil en Madrid, o en la escisión que provocó en el Tribunal Constitucional el debate sobre la idoneidad o no de los decretos del estado de alarma para hacer frente a la emergencia sanitaria. El primer asunto acabó archivándose, pero después de mucho ruido político.

Las tensiones en el Constitucional, a su vez, obligaron a que el presidente del tribunal de garantías, Juan José González Rivas, tuviera que utilizar por primera vez en su mandato su voto de calidad.

Recurrió a esta solución para deshacer el empate entre los magistrados que querían autorizar una manifestación convocada en Vigo en plena alerta sanitaria y los que querían impedirla, subrayando la prioridad de garantizar la salud pública. En paralelo, las concentraciones en el barrio de Salamanca al grito de “Libertad” eran promovidas por los mismos que acusaban al Gobierno de haber facilitado los contagios permitiendo movilizaciones a primeros de marzo.

La dificultad de avanzar mediante decisiones consensuadas en la resolución de los problemas que la pandemia planteaba al sistema judicial se puso pronto de relieve, ante el fracaso de los intentos realizados por el Gobierno para acordar con el PP una serie de medidas de choque. El ministro de Justicia, Juan Carlos Campo, tenía negociado este capítulo con el secretario de la misma área en el PP, Enrique López, pero el castillo de naipes que habían construido entre ambos se vino pronto abajo. La dirección del PP consideró que no era el momento de ir de la mano con el Ejecutivo, ante la dificultad de entenderse en otros terrenos. Sin duda, el choque de trenes en la Comunidad de Madrid, cuya presidenta, Isabel Ayuso, siguió una estrategia de crítica frontal al Gobierno y a las prórrogas del estado de alarma, perjudicó toda expectativa de pacto entre las dos principales fuerzas políticas de país para hacer frente al posible colapso judicial derivado de la pandemia.

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La Covid-19 ha penetrado, sin duda, en todos los tejidos del cuerpo judicial. Es decir, en todos sus órganos jurisdiccionales. El área más afectada ha sido la laboral o social. En un marco paradógico –porque de lo que se trataba era de tramitar las sangrías del sistema productivo-, los despachos laboralistas fueron los que más trabajaron durante el estado de alarma. Hasta el punto de que fue desde este ámbito desde donde se lanzaron más peticiones de socorro, por la vía de las solicitudes de refuerzo para atender no ya los casos acumulados y pendientes, ni los suspendidos durante la fase aguda de la pandemia, en marzo, abril y mayo últimos, sino los que llegaron inmediatamente después, por los expedientes de crisis y el cierre de empresas.

La propia alarma sanitaria y la dificultad de encajar las nuevas regulaciones legales en las situaciones prácticas de las empresas generó además un escenario de inseguridad jurídica. Valga un ejemplo, el de los ERTE aplicados en empresas de restauración. Muchos se previeron para toda la plantilla. Pero luego vino la regulación concreta y se permitió la venta de comida a domicilio, un margen de actividad que a no pocos les impidió presentar el ERTE por motivos económicos. Los abogados laboralistas se han visto obligados, en estas circunstancias, a convertirse en auténticos devoradores del Boletín Oficial del Estado (BOE), para poder conocer al minuto, y con posibles variaciones sobre la marcha, la normativa aplicable.

Pero donde la actividad judicial nutrió de munición a la política fue, como casi siempre, en el orden penal. Por la vía, sobre todo de la investigación de la juez de instrucción de Madrid Carmen Rodríguez Medel en relación con la citada autorización de manifestaciones a primeros de marzo, cuando existían advertencias alarmantes sobres la posible evolución de la pandemia. Esta juez ya fue la que dirigió otra investigación sonada, la iniciada contra el entonces recién elegido presidente del PP, Pablo Casado, por supuestas irregularidades en la obtención de su máster de derecho autonómico, un asunto que el Supremo cerró luego de un plumazo sin exigencia de responsabilidades. En el caso de la supuesta prevaricación del delegado del Gobierno en la Comunidad de Madrid, José Manuel Franco, pronto se puso de manifiesto la polarización de la política española en esta etapa, al revelar según unos las responsabilidades del Gobierno, incluso penales, por su gestión de la crisis sanitaria, y según otros los intentos de reconducir al ámbito judicial, instrumentalizándolo, un debate que nunca debió salir del terreno político.

El caso Pérez de los Cobos fue el de mayor relieve político, pero al estallar esta crisis habían llegado ya al Tribunal Supremo 45 querellas y denuncias contra el Ejecutivo cuando apenas se había iniciado la desescalada. En muchas de ellas se incidía en la supuesta comisión de los delitos de imprudencia temeraria con resultado de muerte y prevaricación por no haber cortado antes las convocatorias de riesgo, como las marchas feministas que tuvieron lugar en dicha fecha en toda España, y no sólo en Madrid.

No obstante, ya se apuntaba entonces que muchas de esas denuncias tendrían más posibilidades de lograr algún recorrido efectivo si se derivaban hacia la vía contencioso-administrativa. Y ello por la dificultad de probar la intencionalidad de ciertas decisiones o la relación de causa a efecto entre la autorización de una concentración y los contagios, que pudieron producirse en otros lugares. La viabilidad del resarcimiento por vía contenciosa, en cambio, se subrayaba por las propias previsiones de la Constitución, cuyo artículo 106.2 prevé que “los particulares tendrán derecho a ser indemnizados por toda lesión que sufran en cualquiera de sus bienes y derechos, salvo en caso fuerza mayor, siempre que la lesión sea consecuencia del funcionamiento de los servicios públicos”.

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Sea cual fuere el curso que sigan estos procesos, y su final, los efectos de la pandemia se van a notar por mucho tiempo en el funcionamiento de la justicia. El Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), órgano de gobierno de la magistratura, ha elaborado nuevos protocolos que incluyen la apuesta por las vías telemáticas para la celebración de juicios y diligencias procesales. Pero en muchas oficinas judiciales la mera pretensión de establecer una videoconferencia es una quimera, por falta de recursos técnicos.

En paralelo, se han dado instrucciones para limitar la presencia de público en las vistas orales y para asegurar la distancia entre los asistentes, los propios jueces, los abogados de las partes o los testigos. Muchas salas tienen una dimensión reducida, con lo que medidas de este tipo significan que no podrán ser utilizadas. Todo ello en un contexto en el que sólo en Catalunya se habían aplazado entre marzo y mayo más de 75.300 vistas, mientras el número de trámites procesales había pasado de 460.000 semanales a 211.000 a comienzos de junio. Los atrasos acumulados, en suma, amenazaban con sumir en el caos a los juzgados durante meses, en lo que desde el principio de la emergencia sanitaria se perfiló como un grave daño colateral de la pandemia.