Muchos análisis se han llevado a cabo desde que se anunció por parte del BBVA la oferta pública de adquisición de acciones del Banco Sabadell, especialmente desde que la operación se convirtió en una OPA hostil. Es decir, una operación ni deseada ni acordada entre ambos bancos, y por tanto agresiva, un hecho nada normal y conveniente en un sector tan regulado.

Aunque todavía se desconocen los folletos de observaciones de las Comisiones Nacionales de los Mercados de Valores (CNMV) y del Mercado y la Competencia (CNMC), ha habido tiempo suficiente para estudiar profusamente los términos y condiciones de la operación y, por ende, se han avanzado previsiones relativas a posibles consecuencias sobre la estructuración del sector financiero español y sobre los costes de todo tipo que se derivan de la misma. Así, se han manifestado unas pocas opiniones favorables y muchas más desfavorables, entre ellas la expresada con profundidad por Xavier Vidal-Folch (El País, 3 de junio de 2024), y no es descartable que vayan aflorando muchas más. Pero se echan de menos análisis centrados en el contexto de la operación y que expliquen el entorno económico, social y político en el que se pretende llevar a cabo.

Nadie ha olvidado todavía los efectos devastadores de la crisis de 2008 en un sector tan regulado, podríamos decir tan de “servicio público”. O, como lo califican Nacho Corredor y Adrià Jofre, un “actor privado con función pública”, expuesto a fuertes problemas de reputación y obligado, en consecuencia, a buscar siempre un difícil equilibrio entre la estabilidad y la confianza.

Pero la crisis de 2008 no fue tan solo un sobresalto circunstancial. Las consecuencias derivadas de aquella crisis y sus estragos en todos los sectores han suscitado una reflexión, más o menos explicita, sobre el papel del Estado o del Regulador en actividades económicas especialmente sensibles. La covid-19, la invasión de Ucrania y la crisis energética ponen en cuestión la forma que tenemos de gobernarnos. Dicho de otro modo, la gente ya no se fía del Mercado para dirigir la Economía en según qué sectores y tampoco para controlar e impulsar muchas actividades de seguridad y estratégicas.

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Es patente que el alto nivel de descontento global hace peligrar el propio sistema económico y político, del que el auge de la extrema derecha es un síntoma alarmante. De modo que las instituciones se ven obligadas a revisar su papel en la gobernanza de la economía y, muy especialmente, en todo lo que afecta a la vida cotidiana de la gente. Si se lo ha planteado de forma inequívoca la Unión Europea, con mayor razón el Gobierno de España, representante de los intereses generales, está obligado a tomar posición e incidir en operaciones de gran impacto como la que impulsa el BBVA.

Esta es la primera constatación sobre la operación planteada. El marco de discusión va más allá de si la oferta de BBVA pueda ser más o menos beneficiosa para los accionistas del Banco Sabadell. De lo que se trata es de ver si la operación mejora el sistema bancario, analizando el impacto que pueda tener en los diferentes actores implicados (stakeholders), especialmente en los usuarios de los servicios bancarios y, por tanto, en el crédito a las familias y las pymes, habitualmente en desventaja. También en los aproximadamente 4.000 empleados afectados. Y en las comunidades en las que ambos bancos están más implantados. En definitiva, tanto o más importante que los intereses de los accionistas y de los inversores, es salvaguardar el bien común.

Lo acertado no es, como afirma el CEO de BBVA, que los 200.000 accionistas del Sabadell decidan. La vía correcta es que los organismos de control establecidos y el Gobierno cumplan con su función de intervenir al servicio del interés general.

Porque si tuviéramos que hacer caso a los actores y las instituciones más representativas que se han pronunciado hasta ahora nos encontraríamos con una opinión casi unánime. El ministro de Economía, el Fomento del Trabajo Nacional, la Cámara de Comercio de Barcelona, los presidentes de la Generalitat de Cataluña y de la Comunidad Valenciana, la Autoridad Catalana de la Competencia e, incluso el Partido Popular, aunque sea con la boca pequeña, se han manifestado claramente en contra de la operación tal y como ha sido planteada.

El rechazo se basa fundamentalmente en que la fusión provocaría una drástica pérdida de competencia en el sector, al pasar de cuatro bancos a tres. Pero esta concentración sería mucho más grave en las comunidades del Levante, donde más de 200.000 empresas y autónomos son clientes de crédito de BBVA y Sabadell simultáneamente, de tal manera que el 42 % de las pymes que operan con BBVA ya son clientes también del Banco Sabadell. Tal concentración de riesgo vulnera claramente el criterio de seguridad exigible en el sector. Todo el mundo es muy consciente de las debilidades financieras del tejido productivo catalán y del trasiego que significaría para la mayoría de las pymes tener que buscar un banco comercial alternativo.

La operación de fusión plantea otro elemento que va adquiriendo cada vez mayor relevancia en la discusión sobre las prácticas de las organizaciones. Se trata de la reputación, un atributo que cotiza al alza en los mercados. Muchos fondos de inversión declinan participar en aquellas empresas con problemas “judiciales”.

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La Fiscalía Anticorrupción en el caso Villarejo ha imputado penalmente a la entidad jurídica BBVA. Y, más directamente, a algunos directivos que están al frente de la operación en curso, como el propio Carlos Torres, hoy presidente del BBVA y CEO durante buena parte de la época en que sucedieron los hechos que instruye el magistrado García Castellón. Si el banco fuera condenado —aparte de la censura social— varios fondos de inversión se verían obligados a deshacer posiciones, de acuerdo con sus reglas de buenas prácticas. Esta es una incertidumbre que contribuye a poner en cuestión la misma operación. Como tampoco sería normal ni recomendable que durante un año aproximadamente hasta que las autoridades decidan, las dos entidades estuviesen condicionadas en el ejercicio de sus funciones.

La dimensión actual de BBVA hace pensar en su necesidad de crecer. El desequilibrio regional con fuerte peso de los mercados de México y Turquía aconseja incrementar su peso en Europa. Por ello parecería más natural establecer alianzas con bancos europeos, una estrategia que además ligaría con las recomendaciones de Claudia Buch, presidenta del Consejo de Supervisión del BCE. Pero quizás en este escenario sus ejecutivos deberían ceder parte de su actual poder y estatus.

En resumen, vistas así las cosas, parece evidente que el Consejo de BBVA ha leído mal el escenario.

  1. La oferta y la demanda, y el precio resultante, no pueden ser los únicos y determinantes indicadores para tomar decisiones en actividades de servicio público.
  2. El Estado está obligado a intervenir para defender el bien común, entendiendo que la competencia es parte integrante del mismo en las sociedades con mercados regulados.
  3. Las empresas europeas deben empoderarse, tal y como recomienda el Informe Letta, pero con acuerdos y alianzas de diferentes países de la Unión.
  4. Si la opinión pública de forma tan mayoritaria rechaza una operación corporativa, quizás lo más sensato y prudente sería reconsiderarla.
  5. Si, además, una entidad corre el riesgo de sufrir problemas de reputación, es difícil que la sociedad acoja con interés una iniciativa que ya es objetivamente conflictiva por sí misma.